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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 05-05-2024 / 10:05
PRETENDE ESTABILIZAR A CUALQUIER COSTO, SIN IMPORTAR EL DAÑO QUE SE PROVOQUE EN EL CAMINO

Desempleo y precarización: segunda etapa del siniestro plan de Javier el Loco Milei

Desempleo y precarización: segunda etapa del siniestro plan de Javier el Loco Milei
El proceso ya está en marcha. La UOCRA denunció que desde diciembre se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la industria de la construcción. Cuatro de cada cinco fueron a causa del freno en la obra pública. Las industrias PyME hablan de 20 mil empleos menos en el primer trimestre y proyectan 150 mil para todo el 2024. Por ahora se trata, principalmente, de empresas que achican su dotación, pero pronto van a empezar a hacerse más habituales los cierres. La caída del consumo, la apertura de las importaciones y la suba de tarifas serán barreras infranqueables para miles de empresas en los próximos meses.
La primera etapa del plan económico de Javier "el Loco" Milei consistió, básicamente, en pulverizar el poder adquisitivo de los salarios, es decir el valor del trabajo argentino, que se encuentra en pisos históricos.
 
El efecto inmediato fue una retracción inédita del consumo, único ancla para la inflación que, incluso si en abril consigue evitar la doble cifra, sigue estando en valores absolutamente anormales, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del ajuste, el más grande de la historia de acuerdo al mismo presidente.
 
Estancamiento con inflación y salarios a la baja; nada en el horizonte invita a imaginar una salida de ninguno de esos tres problemas. Al contrario.
 
Mientras el Gobierno habla de recuperación, sigue apretando el torniquete, simplemente porque no puede permitir una mejora. El veloz atraso cambiario y la insustentabilidad del falso superávit fiscal proyectan dudas que ninguna ley podrá aplacar. En estas condiciones, en cuanto repunte la demanda volverá a subir la inflación.
 
Esta semana, por decreto, se determinó la actualización del salario mínimo, que quedará en 234 mil pesos a partir de mayo. Desde diciembre, apenas aumentó un 50 por ciento, lo que no alcanza a cubrir la mitad de la inflación acumulada en el mismo período. La canasta de indigencia está en 377 mil pesos.
 
No es un error de cálculo ni un efecto colateral sino el corazón de la apuesta política de Milei: estabilizar a cualquier costo, sin importar el daño que se aplique en el camino.
 
Esta semana lo dijo el empresario y heredero Eduardo Bastitta Harriet, miembro del consejo de asesores del presidente, en una entrevista con Ramón Indart: "Todos los países que partieron de una situación inestable que tuvieron que estabilizar tuvieron años de recesión".
 
Muchos economistas consideran que la recuperación, cuando llegue, será en forma de Y: algunos sectores (finanzas, agro, hidrocarburos, minería) podrán remontar pero el resto sufre un desplome vertical.
 
Lo que se va a pique son los sectores que demandan la enorme mayoría de los empleos en este país: industria, comercio, servicios, construcción. Después de destruir el valor del trabajo la segunda etapa del plan económico es destruir empleo para asegurarse que el salario no vuelva a subir.
 
Las paritarias pierden fuerza cuando hay que luchar por mantener las fuentes de trabajo y el ejército de reserva de desocupados juega para el patrón en la puja distributiva. Salarios por el piso y desempleo por las nubes: nada nuevo bajo el sol. A este gobierno las cuentas sólo le cierran con la gente afuera y las puertas tapiadas.
 
El proceso ya está en marcha. La UOCRA denunció que desde diciembre se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la industria de la construcción. Cuatro de cada cinco fueron a causa del freno en la obra pública. Las industrias PyME hablan de 20 mil empleos menos en el primer trimestre y proyectan 150 mil para todo el 2024. 
 

 
Por ahora se trata, principalmente, de empresas que achican su dotación, pero pronto van a empezar a hacerse más habituales los cierres. La caída del consumo, la apertura de las importaciones y la suba de tarifas serán barreras infranqueables para miles de empresas en los próximos meses.
 
Si Milei consigue que el Senado apruebe la ley de bases y que la cámara de diputados no rechace el DNU 70/23 contará con las herramientas necesarias para profundizar los recortes en el Estado, incluyendo a más de 120 mil trabajadores en situación de planta permanente.
 
También podrá disolver a sola firma, de forma parcial o total, un centenar de organismos públicos, entre los que están el CONICET (ciencia y tecnología), la ANMAT (seguridad alimenticia), la CONAE (energía atómica), el INCUCAI (trasplante de órganos) o la UIF (investigación de delitos financieros). Milei ya ejecutó 15 mil despidos en el Estado y anunció llegar a 70 mil.
 
También está en marcha la operación psicológica con la que el gobierno intentará deslindarse de la suba del desempleo. El modus operandi es recurrente: utilizar algún cálculo esotérico para anunciar una situación catastrófica imaginaria, por ejemplo una hiper del 15 mil por ciento, para luego celebrar una mejora allí donde nunca la hubo.
 
Es parecido al cuento del rabino y la cabra pero en este caso la cabra no existe, como Conan. En este caso inventaron la idea de que existe una tasa de desempleo "oficial" (la que publica el INDEC) y luego una "real", que triplica la otra, una vez descontado "el efecto del clientelismo político".
 
