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Nacionales - 07-05-2024 / 09:05
KARINA MILEI MANEJÓ UNA SOCIEDAD OFFSHORE EN ESTADOS UNIDOS POR CASI TRES MILLONES DE DÓLARES

¿Quién financió la campaña libertaria de los hermanos Javier y Karina Milei?

¿Quién financió la campaña libertaria de los hermanos Javier y Karina  Milei?
La secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente aparece en una sociedad junto a sus padres, entre 2018 y 2022. La operación inmobiliaria para invertir en el extranjero terminó con un proceso judicial por deudas hipotecarias y una condena a su padre, Norberto Milei. A pesar de las inversiones, la funcionaria declaró el patrimonio más austero del Gabinete. Ante la consulta periodística, el vocero presidencial respondió que "no se tiene presente" que las propiedades o la sociedad haya sido declarada ante la AFIP.
Un cimbronazo en la política ocasionó el artículo publicado este domingo sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina "el Jefe" Milei, quien controló una sociedad comercial en Miami que compró "al menos cuatro propiedades". Según publicó el diario La Nación, las vendió un año antes de la campaña presidencial y a dos de su asunción en el gobierno nacional. La cifra total en que se desprendió de los inmuebles ronda los US$ 2,7 millones y a los cuales habría accedido con cuatro créditos hipotecarios.
 
El conductor de La ley de la selva, Alejandro Bercovich, se preguntó sobre el origen del dinero que se utilizó en la campaña de los hermanos Milei que convirtió en presidente a Javier "el Loco" Milei. Por esa razón, hizo foco en la sociedad offshore yanqui, llamada Alkary Investments LLC, que adquirió cuatro departamentos en Miami entre 2018 y 2019, según los documentos provistos por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). ¿De dónde salió esa plata?
 
"Una de las noticias de esta semana la encontró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística: una sociedad offshore radicada en EEUU, manejada por Karina Milei y sus padres, Norberto y Alicia, que administró casi tres millones de dólares en departamentos comprados en Miami entre 2018 y 2019", expuso el comunicador en C5N.
 
"Es información muy sensible. Se contradice con la declaración jurada más austera del Gabinete, que es de la secretaria general de la presidencia. Plantea varias preguntas incómodas, pero ante todo una central. ¿Alguien pagó la campaña presidencial de Milei? Puede ser una sospecha o certeza para algunos, pero hay que probarlo. Esta es una punta de un ovillo interesante para pensar si pudo haber pasado. Si fue con un empresario local o extranjero", detalló Bercovich.
 
En tal sentido, el periodista remarcó que "no solo se da de bruces este hallazgo con la declaración jurada de Karina Milei sino con el relato construido por el presidente sobre sus orígenes y su familia. La leyenda dice que es de clase media, su padre un chofer de colectivo que trabajando en las fiestas se compró el colectivo, luego otro, se hizo el control de una línea y luego le vendió a un pulpo como Dota".
 
El economista enumeró que Milei aseguró que la relación con sus padres la recompuso durante la pandemia del Covid-19 en 2020 para hacerse cargo de la manutención de ambos: "Esto se contradice con tres millones de dólares en una cuenta en Miami y cuatro propiedades entre 2018 y 2019, justo cuando Milei empezaba su proyección pública. La plataforma sirvió para comprar importantes condominios por 2.700.000 dólares. Inversiones afuera del país que no tienen ni rastros de haber sido declaradas".
 
Por último, Bercovich advirtió acerca de la ausencia de respuestas: "¿Por qué lo ocultaron? ¿Por qué dijo que había aceptado hacerse cargo si ya tenían esta guita? ¿Es verdad esa historia de auto superación de su padre o es una tapadera? ¡Hacen falta respuestas! Las preguntas son más. ¿Qué rol jugó la empresa Dota? ¿Pudo ser uno de los apoyos? La campaña de Milei fue barata en comparación, pero fue una inversión cuantiosa en redes sociales (...) Si alguien financió la candidatura presidencial con el objetivo de obtener un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), todavía es una incógnita".
 
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LA FAMILIA PRESIDENCIAL
 
Karina Milei manejó una sociedad en Miami que compró cuatro departamentos por US$2,7 millones
 
La secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente aparece en una sociedad junto a sus padres, entre 2018 y 2022. La operación inmobiliaria para invertir en el extranjero terminó con un proceso judicial por deudas hipotecarias y una condena a su padre, Norberto Milei. A pesar de las inversiones, la funcionaria declaró el patrimonio más austero del Gabinete. Ante la consulta periodística, el vocero presidencial respondió que "no se tiene presente" que las propiedades o la sociedad haya sido declarada ante la AFIP.
 
