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Sociedad e Interés General - 15-04-2024 / 07:04
15 DE ABRIL DE 1987

Comienza el primer alzamiento carapintada contra la democracia

Comienza el primer alzamiento carapintada contra la democracia
El ex mayor Ernesto "Nabo" Barreiro, uno de los más connotados torturadores de La Perla, el mayor centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba durante la dictadura, se niega a declarar ante la justicia. El militar no ha podido evadir la persecución judicial pese a la ley de Punto Final y se refugia en un Regimiento, que le declara su solidaridad. Es el comienzo del primer alzamiento carapintada contra la democracia.
El ex mayor Ernesto "Nabo" Barreiro fue uno de los más reconocidos torturadores de La Perla, el mayor centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba durante la dictadura. Para los pocos sobrevivientes fue uno de los torturadores más sádicos de La Perla, jefe del equipo de interrogadores y conductor de los grupos de tareas entre 1976 y 1977.
 
Fue condenado a prisión perpetua por 228 privaciones ilegítimas de la libertad, 211 imposiciones de tormentos, 65 homicidios calificados, 13 tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años? durante la dictadura militar genocida iniciada en 1976.
 
El 15 de abril de 1987, Barreiro se niega a declarar ante la justicia. El militar no pudo evadir la persecución judicial pese a la ley de Punto Final y se refugia en un Regimiento, que le declara su solidaridad. Es miércoles y termina la semana hábil: al día siguiente será Jueves Santo. Barreiro habla desde el regimiento al diario La Nueva Provincia, que le hace una complaciente entrevista mientras se subleva Campo de Mayo. Es el comienzo del primer alzamiento carapintada contra la democracia.
 
La Opinión Popular

 
En abril de 1987 fue Barreiro arrestado por los delitos vinculados al terrorismo de Estado y fue dado de baja del Ejército. Formó la "Logia Integralista".
 
En 1987, Barreiro fue acusado de seis casos de tortura y uno de homicidio y se negó a comparecer ante la Cámara Federal de Córdoba cuando fue citado a declarar sobre ellos. Por esto, a petición del juez, fue arrestado por la autoridad militar y confinado en el Regimiento de Infantería Aerotransportado 14 del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, que contaba con unos 130 efectivos, entre oficiales y soldados.
 
Cuando la Policía intentó trasladar a Barreiro se produjo un amotinamiento en el cuartel exigiendo el cese de los juicios, lo que dio comienzo a la rebelión carapintada de Semana Santa.
 
Otras dependencias se acuartelaron adoptando la misma posición, encabezados por el teniente coronel Aldo Rico con reclamos que incluían la destitución del jefe del Ejército y la exigencia de una solución política para los juicios a los represores.
 
Si bien la población civil repudió unánimemente el alzamiento y hubo pocos apoyos públicos entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: el presidente Raúl Alfonsín no contó en el Ejército con la subordinación necesaria para controlar a los sublevados, a quienes se los denominada carapintadas por el camuflaje con el que se presentaban.
 
Fuente: Wikipedia 

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El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 48 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.
 
Carlos Morales para La Opinión Popular 

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