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Nacionales - 14-05-2024 / 10:05
CHOQUE FERROVIARIO EN PALERMO: TRAS AJUSTAR EL GASTO Y DESPEDIR, EL GOBIERNO INTENTA CULPAR A OPERARIOS

Basta de accidentes evitables: El Loco Milei es responsable de deteriorar el servicio para justificar su privatización

Basta de accidentes evitables: El Loco Milei es responsable de deteriorar el servicio para justificar su privatización
El choque de trenes en Palermo, que podría haber terminado en tragedia, volvió a poner al desnudo una situación de precariedad y decadencia del sistema ferroviario que la gestión de Javier Gerardo “el Loco” Milei está profundizando. El recorte en las partidas presupuestarias para las empresas ferroviarias en los primeros cuatro meses del año llega al 60 por ciento. El vaciamiento viene funcionando como paso previo a la privatización que enarbola Milei y que está incluida en la Ley Ómnibus, pero el choque de Palermo obligó a un replanteo.
El choque de trenes en Palermo, que podría haber terminado en tragedia, volvió a poner al desnudo una situación de precariedad y decadencia del sistema ferroviario que la gestión de Javier Gerardo "el Loco" Milei está profundizando. El recorte en las partidas presupuestarias para las empresas ferroviarias en los primeros cuatro meses del año llega al 60 por ciento. El vaciamiento viene funcionando como paso previo a la privatización que enarbola Milei y que está incluida en la Ley Ómnibus, pero el choque de Palermo obligó a un replanteo.
 
Acorralado por el impacto de las denuncias sobre la desinversión oficial que llevó al choque en la línea San Martín, algunas realizadas por los propios funcionarios, el Gobierno anarco capitalista anunció una "emergencia ferroviaria" sin detalles ni contenidos. El objetivo es calmar a la opinión pública y avanzar con la receta privatizadora, que en el caso de los trenes ya demostró su absoluto fracaso con el menemismo.
 
Así, la ultra derecha gobernante se lava las manos por el ajuste feroz que está impulsando. Habla de un "error humano" para intentar culpar a operarios del choque de trenes. Lo suyo es una política de ajuste brutal que juega con la vida de pasajeros y trabajadores. Varios de los funcionarios del área ya habían advertido sobre un posible desastre. El decreto que declara la "emergencia", por ahora, es sólo un borrador.
 
En una reacción a destiempo, admitiendo ese estado de cosas, el oficialismo libertario  anunció que declarará la "emergencia ferroviaria". La misma le permite al Gobierno utilizar partidas de manera discrecional atendiendo a diversas necesidades y requerimientos. La decisión es, en los hechos, una especie de auto denuncia. Es Mieli el que viene llevando adelante un ajuste que precariza las condiciones de funcionamiento del servicio.
 
Ese recorte, sumado al plan de despidos -más de tres mil trabajadores- que tiene en carpeta la gerencia de Trenes Argentinos (Sofse), dan cuenta de un desguace en curso que apunta a dejar el servicio a tiro de una privatización completa o del loteo, vía concesiones, de las distintas líneas que por ahora siguen en manos del Estado. Ambas posibilidades están abiertas en el capítulo de las privatizaciones de la ley ómnibus, que ya tuvo media sanción de Diputados.
 
Ya hay, incluso, algunas empresas interesadas. Según fuentes del sector, la firma de colectivos Dota --de vínculos con Mieli y que incluso intentó boicotear la huelga general del 9 de Mayo convocada por la CGT-- tiene en la mira el negocio del Roca, el San Martín y el Belgrano Sur. La empresa Dota, tiene a los hermanos Milei detrás. O sea, entonces, digamos, ¿estos son unos nuevos Macri, que privatizan para si los servicios?
 
Tras el accidente, varias voces críticas salieron a denunciar la entrega de los ferrocarriles. El extitular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, sostuvo que "el punto de inflexión", respecto de la mala situación de la red "fue el ferrocidio de los 90". "Esta decisión del Gobierno de querer mostrar que los números cierran a costa del riesgo de los argentinos es una irresponsabilidad enorme", agregó respecto del accidente.
 
La Opinión Popular
 

EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA "EMERGENCIA FERROVIARIA", PERO REALIZA UN AJUSTE INÉDITO EN EL SECTOR
 
Trenes en venta: el desguace detrás del accidente que casi termina en tragedia
 
La "emergencia" en materia ferroviaria ya era un hecho, pero el choque de trenes de la línea San Martín la expuso en carne viva y obligó al Gobierno a tener que dar explicaciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó culpar por el accidente que casi termina en tragedia a la -siempre a mano- herencia de la gestión anterior, pero con el anuncio de este lunes de que se decretará la "emergencia ferroviaria" terminó por reconocer que el desfinanciamiento del sistema tocó fondo y puso en riesgo la vida de los pasajeros.
 
Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la desinversión en las empresas ferroviarias llegó al 60 por ciento en términos reales en los primeros cuatro meses de la administración de Javier Milei.
 
