04:23 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 08-05-2024 / 09:05

¿ERROR DE TIPEO?: SUCIAS MANIOBRAS LEGISLATIVAS PARA CONVERTIR A NUESTRO PAÍS EN COLONIA

¿Libertarios tramposos o tontos?: Cambios maliciosos de lo votado en la Ley Bases para optimizar el saqueo neocolonialista de litio y cobre

El debate por la Ley Bases, el estatuto legal del coloniaje versión Siglo XXI, en el Senado comenzó complicado para el gobierno anarco capitalista de Javier “el Loco” Milei. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre las tramposas modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta: “No sabemos qué texto vamos a votar”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio. Mientras tanto, Martín Menem hacía llegar una “fe de erratas” para corregir los “errores”, lo que la neuquina Silvia Sapag tildó de “papelucho”. En la Casa Rosada ya habían hablado de “un error de tipeo”. ¿Son tramposos o tontos?

El debate por la Ley Bases, el estatuto legal del coloniaje versión Siglo XXI, en el Senado comenzó complicado para el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre las tramposas modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta: "No sabemos qué texto vamos a votar", apuntó la senadora Juliana Di Tullio.

Mientras tanto, Martín Menem hacía llegar una "fe de erratas" para corregir los "errores", lo que la neuquina Silvia Sapag tildó de "papelucho". En la Casa Rosada ya habían hablado de "un error de tipeo". ¿Son tramposos o tontos? En medio de ese disparate, los bloques de la oposición colaboracionista sumaron sus dudas sobre varios artículos -también del paquete fiscal-, lo que encendió las alarmas entre los libertarios ante la posibilidad de que varios de ellos terminen siendo rechazados o modificados.

El proyecto del gobierno cipayo y vendepatria de Milei que tuvo media sanción beneficia de conjunto a las multinacionales extractivistas y a los fondos buitres que vienen a saquear todo. Pretenden rapiñar hasta lo último haciendo de nuestros territorios zonas de sacrificio. Apoyado en un lobby de sectores políticos derechistas unidos y a favor de ser una estrella más de la bandera yanki.

Uno de los pilares de la Ley Bases, que tuvo media sanción en el Congreso, son las políticas que dan beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para los grandes capitales, extranjeros en su mayoría, de inversión en proyectos para la exportación de materias primas, como los minerales, para el negocio de las baterías de litio. Se trata del apartado del RIGI - Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones.

El RIGI beneficia a los grupos inversores de todas las ramas y actividades productivas exportadoras, en particular el gas y los hidrocarburos, y la megaminería. Pero además, la minería extractivista de litio y cobre (ambas necesarias para baterías), son las que despiertan interés por el negocio mundial de autos eléctricos. Una "gauchada" ¿desinteresada? de Milei a su "amigo" Elon Musk.

El plan anarco colonialista de Milei, de profundización de la primarización de la economía, es darles vía libre a los grandes monopolios imperialistas para que se lleven todo con garantías estatales exprés y con consecuencias socioambientales de una magnitud incalculable por los daños a mediano y largo plazo.

Por otro lado, el RIGI facilita las importaciones, con exención de aranceles y todo tipo de régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de impuestos nacionales y/o locales. Por el lado de las exportaciones, no pagarían derechos de exportación desde el tercer año en adelante.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos se unió con la Unión Obrera Metalúrgica para alertar que están en peligro más de 300.000 puestos de trabajo del sector y un millón indirectos, si se aprueba la ley Bases, que empezó a debatirse ayer en el Senado. Allí se establece un trato preferencial para las grandes empresas extranjeras que hace inviable la subsistencia de la industria nacional.

La Opinión Popular

INDUSTRIALES Y SINDICATOS METALÚRGICOS SE UNEN PARA RESISTIR A LA LEY BASES

"Peligra el empleo de 300 mil trabajadores"

Las ventajas que otorga el proyecto a Grandes Inversiones habilitan la sustitución de maquinaria de fabricación nacional por importada, que profundizaría la ya crítica situación del sector.

