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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-05-2024 / 09:05
¿ERROR DE TIPEO?: SUCIAS MANIOBRAS LEGISLATIVAS PARA CONVERTIR A NUESTRO PAÍS EN COLONIA

¿Libertarios tramposos o tontos?: Cambios maliciosos de lo votado en la Ley Bases para optimizar el saqueo neocolonialista de litio y cobre

¿Libertarios tramposos o tontos?: Cambios maliciosos de lo votado en la Ley Bases para optimizar el saqueo neocolonialista de litio y cobre
El debate por la Ley Bases, el estatuto legal del coloniaje versión Siglo XXI, en el Senado comenzó complicado para el gobierno anarco capitalista de Javier “el Loco” Milei. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre las tramposas modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta: “No sabemos qué texto vamos a votar”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio. Mientras tanto, Martín Menem hacía llegar una “fe de erratas” para corregir los “errores”, lo que la neuquina Silvia Sapag tildó de “papelucho”. En la Casa Rosada ya habían hablado de “un error de tipeo”. ¿Son tramposos o tontos?
El debate por la Ley Bases, el estatuto legal del coloniaje versión Siglo XXI, en el Senado comenzó complicado para el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre las tramposas modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta: "No sabemos qué texto vamos a votar", apuntó la senadora Juliana Di Tullio.  
 
Mientras tanto, Martín Menem hacía llegar una "fe de erratas" para corregir los "errores", lo que la neuquina Silvia Sapag tildó de "papelucho". En la Casa Rosada  ya habían hablado de "un error de tipeo". ¿Son tramposos o tontos? En medio de ese disparate, los bloques de la oposición colaboracionista sumaron sus dudas sobre varios artículos -también del paquete fiscal-, lo que encendió las alarmas entre los libertarios ante la posibilidad de que varios de ellos terminen siendo rechazados o modificados.
 
El proyecto del gobierno cipayo y vendepatria de Milei que tuvo media sanción beneficia de conjunto a las multinacionales extractivistas y a los fondos buitres que vienen a saquear todo. Pretenden rapiñar hasta lo último haciendo de nuestros territorios zonas de sacrificio. Apoyado en un lobby de sectores políticos derechistas unidos y a favor de ser una estrella más de la bandera yanki.
 
Uno de los pilares de la Ley Bases, que tuvo media sanción en el Congreso, son las políticas que dan beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para los grandes capitales, extranjeros en su mayoría, de inversión en proyectos para la exportación de materias primas, como los minerales, para el negocio de las baterías de litio. Se trata del apartado del RIGI - Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones.

El RIGI beneficia a los grupos inversores de todas las ramas y actividades productivas exportadoras, en particular el gas y los hidrocarburos, y la megaminería. Pero además, la minería extractivista de litio y cobre (ambas necesarias para baterías), son las que despiertan interés por el negocio mundial de autos eléctricos. Una "gauchada" ¿desinteresada? de Milei a su "amigo" Elon Musk

El plan anarco colonialista de Milei, de profundización de la primarización de la economía, es darles vía libre a los grandes monopolios imperialistas para que se lleven todo con garantías estatales exprés y con consecuencias socioambientales de una magnitud incalculable por los daños a mediano y largo plazo.
 
Por otro lado, el RIGI facilita las importaciones, con exención de aranceles y todo tipo de régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de impuestos nacionales y/o locales. Por el lado de las exportaciones, no pagarían derechos de exportación desde el tercer año en adelante.
 
La Asociación de Industriales Metalúrgicos se unió con la Unión Obrera Metalúrgica para alertar que están en peligro más de 300.000 puestos de trabajo del sector y un millón indirectos, si se aprueba la ley Bases, que empezó a debatirse ayer en el Senado. Allí se establece un trato preferencial para las grandes empresas extranjeras que hace inviable la subsistencia de la industria nacional.
 
La Opinión Popular
 

 
INDUSTRIALES Y SINDICATOS METALÚRGICOS SE UNEN PARA RESISTIR A LA LEY BASES
 
"Peligra el empleo de 300 mil trabajadores"
 
Las ventajas que otorga el proyecto a Grandes Inversiones habilitan la sustitución de maquinaria de fabricación nacional por importada, que profundizaría la ya crítica situación del sector.
 
