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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-05-2024 / 10:05
CON LA CONTUNDENTE MARCHA DEL 1° DE MAYO LA CGT RATIFICÓ EL PARO GENERAL DEL JUEVES PRÓXIMO

El movimiento obrero copó las calles y no se olvidó ni de Milei ni de los diputados traidores

El movimiento obrero copó las calles y no se olvidó ni de Milei ni de los diputados traidores
De la calle al paro. Tras la marcha multitudinaria del 1º de Mayo, la CGT ratificó el paro general del 9 de mayo en repudio al ajuste brutal del gobierno de Javier "el Loco" Milei y a la media sanción del proyecto nefasto de ley Bases. Hubo pase de factura para el Gobierno y para la oposición colaboracionista por la media sanción de la Ley Bases que arrasa con los derechos laborales. La conducción de la central obrera fue acompañada por los movimientos sociales y las dos CTA y reclamó que "el Senado no apruebe leyes que van contra la Argentina". La preocupación por los despidos, en el centro de la escena.
De la calle al paro. Tras la marcha multitudinaria del 1º de Mayo, la CGT ratificó el paro general del 9 de mayo en repudio al ajuste brutal del gobierno de Javier "el Loco" Milei y a la media sanción del proyecto nefasto de ley Bases. Hubo pase de factura para el Gobierno y para la oposición colaboracionista por la media sanción de la Ley Bases que arrasa con los derechos laborales. La conducción de la central obrera fue acompañada por los movimientos sociales y las dos CTA y reclamó que "el Senado no apruebe leyes que van contra la Argentina". La preocupación por los despidos, en el centro de la escena.

Aunque como siempre en estos encuentros populares hay elementos festivos, de comunión entre pares, con el folclore de las manifestaciones populares, la música y toda la mística que imprimen las organizaciones sindicales, los reclamos y los gestos de preocupación estuvieron a la orden del día. No es para menos. Con un consumo que no para de caer, a la par que el poder adquisitivo, sumado a una industria que se desploma a niveles calamitosos, y a la motosierra en la obra pública, la última noticia que viene con la traición de los Diputados, 
que votaron en contra del Pueblo y le suman nafta al fuego.


Tercerización y mayor precariedad laboral, nuevas formas de contratación que implican total inestabilidad, fondos de cese laboral que facilitarán los despidos en alza, el aumento del trabajo no regulado y la habilitación para echar gente de forma indiscriminada, están a la orden del día.

No fue un primero de mayo más. Eso lo sabían las miles de personas que se convocaron bajo el lema "En defensa de los derechos Laborales, Sociales, Previsionales y del Modelo Sindical", con que la CGT metió presión antes del tratamiento de la Ley Bases en el Senado. Pablo Moyano recordó la "Banelco" con la que se compró votos de senadores, dando por sentado que los 33 senadores del PJ votarán contra la ley y adelantó que buscarán persuadir a los demás de rechazarla, aunque dejó afuera a los legisladores del PRO y a los libertarios.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, rechazó la traición del radicalismo por la Ley Bases y dijo que: "Es un proyecto del Poder Ejecutivo sobreactuado vergonzosamente por un sector del bloque radical, corriendo por derecha al Gobierno lo cual marca que este muchacho cordobés está absolutamente perdido en el escenario ideológico de nuestro país", apuntó contra el legislador radical ultra derechista Rodrigo de Loredo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se unió a la movilización. Su presencia en el evento resalta su rol como el principal opositor a la gestión anarco capitalista de Milei. "Estamos aquí para apoyar la unidad del movimiento obrero en un momento muy difícil para nuestro país: estamos ante una nueva embestida contra los derechos de las y los trabajadores, que busca llevarnos hacia un modelo de país primario, agroexportador y sin soberanía", destacó Kicillof.

La movilización culminó en el Monumento Canto al Trabajo. Tras una conferencia de prensa y en medio de la interna K, la cúpula de la CGT se reunió con Kicillof. La central obrera emitió un documento donde llamó la atención sobre los puntos más controvertidos del cruel ajuste que ejecuta Milei. Allí aseguraron que el ajuste "recae sobre los sectores más vulnerables". Consideraron que el gobierno "no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro".

La Opinión Popular

 El movimiento obrero copó las calles y no se olvidó ni de Milei ni de los diputados traidores  

"Argentina estaba mal y ahora está peor"
 
La CGT, las dos CTA, la UTEP y movimientos sociales marcharon contra el DNU y la Ley Bases, con la mirada puesta en lo que pasará en el Senado y críticas a "un gobierno sin diálogo social".
 
El primer día del trabajador y la trabajadora de la era Milei se vivió en las calles como una contundente manifestación contra el intento de avasallamiento de los derechos laborales, el ajuste y la destrucción de lo público que, en general, proponen el DNU y la Ley Bases, contra los que se marchó concretamente.
 
Una multitud organizada en numerosas columnas de gremios de todo el país se movilizó en el sur de la ciudad, confluyendo frente al Monumento al Trabajo en la convocatoria de la CGT a la que, como en las últimas marchas, adhirieron también las dos CTA y la UTEP. Hubo una ratificación del paro general del 9 de mayo próximo, un lanzamiento oficial de la campaña para juntar firmas por la derogación del DNU, y una consigna transversal que recorre todas las últimas marchas: "La Patria no se vende".
 
Fue la frase estampada en la enorme bandera que llevaron los dirigentes de la CGT. No hubo palco ni discursos; en cambio, la conferencia de prensa posterior en la sede de la central obrera fue el momento de  fuertes críticas al Gobierno y de un diagnóstico: "Argentina estaba mal y ahora está peor".
 