Dos años antes de asumir como secretaria general de la Presidencia y declarar el patrimonio más austero del Gabinete, Karina Milei manejó una sociedad en Florida que compró al menos cuatro propiedades por cerca de US$2,7 millones, según consta en documentos oficiales que revisaron durante los últimos meses La Nación y elDiarioAR en un proyecto coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
 
 
Mi secretaria, El Jefe: Karina, confidente y escolta del Presidente, diseña su propio mito
 
La sociedad manejada por Karina Milei y sus padres, Norberto y Alicia, adquirió los departamentos en Miami entre 2018 y 2019. La compañía era estadounidense y se denominó Alkary Investments LLC. Los tres familiares aparecieron como directivos de esa firma, cuyo nombre es el acrónimo de "Alicia" y "Kary", según los documentos provistos por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ante la consulta del equipo periodístico sobre si Alkary Investments fue declarada ante la AFIP, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió en nombre de Karina Milei: "No se verificó esto", "no se tiene presente". 
 
Los planes financieros de los Milei cambiaron entre 2021 y 2022, cuando el mundo sentía el cimbronazo por la pandemia del Covid-19 y, por otro lado, Javier Milei ya se había lanzado en su carrera política.
 
Alkary Investments dejó de pagar los créditos hipotecarios, que serían cuatro, lo que motivó demandas judiciales en Estados Unidos contra Norberto Milei y la sociedad, según registros judiciales del condado de Broward y Miami Dade. Los reclamos en los tribunales sólo se cerraron cuando los Milei vendieron esas propiedades por poco más de US$2,3 millones -de acuerdo a los documentos públicos- y cancelaron las deudas que habían defaulteado. El último departamento fue vendido cuando Javier Milei ya había asumido como diputado nacional. 
 
Los documentos revisados por elDiarioAR, La Nación y el CLIP no permiten conocer si la familia Milei obtuvo ganancias de su incursión estadounidense o si, por el contrario, pese a haber alquilado al menos uno de esos inmuebles, terminó con las cuentas en rojo. Tampoco precisan si la hermana del Presidente aportó dinero a las operaciones en el estado de Florida o si incluso retiró fondos tras la venta de las inversiones inmobiliarias. El vocero Adorni respondió que Karina Milei "sólo figura en la sociedad por una decisión familiar" y que "ella no hizo ningún aporte de capital". "Por pedido de Norberto Milei, Karina y Alicia figuraban como parte de la sociedad para que cualquiera de los tres tuviese atribuciones para manejar las inversiones", agregó.
 
Alkary Investments habría desembolsado cerca de US$1 millón para adquirir esos inmuebles, capital que se combinó con las hipotecas, según surge de los precios de compra de las propiedades disponibles en los registros oficiales de los condados de Miami Dade y Broward y de los montos de cada hipoteca, que también constan en documentos disponibles. Consultado por este equipo periodístico, Adorni replicó que "el monto lo pueden ver en el mismo lugar donde encontraron la información de los cuatro departamentos".
 
Las cifras que la familia movió en Estados Unidos, sin embargo, están muy lejos de las que Karina Milei, la funcionaria con más poder del Gobierno, presentó ante la Oficina Anticorrupción. La secretaria general de la Presidencia informó un patrimonio de apenas $1,7 millón, una cifra menos a US$2.000, el más austero del Gabinete. Declaró ser propietaria de una casa en Vicente López de 150 metros cuadrados, que recibió en 2011 como adelanto de herencia y que valuó en $1,4 millón. Pero no informó departamentos, acciones, dinero en efectivo ni cuentas bancarias fuera de la Argentina.
 
Antes de desembarcar en la Casa Rosada, Karina Milei estaba vinculada al desarrollo profesional de su padre. Norberto Milei fue presidente, al menos entre 2004 y 2005, de Rocaraza SA, Teniente General Roca SA y Francisco de Viedma SA. El padre del Presidente compartió estas empresas con José Faijá, uno de los grandes empresarios del transporte de colectivos, dueño del Grupo Dota. Este holding, que está integrado por decenas de empresas del sector, es una de las compañías que más fue beneficiada con subsidios estatales al transporte de colectivos durante las últimas dos décadas.
 
 
Las empresas familiares
  
Karina Milei ya había ocupado roles en las empresas de su padre registradas en Argentina. Norberto Milei, 81 años, conocido como "Beto" en el sector del transporte, había sido conductor de colectivos de la línea 111 y 21, entre otras, antes de convertirse en empresario del transporte. Y luego se dedicó a otras actividades, como la agropecuaria y financiera.
 
