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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Entre Ríos - 15-04-2024 / 11:04
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE)

Oscar Muntes: el sueldo de los estatales entrerrianos perdió 26% de poder adquisitivo

Oscar Muntes: el sueldo de los estatales entrerrianos perdió 26% de poder adquisitivo
La inflación de marzo fue del 11%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con un acumulado en 2024 del 51%. Con esos datos a mano, Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), dice que el sueldo de los estatales entrerrianos ya perdió un 26% de poder adquisitivo.
 
Los dos últimos encuentros de la mesa paritaria salarial -el 26 de marzo y el 5 de abril- cerraron sin oferta salarial del Poder Ejecutivo a los gremios estatales, por lo que los gremios aguardan que esta semana sean convocados.
 
La inflación de marzo fue del 11%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con un acumulado en 2024 del 51%. Con esos datos a mano, Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), dice que el sueldo de los estatales entrerrianos ya perdió un 26% de poder adquisitivo.
 
El último acuerdo salarial se cerró el viernes 23 de enero: entonces se convino un aumento del 18% sobre la base salarial de enero y un reajuste al interior del escalafón general de modo que el mínimo garantizado de bolsillo en la Administración Pública entrerriana pase de $312 mil a $393 mil.
 
El último dato que brindó el Indec indica que el costo de la canasta básica total que mide línea de pobreza se ubica en $773.856.
 
Los dos últimos encuentros de la mesa paritaria salarial -el 26 de marzo y el 5 de abril- cerraron sin oferta salarial del Poder Ejecutivo, por lo que los gremios aguardan que esta semana sean convocados. "Ya se conoció el índice de inflación de marzo, que es el dato que el Gobierno necesitaba para convocarnos. Ahora, debe poner la fecha", resumió Muntes.
 
"No solamente esperamos una propuesta, sino que nos digan cómo se va a recomponer el salario", agregó el dirigente. "Marzo fue el segundo mes sin recomposición salarial. Es muy clara la pérdida del poder adquisitivo que tenemos. En 2024, con la inflación de marzo, ya tenemos una pérdida del 26%. Ni hablemos de lo que nos quedó en 2023", resaltó en radio Plaza.
 
Muntes destacó que el incremento del 18% correspondiente al mes de enero, que el Gobierno aplicó en febrero, "fue el primero del año; después, no tuvimos nada. En abril tenemos que recomponer la pérdida del poder adquisitivo, que está rondando el 26%".
 
En esta semana que se inicia, aseguró, tendrá que haber propuesta salarial por parte del Gobierno, "porque la próxima semana se cierra la liquidación. Entonces, entendemos que tiene que haber oferta sí o sí. Lamentablemente, no tenemos ninguna señal".
 
Además, ATE convocó para el 19 al congreso provincial y para esa fecha quiere contar con alguna propuesta salarial para analizar. Aunque el gremio ya resolvió adherir a la huelga del 9 de mayo convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
 
"Es bisagra ese congreso. Por eso es importante tener la reunión y la oferta antes", advirtió Muntes.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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