06:49 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 10-05-2024 / 10:05

EL PAÍS PARADO, CON COMERCIOS ABIERTOS, HUBO ALTA ADHESIÓN EN INDUSTRIAS, BANCOS, TRANSPORTE, EDUCACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Loco Milei tuvo su Jueves Negro: con paro total, calles vacías y otro revés por falta de dictamen de la Ley Bases en el Congreso

El Paro General se sintió fuerte en todo el país y dejó tecleando al gobierno de Javier “el Loco” Milei. En distintos puntos del territorio nacional miles y miles de trabajadores se unieron a la medida de fuerza para manifestar su repudio a la gestión de anarco capitalista. “Esto es un parazo”, concluyeron en la CGT al analizar el contundente acatamiento a la protesta contra las políticas libertarias que vacían los bolsillos populares y hunden el país en la parálisis económica. Según indicaron, la adhesión alcanzó al 97?%, aunque, golpeado, el Gobierno de los hermanos Milei sólo balbuceó excusas, y tensionados por el escenario, negaron estos datos. Pero los dirigentes sindicales lo conminaron a “tomar nota” y “reconfigurar el ajuste que nos lleva a extremos”.

El Paro General se sintió fuerte en todo el país y dejó tecleando al gobierno de Javier "el Loco" Milei. En distintos puntos del territorio nacional miles y miles de trabajadores se unieron a la medida de fuerza para manifestar su repudio a la gestión del anarco capitalista. "Esto es un parazo", concluyeron en la CGT al analizar el contundente acatamiento a la protesta contra las políticas libertarias que vacían los bolsillos populares y hunden el país en la parálisis económica. Según indicaron, la adhesión alcanzó al 97%, aunque, golpeado, el Gobierno de los hermanos Milei sólo balbuceó excusas, y tensionados por el escenario, negaron estos datos. Pero los dirigentes sindicales lo conminaron a "tomar nota" y "reconfigurar el ajuste que nos lleva a extremos".

Este jueves el paro general motorizado por las tres centrales obreras fue el reverso de la marea humana del 23 de abril: un desierto de asfalto apenas salpicado por algunos colectivos y autos particulares; sin trenes, industrias, clases ni bancos; con comercios abiertos y un frente sindical fortalecido por el involucramiento del esquivo gremio de la UTA. El rechazo oficial a la huelga fue de manual, pero a cinco a meses de la llegada de los hermanos Milei al poder muchas cosas empiezan a cambiar.

El saldo negativo de este Jueves Negro para Milei se selló porque, pese a que logró mantener abierto el Congreso más allá de la huelga sindical -un favor del gremio de los empleados legislativos que conduce Norberto Di Próspero-, no pudo convencer a sus aliados para que, aunque sea, firmen en disidencia los despachos de comisión. Ahora la eventual votación de las leyes se demoraría por lo menos dos semanas. Y si efectivamente hay cambios, como se prevé, los proyectos tendrán que volver a Diputados para ser ratificados. Todo sería ya después del pomposo Pacto de Mayo mileísta. El rechazo a la ley Bases perjudica tanto al Gobierno como el paro de la CGT.

La Casa Rosada quería forzar un dictamen en el Senado de la ley ómnibus XS para, en medio del segundo paro general de la CGT en la era libertaria, Milei pudiera acariciar una victoria de la cual jactarse. Parte de los despachos oficiales estuvieron abocados a ello, pero el llamado a un cuarto intermedio en el Congreso dejó todo en stand by. El mensaje libertario que se ensayó fue claro: mirar para otro lado, para superar un presente transmitido por TV que mostraba las calles porteñas vacías. Se intentó moderar el impacto del paro con algunos fallidos. Patricia "Gatillo Fácil" Bullrich se subió a un colectivo para tratar de mostrar cierta normalidad, pero terminó haciendo un papelón porque no tenía saldo en la SUBE.

