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Nacionales - 14-05-2024 / 10:05
CHOQUE FERROVIARIO EN PALERMO: TRAS AJUSTAR EL GASTO Y DESPEDIR, EL GOBIERNO INTENTA CULPAR A OPERARIOS

Basta de accidentes evitables: El Loco Milei es responsable de deteriorar el servicio para justificar su privatización

Basta de accidentes evitables: El Loco Milei es responsable de deteriorar el servicio para justificar su privatización
El choque de trenes en Palermo, que podría haber terminado en tragedia, volvió a poner al desnudo una situación de precariedad y decadencia del sistema ferroviario que la gestión de Javier Gerardo “el Loco” Milei está profundizando. El recorte en las partidas presupuestarias para las empresas ferroviarias en los primeros cuatro meses del año llega al 60 por ciento. El vaciamiento viene funcionando como paso previo a la privatización que enarbola Milei y que está incluida en la Ley Ómnibus, pero el choque de Palermo obligó a un replanteo.
El choque de trenes en Palermo, que podría haber terminado en tragedia, volvió a poner al desnudo una situación de precariedad y decadencia del sistema ferroviario que la gestión de Javier Gerardo "el Loco" Milei está profundizando. El recorte en las partidas presupuestarias para las empresas ferroviarias en los primeros cuatro meses del año llega al 60 por ciento. El vaciamiento viene funcionando como paso previo a la privatización que enarbola Milei y que está incluida en la Ley Ómnibus, pero el choque de Palermo obligó a un replanteo.
 
Acorralado por el impacto de las denuncias sobre la desinversión oficial que llevó al choque en la línea San Martín, algunas realizadas por los propios funcionarios, el Gobierno anarco capitalista anunció una "emergencia ferroviaria" sin detalles ni contenidos. El objetivo es calmar a la opinión pública y avanzar con la receta privatizadora, que en el caso de los trenes ya demostró su absoluto fracaso con el menemismo.
 
Así, la ultra derecha gobernante se lava las manos por el ajuste feroz que está impulsando. Habla de un "error humano" para intentar culpar a operarios del choque de trenes. Lo suyo es una política de ajuste brutal que juega con la vida de pasajeros y trabajadores. Varios de los funcionarios del área ya habían advertido sobre un posible desastre. El decreto que declara la "emergencia", por ahora, es sólo un borrador.
 
En una reacción a destiempo, admitiendo ese estado de cosas, el oficialismo libertario  anunció que declarará la "emergencia ferroviaria". La misma le permite al Gobierno utilizar partidas de manera discrecional atendiendo a diversas necesidades y requerimientos. La decisión es, en los hechos, una especie de auto denuncia. Es Mieli el que viene llevando adelante un ajuste que precariza las condiciones de funcionamiento del servicio.
 
Ese recorte, sumado al plan de despidos -más de tres mil trabajadores- que tiene en carpeta la gerencia de Trenes Argentinos (Sofse), dan cuenta de un desguace en curso que apunta a dejar el servicio a tiro de una privatización completa o del loteo, vía concesiones, de las distintas líneas que por ahora siguen en manos del Estado. Ambas posibilidades están abiertas en el capítulo de las privatizaciones de la ley ómnibus, que ya tuvo media sanción de Diputados.
 
Ya hay, incluso, algunas empresas interesadas. Según fuentes del sector, la firma de colectivos Dota --de vínculos con Mieli y que incluso intentó boicotear la huelga general del 9 de Mayo convocada por la CGT-- tiene en la mira el negocio del Roca, el San Martín y el Belgrano Sur. La empresa Dota, tiene a los hermanos Milei detrás. O sea, entonces, digamos, ¿estos son unos nuevos Macri, que privatizan para si los servicios?
 
Tras el accidente, varias voces críticas salieron a denunciar la entrega de los ferrocarriles. El extitular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, sostuvo que "el punto de inflexión", respecto de la mala situación de la red "fue el ferrocidio de los 90". "Esta decisión del Gobierno de querer mostrar que los números cierran a costa del riesgo de los argentinos es una irresponsabilidad enorme", agregó respecto del accidente.
 
La Opinión Popular
 

EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA "EMERGENCIA FERROVIARIA", PERO REALIZA UN AJUSTE INÉDITO EN EL SECTOR
 
Trenes en venta: el desguace detrás del accidente que casi termina en tragedia
 
La "emergencia" en materia ferroviaria ya era un hecho, pero el choque de trenes de la línea San Martín la expuso en carne viva y obligó al Gobierno a tener que dar explicaciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó culpar por el accidente que casi termina en tragedia a la -siempre a mano- herencia de la gestión anterior, pero con el anuncio de este lunes de que se decretará la "emergencia ferroviaria" terminó por reconocer que el desfinanciamiento del sistema tocó fondo y puso en riesgo la vida de los pasajeros.
 
Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la desinversión en las empresas ferroviarias llegó al 60 por ciento en términos reales en los primeros cuatro meses de la administración de Javier Milei.
 
