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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 14-04-2024 / 09:04
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

¿Quién toma las decisiones en el gobierno de los Hermanos Milei: Karina o Javier?

¿Quién toma las decisiones en el gobierno de los Hermanos Milei: Karina o Javier?
¿Quién toma las decisiones en el gobierno? Es una pregunta que todavía no encuentra respuesta. Lo cierto es que lo que se acuerda en reuniones con funcionarios de primera línea, e incluso con el propio presidente, usualmente no llega a concretarse. Todo choca contra una red invisible: un problema que se encuentran desde Villarruel hasta Bullrich, empresarios, gobernadores, sindicalistas, dueños de medios y hasta embajadores extranjeros. ¿Es el Jefe?
El estallido del bloque oficialista en la cámara de diputados llegó en un momento inoportuno, a pocas horas de que el Poder Ejecutivo hiciera circular el nuevo proyecto de ley de Bases entre algunos legisladores con los que busca complicidad. Existe una máxima parlamentaria: "no podés salir a buscar votos afuera antes de tener ordenada la tropa propia". La genuflexión de los de siempre pone a prueba la sabiduría popular, veremos si alcanza.
 
El fin de semana pasado Javier Milei recibió en Olivos al entonces jefe del bloque oficialista Oscar Zago y a la diputada Marcela Pagano, y dio el visto bueno para que ella ocupe la presidencia de la comisión de Juicio Político. El trámite se concretó el martes en una reunión que el presidente de la cámara, Martín Menem, intentó evitar y sólo pudo interrumpir cuando el nombramiento de autoridades ya estaba terminado. Menem desconoce el resultado de esa sesión.
 
Horas más tarde, por orden de Karina Milei, se desplazó a Zago de la conducción del bloque. Aunque en un primer momento parecía que el daño había sido encapsulado, Zago se negó a dejar su despacho y Pagano tampoco quiere renunciar a la presidencia de la comisión. De los 41 diputados de La Libertad Avanza, sólo 36 votaron a favor de que el cordobés Gabriel Bornorini, también cercano a Karina, presida la bancada. En Casa Rosada asumen que puede haber nuevas deserciones.
 
En una entrevista el exjefe de bloque dio a entender que la secretaria general toma decisiones que corrigen o desautorizan lo que decide el presidente. En el caso de Zago, ella espera que el acepte desarmar su partido, el MID, para fundirse con LLA en las elecciones de medio término, no ya como aliados en un frente común sino dentro de un nuevo partido en el que los Milei concentren el poder. Bornoroni aceptó las condiciones y se convirtió en un alfil de Karina.
 
En el Senado también empieza a crujir la estructura. Esta semana Victoria Villarruel no pudo repetir la mayoría que había articulado en diciembre, porque perdió el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilnek, y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Si las chances de que el gobierno logre aprobar la ley de Bases son dudosas en la cámara de diputados, en la cámara alta directamente hoy parecería una hazaña.
 
A fines de la semana anterior, el jueves 4 de abril, renunció a su asiento en la comisión de Trámite Legislativo, que debe evaluar los DNU, el salteño Juan Carlos Romero. Sin ser de la LLA (tiene su propio bloque) fue el más hábil operador en la fallida defensa del DNU. Tiene contactos muy fluidos con la vicepresidenta y con Mauricio Macri. Su movimiento, inusual, genera suspicacias en el gobierno. Karina no confía en ninguno de los tres.
 
¿Quién toma las decisiones en el gobierno? Es una pregunta que todavía no encuentra respuesta. Lo cierto es que lo que se acuerda en reuniones con funcionarios de primera línea, e incluso con el propio presidente, usualmente no llega a concretarse. Todo choca contra una red invisible: un problema que se encuentran desde Villarruel hasta Bullrich, empresarios, gobernadores, sindicalistas, dueños de medios y hasta embajadores extranjeros. ¿Es el Jefe?
 
Eso sospechan los gobernadores que dieron crédito a Milei y quedaron pagando. Hoy son la principal amenaza contra el gobierno porque tienen la llave que puede pulverizar el DNU y la ley de Bases. 
 

 
Los que estaban más cerca son los que están más enojados. Gustavo Sáenz (Salta) reclama por regulaciones al tabaco, Hugo Passalacqua (Misiones) tabaco y yerba, Gustavo Valdés (Corrientes) por plata y Claudio Vidal (Santa Cruz) por las represas y la privatización de Río Turbio.
 
Con el mismo problema se encontró la CGT en su visita a la Casa Rosada, el miércoles. De la reunión participaron el ministro de Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor estrella Santiago Caputo. Por el tenor de los interlocutores, a la salida, la cúpula cegetista admitía cierta expectativa respecto a las concesiones que podían obtener. Esperaban novedades inmediatas respecto a la homologación de paritarias. No sucedió.
 
Eso precipitó el plan de lucha que se anunció al día siguiente. Este martes 23 acompañarán la marcha nacional de las universidades, como hicieron el 24 de marzo. También de aquel día tomaron nota sobre la inmensa movilización en una jornada no laborable, alimentada por muchísima gente de a pie, inorgánica. La idea es repetir esa experiencia el 1 de mayo. Y el 9 de mayo paro general. No tenían mucho margen para evitarlo sin arriesgar que la marcha del 1 se vuelva contra ellos.
 
