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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 17-04-2024 / 10:04
“SEÑOR PRESIDENTE, NO SE PUEDE SER TAN HIJO DE PUTA Y NEGARNOS EL DERECHO A VIVIR”, EXPRESÓ UNA MUJER ENFERMA

Milei, insensible y cruel, le niega la medicación que los mantiene con vida a pacientes con cáncer y patologías graves

Milei, insensible y cruel, le niega la medicación que los mantiene con vida a pacientes con cáncer y patologías graves
Las asociaciones que nuclean a los pacientes con cáncer y patologías graves presentaron un amparo para que vuelva a funcionar la Dirección de Asistencia, el organismo del Estado encargado de proveerles la medicación que los mantiene con vida, paralizado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. “Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera”, aseguran sus dirigentes. Otra crueldad más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes empresarios y perjudicar al pueblo, como queda en claro en estos casos.
Las asociaciones que nuclean a los pacientes con cáncer y patologías graves presentaron un amparo para que vuelva a funcionar la Dirección de Asistencia, el organismo del Estado encargado de proveerles la medicación que los mantiene con vida, paralizado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. "Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera", aseguran sus dirigentes. Otra crueldad más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes empresarios y perjudicar al pueblo, como queda en claro en estos casos.
 
"La palabra es mistanasia: la muerte por abandono indigno de personas. Para que no haya más mistanasia es que presentamos este amparo, queremos que la gente reciba los medicamentos ya. ¡No nos mientan más! Mil veces tuvimos conflicto con los gobiernos, pero nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera".
 
La que habla con vehemencia y se le quiebra la voz cuando golpea el puño sobre la mesa hasta contagiar las lágrimas es Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa).
 
Es una de las seis organizaciones que presentaron un amparo colectivo que reclama el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), en el sistema de protección de la salud, cuya paralización provocó que cientos de personas (que carecen de cobertura de salud o subsidios) dejaran de recibir la medicación para el tratamiento del cáncer y otras patologías severas o enfermedades raras.
 
En el salón del bloque de Unión por la Patria, donde las asociaciones de familiares y pacientes habían convocado a una conferencia, empezó resonar el grito de los presentes al escuchar a Florencia: "¡Ni un paso atrás!".
 
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, la Dadse casi no provee medicamentos ni resuelve expedientes y reclamos. No tiene autoridades ni organigrama administrativo, dice el amparo. En la sede habían puesto un cartel que decía: "La Dadse permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos".
 
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había anunciado una auditoría sobre el procedimiento para la adquisición de medicamentos; lo invalidó e hizo una denuncia pero no reemplazó el sistema por otro. En febrero, la Dadse pasó al Ministerio de Salud en medio del ajuste y la disparada de precios de los medicamentos en un 110 por ciento. El Gobierno, además, anunció este martes el recorte a esa cartera de 140 mil millones de pesos.
 
El texto del amparo colectivo, que quedó a cargo del juez contencioso Walter Lara Correa, explica que desde que comenzaron a hacerse públicas algunas historias de quienes dejaron de recibir medicamentos, Salud subió a la página web dos llamados a cotizar medicación para 15 expedientes y otro para 83. El segundo incluye casos judicializados individuales que obtuvieron cautelares que obligan a proveer la medicación. El procedimiento todavía no terminó. 
 

 
AMPARO DE ORGANIZACIONES DE ENFERMOS PARA QUE EL GOBIERNO ENTREGUE MEDICAMENTOS
 
"Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muera"
 
Seis asociaciones civiles que representan a personas enfermas presentaron un recurso de amparo exigiendo que el Estado reanude la entrega de remedios para el cáncer y otras patologías graves. Desde que asumió Javier Milei, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) está paralizada. Las dramáticas historias de los pacientes damnificados.
  
María Teresa Troiano falleció la semana pasada. El Gobierno le había cortado en diciembre los medicamentos para el cáncer. Costaban cerca de 17 mil dólares mensuales, que no podía pagar. Comenzó a debilitarse y empeorar. La enfermedad se expandió. Su esposo, Eduardo Castaño, reclamó hasta el cansancio. En Capital Humano le decían que no había "firma". Este martes Eduardo esparció las cenizas de Marité en el mar.
 
El diputado Juan Marino (UxP), quien se puso al hombro la búsqueda de estrategias ante este drama, recordó otras cinco muertes en medio de la espera: Aldo Pinto (Salta), Camila Giménez (Córdoba), Alfredo González, Mariana Floridia y Patricio Romanos (los tres de Buenos Aires). Romanos había presentado un amparo individual, que tuvo resolución favorable e increíblemente fue apelado por el Gobierno.
 
María Alejandra Iglesias, de la asociación Sostén, que ayuda a personas con cáncer, contó en la charla: "Quienes representamos a los pacientes fuimos pacientes. Sabemos que recibir un diagnóstico da temor, y luego encarar el tratamiento. Si de pronto la medicación no está disponible, no sólo se ve afectada la salud física sino también la salud mental".
 
"Todos los días recibimos llamados para contención y acceso a la medicación. Van cuatro meses y medio sin respuesta", describió. Agregó que después de una reunión que tuvieron con el ministro de Salud, Mario Russo, "apareció un nota diciendo que había una operación de prensa contra el ministerio" y que entregarían todo. Apenas si ocurrió ante el escándalo y amparos. "No es una operación, es lo que está pasando", subrayó Iglesias.
 
