14:19 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 11-04-2024 / 08:04

BRUTAL REPRESIÓN AL PUEBLO POBRE QUE RECLAMA POR ALIMENTOS

Como en las dictaduras: Palos, gases y balas de goma, las respuestas de Milei al hambre

Como en las peores épocas de las dictaduras militares en la Argentina, integrantes de distintas organizaciones sociales y gremiales fueron salvajemente reprimidos durante una manifestación en CABA, donde las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antihuelga de la macrista Patricia Bullrich y desalojaron las calles. Si hay hambre la respuesta del gobierno de Javier "el Loco" Milei es balazos, palos y detenciones. Suministran represión en vez de un plato de comida. Son los que odian al pueblo humilde. Gobiernan solo para los millonarios como Paolo Rocca y reprimen a los pobres y los trabajadores.

Mientras aplican un plan de ajuste neoliberal brutal e intentan votar la nueva Ley Ómnibus para darle más beneficios a los grandes empresarios, explotando a las mayorías populares reprimen una movilización en reclamo de mayores partidas para los comedores comunitarios que terminó con nueve detenidos y un centenar de heridos, entre ellos fotógrafos y cronistas. La Policía de la Ciudad disparó a mansalva y desató una cacería en los alrededores del ministerio de Capital Humano. El gobierno anarco capitalista de Milei festejó la violencia.

Los manifestantes avanzaron por 9 de Julio en dirección al Ministerio de Capital Humano, en reclamo por alimentos para comedores. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires respondió con gases lacrimógenos, golpes, palos y detenciones. "Se desplegó el personal policial de infantería, hidrante y motos por Avenida de Mayo, mano a Constitución, para liberar la traza ocupada por más de 4.000 manifestantes", confirmaron fuentes policiales.

Durante el operativo, el periodista Diego Ricciardi, de Crónica TV, recibió un balazo de goma en la cara. La cronista del mismo medio, Camila Barral, relató que a los manifestantes "los habían detenido, y aún en el piso les seguían pegando". Además, Barral señaló que los balazos iban directo a la cara de los periodistas, y expresó que tras el operativo policial, los efectivos sacaron a los manifestantes de la calle y limpiaron la zona "como si nada hubiese pasado, como si no hubieran disparado".

Los balazos contra la prensa coincidieron con el extenso tuit con el que Milei quiso hacer un tratado --fallido-- sobre la libertad de expresión, el mismo en que pidió "bajarlos (a los periodistas) de la torre de marfil en la que creen que viven". Al menos a los que cubren puede "bajarlos" con la policía a los tiros. En el Gobierno libertariano festejaron los palos al pueblo como si fuera un triunfo. El presidente Milei, de gira en Miami, utilizó Twitter para descargar su euforia: reposteó a varios usuarios que compartían imágenes con la brutalidad de la violencia policial. Uno de ellos decía: "Aplausos señores, vean cómo salió el camión hidrante a sacar a los piqueteros que querían hacerse los crocantes y cortar la 9 de Julio perjudicando a los trabajadores".

El principal reclamo de las organizaciones se centró en el ajuste que sufren los comedores comunitarios, muchos de los cuales dejaron de recibir raciones de parte del Gobierno desde diciembre del año pasado, lo que hace insostenible la situación en los barrios. La represión policial contra los manifestantes finalizó con detenciones arbitrarias e incluso uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital debido a los golpes que recibió. En un Estado democrático se debe garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta. Lo contrario es dictadura.

La Opinión Popular

Represión policial en la 9 de Julio a los movimientos sociales

En el comedor del barrio donde vive Johana, en Almirante Brown, dejaron de cocinar con garrafa y volvieron a hacerlo con leña, algo que no les pasaba desde la crisis del 2001. Eso, en el mejor de los casos: hay días, cuenta, en que ya no llegan a parar la olla, y otros en que se quedan cortos y no alcanza para todos.

"Los vecinos ahora hacen una recorrida de varias cuadras, buscan a ver dónde consiguen uno que esté abierto", cuenta. Ese nivel de deterioro de los comedores comunitarios es lo que fue a denunciar, con sus compañeros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el bloque de Unidad Piquetera, hasta las oficinas del ministerio de Capital Humano, sobre la Avenida 9 de Julio.

Su columna fue una de las que recibió de frente los balazos de goma, los gases lacrimógenos y los chorros de los camiones hidrantes. Ella misma sintió un golpe a la altura de la rodilla, y enseguida notó el sangrado y la marca del perdigón. "Cuando la policía empezó a avanzar nos replegamos enseguida, pero no nos dió el tiempo y ya estaban disparando, a mansalva. Nos persiguieron después hasta casi la altura de Constitución, como si fuera una cacería", cuenta.