Ese brillante razonamiento es obra del no menos luminoso economista Ramiro Castiñeira, y fue incorporada al canon a través de un retuit presidencial, como se estila. Según explica Castiñeira en una nota publicada en el diario La Nación hace un año, el desempleo "neto de clientelismo" es 18 por ciento.
 
Para llegar a ese número cuenta como desempleados a todos los cargos públicos creados en los últimos diez años, a los beneficiarios de planes sociales (aunque trabajen), y a quienes no trabajan y no buscan hacerlo, que metodológicamente se excluyen del índice oficial. Pronto, cuando el desempleo suba, nos explicarán que está bajando.
 
 
Tres frases peronistas
  
Gobernar es crear trabajo, es decir planificar la explotación de cada recurso que ofrece un país de forma tal que multiplique su valor tanto como sea posible antes de ser exportado, porque en ese proceso se requieren trabajadores y se produce la riqueza que permite pagarles bien por su trabajo.
 
El desarrollo de una nación sucede cuando se gobierna bien y de forma sustentable en el tiempo y no es otra cosa que incorporar cada vez más eslabones a la cadena de valor del trabajo local. En ese sentido, resulta evidente que el plan de Milei no es un plan de gobierno sino de desgobierno y que su implementación no lleva al desarrollo sino todo lo contrario.
 
Ya desde comienzos de abril la desocupación comenzó a aparecer en las encuestas como una de las principales preocupaciones de los argentinos, junto con la inflación. Debería ser una oportunidad para la oposición que quiere representar una alternativa posible al modelo autodestructivo de Milei.
 
Hay una demanda permanente desde, por lo menos, 2012: la demanda de una vida tranquila, ordenada, sin tantos sobresaltos. Esa demanda, y la manera en que distintos sectores y referentes políticas reaccionaron a ella, llevaron a los argentinos a elegir a Macri en 2015, a Alberto Fernández en 2019 y, agotadas todas las instancias, a Milei el año pasado.
 
Y el gran ordenador de la vida en comunidad, al menos para el peronismo, debe ser el trabajo. Pero no cualquier trabajo sino trabajo con derechos y bien retribuido, de forma tal que el laburante y su familia puedan tener una vida digna, acceso al consumo y alguna perspectiva de progreso. Si no, no ordena.
 
El trabajo precario o, para ser más específicos, el trabajador cuya vida se vuelve más precaria a partir de un trabajo de peor calidad, se encuentra en las bases del descontento que nos trajo hasta acá. Pasó en Estados Unidos a la salida de la crisis de las hipotecas y terminó en Donald Trump. Pasó en Brasil y llegó Bolsonaro. Pasó en Argentina y vino Milei.
 
Este jueves el periódico uruguayo La Diaria publicó una interesante entrevista con el economista brasileño Pedro Abramo, quien destaca un fenómeno detectado en Brasil que pone de manifiesto uno de los aspectos de esa precarización.
 
"En Río de Janeiro, en el último censo de población que vive en la calle, se reveló una situación muy interesante. Más de la mitad de la población tiene casa, pero de lunes a viernes duerme en la calle. Porque los costos de volver a su hogar en la superperiferia son muy altos. No les da para ir y volver todos los días con lo que ganan en el mercado informal de trabajo", explica.
 
No hace falta ser una eminencia en economía, como Abramo, para entender el efecto que puede tener en la Argentina la combinación de medidas tomadas en estos meses como la destrucción del salario, el encarecimiento del transporte público y la liberalización del mercado de viviendas.
 
Esta semana los medios mendocinos informaron que la cantidad de personas en situación de calle en la capital de esa provincia se duplicó en el último año. En Rosario, según la secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad, aumentó un 30 por ciento. En CABA no hay datos oficiales pero Jorge Macri hace campaña "limpiando" la ciudad a la fuerza.
 
La oposición podría levantar esas banderas y mostrarse como una alternativa para devolverle la dignidad y el valor al trabajo de los argentinos pero antes deberá revisar el espejo retrovisor.
 
No solamente porque el gobierno del Frente de Todos falló a la hora de hacerlo, y ese recuerdo aún está demasiado fresco, sino también porque incluso durante sus mejores etapas los gobiernos kirchneristas aprendieron a convivir con tasas de informalidad altísimas, que naturalizaron la desigualdad entre trabajadores ante los ojos de todos, excepto de aquellos que quedaron del lado malo en el reparto, esperando, sin resultado, que alguien vuelva a tenderles una mano.
 
Si no existe más que una sola clase de personas, las que trabajan, entonces todas las personas que trabajan deben pertenecer a la misma clase. Y sin embargo, desde hace tanto tiempo, en la Argentina no es así.
 
En esa división entre formales e informales, entre protegidos y precarios, entre los que a ver cómo llegan y los que ya no tienen ni esperanza de llegar, creció Milei. Hasta no cerrar esa herida será difícil torcer la historia.
 
Pero además, o mejor dicho antes que eso, si el peronismo no siente la herida en carne propia, si no experimenta la necesidad urgente de curarla, no termina de entenderse en qué es distinto a aquello a lo que dice oponerse.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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