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Nacionales - 22-04-2024 / 10:04
23A: REACCIÓN FRENTE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN PELIGRO

El loco Milei tiene miedo: la marcha de las universidades puede ser un punto de inflexión en la brutal política de ajuste

El loco Milei tiene miedo: la marcha de las universidades puede ser un punto de inflexión en la brutal política de ajuste
La concentración, en la Ciudad de Buenos Aires, contra la nefasta política neoliberal libertaria del “Loco” Milei, comenzará el martes 23 a las 15.30 ante el Congreso Nacional. Desde allí, las columnas irán a la Plaza de Mayo. El acto central será a las 18 hs, frente a la Casa de Gobierno, donde se leerá un documento común. Como se trata de una jornada de protesta federal, también se resolvió marchar o movilizar en todas las universidades del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública.
Hace diez días se conoció el ranking universitario mundial QS 2024: entre las mejores 150 carreras del planeta, hay 28 de universidades argentinas. El jueves apareció otra lista, de la consultora británica Quacquarelli: la UBA quedó entre las 100 mejores universidades del mundo. Esa misma institución reconocida a nivel internacional, con más de 320 mil alumnos, hoy batalla junto a las 69 universidades e institutos universitarios del país por sobrevivir.
 
En esa lucha in crescendo contra la asfixia presupuestaria del gobierno de Javier "el Loco" Milei, el martes será un punto de inflexión. La Marcha Federal del 23 se convertirá en la primera movilización transversal contra el ajuste de la administración neoliberal libertaria que alcanza a todo: jubilados, pacientes oncológicos, comedores, científicos. Y universitarios. La movilización, de tintes históricos, será en todo el país, pero el epicentro estará en CABA. Bajo el lema "En defensa de la educación pública".
 
La asistencia está lejos de ser puramente universitaria: además de estudiantes, docentes y graduados, prometieron estar las centrales obreras (desde la CGT a las CTA), organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y partidos políticos. Dirigentes como Sergio Massa y Axel Kicillof confirmaron que marcharán. No solo el presente está en juego: si algo representa la educación, es el futuro y el desarrollo de un país.
 
La Marcha Federal convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores del país, "será inédita por esta unidad impensada 15 años atrás", declaró el titular del CIN, Victor Moriñigo. Y acotó: "Mientras eligen a universidades argentinas en el mundo, acá no financian la educación. Es muy raro. Todo el mundo nos pregunta por esto".

La posición del Ejecutivo fue de intransigencia. Un delirante Milei hablando de dar la "batalla cultural" contra el "adoctrinamiento" de las universidades públicas, y el ejército troll atacando al sector. El designado subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lejos de buscar conciliación apoya la teoría ideológica del "adoctrinamiento". Álvarez dedicó las últimas horas a llamar personalmente a cada uno de los rectores de las universidades nacionales para que se bajen de la marcha. "Promete cualquier cosa con tal que nos bajemos
, está desesperado", relató uno de ellos.


Mientras Álvarez busca conciliar posiciones con representantes de las universidades, el presidente fue muy agresivo en redes sociales. Milei replicó decenas de posteos que insultan a la universidad pública. Milei pretende un país mucho más dependiente del capital extranjero, de EEUU y sus aliados: Gran Bretaña e Israel, donde aumente la precarización laboral, la pobreza y la ignorancia. Para eso necesita un modelo de educación pública donde cada vez sean menos los que puedan acceder y donde la educación universitaria se piense al servicio de los negocios de los grandes empresarios.

El ajuste universitario puede ser un punto de inflexión para el gobierno: una encuesta de esta semana de la consultora Zuban Córdoba señala que un 89,4% aseguró está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en que la educación pública "es un derecho que debe ser defendido". Y un 58,5% se mostró en contra de congelar el presupuesto de las universidades. Una Argentina que gira entre la crueldad libertaria y una crisis social al borde de estallar.

La Opinión Popular

 
La asfixia presupuestaria a las universidades y la marcha que puede ser un punto de inflexión en la política de ajuste de Milei
 
Este martes se realizará la movilización del Congreso a Plaza de Mayo que promete ser histórica. La primera transversal contra el ajuste de Milei, quien amenaza con aplicar el protocolo antipiquetes. Kicillof y Massa prometieron estar. El impacto de los recortes y una propuesta oficial que por ahora no se concretó.
 
Durante la semana el gobierno pasó de sugerirle a las universidades que le cobren a los estudiantes extranjeros mil dólares por mes a anunciar el jueves a la noche que habían acordado con el CIN un aumento del 70% en gastos de funcionamiento. Algo desmentido por el CIN.
 
