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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 17-04-2024 / 10:04
“SEÑOR PRESIDENTE, NO SE PUEDE SER TAN HIJO DE PUTA Y NEGARNOS EL DERECHO A VIVIR”, EXPRESÓ UNA MUJER ENFERMA

Milei, insensible y cruel, le niega la medicación que los mantiene con vida a pacientes con cáncer y patologías graves

Milei, insensible y cruel, le niega la medicación que los mantiene con vida a pacientes con cáncer y patologías graves
Las asociaciones que nuclean a los pacientes con cáncer y patologías graves presentaron un amparo para que vuelva a funcionar la Dirección de Asistencia, el organismo del Estado encargado de proveerles la medicación que los mantiene con vida, paralizado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. “Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera”, aseguran sus dirigentes. Otra crueldad más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes empresarios y perjudicar al pueblo, como queda en claro en estos casos.
Las asociaciones que nuclean a los pacientes con cáncer y patologías graves presentaron un amparo para que vuelva a funcionar la Dirección de Asistencia, el organismo del Estado encargado de proveerles la medicación que los mantiene con vida, paralizado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. "Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera", aseguran sus dirigentes. Otra crueldad más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes empresarios y perjudicar al pueblo, como queda en claro en estos casos.
 
"La palabra es mistanasia: la muerte por abandono indigno de personas. Para que no haya más mistanasia es que presentamos este amparo, queremos que la gente reciba los medicamentos ya. ¡No nos mientan más! Mil veces tuvimos conflicto con los gobiernos, pero nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera".
 
La que habla con vehemencia y se le quiebra la voz cuando golpea el puño sobre la mesa hasta contagiar las lágrimas es Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa).
 
Es una de las seis organizaciones que presentaron un amparo colectivo que reclama el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), en el sistema de protección de la salud, cuya paralización provocó que cientos de personas (que carecen de cobertura de salud o subsidios) dejaran de recibir la medicación para el tratamiento del cáncer y otras patologías severas o enfermedades raras.
 
En el salón del bloque de Unión por la Patria, donde las asociaciones de familiares y pacientes habían convocado a una conferencia, empezó resonar el grito de los presentes al escuchar a Florencia: "¡Ni un paso atrás!".
 
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, la Dadse casi no provee medicamentos ni resuelve expedientes y reclamos. No tiene autoridades ni organigrama administrativo, dice el amparo. En la sede habían puesto un cartel que decía: "La Dadse permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos".
 
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había anunciado una auditoría sobre el procedimiento para la adquisición de medicamentos; lo invalidó e hizo una denuncia pero no reemplazó el sistema por otro. En febrero, la Dadse pasó al Ministerio de Salud en medio del ajuste y la disparada de precios de los medicamentos en un 110 por ciento. El Gobierno, además, anunció este martes el recorte a esa cartera de 140 mil millones de pesos.
 
El texto del amparo colectivo, que quedó a cargo del juez contencioso Walter Lara Correa, explica que desde que comenzaron a hacerse públicas algunas historias de quienes dejaron de recibir medicamentos, Salud subió a la página web dos llamados a cotizar medicación para 15 expedientes y otro para 83. El segundo incluye casos judicializados individuales que obtuvieron cautelares que obligan a proveer la medicación. El procedimiento todavía no terminó. 
 

 
AMPARO DE ORGANIZACIONES DE ENFERMOS PARA QUE EL GOBIERNO ENTREGUE MEDICAMENTOS
 
"Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muera"
 
Seis asociaciones civiles que representan a personas enfermas presentaron un recurso de amparo exigiendo que el Estado reanude la entrega de remedios para el cáncer y otras patologías graves. Desde que asumió Javier Milei, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) está paralizada. Las dramáticas historias de los pacientes damnificados.
  
María Teresa Troiano falleció la semana pasada. El Gobierno le había cortado en diciembre los medicamentos para el cáncer. Costaban cerca de 17 mil dólares mensuales, que no podía pagar. Comenzó a debilitarse y empeorar. La enfermedad se expandió. Su esposo, Eduardo Castaño, reclamó hasta el cansancio. En Capital Humano le decían que no había "firma". Este martes Eduardo esparció las cenizas de Marité en el mar.
 
El diputado Juan Marino (UxP), quien se puso al hombro la búsqueda de estrategias ante este drama, recordó otras cinco muertes en medio de la espera: Aldo Pinto (Salta), Camila Giménez (Córdoba), Alfredo González, Mariana Floridia y Patricio Romanos (los tres de Buenos Aires). Romanos había presentado un amparo individual, que tuvo resolución favorable e increíblemente fue apelado por el Gobierno.
 
María Alejandra Iglesias, de la asociación Sostén, que ayuda a personas con cáncer, contó en la charla: "Quienes representamos a los pacientes fuimos pacientes. Sabemos que recibir un diagnóstico da temor, y luego encarar el tratamiento. Si de pronto la medicación no está disponible, no sólo se ve afectada la salud física sino también la salud mental".
 
"Todos los días recibimos llamados para contención y acceso a la medicación. Van cuatro meses y medio sin respuesta", describió. Agregó que después de una reunión que tuvieron con el ministro de Salud, Mario Russo, "apareció un nota diciendo que había una operación de prensa contra el ministerio" y que entregarían todo. Apenas si ocurrió ante el escándalo y amparos. "No es una operación, es lo que está pasando", subrayó Iglesias.
 
