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Nacionales - 22-04-2024 / 10:04
23A: REACCIÓN FRENTE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN PELIGRO

El loco Milei tiene miedo: la marcha de las universidades puede ser un punto de inflexión en la brutal política de ajuste

El loco Milei tiene miedo: la marcha de las universidades puede ser un punto de inflexión en la brutal política de ajuste
La concentración, en la Ciudad de Buenos Aires, contra la nefasta política neoliberal libertaria del “Loco” Milei, comenzará el martes 23 a las 15.30 ante el Congreso Nacional. Desde allí, las columnas irán a la Plaza de Mayo. El acto central será a las 18 hs, frente a la Casa de Gobierno, donde se leerá un documento común. Como se trata de una jornada de protesta federal, también se resolvió marchar o movilizar en todas las universidades del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública.
Hace diez días se conoció el ranking universitario mundial QS 2024: entre las mejores 150 carreras del planeta, hay 28 de universidades argentinas. El jueves apareció otra lista, de la consultora británica Quacquarelli: la UBA quedó entre las 100 mejores universidades del mundo. Esa misma institución reconocida a nivel internacional, con más de 320 mil alumnos, hoy batalla junto a las 69 universidades e institutos universitarios del país por sobrevivir.
 
En esa lucha in crescendo contra la asfixia presupuestaria del gobierno de Javier "el Loco" Milei, el martes será un punto de inflexión. La Marcha Federal del 23 se convertirá en la primera movilización transversal contra el ajuste de la administración neoliberal libertaria que alcanza a todo: jubilados, pacientes oncológicos, comedores, científicos. Y universitarios. La movilización, de tintes históricos, será en todo el país, pero el epicentro estará en CABA. Bajo el lema "En defensa de la educación pública".
 
La asistencia está lejos de ser puramente universitaria: además de estudiantes, docentes y graduados, prometieron estar las centrales obreras (desde la CGT a las CTA), organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y partidos políticos. Dirigentes como Sergio Massa y Axel Kicillof confirmaron que marcharán. No solo el presente está en juego: si algo representa la educación, es el futuro y el desarrollo de un país.
 
La Marcha Federal convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores del país, "será inédita por esta unidad impensada 15 años atrás", declaró el titular del CIN, Victor Moriñigo. Y acotó: "Mientras eligen a universidades argentinas en el mundo, acá no financian la educación. Es muy raro. Todo el mundo nos pregunta por esto".

La posición del Ejecutivo fue de intransigencia. Un delirante Milei hablando de dar la "batalla cultural" contra el "adoctrinamiento" de las universidades públicas, y el ejército troll atacando al sector. El designado subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lejos de buscar conciliación apoya la teoría ideológica del "adoctrinamiento". Álvarez dedicó las últimas horas a llamar personalmente a cada uno de los rectores de las universidades nacionales para que se bajen de la marcha. "Promete cualquier cosa con tal que nos bajemos
, está desesperado", relató uno de ellos.


Mientras Álvarez busca conciliar posiciones con representantes de las universidades, el presidente fue muy agresivo en redes sociales. Milei replicó decenas de posteos que insultan a la universidad pública. Milei pretende un país mucho más dependiente del capital extranjero, de EEUU y sus aliados: Gran Bretaña e Israel, donde aumente la precarización laboral, la pobreza y la ignorancia. Para eso necesita un modelo de educación pública donde cada vez sean menos los que puedan acceder y donde la educación universitaria se piense al servicio de los negocios de los grandes empresarios.

El ajuste universitario puede ser un punto de inflexión para el gobierno: una encuesta de esta semana de la consultora Zuban Córdoba señala que un 89,4% aseguró está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en que la educación pública "es un derecho que debe ser defendido". Y un 58,5% se mostró en contra de congelar el presupuesto de las universidades. Una Argentina que gira entre la crueldad libertaria y una crisis social al borde de estallar.

La Opinión Popular

 
La asfixia presupuestaria a las universidades y la marcha que puede ser un punto de inflexión en la política de ajuste de Milei
 
Este martes se realizará la movilización del Congreso a Plaza de Mayo que promete ser histórica. La primera transversal contra el ajuste de Milei, quien amenaza con aplicar el protocolo antipiquetes. Kicillof y Massa prometieron estar. El impacto de los recortes y una propuesta oficial que por ahora no se concretó.
 
Durante la semana el gobierno pasó de sugerirle a las universidades que le cobren a los estudiantes extranjeros mil dólares por mes a anunciar el jueves a la noche que habían acordado con el CIN un aumento del 70% en gastos de funcionamiento. Algo desmentido por el CIN.
 