Por Mara Pedrazzoli
 
"La industria argentina se encuentra en riesgo, como así también los puestos laborales", advirtió la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) junto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en un encuentro en la sede de la central gremial este martes. Cámara de empresas y sindicato se aúnan para alertar por los más de 300.000 puestos de trabajo directos que contrata el sector, en riesgo frente a la posible aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases redactada por el Gobierno que ingresó esta semana al Senado.
 
El RIGI otorga un trato preferencial a los bienes importados por grandes empresas (extranjeras) beneficiarias de este Régimen, pues realizarán inversiones de envergadura básicamente en actividades primarias. Podrán ingresar cualquier bien de capital, repuestos o insumos sin arancel alguno, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos treinta años.
 
Con ese esquema, los metalúrgicos nacionales salen perdiendo ya que a las grandes firmas "les resultará un 30 por ciento más barato en términos de impuestos adquirir la misma máquina fabricada en el exterior que la fabricada localmente", sostuvo Elio Del Re, presidente de Adimra. Los industriales denuncian una competencia desleal favorecida por el Gobierno.
 
Ningún artículo del extenso apartado de la Ley Bases busca potenciar el desarrollo de proveedores locales, máxime en un sector como el metalúrgico que tiene una extensa tradición productiva en el país. Adimra es una entidad con 120 años de trayectoria institucional, integrada por 60 cámaras sectoriales y regionales, que representa a más de 20.000 empresas que generan 300.000 puestos de trabajo directo y más de un millón en forma indirecta, que ahora están en riesgo, según denuncian.
 
"Con este nuevo modelo se va a un proceso de primarización de la economía donde no se genera ningún valor agregado en el país" y por ende pocos puestos de trabajo, afirmó Del Re tras el encuentro. El Secretario General de la UOM, Abel Furlán, y el senador Mariano Recalde también participaron junto a otras autoridades.
 
El RIGI otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ponen en desventaja a la industria nacional y producen un retraso en términos de desarrollo. Un detalle: el proyecto no especifica estándares tecnológicos sobre los productos ingresados, de modo que puede tratarse de instrumental obsoleto, que no permita siquiera una transferencia de mejor tecnología al entramado local. Todo lo contrario: destruye capacidades productivas que el país ya tiene.
 
"El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes", puntualizó el ex Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en su red X.
 
El gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales es justamente desarrollar los proveedores nacionales, de modo que ese recurso funcione como una palanca para el desarrollo. "Los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos en el RIGI no están acompañados de obligaciones (transferencia de tecnología, condiciones de compra local, entre otros) por parte de los beneficiarios, que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto", puntualizaron desde Adimra.
 
El RIGI "se centra en sectores clave como la industria del petróleo y el gas, Vaca Muerta, minería, litio y cobre, donde todos los empresarios metalúrgicos podemos desempeñar un papel crucial: el 60 por ciento de las compras industriales en el sector del petróleo y gas provienen de empresas metalúrgicas, y el 50 por ciento de la industria minera también depende de estas empresas".
 
Desde la central empresarial remitieron días atrás una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y otras autoridades parlamentarias advirtiendo sobre las consecuencias que traerá la aprobación del RIGI sobre un sector que ya se encuentra golpeado por el deterioro en el resto de los sectores productivos. A su vez, este martes enviaron un documento al Senado, donde el Gobierno buscará discutir la Ley Bases en el recinto la próxima semana.
 
Ante la caída de la demanda por parte de los sectores de la construcción, la industria automotriz, la producción de maquinaria agrícola y la fabricación de electrodomésticos, la rama de las metálicas básicas experimentó una caída del 23,1 por ciento en febrero, según datos de Indec. Si se mira la industria siderúrgica puntualmente, la caída llega casi al doble (39,7 por ciento) y se explica en gran medida por la detención de la planta de Acindar en Santa Fe, la cual inicialmente se anunció para marzo pero continuó en abril y ahora se extenderá entre mayo y junio. La UOM regional comenzó nuevamente las negociaciones para acordar un esquema de suspensión sin pérdida de puestos de trabajo, tal como firmó en marzo pasado.
 
A su vez, a escala nacional el gremio está en largas discusiones sobre un nuevo acuerdo paritario que debe regir desde abril de este año. La negociación es eclipsada desde el lado patronal por Techint, que mantiene pisados los salarios y empezó a despedir gente, según viene denunciando Furlán.
 
Fuente: Pagina 12
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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