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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 14-04-2024 / 09:04
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

¿Quién toma las decisiones en el gobierno de los Hermanos Milei: Karina o Javier?

¿Quién toma las decisiones en el gobierno de los Hermanos Milei: Karina o Javier?
¿Quién toma las decisiones en el gobierno? Es una pregunta que todavía no encuentra respuesta. Lo cierto es que lo que se acuerda en reuniones con funcionarios de primera línea, e incluso con el propio presidente, usualmente no llega a concretarse. Todo choca contra una red invisible: un problema que se encuentran desde Villarruel hasta Bullrich, empresarios, gobernadores, sindicalistas, dueños de medios y hasta embajadores extranjeros. ¿Es el Jefe?
El estallido del bloque oficialista en la cámara de diputados llegó en un momento inoportuno, a pocas horas de que el Poder Ejecutivo hiciera circular el nuevo proyecto de ley de Bases entre algunos legisladores con los que busca complicidad. Existe una máxima parlamentaria: "no podés salir a buscar votos afuera antes de tener ordenada la tropa propia". La genuflexión de los de siempre pone a prueba la sabiduría popular, veremos si alcanza.
 
El fin de semana pasado Javier Milei recibió en Olivos al entonces jefe del bloque oficialista Oscar Zago y a la diputada Marcela Pagano, y dio el visto bueno para que ella ocupe la presidencia de la comisión de Juicio Político. El trámite se concretó el martes en una reunión que el presidente de la cámara, Martín Menem, intentó evitar y sólo pudo interrumpir cuando el nombramiento de autoridades ya estaba terminado. Menem desconoce el resultado de esa sesión.
 
Horas más tarde, por orden de Karina Milei, se desplazó a Zago de la conducción del bloque. Aunque en un primer momento parecía que el daño había sido encapsulado, Zago se negó a dejar su despacho y Pagano tampoco quiere renunciar a la presidencia de la comisión. De los 41 diputados de La Libertad Avanza, sólo 36 votaron a favor de que el cordobés Gabriel Bornorini, también cercano a Karina, presida la bancada. En Casa Rosada asumen que puede haber nuevas deserciones.
 
En una entrevista el exjefe de bloque dio a entender que la secretaria general toma decisiones que corrigen o desautorizan lo que decide el presidente. En el caso de Zago, ella espera que el acepte desarmar su partido, el MID, para fundirse con LLA en las elecciones de medio término, no ya como aliados en un frente común sino dentro de un nuevo partido en el que los Milei concentren el poder. Bornoroni aceptó las condiciones y se convirtió en un alfil de Karina.
 
En el Senado también empieza a crujir la estructura. Esta semana Victoria Villarruel no pudo repetir la mayoría que había articulado en diciembre, porque perdió el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilnek, y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Si las chances de que el gobierno logre aprobar la ley de Bases son dudosas en la cámara de diputados, en la cámara alta directamente hoy parecería una hazaña.
 
A fines de la semana anterior, el jueves 4 de abril, renunció a su asiento en la comisión de Trámite Legislativo, que debe evaluar los DNU, el salteño Juan Carlos Romero. Sin ser de la LLA (tiene su propio bloque) fue el más hábil operador en la fallida defensa del DNU. Tiene contactos muy fluidos con la vicepresidenta y con Mauricio Macri. Su movimiento, inusual, genera suspicacias en el gobierno. Karina no confía en ninguno de los tres.
 
¿Quién toma las decisiones en el gobierno? Es una pregunta que todavía no encuentra respuesta. Lo cierto es que lo que se acuerda en reuniones con funcionarios de primera línea, e incluso con el propio presidente, usualmente no llega a concretarse. Todo choca contra una red invisible: un problema que se encuentran desde Villarruel hasta Bullrich, empresarios, gobernadores, sindicalistas, dueños de medios y hasta embajadores extranjeros. ¿Es el Jefe?
 
Eso sospechan los gobernadores que dieron crédito a Milei y quedaron pagando. Hoy son la principal amenaza contra el gobierno porque tienen la llave que puede pulverizar el DNU y la ley de Bases. 
 

 
Los que estaban más cerca son los que están más enojados. Gustavo Sáenz (Salta) reclama por regulaciones al tabaco, Hugo Passalacqua (Misiones) tabaco y yerba, Gustavo Valdés (Corrientes) por plata y Claudio Vidal (Santa Cruz) por las represas y la privatización de Río Turbio.
 
Con el mismo problema se encontró la CGT en su visita a la Casa Rosada, el miércoles. De la reunión participaron el ministro de Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor estrella Santiago Caputo. Por el tenor de los interlocutores, a la salida, la cúpula cegetista admitía cierta expectativa respecto a las concesiones que podían obtener. Esperaban novedades inmediatas respecto a la homologación de paritarias. No sucedió.
 
Eso precipitó el plan de lucha que se anunció al día siguiente. Este martes 23 acompañarán la marcha nacional de las universidades, como hicieron el 24 de marzo. También de aquel día tomaron nota sobre la inmensa movilización en una jornada no laborable, alimentada por muchísima gente de a pie, inorgánica. La idea es repetir esa experiencia el 1 de mayo. Y el 9 de mayo paro general. No tenían mucho margen para evitarlo sin arriesgar que la marcha del 1 se vuelva contra ellos.
 