"Acá estamos rechazando la entrega que se ha realizado ayer en el Congreso", sintetizó Pablo Moyano al llegar a la marcha. Tuvo que desmentir una y otra vez, ante las consultas periodísticas, que el paro del 9 estuviera en duda.
 
También lo hizo Héctor Daer en la conferencia posterior, con una aclaración: "la CGT no negoció ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción" de reforma laboral con la Casa Rosada. Sumó un repudio especial a la UCR ("presentaron un proyecto de reforma laboral paralelo que era aún peor que el del gobierno") y a su presidente de bloque de Diputados, Rodrigo de Loredo. Junto a Carlos Acuña, los triunviros se proyectaron luego hacia lo que viene en el Senado: "Tenemos en agenda ir a visitar a todos los senadores para que no voten esta ley nefasta que va en detrimento del pueblo argentino. Los 33 senadores del peronismo se comprometieron a votar en contra. Saben que no pueden votar para privatizar empresas, para que vuelva el impuesto a las ganancias", advirtió Moyano.
 
Lo escuchaba tras reunirse con ellos en la sede de Azopardo Axel Kicillof y los principales ministros de su gabinete (Carlos Bianco, Andrés Larroque, Walter Correa, Gabriel Katopodis, Estela Díaz entre otros), e intendentes como Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). Antes, el gobernador marchó junto a referentes de la CTA de los Trabajadores como Hugo Yasky, Daniel Catalano, Roberto Baradel. Otros que se vieron en la marcha fueron el senador Mariano Recalde, el excanciller Felipe Solá, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
 
En el comunicado en el que se manifestó "en defensa de los derechos laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical" la CGT criticó "un gobierno sin diálogo social, que sólo se vincula con los representantes de intereses amigos, que agrede y desecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura", y propuso "la construcción de un programa de consenso multisectorial" y "una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, la producción y el trabajo".
 
 
Todos los gremios, todos
  
La convocatoria sorprendió por la cantidad de gremios que marcharon y la organización de las columnas, que fueron concentrando en distintas esquinas para sumarse a la marcha principal que avanzó por Independencia, cubriendo toda la traza desde antes de la 9 de julio hasta el bajo.
 
La Fraternidad, Camioneros, ATE y UPCN con sus distintas delegaciones y representaciones de organismos, Smata, Sanidad, La Bancaria, la UOM, el Suterh, Luz y Fuerza, Foetra, Aeronáuticos, Aceiteros, los docentes de UTE, Sadop y la Unión Docentes Argentinos, los judiciales de la UEJN, entre cientos de banderas y estandartes gremiales, avanzaron con sus banderas entre redoblantes y humos verde o naranja, con Wos y Patricio Rey como banda de sonido, en el tema que hicieron juntos sonando en las pantallas de las esquinas cercanas al monumento.
 
Pero junto a las banderas de siempre hubo otras: La bandera de YPF, que no necesitó decir más que sus tres letras gigantes estampadas en azul y blanco. Los carteles de "Somos Télam" o "Los cielos no se venden, Aerolíneas se defiende". Las bandera de "No al remate de las centrales atómicas". Postales de una coyuntura urgente contra la cual se gritó en la marcha.
 
El cruce de la jornada ocurrió en el punto central de 9 de Julio e Independencia. Cuando arribó allí la cúpula cegetista, la estaban esperando gremios y partidos de izquierda y asambleas barriales, con dirigentes como Eduardo Beliboni, Gabriel Solano y Vanina Biasi formados en primera fila, y hasta el camioncito con el parlante que ya es folklore de la izquierda, a un solo grito: "¡Paro, paro, paro. Paro general!". Más allá del paro general ya anunciado y reconfirmado para el 9, el grito buscó simbolizar una exigencia de mayor dureza. Fue respondido con otro canto: "Borombombón, borombombón, los sindicatos son de Perón". "Tanto cordón de seguridad para que se nos cuelen los troskos por el Metrobus", fue la broma resignada que se escuchó entre los múltiples cordones que, efectivamente, rodeaban a los dirigentes y les iban abriendo paso, mechada con alguna crítica interna a la planificación del recorrido. 
 
 
Sin protocolo
  
Como ocurrió con el estudiantazo del 23 de abril, la masividad del acto derogó de facto todo protocolo atipiquetes. Hacia el mediodía el tránsito se mantuvo cortado en toda la traza desde Hipólito Yrigoyen y hasta Garay. Las formaciones y vehículos de las distintas fuerzas se hicieron ver, de todos modos, prolijamente apostados, tal vez por orden de efecto disuasorio. Primero Prefectura, a lo largo de Paseo Colón. Ya sobre Casa Rosada, y ejerciendo la tarea de control de tránsito, Policía Federal. Y frente al Centro Cultural Kirchner, largas filas de vehículos de todo tipo y efectivos de Gendarmería, que esta vez cobraron extras por horas distendidas, sin tener que poner manos a la obra.
 
Fue un 1° de mayo que los organizadores cañificaron como "un día horrible, triste y amargo", en palabras de Pablo Moyano. "No hay un sólo beneficio para el pueblo en la Ley Bases, todo el beneficio es para los empresarios", fue la denuncia que sintetizó la marcha. Con la mirada puesta en una próxima hora de la historia: la hora del Senado.
 
Por Karina Micheletto
 
Fuente: Página 12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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