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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 12-05-2024 / 10:05
SER LA VEDETTE DE LA ULTRADERECHA MUNDIAL NO ALCANZA PARA FRENAR LA DEPRESIÓN ECONÓMICA NI PARA CONVERTIR ILUSIONES EN GESTOS CONCRETOS

Mucho tuit y pocas nueces: El Loco Milei implora que alguien invierta en serio

Mucho tuit y pocas nueces: El Loco Milei implora que alguien invierta en serio
La prolongada toma de ganancias que se desató en la Bolsa porteña al día siguiente de que Elon Musk recomendara por Twitter invertir en Argentina expuso las limitaciones de la diplomacia selfie de un presidente que acumula más millas por sus viajes al exterior que dentro de su propio país. Pese a su euforia por haberse convertido en vedette de la ultraderecha mundial y de la nueva élite trasnacional de magnates, Javier “el Loco” Milei sabe que el tiempo apremia: para frenar la brutal depresión que desató su política antiinflacionaria hace falta que alguien invierta en serio.
La prolongada toma de ganancias que se desató en la Bolsa porteña al día siguiente de que Elon Musk recomendara por Twitter invertir en Argentina expuso las limitaciones de la diplomacia selfie de un presidente que acumula más millas por sus viajes al exterior que dentro de su propio país.
 
Pese a su euforia por haberse convertido en vedette de la ultraderecha mundial y de la nueva élite trasnacional de magnates, Javier "el Loco" Milei sabe que el tiempo apremia: para frenar la brutal depresión que desató su política antiinflacionaria hace falta que alguien invierta en serio.
 
No alcanza con el sueño de que Tesla haga sus baterías acá. Sobre todo porque no es más que eso: un sueño. La fábrica de autos eléctricos del amigo Elon importa litio catamarqueño que extrae la norteamericana Livent. En 2022, un enviado suyo visitó Antofagasta de la Sierra y le contó al entonces ministro Matías Kulfas sobre su plan de nearshoring post-pandemia, que apuntaba a reemplazar insumos chinos por otros producidos más cerca. Habló de varios componentes que podrían fabricarse en el país pero descartó de plano las baterías. Nadie las produce tan lejos de la terminal por el riesgo de explosión que hay al transportarlas.
 
Lo que quiere Tesla es más carbonato de litio. Al menos mientras no lo reemplace el sodio, que los competidores chinos de BYD (que acaban de superarlo en ventas) ya prueban con éxito como combustible alternativo.
 
Es una commodity codiciada pero ya no tanto como un año atrás, cuando valía el triple, o en noviembre de 2022, cuando llegó a su pico y cotizaba casi seis veces lo que hoy. Para avanzar en el procesamiento local de la materia prima haría falta una integración planificada en conjunto con Chile y Brasil. Algo impensable. Se sabe que Milei no negocia con comunistas.
 
Los colectivistas brasileños, curiosamente, sí reciben inversiones millonarias de compañías como Stellantis (anunció U$S6.000 millones hasta 2030), General Motors (US$1.400 millones este año), Toyota (US$2.500 millones este año) y Volkswagen (US$3.000 millones hasta 2028).
 
Todo un contraste con la alicaída industria automotriz criolla, que en el primer cuatrimestre del año produjo 23% menos que en el mismo lapso del año pasado y que no tiene perspectivas de incorporar nuevos modelos a su portafolio productivo.
 
En abril, según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales no encontraron consuelo en el mercado interno ni en el externo: las ventas a concesionarios cayeron 25,6% contra marzo y las exportaciones, un 12,2%. Milei lo hizo.
 
La apuesta del oficialismo para seducir a ese capital extranjero por ahora reticente es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el capítulo de la ley ómnibus que más resistencia enfrenta en el Senado. Los privilegios impositivos y cambiarios para las compañías que entren al RIGI son excesivos para economistas de todo pelaje, incluso los que defienden los regímenes especiales para grandes proyectos.
 