Pocas horas después del choque, el ministro de Interior, Guillermo Francos, había intentado montarse en el caso para pedir la privatización. "La necesidad de participación de capital y control privado es importante. Está a las claras que la situación del ferrocarril es mala", dijo en declaraciones radiales el mismo viernes del accidente. El propio Milei ya había postulado la necesidad de privatizar los trenes durante la campaña. "El Estado debería correrse del medio porque el sector privado lo hace mucho mejor", había argumentado.
 
Si bien la "emergencia" revertirá en parte el ajuste en marcha --en la Rosada explican que habilitará fondos más directos y prioritarios para, por ejemplo, "comprar cables más rápido"-- habrá que ver hasta dónde está dispuesto el Gobierno a frenar el desguace que inició el 10 de Diciembre y que forma parte de las condiciones para privatizar.
 
Por lo pronto, la letra chica del decreto todavía está en discusión entre las distintas áreas del gabinete y no verá la luz en el Boletín Oficial "de forma inminente", como expuso Adorni en conferencia de prensa. "Había el borrador y lo del choque cambió algunas cosas", explican en Balcarce 50, donde hay una puja abierta sobre qué hacer a partir de ahora con el sistema.
 
Mientras tanto, como es costumbre, Adorni pateó la pelota afuera. "Nos encontramos en trenes con una deuda de algo más de cien millones de dólares. Se ponía más énfasis en pintar algún mural en alguna estación que en aportar al mantenimiento del sistema", dijo, responsabilizando al Gobierno anterior.
 
 
Reacción a destiempo
 
El Gobierno anunció la declaración de la "emergencia ferroviaria" como una respuesta ante la fragilidad de la red que el choque dejó en evidencia, pero puertas varios funcionarios vinculados al área ya habían advertido sobre los riesgos del recorte. Nadie imaginaba un accidente que pudo haber sido fatal, pero las alarmas estaban.
 
Una semana antes, el presidente de Trenes Argentinos, Luis Luque --que ocupa distintos cargos en la empresa desde hace más de diez años--, había rogado en una nota dirigida al gabinete por fondos "urgentes", luego de describir de manera angustiante el estado de la red. La nota iba dirigida, entre otros, a Mauricio González Botto, el hombre que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, puso a trabajar en la privatización de las empresas públicas; y también al Ministro de Economía, Luis Caputo, el ejecutor en última instanscia del recorte.
 
Lo propio había hecho también el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien le hizo llegar a Caputo el pedido de mayores fondos basado en un informe igualmente lapidario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El mismo viernes, casi en simultáneo al choque, Mogetta estuvo reunido en el piso 12 del Ministerio de Economía con empresarios y representantes gremiales para discutir la medida.
 
El choque, a fin de cuentas, expuso una disputa por recursos. Los funcionarios del área saben que se juegan la cabeza si sucede una tragedia. Como muestra, uno de los pasajeros que el viernes iba a bordo del tren que chocó contra una locomotora, Alan Barroso, se presentó como querellante en la causa que ya instruye el juez Julián Ercolini y señaló Mogetta y a Caputo como responsables. El abogado Gregorio Dalbón también se presentó y pidió la indagatoria de ambos.
 
 
Ajuste y despidos
  
De acuerdo el informe de ACIJ, las transferencias de Economía a las empresas ferroviarias se redujeron en términos reales (contando la inflación) un 60 por ciento entre diciembre y abril respecto del mismo período del año pasado. El ajuste más grande lo sufrió la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA, con un brutal 92 por ciento. Le siguen el Belgrano Cargas, con un 52 por ciento menos de recursos, y Operador Ferroviario SE, con un 56 por ciento.
 
La motosierra responde a lo que el propio ministro de Economía sostuvo a inicios de este año sobre que los trenes "pierden tres millones de dólares por día". En la Rosada tienen el deseo, hace meses, de reducir el personal, lo que por ahora se choca con la resistencia de los gremios.
 
El mes pasado se filtró, de hecho, un memo interno de Sofse en el que se informa sobre el presupuesto necesario para el despido y retiro anticipado de 3.000 trabajadores, estimado en unos 56.400 millones de pesos. "La propuesta de optimización le ahorraría a la empresa 13 mil millones al año", cierra el documento, que lleva la firma de Jorge Álvarez Holmberg, gerente administrativo de la empresa.
 
"Los despidos son parte del desguace necesario para privatizar, que es lo que busca el Gobierno de Milei", dijo a Página/12 Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria en el ramal Sarmiento. "Quisieron hacer pasar el accidente solo como una falla humana, cuando está claro que hubo un ajuste de fondos que hace imposible que los trenes funcionen como corresponde. Todos sabemos que veníamos mal de antes, pero este Gobierno empeoró todo. A veces me pregunto si no son capaces de poner en riesgo la vida de la gente con tal de entregar los trenes", agregó.
 
Los despidos ya arrancaron con una primera poda de un centenrar de trabajadores en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), encargada de dirigir las obras de infraestructura ferroviaria.
 
  
El mismo método de los 90
 
"Lo único que están analizando es el listado de los despidos y pidiendo la plata para poder echar 3000 trabajadores, donde el 60 por ciento tiene más de 10 años de experiencia. Están destruyendo la empresa para, de alguna manera, les salga más barato con una privatización. Están tratando de aplicar el mismo preámbulo que en los 90", denunció Marinucci.
 
Por Matías Ferrari
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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