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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 17-04-2024 / 10:04
“SEÑOR PRESIDENTE, NO SE PUEDE SER TAN HIJO DE PUTA Y NEGARNOS EL DERECHO A VIVIR”, EXPRESÓ UNA MUJER ENFERMA

Milei, insensible y cruel, le niega la medicación que los mantiene con vida a pacientes con cáncer y patologías graves

Milei, insensible y cruel, le niega la medicación que los mantiene con vida a pacientes con cáncer y patologías graves
Las asociaciones que nuclean a los pacientes con cáncer y patologías graves presentaron un amparo para que vuelva a funcionar la Dirección de Asistencia, el organismo del Estado encargado de proveerles la medicación que los mantiene con vida, paralizado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. “Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera”, aseguran sus dirigentes. Otra crueldad más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes empresarios y perjudicar al pueblo, como queda en claro en estos casos.
Las asociaciones que nuclean a los pacientes con cáncer y patologías graves presentaron un amparo para que vuelva a funcionar la Dirección de Asistencia, el organismo del Estado encargado de proveerles la medicación que los mantiene con vida, paralizado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. "Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera", aseguran sus dirigentes. Otra crueldad más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes empresarios y perjudicar al pueblo, como queda en claro en estos casos.
 
"La palabra es mistanasia: la muerte por abandono indigno de personas. Para que no haya más mistanasia es que presentamos este amparo, queremos que la gente reciba los medicamentos ya. ¡No nos mientan más! Mil veces tuvimos conflicto con los gobiernos, pero nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera".
 
La que habla con vehemencia y se le quiebra la voz cuando golpea el puño sobre la mesa hasta contagiar las lágrimas es Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa).
 
Es una de las seis organizaciones que presentaron un amparo colectivo que reclama el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), en el sistema de protección de la salud, cuya paralización provocó que cientos de personas (que carecen de cobertura de salud o subsidios) dejaran de recibir la medicación para el tratamiento del cáncer y otras patologías severas o enfermedades raras.
 
En el salón del bloque de Unión por la Patria, donde las asociaciones de familiares y pacientes habían convocado a una conferencia, empezó resonar el grito de los presentes al escuchar a Florencia: "¡Ni un paso atrás!".
 
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, la Dadse casi no provee medicamentos ni resuelve expedientes y reclamos. No tiene autoridades ni organigrama administrativo, dice el amparo. En la sede habían puesto un cartel que decía: "La Dadse permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos".
 
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había anunciado una auditoría sobre el procedimiento para la adquisición de medicamentos; lo invalidó e hizo una denuncia pero no reemplazó el sistema por otro. En febrero, la Dadse pasó al Ministerio de Salud en medio del ajuste y la disparada de precios de los medicamentos en un 110 por ciento. El Gobierno, además, anunció este martes el recorte a esa cartera de 140 mil millones de pesos.
 
El texto del amparo colectivo, que quedó a cargo del juez contencioso Walter Lara Correa, explica que desde que comenzaron a hacerse públicas algunas historias de quienes dejaron de recibir medicamentos, Salud subió a la página web dos llamados a cotizar medicación para 15 expedientes y otro para 83. El segundo incluye casos judicializados individuales que obtuvieron cautelares que obligan a proveer la medicación. El procedimiento todavía no terminó. 
 

 
AMPARO DE ORGANIZACIONES DE ENFERMOS PARA QUE EL GOBIERNO ENTREGUE MEDICAMENTOS
 
"Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muera"
 
Seis asociaciones civiles que representan a personas enfermas presentaron un recurso de amparo exigiendo que el Estado reanude la entrega de remedios para el cáncer y otras patologías graves. Desde que asumió Javier Milei, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) está paralizada. Las dramáticas historias de los pacientes damnificados.
  
María Teresa Troiano falleció la semana pasada. El Gobierno le había cortado en diciembre los medicamentos para el cáncer. Costaban cerca de 17 mil dólares mensuales, que no podía pagar. Comenzó a debilitarse y empeorar. La enfermedad se expandió. Su esposo, Eduardo Castaño, reclamó hasta el cansancio. En Capital Humano le decían que no había "firma". Este martes Eduardo esparció las cenizas de Marité en el mar.
 
El diputado Juan Marino (UxP), quien se puso al hombro la búsqueda de estrategias ante este drama, recordó otras cinco muertes en medio de la espera: Aldo Pinto (Salta), Camila Giménez (Córdoba), Alfredo González, Mariana Floridia y Patricio Romanos (los tres de Buenos Aires). Romanos había presentado un amparo individual, que tuvo resolución favorable e increíblemente fue apelado por el Gobierno.
 
María Alejandra Iglesias, de la asociación Sostén, que ayuda a personas con cáncer, contó en la charla: "Quienes representamos a los pacientes fuimos pacientes. Sabemos que recibir un diagnóstico da temor, y luego encarar el tratamiento. Si de pronto la medicación no está disponible, no sólo se ve afectada la salud física sino también la salud mental".
 
"Todos los días recibimos llamados para contención y acceso a la medicación. Van cuatro meses y medio sin respuesta", describió. Agregó que después de una reunión que tuvieron con el ministro de Salud, Mario Russo, "apareció un nota diciendo que había una operación de prensa contra el ministerio" y que entregarían todo. Apenas si ocurrió ante el escándalo y amparos. "No es una operación, es lo que está pasando", subrayó Iglesias.
 