A pesar de haber difundido el comunicado con el título "Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional", no hay acuerdo, el gobierno no oficializó la propuesta y tampoco cubre todos los reclamos: los gastos de funcionamiento son solo el 10% de los gastos del sector. La decisión oficial pareció perseguir el objetivo de disuadir la movilización o buscar la culpabilización del público universitario por marchar "a pesar del aumento".
 
De acuerdo a lo informado a Tiempo desde Capital Humano la reunión entre las partes se dará el 30 de abril: "La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades" (ver aparte).
 
Las universidades funcionan con el prorrogado presupuesto 2023 (votado en 2022). Es el más bajo de su historia, desde que se empezó a registrar en 1997. Tienen vida hasta junio. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró: "La marcha del 23 va a ser histórica. No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades, que representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, ante la inflación".
 
Al contexto crítico se sumó la quita de subsidios en las tarifas. "Este bimestre pagamos 140 millones de pesos de luz", graficó el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci.
 
El ajuste se completa con el ataque a la ciencia. El 80% del personal del Conicet se desempeña en universidades. Tal como denunció el prestigioso científico Diego Golombek, hasta el viernes seguían llegando correos electrónicos oficiales de la Agencia I+D+i (la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) "diciendo que no garantizan financiamiento de proyectos PICT 2022, ya adjudicados. Pero hay más: invitan a presentarse nuevamente, ya que estamos, y, en caso de haberse ya presentado al nuevo concurso, postular otro proyecto con un nombre parecido".
 
Ya se frenó el proyecto nuclear CAREM y peligra la concreción de vacunas, investigaciones contra distintos tipos de cáncer, desarrollos satelitales y trabajos universitarios estratégicos con municipios o provincias como en cannabis medicinal, laboratorios públicos o ingeniería industrial. En el período 2018-2022 se registraron 3630 patentes y 2070 diseños industriales.
 
Los sectores productivos del software, farmacéutico, químico, aeroespacial e instrumental científico generaron en esos cinco años exportaciones por 3680 millones de dólares. El ataque a la educación y la ciencia también afecta a la economía y al déficit fiscal, supuestas banderas libertarias.
 
"No obstante -continúa el CIN-, las consecuencias más preocupantes se vislumbran a largo plazo, como la potencial migración de científicos hacia otros países. Esta fuga de cerebros es una grave amenaza para el progreso científico en nuestra Nación".
 
 
Oscurantismo
  
La asfixia deriva en consecuencias concretas. En una resolución del Consejo Superior, la UBA estableció que dejarán de encenderse aires acondicionados y calderas, y limitarán uso de luz y ascensores (salvo para los hospitales). En la Universidad de Comahue suspendieron por el momento el pago de Aguas Rionegrinas y la convocatoria de becas de extensión. La de Jujuy se declaró en "emergencia financiera y edilicia" y la de Salta (UNAS) desconoce si podrá contar con las partidas para proyectos especiales con las que financian desde comedores universitarios hasta carreras, como Medicina. Sus trabajadores que se inician en las carreras cobran salarios menores a 250 mil pesos.
 
Con 441 investigadores cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del país, "Bariloche es un polo científico de excelencia", destacó Celeste Ratto, directora del Centro Científico Tecnológico Conicet Patagonia Norte. Esa ciudad es un emblema del trabajo público-privado. El Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas (lpatec) "tiene mucho trabajo con la industria cervecera local", declaró a Somos Télam.
 
También desarrollan modelos científicos que "permiten prever la dirección en la que se mueven los incendios forestales, trabajando con los bomberos para controlarlos". Hoy los recortes y despidos amenazan su funcionamiento. La Universidad Nacional de Río Negro sufre la parálisis de obras: estaban construyendo un edificio con 14 aulas, laboratorio física y química. "Le falta solamente un 2% para finalizarse", se lamentó el vicerrector Diego Aguiar.
 
En la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA ejemplifican la emergencia. Su presupuesto actual "significa cerca de un cuarto del necesario para funcionar hasta fin de año. El Gobierno anunció un incremento de un 70% a partir de marzo y otro del 70% (no acumulado) en mayo, que por el momento no se concretó y dista de permitir el normal funcionamiento de las universidades para 2024".
 
¿A qué destinan el presupuesto? "Becas de estudio, material de biblioteca y el mantenimiento y mejoras de los cuatro edificios con que cuenta la facultad. Una diversidad de gastos que van desde la compra de reactivos, equipamiento de laboratorio e informático para docencia y la gestión de residuos peligrosos hasta la renovación anual de los cientos de matafuegos y tubos de luz, el mantenimiento de los ascensores, equipos de climatización, alarmas de evacuación, y todo tipo de reparaciones y mejoras edilicias", enumeran.
 
Por: Gustavo Sarmiento
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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