Con ese cronograma la CGT comienza a abocarse a la tarea vacante de descompartimentar la oposición y se garantiza presencia masiva en la calle durante veinte días que van a ser clave en el Congreso para el tratamiento de la ley de Bases y del DNU. Para mediados de mayo, cuando concluya la secuencia, el escenario puede ser muy distinto. La cuerda de la economía y la cuerda de la política ya están tirantes. La calle, ni hablar. Y después viene el invierno.
 
Gobernadores, sindicalistas, empresarios y hasta legisladores de LLA padecieron idéntica situación: lo que se acuerda en reuniones con funcionarios de primera línea, e incluso con el propio presidente, usualmente no llega a concretarse. Consecuencias del comando en las sombras en un país con la economía, la política y la calle en rojo.
 
Sólo dos países en América Latina verán contraerse su economía durante este año, según las más recientes estimaciones del Banco Mundial: Argentina y Haití. Uno de ellos no tiene gobierno desde hace un mes, y más de cien mil personas huyeron recientemente de la capital, tomada por pandillas violentas que cometen actos de canibalismo ante la falta de alimentos. Su producto bruto, de acuerdo a este pronóstico, caerá 1,8 por ciento en 2024.
 
El otro está aplicando las recetas de Javier Milei, Federico Sturzzenegger y Nicolás Caputo y enfrenta una caída bastante más profunda, de 2,8 por ciento del PBI. Significa un recorte de 5,5 puntos contra el crecimiento de 2,7 por ciento que se proyectaba en el informe anterior, publicado en enero de este año. La cifra fue revisada a partir de "los recortes tan fuertes en el gasto público" y "los aumentos de los precios", explicó el economista jefe del BM para la región, William Maloney.
 
El economista Miguel Ángel Broda calcula que desde octubre ya se destruyeron siete puntos del PBI. El RIPTE, que mide el salario promedio en la economía formal, se desplomó, en el mismo período, un 19 por ciento, hasta 619 mil pesos, el mismo nivel que en el peor momento de la crisis de comienzos de siglo: abril de 2003, justo antes de que asumiera la presidencia Néstor Kirchner y diese inicio a una remontada histórica. Ahora, en cambio, todo parece indicar que seguirá hundiéndose.
 
Para sorpresa de nadie, el ajuste no recayó sobre la casta, como Milei prometió en campaña. Un informe de Marina Dal Pogetto revela que la caída en términos reales del gasto público estuvo sustentado, mayormente, en recortes a las obras públicas (un 88 por ciento menos que el año pasado), transferencias a las provincias (77 por ciento), gastos operativos, que incluyen salarios (65 por ciento), subsidios (54 por ciento), jubilaciones (38 por ciento) y programas sociales (20 por ciento).
 
El efecto de ese ajuste es un desplome en todas las categorías que miden la economía real, mientras vuelan los activos financieros. Una combinación que nunca salió bien. En marzo la recaudación cayó 16 por ciento, las contribuciones patronales un 20 por ciento, las ventas minoristas PyMEs un 12,6 por ciento, los despachos de cemento un 43 por ciento, el Índice Construya un 40 por ciento, producción de autos 29,4 por ciento y el patentamiento el 36,6 por ciento autos y 43 por ciento motos.
 
Entre los escombros de la economía arrasada (la capacidad instalada de la industria está en 54 por ciento, es decir que la mitad de las máquinas del país están paradas), la inflación todavía corre a la misma velocidad que en los peores momentos del fallido gobierno del Frente de todos. El dólar se vuelve cada vez menos atractivo para los exportadores, que sólo liquidarán en primera instancia lo necesario para la próxima siembra. Este año se vendió un número récord de silobolsas.
 
El tarifazo que va a sentirse a partir de este mes en los hogares y los comercios le dará un nuevo empujón a los precios. Los dólares de afuera tampoco llegan, ni los del FMI ni los fondos de inversión, y eso aumenta la expectativa devaluatoria. A partir de junio vencen 5 mil millones de dólares del swap con China, que esta semana volvió a desmentir, dos veces, al gobierno argentino respecto a los usos de la base aeroespacial de Neuquén. Difícil renegociar en esas condiciones.
 
La escalada represiva, que tuvo un nuevo capítulo el miércoles en la avenida 9 de Julio, es una consecuencia de la profundización del ajuste pero también el violento coletazo de una de las muchas internas que atraviesan al gobierno. La relación entre la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, está rota desde que, en enero de 2023 él la traicionó para sumarse, a sueldo, al armado de su rival en la carrera presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.
 
Adicionalmente, Bullrich está movíéndose en la ciudad de Buenos Aires para encabezar una lista en las elecciones del año que viene, con vistas a ser candidata para ser jefa de gobierno en 2027. Esos planes colisionan con una eventual reelección de Jorge Macri, actual mandamás de Wolff, quien sospecha que la ministra, en su afán electoral, estuvo detrás de la seguidilla de fugas de presos en comisarías porteñas en las últimas semanas.
 
El miércoles, cuando las columnas de organizaciones sociales cortaron la avenida 9 de Julio, Wolff vio la chance de anotarse un poroto en su batalla personal y ordenó a la Policía de la Ciudad un operativo que use la fuerza que fuera necesaria para despejar el tránsito antes de dar tiempo a que intervengan las fuerzas federales, que responden a Bullrich, En medios como LN+ y en redes se encargaron de subrayar esa ausencia. Esa operación explica la particular violencia de la jornada.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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