El amparo, acompañado de un pedido de medida cautelar, hace referencia a, al menos, 2 mil expedientes en trámite ante la Dadse. Suelen ser personas vulnerables, sin recursos, para quienes no es sencillo el acceso individual a la Justicia.
 
El recurso de las organizaciones señala que "la falta de respuesta por parte de la Dadse a los expedientes planteados, más allá del tiempo razonable y útil, provoca una lesión actual o inminente de vulnerar el derecho a la salud y a la vida. No debemos olvidar que se trata de prestaciones médicas para casos graves, donde se requiere de medicamentos de alto, medio o bajo costo, o de movilidad para poder acceder a un centro de salud. Toda esta Dirección trabaja con casos riesgosos y urgentes, por lo que suspender hasta ahora por 90 días y contando los trámites produce un riesgo actual o inminente a los pacientes".
 
Como medida inicial pide que se informen en detalle todos los casos en trámite y que se intime a resolver en siete días corridos los presentados desde el 1 de febrero.
 
La presentación colectiva busca que la Dadse "cumpla su función en el sistema de protección de la salud". También está firmada por la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil Sostén, la Fundación Entrelazando Esperanza, de Salta, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo. Hubo representantes de la mayoría que compartieron similares relatos angustiantes, rodeados de carteles que decían: "La salud no espera", "no queremos más víctimas", "los pacientes existen, las familias existen".
 
 
"Una causa para luchar"
  
Entre los tantos expedientes ante Salud estaba el de Pablo Riveros, de 20 años. Tiene una extraña enfermedad llamada homoglobinuria paroxística nocturna. El joven y su mamá, Stella, estaban entre el público de la conferencia. "Es una enfermedad que provoca que los glóbulos rojos que mi médula produce se descompongan, lo que me genera una anemia aguda, al punto de no poder levantarme de la cama. También puede provocar trombosis, me pasó una vez", explicó Pablo a Página/12.
 
"No tiene cura, tiene tratamiento, pero la droga fue catalogada como la más cara del mundo y yo no tengo obra social. El 17 de marzo de 2023 recibí la medicación por primera vez. Cuesta 7 mil dólares cada frasquito, yo necesito tres cada quince días. Estábamos felices".
 
"Recibí la medicación trimestralmente antes de que se me acabara. Mi cuerpo estaba reaccionando muy bien. Sentía energías que no tenía antes. No tengo las facultades motoras de las demás personas, pero pude correr, caminar, saltar... para mí era mucho. Recibí la medicación hasta noviembre. El gobierno de Milei ya no me la dio. Empecé a tener mucho miedo, sé que me puedo morir. Me decían que vuelva a llamar. Hice un recurso de amparo y di a conocer lo que me pasaba".
 
Es uno de los pocos casos donde una cautelar obligó a restituir la medicación. Pero, ahora que ya tenía que haber recibido una nueva entrega, eso no ocurrió. A Pablo le importaba estar este martes en el Congreso porque se convirtió "en una causa por la que luchar, que no solo me afecta a mí, sino a muchos", a quienes -cuenta- conoció en estos meses. Cada relato, cada madre que llora, como la suya, lo estremece.
 
El evento movió inquietudes de todo tipo vinculadas a la salud. Sergio Gravier, de la Red bonaerense de personas viviendo con VIH contó a este diario que por estos días lo llaman pacientes que no consiguen la medicación o la llamada "triterapia" (tres medicamentos en una pastilla). Al parecer es más cara y el Gobierno dejó de comprarla. Les dan medicamentos por separado, sin prescripción, cuenta. Claudia DIppoltio tiene un hijo con hipotonía generalizada. Su miedo, comparte, es que se deje de producir en el país la medicación que necesita. La producción nacional de medicamentos es otro de los pedidos.
 
 
Muchas voces
  
Estuvieron en el evento la parlamentaria del Mercosur Victoria Donda, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Mónica Macha, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros. Tolosa Paz, quien fue responsable de la Dadse, defendió su gestión que -dijo- "procuró buscar la forma de otorgar los medicamentos a miles de argentinos". Ahora contó que hizo un pedido de informes para saber cómo se ejecuta el presupuesto de 38 mil millones del organismo. Se sumó Gollan, exministro de Salud, quien lamentó "tantos derechos destruidos". En alusión al Gobierno, dijo: "No les importa nada, se ríen, se jactan del dolor ajeno. Han roto la trama de solidaridad de pares". Marino hizo un pedido de acceso a la información a Capital Humano y Salud sobre estos meses de la Dadse y los reclamos. Con cerca de 30 diputados/as, pidieron también interpelar a Pettovello y Russo.
 
Florencia Braga Menéndez cofundó Alapa cuando buscaba remedio para la enfermedad de Stargardt (que provoca disminución visual) de su hijo. La asociación hoy reúne más de 400 patologías. De rojo, con el pelo negro atado, marcó el pulso de la conferencia. "Los pacientes no negociamos, como los que van a la CGT -dijo-. Estamos unidos. Sepan cada uno de los cómplices que los que estamos reunidos haciendo esta denuncia no los vamos a dejar en paz. No podrán salir de este Gobierno sin vergüenza. Son cómplices del abandono. Argentina es un país que ha adherido a las convenciones derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la salud  y del derecho a la vida".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, para gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

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