Por Mara Pedrazzoli

"La industria argentina se encuentra en riesgo, como así también los puestos laborales", advirtió la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) junto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en un encuentro en la sede de la central gremial este martes. Cámara de empresas y sindicato se aúnan para alertar por los más de 300.000 puestos de trabajo directos que contrata el sector, en riesgo frente a la posible aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases redactada por el Gobierno que ingresó esta semana al Senado.

El RIGI otorga un trato preferencial a los bienes importados por grandes empresas (extranjeras) beneficiarias de este Régimen, pues realizarán inversiones de envergadura básicamente en actividades primarias. Podrán ingresar cualquier bien de capital, repuestos o insumos sin arancel alguno, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos treinta años.

Con ese esquema, los metalúrgicos nacionales salen perdiendo ya que a las grandes firmas "les resultará un 30 por ciento más barato en términos de impuestos adquirir la misma máquina fabricada en el exterior que la fabricada localmente", sostuvo Elio Del Re, presidente de Adimra. Los industriales denuncian una competencia desleal favorecida por el Gobierno.

Ningún artículo del extenso apartado de la Ley Bases busca potenciar el desarrollo de proveedores locales, máxime en un sector como el metalúrgico que tiene una extensa tradición productiva en el país. Adimra es una entidad con 120 años de trayectoria institucional, integrada por 60 cámaras sectoriales y regionales, que representa a más de 20.000 empresas que generan 300.000 puestos de trabajo directo y más de un millón en forma indirecta, que ahora están en riesgo, según denuncian.

"Con este nuevo modelo se va a un proceso de primarización de la economía donde no se genera ningún valor agregado en el país" y por ende pocos puestos de trabajo, afirmó Del Re tras el encuentro. El Secretario General de la UOM, Abel Furlán, y el senador Mariano Recalde también participaron junto a otras autoridades.

El RIGI otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ponen en desventaja a la industria nacional y producen un retraso en términos de desarrollo. Un detalle: el proyecto no especifica estándares tecnológicos sobre los productos ingresados, de modo que puede tratarse de instrumental obsoleto, que no permita siquiera una transferencia de mejor tecnología al entramado local. Todo lo contrario: destruye capacidades productivas que el país ya tiene.

"El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes", puntualizó el ex Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en su red X.

El gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales es justamente desarrollar los proveedores nacionales, de modo que ese recurso funcione como una palanca para el desarrollo. "Los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos en el RIGI no están acompañados de obligaciones (transferencia de tecnología, condiciones de compra local, entre otros) por parte de los beneficiarios, que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto", puntualizaron desde Adimra.

El RIGI "se centra en sectores clave como la industria del petróleo y el gas, Vaca Muerta, minería, litio y cobre, donde todos los empresarios metalúrgicos podemos desempeñar un papel crucial: el 60 por ciento de las compras industriales en el sector del petróleo y gas provienen de empresas metalúrgicas, y el 50 por ciento de la industria minera también depende de estas empresas".

Desde la central empresarial remitieron días atrás una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y otras autoridades parlamentarias advirtiendo sobre las consecuencias que traerá la aprobación del RIGI sobre un sector que ya se encuentra golpeado por el deterioro en el resto de los sectores productivos. A su vez, este martes enviaron un documento al Senado, donde el Gobierno buscará discutir la Ley Bases en el recinto la próxima semana.

Ante la caída de la demanda por parte de los sectores de la construcción, la industria automotriz, la producción de maquinaria agrícola y la fabricación de electrodomésticos, la rama de las metálicas básicas experimentó una caída del 23,1 por ciento en febrero, según datos de Indec. Si se mira la industria siderúrgica puntualmente, la caída llega casi al doble (39,7 por ciento) y se explica en gran medida por la detención de la planta de Acindar en Santa Fe, la cual inicialmente se anunció para marzo pero continuó en abril y ahora se extenderá entre mayo y junio. La UOM regional comenzó nuevamente las negociaciones para acordar un esquema de suspensión sin pérdida de puestos de trabajo, tal como firmó en marzo pasado.

A su vez, a escala nacional el gremio está en largas discusiones sobre un nuevo acuerdo paritario que debe regir desde abril de este año. La negociación es eclipsada desde el lado patronal por Techint, que mantiene pisados los salarios y empezó a despedir gente, según viene denunciando Furlán.

Fuente: Pagina 12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".