 
Taca taca
 
Quienes primero lo aprovecharían son los mineros detrás de proyectos avanzados como Taca Taca (Salta), Agua Rica (Catamarca) y Pachón (San Juan).
 
Cerca de Toto Caputo también se entusiasman con que empuje la planta de licuefacción de gas de la petrolera malaya Petronas que promocionó en su momento Sergio Massa y que ahora volvió a rankear alto en la wishlist oficial, con el objetivo de algún día exportar GNL de Vaca Muerta al mundo.
 
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió esta semana a cuestionar otro aspecto, nodal: el RIGI habilita a las empresas a importar sin arancel cualquier bien de capital, repuestos y otros insumos nuevos o usados. También les permite revenderlos en Argentina una vez que no los necesiten más. Es decir, en vez de estimular que florezcan proveedores locales para esos grandes proyectos extractivos, puede abrir un gigantesco negocio importador a costa de la castigada industria local.
 
La central fabril apuesta a modificarlo en el Senado. Hubo reproches contra Daniel Funes de Rioja por el fracaso del lobby indirecto que desplegó en Diputados. Los demás directivos lamentan haber perdido el tiempo con Maximiliano Pullaro, gobernador de una de las provincias donde las fábricas empiezan a despedir obreros de a cientos, que les prometió involucrarse y después ordenó a sus diputados aprobar el paquete sin más. Confían en que Martín Lousteau sea más consecuente que esos correligionarios.
 
A Funes de Rioja también le reclaman que quien redactó el proyecto tras bambalinas fue un abogado del estudio que él fundó, Sergio Arbeleche, que sonó en diciembre como posible secretario de Minería de Milei. "¿No era tuyo, éste?", le preguntó socarrón otro miembro del Comité Ejecutivo.
 
Los popes fabriles también discutieron una polémica que se viene en torno al blanqueo: el artículo 47 del proyecto habilita a exteriorizar bienes y dinero sin declarar a los hermanos y hermanas de funcionarios, a quienes no excluye como a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, descendientes y ascendientes.
 
 
Quitas y liquidaciones
  
Son temas cruciales del reseteo económico que propone La Libertad Avanza. Igual que la reforma laboral, eje del paro general con el que la CGT volvió a exhibir su músculo el jueves, pese a haber transado antes la remoción de los artículos que ponían en riesgo la existencia misma de los sindicatos.
 
Es el dilema que cruza a un peronismo todavía catatónico tras la derrota en el balotaje: golpear o negociar. Algunos gobernadores ya optaron por lo segundo, como Raúl Jalil, que se autopercibe lo suficiente diestro como para convencer a las megamineras de que no reediten lo que hacían los dueños de Bajo La Alumbrera en los 90: traer de Australia el papel higiénico que usaban sus mineros y de Canadá parte del catering con que los alimentaba.
 
¿Cruza el mismo dilema a las grandes firmas que se relamen con el RIGI y la flexibilización de las leyes laborales pero que no quieren cargar con la parte del ajuste fiscal que pretende endosarles Caputo? Hubo dos episodios esta semana que parecen indicar que sí. Uno fue durante la presentación de resultados de Pampa Energía ante sus inversores.
 
Alguien consultó al CEO, Gustavo Mariani, si estudiaba la vía judicial para rechazar que Economía salde con bonos a 14 años (y quita implícita del 50%) la deuda que acumuló en el primer cuatrimestre CAMMESA por la electricidad que no le pagó. Mariani dijo que confiaba en llegar a un acuerdo pero respondió que sí. Esa vía judicial podría llegar hasta el CIADI del Banco Mundial y convertirse en un fuerte dolor de cabeza a futuro.
 
Otra que mostró los dientes fue la estadounidense AES, cuya filial en Argentina controla diez plantas de energía hidroeléctrica, térmica y eólica que representan cerca del 10% de la potencia instalada en generación. Su CEO, Martín Genesio, sorprendió a todos por su crudeza en un foro sectorial el mismo jueves del paro.
 