La falta de movilización y acto central ayudó al Gobierno libertario para intentar minimizar su impacto concluyente, que fue el mantra mileísta. Comenzó con el eslogan "Yo no paro" macrista que fue reeditado por el propio Milei con una remera en un fotomontaje que posteó en Instagram. No fue, como podía esperarse, el puntapié de una campaña libertaria masiva. Las fotos de las calles sin gente o el cálculo del costo para la economía de 520 millones de dólares demostraron la contundencia del paro, pero no fue solo lo que este jueves desveló al Gobierno, que apostó a la agenda en el Congreso que, otra vez, le pateó sus deseos para más adelante.

La Opinión Popular

LA HUELGA NACIONAL CONVOCADA POR LA CGT Y LAS DOS CTA FUE CONTUNDENTE

Un paro total en el país contra el ajuste de Milei

"El paro les dolió", dijo Pablo Moyano. Las centrales obreras coincidieron en señalar que la medida de fuerza fue un éxito y no descartaron que el plan de lucha continúe.

A las siete de la mañana un ciclista rodaba en contramano por el metrobus de la avenida 9 de julio. No había peligro porque no había un alma. En las cercanías de las estaciones de Retiro y Constitución estaban cerradas y unos pocos caminaban en busca de un transporte. Hacía siete horas que el paro nacional decretado por la CGT y la dos CTA había comenzado y en las centrales sindicales ya se confirmaba lo que habían previsto: "Esto es un parazo".

En la sede cegetista de Azopardo 802 llegaban avisos de las diferentes regionales de la CGT dando cuenta del alcance de la medida en las diferentes provincias. El promedio iba entre 80 y 90 por ciento de adhesión.

El gobierno de Javier Milei intentó desarrollar sin éxito el remanido argumento de que los gremios impiden que las personas que no adhieren a la medida vayan a sus lugares de trabajo, los millones que pierde el país, los actos violentos o el uso de clavos "migueletes", como dijo la ministra de Seguridad. Pero nada de lo que dijeron tuvo la entidad como para desmerecer la potencia de la medida de fuerza. "El paro les dolió", afirmó el triunviro y camionero Pablo Moyano, y advirtió que si Milei mantiene su plan de ajuste, la central obrera mantendrá el plan de lucha.

Héctor Daer, el otro triunviro, le reclamó al gobierno "tomar nota" del mensaje que enviaron los trabajadores organizados y "reconfigurar su política de ajuste que nos lleva a extremos". Fue el segundo paro nacional en cinco meses de un gobierno libertario que aplica un feroz ajuste que destruye los bolsillos y debilita la estructura del Estado. Todo indica que no será la última medida de acción directa.

El paro impactó en la Casa Rosada. La primera muestra la dio Patricia Bullrich cuando dijo días antes que se iba aplicar el protocolo antipiquete a una huelga que no incluía movilización, para luego, durante la mañana de este jueves, encabezar una desordenada conferencia de prensa en una vacía estación Constitución. Allí alcanzó a balbucear que se trataba de un "paro de la debilidad". El presidente Milei, en tanto, aprovechó el día franco para buscar acepciones de la palabra paro en algún diccionario y comentarlas a través de la red social X.

A primera hora, las calles y las avenidas de ciudad de Buenos Aires parecían una postal de los días de pandemia cuando muy pocos salían a la calle. El silencio era un denominador común en las arterias de varias ciudades del país. Los dirigentes cegetistas lo veían en las calles porteñas pero también recibían fotos de las regionales de la CGT que mostraban el impacto de la huelga en las provincias. En las plantas automotrices no se ajustó ni una tuerca. Todo fue quietud.

Desde la ciudad de Córdoba, capital de una provincia donde el Presidente arrasó en el ballotage el paro se hacía sentir. Una radio abierta frente a la sede de la CGT local arengaba a cumplir con la medida de fuerza y advertía que "la patria no se vende". También hubo una concentración en una de las principales esquinas de la capital cordobesa que mostraba bancos y oficinas de reparticiones públicas cerradas con carteles que convocaban al paro que ya estaba en marcha.

En Tucumán la medida de fuerza también tuvo un fuerte impacto. Incluso el gobernador Osvaldo Jaldo, peronista pero cada vez más identificado con los libertarios, dijo que si bien el paro es una medida de fuerza legal y constitucional "yo no la comparto para nada" y agregó que "hoy hacen paro para seguir durmiendo, y a la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo", afirmó.