A pesar de haber difundido el comunicado con el título "Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional", no hay acuerdo, el gobierno no oficializó la propuesta y tampoco cubre todos los reclamos: los gastos de funcionamiento son solo el 10% de los gastos del sector. La decisión oficial pareció perseguir el objetivo de disuadir la movilización o buscar la culpabilización del público universitario por marchar "a pesar del aumento".
 
De acuerdo a lo informado a Tiempo desde Capital Humano la reunión entre las partes se dará el 30 de abril: "La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades" (ver aparte).
 
Las universidades funcionan con el prorrogado presupuesto 2023 (votado en 2022). Es el más bajo de su historia, desde que se empezó a registrar en 1997. Tienen vida hasta junio. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró: "La marcha del 23 va a ser histórica. No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades, que representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, ante la inflación".
 
Al contexto crítico se sumó la quita de subsidios en las tarifas. "Este bimestre pagamos 140 millones de pesos de luz", graficó el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci.
 
El ajuste se completa con el ataque a la ciencia. El 80% del personal del Conicet se desempeña en universidades. Tal como denunció el prestigioso científico Diego Golombek, hasta el viernes seguían llegando correos electrónicos oficiales de la Agencia I+D+i (la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) "diciendo que no garantizan financiamiento de proyectos PICT 2022, ya adjudicados. Pero hay más: invitan a presentarse nuevamente, ya que estamos, y, en caso de haberse ya presentado al nuevo concurso, postular otro proyecto con un nombre parecido".
 
Ya se frenó el proyecto nuclear CAREM y peligra la concreción de vacunas, investigaciones contra distintos tipos de cáncer, desarrollos satelitales y trabajos universitarios estratégicos con municipios o provincias como en cannabis medicinal, laboratorios públicos o ingeniería industrial. En el período 2018-2022 se registraron 3630 patentes y 2070 diseños industriales.
 
Los sectores productivos del software, farmacéutico, químico, aeroespacial e instrumental científico generaron en esos cinco años exportaciones por 3680 millones de dólares. El ataque a la educación y la ciencia también afecta a la economía y al déficit fiscal, supuestas banderas libertarias.
 
"No obstante -continúa el CIN-, las consecuencias más preocupantes se vislumbran a largo plazo, como la potencial migración de científicos hacia otros países. Esta fuga de cerebros es una grave amenaza para el progreso científico en nuestra Nación".
 
 
Oscurantismo
  
La asfixia deriva en consecuencias concretas. En una resolución del Consejo Superior, la UBA estableció que dejarán de encenderse aires acondicionados y calderas, y limitarán uso de luz y ascensores (salvo para los hospitales). En la Universidad de Comahue suspendieron por el momento el pago de Aguas Rionegrinas y la convocatoria de becas de extensión. La de Jujuy se declaró en "emergencia financiera y edilicia" y la de Salta (UNAS) desconoce si podrá contar con las partidas para proyectos especiales con las que financian desde comedores universitarios hasta carreras, como Medicina. Sus trabajadores que se inician en las carreras cobran salarios menores a 250 mil pesos.
 
Con 441 investigadores cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del país, "Bariloche es un polo científico de excelencia", destacó Celeste Ratto, directora del Centro Científico Tecnológico Conicet Patagonia Norte. Esa ciudad es un emblema del trabajo público-privado. El Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas (lpatec) "tiene mucho trabajo con la industria cervecera local", declaró a Somos Télam.
 
También desarrollan modelos científicos que "permiten prever la dirección en la que se mueven los incendios forestales, trabajando con los bomberos para controlarlos". Hoy los recortes y despidos amenazan su funcionamiento. La Universidad Nacional de Río Negro sufre la parálisis de obras: estaban construyendo un edificio con 14 aulas, laboratorio física y química. "Le falta solamente un 2% para finalizarse", se lamentó el vicerrector Diego Aguiar.
 
En la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA ejemplifican la emergencia. Su presupuesto actual "significa cerca de un cuarto del necesario para funcionar hasta fin de año. El Gobierno anunció un incremento de un 70% a partir de marzo y otro del 70% (no acumulado) en mayo, que por el momento no se concretó y dista de permitir el normal funcionamiento de las universidades para 2024".
 
¿A qué destinan el presupuesto? "Becas de estudio, material de biblioteca y el mantenimiento y mejoras de los cuatro edificios con que cuenta la facultad. Una diversidad de gastos que van desde la compra de reactivos, equipamiento de laboratorio e informático para docencia y la gestión de residuos peligrosos hasta la renovación anual de los cientos de matafuegos y tubos de luz, el mantenimiento de los ascensores, equipos de climatización, alarmas de evacuación, y todo tipo de reparaciones y mejoras edilicias", enumeran.
 
Por: Gustavo Sarmiento
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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