Con ese cronograma la CGT comienza a abocarse a la tarea vacante de descompartimentar la oposición y se garantiza presencia masiva en la calle durante veinte días que van a ser clave en el Congreso para el tratamiento de la ley de Bases y del DNU. Para mediados de mayo, cuando concluya la secuencia, el escenario puede ser muy distinto. La cuerda de la economía y la cuerda de la política ya están tirantes. La calle, ni hablar. Y después viene el invierno.
 
Gobernadores, sindicalistas, empresarios y hasta legisladores de LLA padecieron idéntica situación: lo que se acuerda en reuniones con funcionarios de primera línea, e incluso con el propio presidente, usualmente no llega a concretarse. Consecuencias del comando en las sombras en un país con la economía, la política y la calle en rojo.
 
Sólo dos países en América Latina verán contraerse su economía durante este año, según las más recientes estimaciones del Banco Mundial: Argentina y Haití. Uno de ellos no tiene gobierno desde hace un mes, y más de cien mil personas huyeron recientemente de la capital, tomada por pandillas violentas que cometen actos de canibalismo ante la falta de alimentos. Su producto bruto, de acuerdo a este pronóstico, caerá 1,8 por ciento en 2024.
 
El otro está aplicando las recetas de Javier Milei, Federico Sturzzenegger y Nicolás Caputo y enfrenta una caída bastante más profunda, de 2,8 por ciento del PBI. Significa un recorte de 5,5 puntos contra el crecimiento de 2,7 por ciento que se proyectaba en el informe anterior, publicado en enero de este año. La cifra fue revisada a partir de "los recortes tan fuertes en el gasto público" y "los aumentos de los precios", explicó el economista jefe del BM para la región, William Maloney.
 
El economista Miguel Ángel Broda calcula que desde octubre ya se destruyeron siete puntos del PBI. El RIPTE, que mide el salario promedio en la economía formal, se desplomó, en el mismo período, un 19 por ciento, hasta 619 mil pesos, el mismo nivel que en el peor momento de la crisis de comienzos de siglo: abril de 2003, justo antes de que asumiera la presidencia Néstor Kirchner y diese inicio a una remontada histórica. Ahora, en cambio, todo parece indicar que seguirá hundiéndose.
 
Para sorpresa de nadie, el ajuste no recayó sobre la casta, como Milei prometió en campaña. Un informe de Marina Dal Pogetto revela que la caída en términos reales del gasto público estuvo sustentado, mayormente, en recortes a las obras públicas (un 88 por ciento menos que el año pasado), transferencias a las provincias (77 por ciento), gastos operativos, que incluyen salarios (65 por ciento), subsidios (54 por ciento), jubilaciones (38 por ciento) y programas sociales (20 por ciento).
 
El efecto de ese ajuste es un desplome en todas las categorías que miden la economía real, mientras vuelan los activos financieros. Una combinación que nunca salió bien. En marzo la recaudación cayó 16 por ciento, las contribuciones patronales un 20 por ciento, las ventas minoristas PyMEs un 12,6 por ciento, los despachos de cemento un 43 por ciento, el Índice Construya un 40 por ciento, producción de autos 29,4 por ciento y el patentamiento el 36,6 por ciento autos y 43 por ciento motos.
 
Entre los escombros de la economía arrasada (la capacidad instalada de la industria está en 54 por ciento, es decir que la mitad de las máquinas del país están paradas), la inflación todavía corre a la misma velocidad que en los peores momentos del fallido gobierno del Frente de todos. El dólar se vuelve cada vez menos atractivo para los exportadores, que sólo liquidarán en primera instancia lo necesario para la próxima siembra. Este año se vendió un número récord de silobolsas.
 
El tarifazo que va a sentirse a partir de este mes en los hogares y los comercios le dará un nuevo empujón a los precios. Los dólares de afuera tampoco llegan, ni los del FMI ni los fondos de inversión, y eso aumenta la expectativa devaluatoria. A partir de junio vencen 5 mil millones de dólares del swap con China, que esta semana volvió a desmentir, dos veces, al gobierno argentino respecto a los usos de la base aeroespacial de Neuquén. Difícil renegociar en esas condiciones.
 
La escalada represiva, que tuvo un nuevo capítulo el miércoles en la avenida 9 de Julio, es una consecuencia de la profundización del ajuste pero también el violento coletazo de una de las muchas internas que atraviesan al gobierno. La relación entre la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, está rota desde que, en enero de 2023 él la traicionó para sumarse, a sueldo, al armado de su rival en la carrera presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.
 
Adicionalmente, Bullrich está movíéndose en la ciudad de Buenos Aires para encabezar una lista en las elecciones del año que viene, con vistas a ser candidata para ser jefa de gobierno en 2027. Esos planes colisionan con una eventual reelección de Jorge Macri, actual mandamás de Wolff, quien sospecha que la ministra, en su afán electoral, estuvo detrás de la seguidilla de fugas de presos en comisarías porteñas en las últimas semanas.
 
El miércoles, cuando las columnas de organizaciones sociales cortaron la avenida 9 de Julio, Wolff vio la chance de anotarse un poroto en su batalla personal y ordenó a la Policía de la Ciudad un operativo que use la fuerza que fuera necesaria para despejar el tránsito antes de dar tiempo a que intervengan las fuerzas federales, que responden a Bullrich, En medios como LN+ y en redes se encargaron de subrayar esa ausencia. Esa operación explica la particular violencia de la jornada.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

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