"Ayer yo recibí llamados del Fondo Monetario, del Departamento de Estados, del Departamento de Energía de los Estados Unidos y de la Embajada. Y la pregunta era sólo una: ¿Qué pasó? ¿Por qué el Gobierno hizo esto? Pongo el ejemplo este concreto para que nos demos cuenta que cuando un contrato no se respeta, el impacto es gigantesco", advirtió. Es un monto que amerita la amenaza implícita en el mensaje: a todas las generadoras, Caputo les dejó debiendo unos U$S1.200 millones.
 
Disciplinar a los medios de comunicación es mucho más sencillo. Con la pauta publicitaria provincial restringida al mínimo y un mercado privado famélico, a Karina Milei le alcanza con administrar el pago de las deudas que dejó el gobierno anterior para garantizarle a su hermano la continuidad de un blindaje que volvió a brillar esta semana en la cobertura del paro general. El sesgo antisindical de las crónicas de un par de presentadores televisivos coincidió temporalmente con el saldo de deudas que acumulaba la agencia Télam (todavía en la nebulosa) con las productoras de sus programas.  
 
 
Dr. Jekyll y Mr. Galperin
  
El capital siempre le exige más a la Argentina. Incluso aunque sea capital local, que es la mayor parte del que se blanqueará y se invertirá en los proyectos bajo el paraguas del RIGI, en caso de que la ley Bases prospere. El miércoles, en el Alvear Palace, Milei volverá a rogarles en persona a los más poderosos potentados del país lo mismo que ya les pidió en el Llao Llao y desde el foro Milken de Los Angeles: que inviertan de una vez, no solo en los rentables bonos de la deuda sino en la economía real. Falta ver a qué parte del cuerpo aludirá, siempre creativo para las metáforas.
 
El más rico de todos esos magnates (y entusiasta libertario como Musk), Marcos Galperin, quedó del lado de los rebeldes. Sigue sin acatar la orden del Banco Central de abrir sus códigos a la competencia y habilitar la interoperabilidad de los QR que generan sus terminales de MercadoPago. Les dijo a sus interlocutores en los bancos que quiere cobrar el 0,18% de cada transacción que pase por esos dispositivos, lo cual rechazaron de plano. Por eso MODO lo denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia.
 
Lo llamativo es que hace un año y medio, MercadoLibre denunció a Apple ante los organismos antimonopolios de México y Brasil por lo mismo que le cuestionan acá a Galperin los dueños de las demás billeteras electrónicas: obligar a los desarrolladores que ofrecen bienes o servicios digitales dentro de apps a usar el propio sistema de pago de Apple e impedirles redirigir a los compradores a sus páginas web.
 
También reprochó que el pulpo californiano hubiera impuesto varias restricciones a la distribución de productos digitales y compras dentro de las aplicaciones, incluida la prohibición de que las aplicaciones distribuyan productos y servicios digitales de terceros, como películas, música, videojuegos, libros y contenidos escritos.
 
"Esto perjudica claramente a sus competidores, a menos que ellos mismos sean gigantes digitales integrados, que pueden incluso beneficiarse de esta inclinación artificial hacia los ecosistemas integrados", dijo en esa ocasión el vicepresidente de MeLi para asuntos legales y públicos, Jacobo Cohen Imach.
 
Decir "gigantes digitales integrados" en Argentina es hablar exclusivamente de MeLi, que concentra el 80% del e-commerce y más del 70% del mercado de pagos digitales, agregación, adquirencia, crédito, delivery, envíos y streaming. En pocas semanas también va a empezar a vender dólar MEP. Todo un prócer monopolista como los que reivindica Murray Rothbard. Lástima que siga invirtiendo más en Brasil y en México que en la cuna de las fuerzas del cielo. 
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: eldiarioar.com
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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