El amparo, acompañado de un pedido de medida cautelar, hace referencia a, al menos, 2 mil expedientes en trámite ante la Dadse. Suelen ser personas vulnerables, sin recursos, para quienes no es sencillo el acceso individual a la Justicia.
 
El recurso de las organizaciones señala que "la falta de respuesta por parte de la Dadse a los expedientes planteados, más allá del tiempo razonable y útil, provoca una lesión actual o inminente de vulnerar el derecho a la salud y a la vida. No debemos olvidar que se trata de prestaciones médicas para casos graves, donde se requiere de medicamentos de alto, medio o bajo costo, o de movilidad para poder acceder a un centro de salud. Toda esta Dirección trabaja con casos riesgosos y urgentes, por lo que suspender hasta ahora por 90 días y contando los trámites produce un riesgo actual o inminente a los pacientes".
 
Como medida inicial pide que se informen en detalle todos los casos en trámite y que se intime a resolver en siete días corridos los presentados desde el 1 de febrero.
 
La presentación colectiva busca que la Dadse "cumpla su función en el sistema de protección de la salud". También está firmada por la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil Sostén, la Fundación Entrelazando Esperanza, de Salta, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo. Hubo representantes de la mayoría que compartieron similares relatos angustiantes, rodeados de carteles que decían: "La salud no espera", "no queremos más víctimas", "los pacientes existen, las familias existen".
 
 
"Una causa para luchar"
  
Entre los tantos expedientes ante Salud estaba el de Pablo Riveros, de 20 años. Tiene una extraña enfermedad llamada homoglobinuria paroxística nocturna. El joven y su mamá, Stella, estaban entre el público de la conferencia. "Es una enfermedad que provoca que los glóbulos rojos que mi médula produce se descompongan, lo que me genera una anemia aguda, al punto de no poder levantarme de la cama. También puede provocar trombosis, me pasó una vez", explicó Pablo a Página/12.
 
"No tiene cura, tiene tratamiento, pero la droga fue catalogada como la más cara del mundo y yo no tengo obra social. El 17 de marzo de 2023 recibí la medicación por primera vez. Cuesta 7 mil dólares cada frasquito, yo necesito tres cada quince días. Estábamos felices".
 
"Recibí la medicación trimestralmente antes de que se me acabara. Mi cuerpo estaba reaccionando muy bien. Sentía energías que no tenía antes. No tengo las facultades motoras de las demás personas, pero pude correr, caminar, saltar... para mí era mucho. Recibí la medicación hasta noviembre. El gobierno de Milei ya no me la dio. Empecé a tener mucho miedo, sé que me puedo morir. Me decían que vuelva a llamar. Hice un recurso de amparo y di a conocer lo que me pasaba".
 
Es uno de los pocos casos donde una cautelar obligó a restituir la medicación. Pero, ahora que ya tenía que haber recibido una nueva entrega, eso no ocurrió. A Pablo le importaba estar este martes en el Congreso porque se convirtió "en una causa por la que luchar, que no solo me afecta a mí, sino a muchos", a quienes -cuenta- conoció en estos meses. Cada relato, cada madre que llora, como la suya, lo estremece.
 
El evento movió inquietudes de todo tipo vinculadas a la salud. Sergio Gravier, de la Red bonaerense de personas viviendo con VIH contó a este diario que por estos días lo llaman pacientes que no consiguen la medicación o la llamada "triterapia" (tres medicamentos en una pastilla). Al parecer es más cara y el Gobierno dejó de comprarla. Les dan medicamentos por separado, sin prescripción, cuenta. Claudia DIppoltio tiene un hijo con hipotonía generalizada. Su miedo, comparte, es que se deje de producir en el país la medicación que necesita. La producción nacional de medicamentos es otro de los pedidos.
 
 
Muchas voces
  
Estuvieron en el evento la parlamentaria del Mercosur Victoria Donda, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Mónica Macha, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros. Tolosa Paz, quien fue responsable de la Dadse, defendió su gestión que -dijo- "procuró buscar la forma de otorgar los medicamentos a miles de argentinos". Ahora contó que hizo un pedido de informes para saber cómo se ejecuta el presupuesto de 38 mil millones del organismo. Se sumó Gollan, exministro de Salud, quien lamentó "tantos derechos destruidos". En alusión al Gobierno, dijo: "No les importa nada, se ríen, se jactan del dolor ajeno. Han roto la trama de solidaridad de pares". Marino hizo un pedido de acceso a la información a Capital Humano y Salud sobre estos meses de la Dadse y los reclamos. Con cerca de 30 diputados/as, pidieron también interpelar a Pettovello y Russo.
 
Florencia Braga Menéndez cofundó Alapa cuando buscaba remedio para la enfermedad de Stargardt (que provoca disminución visual) de su hijo. La asociación hoy reúne más de 400 patologías. De rojo, con el pelo negro atado, marcó el pulso de la conferencia. "Los pacientes no negociamos, como los que van a la CGT -dijo-. Estamos unidos. Sepan cada uno de los cómplices que los que estamos reunidos haciendo esta denuncia no los vamos a dejar en paz. No podrán salir de este Gobierno sin vergüenza. Son cómplices del abandono. Argentina es un país que ha adherido a las convenciones derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la salud  y del derecho a la vida".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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