El amparo, acompañado de un pedido de medida cautelar, hace referencia a, al menos, 2 mil expedientes en trámite ante la Dadse. Suelen ser personas vulnerables, sin recursos, para quienes no es sencillo el acceso individual a la Justicia.
 
El recurso de las organizaciones señala que "la falta de respuesta por parte de la Dadse a los expedientes planteados, más allá del tiempo razonable y útil, provoca una lesión actual o inminente de vulnerar el derecho a la salud y a la vida. No debemos olvidar que se trata de prestaciones médicas para casos graves, donde se requiere de medicamentos de alto, medio o bajo costo, o de movilidad para poder acceder a un centro de salud. Toda esta Dirección trabaja con casos riesgosos y urgentes, por lo que suspender hasta ahora por 90 días y contando los trámites produce un riesgo actual o inminente a los pacientes".
 
Como medida inicial pide que se informen en detalle todos los casos en trámite y que se intime a resolver en siete días corridos los presentados desde el 1 de febrero.
 
La presentación colectiva busca que la Dadse "cumpla su función en el sistema de protección de la salud". También está firmada por la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil Sostén, la Fundación Entrelazando Esperanza, de Salta, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo. Hubo representantes de la mayoría que compartieron similares relatos angustiantes, rodeados de carteles que decían: "La salud no espera", "no queremos más víctimas", "los pacientes existen, las familias existen".
 
 
"Una causa para luchar"
  
Entre los tantos expedientes ante Salud estaba el de Pablo Riveros, de 20 años. Tiene una extraña enfermedad llamada homoglobinuria paroxística nocturna. El joven y su mamá, Stella, estaban entre el público de la conferencia. "Es una enfermedad que provoca que los glóbulos rojos que mi médula produce se descompongan, lo que me genera una anemia aguda, al punto de no poder levantarme de la cama. También puede provocar trombosis, me pasó una vez", explicó Pablo a Página/12.
 
"No tiene cura, tiene tratamiento, pero la droga fue catalogada como la más cara del mundo y yo no tengo obra social. El 17 de marzo de 2023 recibí la medicación por primera vez. Cuesta 7 mil dólares cada frasquito, yo necesito tres cada quince días. Estábamos felices".
 
"Recibí la medicación trimestralmente antes de que se me acabara. Mi cuerpo estaba reaccionando muy bien. Sentía energías que no tenía antes. No tengo las facultades motoras de las demás personas, pero pude correr, caminar, saltar... para mí era mucho. Recibí la medicación hasta noviembre. El gobierno de Milei ya no me la dio. Empecé a tener mucho miedo, sé que me puedo morir. Me decían que vuelva a llamar. Hice un recurso de amparo y di a conocer lo que me pasaba".
 
Es uno de los pocos casos donde una cautelar obligó a restituir la medicación. Pero, ahora que ya tenía que haber recibido una nueva entrega, eso no ocurrió. A Pablo le importaba estar este martes en el Congreso porque se convirtió "en una causa por la que luchar, que no solo me afecta a mí, sino a muchos", a quienes -cuenta- conoció en estos meses. Cada relato, cada madre que llora, como la suya, lo estremece.
 
El evento movió inquietudes de todo tipo vinculadas a la salud. Sergio Gravier, de la Red bonaerense de personas viviendo con VIH contó a este diario que por estos días lo llaman pacientes que no consiguen la medicación o la llamada "triterapia" (tres medicamentos en una pastilla). Al parecer es más cara y el Gobierno dejó de comprarla. Les dan medicamentos por separado, sin prescripción, cuenta. Claudia DIppoltio tiene un hijo con hipotonía generalizada. Su miedo, comparte, es que se deje de producir en el país la medicación que necesita. La producción nacional de medicamentos es otro de los pedidos.
 
 
Muchas voces
  
Estuvieron en el evento la parlamentaria del Mercosur Victoria Donda, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Mónica Macha, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros. Tolosa Paz, quien fue responsable de la Dadse, defendió su gestión que -dijo- "procuró buscar la forma de otorgar los medicamentos a miles de argentinos". Ahora contó que hizo un pedido de informes para saber cómo se ejecuta el presupuesto de 38 mil millones del organismo. Se sumó Gollan, exministro de Salud, quien lamentó "tantos derechos destruidos". En alusión al Gobierno, dijo: "No les importa nada, se ríen, se jactan del dolor ajeno. Han roto la trama de solidaridad de pares". Marino hizo un pedido de acceso a la información a Capital Humano y Salud sobre estos meses de la Dadse y los reclamos. Con cerca de 30 diputados/as, pidieron también interpelar a Pettovello y Russo.
 
Florencia Braga Menéndez cofundó Alapa cuando buscaba remedio para la enfermedad de Stargardt (que provoca disminución visual) de su hijo. La asociación hoy reúne más de 400 patologías. De rojo, con el pelo negro atado, marcó el pulso de la conferencia. "Los pacientes no negociamos, como los que van a la CGT -dijo-. Estamos unidos. Sepan cada uno de los cómplices que los que estamos reunidos haciendo esta denuncia no los vamos a dejar en paz. No podrán salir de este Gobierno sin vergüenza. Son cómplices del abandono. Argentina es un país que ha adherido a las convenciones derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la salud  y del derecho a la vida".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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