Pocas horas después del choque, el ministro de Interior, Guillermo Francos, había intentado montarse en el caso para pedir la privatización. "La necesidad de participación de capital y control privado es importante. Está a las claras que la situación del ferrocarril es mala", dijo en declaraciones radiales el mismo viernes del accidente. El propio Milei ya había postulado la necesidad de privatizar los trenes durante la campaña. "El Estado debería correrse del medio porque el sector privado lo hace mucho mejor", había argumentado.
 
Si bien la "emergencia" revertirá en parte el ajuste en marcha --en la Rosada explican que habilitará fondos más directos y prioritarios para, por ejemplo, "comprar cables más rápido"-- habrá que ver hasta dónde está dispuesto el Gobierno a frenar el desguace que inició el 10 de Diciembre y que forma parte de las condiciones para privatizar.
 
Por lo pronto, la letra chica del decreto todavía está en discusión entre las distintas áreas del gabinete y no verá la luz en el Boletín Oficial "de forma inminente", como expuso Adorni en conferencia de prensa. "Había el borrador y lo del choque cambió algunas cosas", explican en Balcarce 50, donde hay una puja abierta sobre qué hacer a partir de ahora con el sistema.
 
Mientras tanto, como es costumbre, Adorni pateó la pelota afuera. "Nos encontramos en trenes con una deuda de algo más de cien millones de dólares. Se ponía más énfasis en pintar algún mural en alguna estación que en aportar al mantenimiento del sistema", dijo, responsabilizando al Gobierno anterior.
 
 
Reacción a destiempo
 
El Gobierno anunció la declaración de la "emergencia ferroviaria" como una respuesta ante la fragilidad de la red que el choque dejó en evidencia, pero puertas varios funcionarios vinculados al área ya habían advertido sobre los riesgos del recorte. Nadie imaginaba un accidente que pudo haber sido fatal, pero las alarmas estaban.
 
Una semana antes, el presidente de Trenes Argentinos, Luis Luque --que ocupa distintos cargos en la empresa desde hace más de diez años--, había rogado en una nota dirigida al gabinete por fondos "urgentes", luego de describir de manera angustiante el estado de la red. La nota iba dirigida, entre otros, a Mauricio González Botto, el hombre que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, puso a trabajar en la privatización de las empresas públicas; y también al Ministro de Economía, Luis Caputo, el ejecutor en última instanscia del recorte.
 
Lo propio había hecho también el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien le hizo llegar a Caputo el pedido de mayores fondos basado en un informe igualmente lapidario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El mismo viernes, casi en simultáneo al choque, Mogetta estuvo reunido en el piso 12 del Ministerio de Economía con empresarios y representantes gremiales para discutir la medida.
 
El choque, a fin de cuentas, expuso una disputa por recursos. Los funcionarios del área saben que se juegan la cabeza si sucede una tragedia. Como muestra, uno de los pasajeros que el viernes iba a bordo del tren que chocó contra una locomotora, Alan Barroso, se presentó como querellante en la causa que ya instruye el juez Julián Ercolini y señaló Mogetta y a Caputo como responsables. El abogado Gregorio Dalbón también se presentó y pidió la indagatoria de ambos.
 
 
Ajuste y despidos
  
De acuerdo el informe de ACIJ, las transferencias de Economía a las empresas ferroviarias se redujeron en términos reales (contando la inflación) un 60 por ciento entre diciembre y abril respecto del mismo período del año pasado. El ajuste más grande lo sufrió la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA, con un brutal 92 por ciento. Le siguen el Belgrano Cargas, con un 52 por ciento menos de recursos, y Operador Ferroviario SE, con un 56 por ciento.
 
La motosierra responde a lo que el propio ministro de Economía sostuvo a inicios de este año sobre que los trenes "pierden tres millones de dólares por día". En la Rosada tienen el deseo, hace meses, de reducir el personal, lo que por ahora se choca con la resistencia de los gremios.
 
El mes pasado se filtró, de hecho, un memo interno de Sofse en el que se informa sobre el presupuesto necesario para el despido y retiro anticipado de 3.000 trabajadores, estimado en unos 56.400 millones de pesos. "La propuesta de optimización le ahorraría a la empresa 13 mil millones al año", cierra el documento, que lleva la firma de Jorge Álvarez Holmberg, gerente administrativo de la empresa.
 
"Los despidos son parte del desguace necesario para privatizar, que es lo que busca el Gobierno de Milei", dijo a Página/12 Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria en el ramal Sarmiento. "Quisieron hacer pasar el accidente solo como una falla humana, cuando está claro que hubo un ajuste de fondos que hace imposible que los trenes funcionen como corresponde. Todos sabemos que veníamos mal de antes, pero este Gobierno empeoró todo. A veces me pregunto si no son capaces de poner en riesgo la vida de la gente con tal de entregar los trenes", agregó.
 
Los despidos ya arrancaron con una primera poda de un centenrar de trabajadores en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), encargada de dirigir las obras de infraestructura ferroviaria.
 
  
El mismo método de los 90
 
"Lo único que están analizando es el listado de los despidos y pidiendo la plata para poder echar 3000 trabajadores, donde el 60 por ciento tiene más de 10 años de experiencia. Están destruyendo la empresa para, de alguna manera, les salga más barato con una privatización. Están tratando de aplicar el mismo preámbulo que en los 90", denunció Marinucci.
 
Por Matías Ferrari
 
Fuente: Página 12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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