A diferencia de Javier, Karina sí tuvo un rol en el entramado empresarial de la familia. La funcionaria figuró en 2007 como directiva de Neumáticos Acassuso SRL, una compañía de servicios de neumáticos y lubricentro, un rubro complementario al negocio de los colectivos. Norberto compró Campo La Ponderosa SA en 2008 y Karina volvió a aparecer, esta vez con un cargo directivo en dicha firma en 2015. Ese mismo año comenzó la incursión en Estados Unidos.
 
Alkary Investments fue creada en Florida, Estados Unidos, en enero de 2015, con el cepo cambiario todavía vigente. La hermana, el padre y la madre del presidente argentino integraron el directorio junto a Javier Guezikaraian, un agente inmobiliario nacido en la Argentina pero residente en el estado de Florida, que mantiene una fluida relación con la familia.
 
Karina fue clave en la operación: cuando decidieron invertir, los Milei llamaron a Guezikaraian, un viejo amigo suyo de la facultad. La hermana del presidente lo conoció cuando cursaban algunas materias juntos en la UADE. Ella estudiaba la licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación; él, una licenciatura en Comercialización.  "Los une una amistad de más de 30 años", dijo el vocero de la Presidencia.
 
Karina y Guezikaraian siguen en contacto. De hecho, volvieron a verse en abril último durante la visita de los hermanos Milei a Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación. Fuentes cercanas a la operación detallaron que "Beto" Milei invirtió en Florida parte del dinero obtenido tras la venta de sus empresas de colectivos con el fin de alquilarlos y, así, obtener una renta. Adorni lo ratificó en su respuesta en nombre de Karina Milei: "El origen de los fondos fue la venta de empresas de Norberto Milei". También afirmó que los departamentos fueron "vendidos y liquidados ya que la idea era ponerlos en alquiler para que no generen gastos" pero "la pandemia devino en la cancelación de reservas y alquileres, por lo que nunca generaron ingresos". "Ante la imposibilidad de poder hacer frente a los gastos que originaban, Norberto decidió la liquidación inmediata", explicó el vocero presidencial.
 
A diferencia del Presidente (53 años), Karina (51) siempre se mantuvo más próxima a sus padres, Alicia (73) y "Beto" (81). El vínculo entre Javier y sus "progenitores", como los llamaba durante los años en que -según él- no se dirigían la palabra, sólo se restableció en los meses previos a la pandemia de 2020, por intervención de su hermana y el economista Diego Giacomini.
 
Las primeras operaciones inmobiliarias de Alkary en Estados Unidos se concretaron en junio de 2018, cuando el vínculo entre el actual Presidente y sus "progenitores" todavía se mantenía roto, como expuso Javier Milei en septiembre de ese mismo año, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio. Entonces, el economista narró las "palizas" que le propinaba su padre y los destratos de su madre. "Javier Milei en ese tiempo estaba distanciado de los padres y no tuvo nada que ver en esta inversión", remarcó el vocero de la Presidencia.
 
A través de Alkary, mientras tanto, Karina, Alicia y "Beto" Milei adquirieron dos departamentos en el lujoso condominio "Aria on the Bay", de Miami Beach, por US$727.900 y US$643.900, respectivamente. Y las dos operaciones restantes se ejecutaron meses antes de la pandemia, en diciembre de 2019: compraron un par de propiedades en un edificio sobre la avenida South Ocean Drive, a la altura de Hollywood Beach, por US$695.900 y US$650.900. Las adquisiciones se concretaron mediante créditos hipotecarios.
 
Pero dos años más tarde, con Javier Milei ya lanzado en la política nacional y recompuesta la relación con sus padres, su familia afrontó un proceso de desinversión que deparó dolores de cabeza. Cuando el Covid-19 obligó a las autoridades a frenar la actividad en Florida, el negocio de los alquileres se cayó.
 
Los Milei, entonces, tuvieron que vender. La familia se desprendió de tres de los cuatro departamentos en julio de 2021. Los reclamos de los acreedores en los tribunales del Estado de Florida ocurrieron cuando el libertario ya estaba embarcado en su primera campaña electoral como candidato a diputado. Y la última venta de uno de los inmuebles en Estados Unidos se concretó en marzo de 2022, con un dato resultante: todas las operaciones se realizaron a un precio menor que las compras. De hecho, la sociedad habría perdido entre las cuatro operaciones de compraventa cerca de US$400.000 dólares.
 
"No se obtuvieron ganancias de las ventas: se cancelaron las hipotecas y el resultado fue negativo (pérdida)", aseguró Adorni.
 