A la Secretaría de Interior de la CGT que lidera el metalúrgico Abel Furlan y que coordina el trabajo con las regionales de la central obrera, llegaban mensajes con informes donde decían que en provincias como Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca y muchas del sur como Río Negro, el paro era contundente. "Es una demostración que el movimiento obrero unido jamás será vencido", repetían.

En CABA hubo colectivos del Grupo DOTA que circularon. No fueron todos. El grupo, que controla una buena cantidad de líneas que circulan entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires presionó a sus choferes para que tomen servicio.

Argumentaban que el DNU 70/2023 les permitía funcionar como si se tratara de un servicio escencial, pero la justicia laboral les avisó, a través de una resolución, que el capítulo laboral del dañino DNU está frenado por varios amparos otorgados a los gremios que se presentaron ante el fuero laboral. De todas formas, las unidades que circularon lo hacían vacías o con muy pocos pasajeros. Otra muestra del éxito de la medida de fuerza.

Las centrales obreras

"El paro fue masivo en todas las provincias", aseguró el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky que, junto al secretario de comunicación de la organización, Enrique Rositto, aseguraron a través de un comunicado que "esta jornada de lucha, liderada por el movimiento sindical argentino, condena las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Demandamos el cese de la asfixia de recursos en nuestras provincias y la devolución de los fondos reclamados por la Universidad. Del mismo modo exigimos la restitución del Incentivo Docente, la reincorporación de los despedidos en el sector público y que Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas no sean privatizadas".

Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, en tanto llamó a "profundizar el plan de lucha". Aseguró que es preciso derrotar al gobierno y eso se logra impidiendo que gobierne por decreto. "Hay que obligarlo a que respete la democracia y que se respete la Constitución e impedir que la siga reformando por decreto. Eso requiere tener constancia y continuidad en la tarea de construir unidad de los sectores populares", indicó.

Cerca de las 16 los integrantes de la conducción de la CGT, con los triunviros Daer, Moyano y Carlos Acuña, encabezaron una larga conferencia de prensa en el salón Felipe Vallese. A su turno, Daer agradeció la fuerte adhesión de trabajadores y trabajadoras del todo el país. La contundencia del paro fue resaltada y le recomendó al gobierno dos cosas: Tomar nota de la magnitud de la medida de fuerza y "reconfigurar su política de ajuste, que nos está llevando a extremos". Lo de extremos no lo explicó, pero podría considerarse como una profundización de las medidas de fuerza que ya viene protagonizando y acompañando la CGT. Motivos sobran.

El triunviro justificó la medida de fuerza por el ajuste del gobierno que "recayó sobre los jubilados, los más vulnerables, porque se cortaron los planes asistenciales. A los comedores no solo se cortaron los insumos sino que a sus trabajadoras se las sacó del Potenciar Trabajo. Se suspendieron 1.100 obras de infraestructura urbana que se hacían a través de cooperativas y que dejó a toda esta gente en la calle".

"Les dolió, si hubiera sido un fracaso como dijo la ministra no tendrían necesidad de responder", resaltó Moyano y afirmó que habrá "mayor conflictividad" si el oficialismo no cambia sus políticas. Andrés Rodríguez, titular del gremio estatal UPCN, también habló y advirtió que "si no hay cambios, seguiremos con las medidas de fuerza".

Así, Moyano, Rodríguez, Godoy, Yasky y Daer, en diferentes momentos y lugares avisaron que las medidas de fuerza no se van a detener. Todos coincidieron en señalar la defensa del trabajo, del rechazo a las privatizaciones y contra el desguace del Estado. Una enumeración de hechos que están habilitados por el proyecto de ley Bases y en el paquete fiscal que el Senado debate. A partir de esto es que cobra fuerza la posibilidad de una nueva movilización para el día que la Cámara alta debata estos proyectos que van a convertir a la Argentina en una verdadera pesadilla.

Por Felipe Yapur

Fuente: Página 12

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.