 
El default de los Milei
  
Alkary dejó de pagar las cuotas de una hipoteca con el Italbank International, una firma puertorriqueña que le había prestado dinero para adquirir dos departamentos en el South Ocean Condominium, en Hollywood. Esto sucedió justo cuando Javier Milei estaba pasando la cuarentena junto a sus padres.
 
Dejaron de pagar las cuotas en marzo de 2020 y un año después, Italbank entabló una demanda judicial por una deuda acumulada de US$909.961. La demanda apuntó contra la firma Alkary, pero también contra Norberto Milei y requirió algo más: el remate en subasta pública de ambos inmuebles si los Milei no abonaban la deuda acumulada entre capital, intereses y costas del juicio.
 
En julio de 2021, la jueza Marina García Wood falló a favor de Italbank. En su sentencia, dispuso que el remate de ambos inmuebles sería el 25 de agosto de ese año. Pero un día antes de la ejecución, Italbank desistió voluntariamente del reclamo económico, una disposición que suele realizarse cuando se cancela la deuda.
 
No fue el único compromiso financiero de los Milei que entró en default: Alkary también había dejado de pagar en septiembre de 2020 las cuotas de otra hipoteca, esta vez con el prestamista Invictus Residential Pooler LLC, por la unidad 4904 en el condominio Area on the Bay. Seis meses más tarde recibió una nueva demanda.
 
El historial de deudas de Norberto Milei en Estados Unidos ya había registrado capítulos similares en Argentina con organismos tributarios. La Justicia condenó a "Beto" por la evasión de tributos de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) correspondientes a la empresa Teniente General Roca SA de los años 2002 y 2003 por un total de $120.000 (cerca de US$35.000 al tipo de cambio de ese momento).
 
En Estados Unidos, en tanto, los Milei dejaron oficialmente Alkary en 2022, pero el agente Guezikaraian continuó como manager de la compañía hasta su disolución, en mayo de 2023, cuando Javier Milei ya recorría el país como parte de su campaña presidencial. 
 
Durante sus años de actividad, esta sociedad no sólo se dedicó a la compra-venta de propiedades: Alkary también figuró como agente controlante o registrante de otras empresas, como Alkanor Investments LLC (acrónimo de Alicia, Karina y Norberto). Otras compañías controladas por Alkary son Piguez Wholesales Group LLC y Pan American Technology Corporation, pero ninguna habría estado relacionada con actividades de los Milei, explicaron fuentes del sector inmobiliario.
 
En el caso de Alkanor Investments, los padres y la hermana de Milei participaron como directores, aunque la firma fue disuelta en plena pandemia, en julio de 2020, en los mismos meses en que comenzaron los problemas por la falta de pagos de las hipotecas. "Alkanor tenía como finalidad la compra de uno de los departamentos que finalmente se compró bajo Alkary, con lo cual se terminó cerrando sin movimiento alguno", indicó Adorni. Esta alianza periodística no encontró que alguna de estas compañías hubiera adquirido propiedades en Estados Unidos.
 
En una de las hipotecas, los Milei se comprometieron a pagar cuotas mensuales de más de US$2.900 con intereses por 7,250% anual.
 
 
Amigo y manager
  
Guezikaraian y su mujer Virginia Pinat son argentinos y hacen negocios en el mercado inmobiliario de Florida. Él se presenta como un bróker de créditos hipotecarios con oficina en Estados Unidos. Ella se define como una "inversora en bienes raíces", por eso trabaja con el sello Pinat Realtor. "Cumple tu sueño de ser dueño con $0", indica uno de los posteos de Guezikaraian en Instagram. Y ofrece facilidades para obtener créditos hipotecarios por el 100% del valor de la propiedad.
 
El vínculo de Guezikaraian con los Milei es público. Las interacciones con Karina se sostuvieron durante los años en que la familia invirtió en Florida: la hermana del Presidente le dio "like" a una decena de publicaciones, entre ellas una que promocionaba el condominio Aria on the beach, donde los Milei compraron dos departamentos.
 
El 20 de junio de 2021, por ejemplo, posteó una imagen junto a su padre. "Feliz día papá!!!", escribió. Karina Milei comentó esa publicación desde su cuenta personal de Instagram. "Muy feliz día a tu papá Javi ??????!!!". Y Guezikaraian le respondió: "Gracias... Igualmente para Beto".
 
*Este artículo fue realizado en alianza con Hugo Alconada Mon y Ricardo Brom, de La Nación, y coordinado por el Centrol Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
 
Fuente: eldiarioar.com
 
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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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