Las organizaciones denunciaron que la movilización en reclamo de mayores raciones para la asistencia alimentaria en los barrios terminó con una represión que calificaron como "brutal". El saldo fue de nueve detenidos (dos de ellos militantes del Polo Obrero, otros dos del "MTR 12 de Abril" y el resto del Darío Santillán, la CCC, "Votamos Luchar", la CTA y el Bloque de Trabajadores Migrantes) que en la noche del miércoles permanecían en la Alcaldía 4 de la Policía de la Ciudad.

Desde la puerta de la comisaría realizaron más tarde una conferencia de prensa, en la que denunciaron más de cien heridos por los palos. Uno de ellos terminó en el hospital, "desfigurado a palazos", revelaron.

El primer estruendo sonó alrededor de las 12 del mediodía, sobre la 9 de Julio y Moreno. A esa hora, a los referentes de las organizaciones les habían prometido una reunión con el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, para discutir el listado de reclamos. Por eso mismo, la represión sorprendió a las columnas con la guardia baja.

"Fue una emboscada", describió a Página/12 Silvia Saravia, dirigenta de Barrios de Pie. "La manifestación era pacífica. En el momento en que nos confirman la reunión con De la Torre empezaron a reprimir. Fue un mensaje claro que no quieren protestas. Un mensaje intimidatorio y aleccionador, no sólo para nosotros, sino para cualquiera que ose salir a la calle contra el Gobierno", advirtió.

"Hacía rato que no vivía una represión así. Venían directamente hacia la columna, a pegar, y si podían, a cazar a alguien para llevárselo. Algunos compañeros tienen heridas de bala de goma en la cara, así que estuvieron disparando bastante por encima de la cintura", describió Johana sobre lo que vivió durante la represión.

Los festejos del Gobierno

En el Gobierno festejaron los palos como si fuera un triunfo. El presidente Javier Milei, de gira en Miami, utilizó Twitter para descargar su euforia: reposteó a varios usuarios que compartían imágenes con la brutalidad de la violencia policial. Uno de ellos decía: "Aplausos señores, vean cómo salió el camión hidrante a sacar a los piqueteros que querían hacerse los crocantes y cortar la 9 de Julio perjudicando a los trabajadores".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró como era previsible la aplicación del protocolo antipiquetes que ella misma diseñó. "Ley y orden", posteó desde Washington, adonde viajó para reunirse con funcionarios de la CIA y el FBI. Más tarde elogió el "profesionalismo" de las fuerzas de Seguridad.

Como parte del combo, horas antes de la represión, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nuevos lineamientos generales del programa Potenciar Trabajo (dividido en dos nuevos programas) y agregó, entre las causales de la baja del beneficio, "al que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública", en nuevo capítulo de "el que corta no cobra".

A diferencia de represiones anteriores en el centro porteño, esta vez la que estuvo al frente fue la Policía de la Ciudad. "Fue un operativo que marca un antes y un después sobre cómo se plantea y cómo se defiende el orden y la libertad de circular en la Ciudad", despotricó por su parte el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"El operativo fue excelente. La Policía de la Ciudad le puso el cuerpo a la decisión política que tenemos", siguió, acompañado en conferencia de prensa por su secretario de Seguridad, Diego Kravetz. Las internas con Bullrich por el manejo de la fuerza en territorio porteño, se ve, son cosa del pasado.

El recorte en los comedores

El principal reclamo de las organizaciones se centró en el ajuste que sufren los comedores comunitarios, muchos de los cuales dejaron de recibir raciones de parte del ministerio de Capital Humano desde diciembre del año pasado, lo que hace "insostenible" la situación en los barrios.

Así lo cuenta Lorena, otra de las reprimidas, que organiza el comedor Evita en el barrio porteño de Zavaleta. "Tengo a más de doscientas personas en lista de espera, a las que no le podemos dar la cena", dice. "Desde diciembre se nos cortó todo lo seco: fideos, arroz, galletitas, harina, té, mate cocido, leche en polvo, aceites", describe. También le recortaron los fondos para la compra de frescos. Por ahora se sostiene con donaciones y con lo que le envía el Gobierno de la Ciudad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho que la ayuda a los comedores "se sostiene para todos menos para aquellos comedores que no están en regla". Lorena lo desmiente. "Nosotros tenemos una organización civil y estamos inscriptos en la lista de comedores del ministerio desde hace años, y recibimos periódicamente la visita de asistentes sociales que ven cómo cocinamos, cuánta gente viene, que esté todo en regla. Los funcionarios del Gobierno, mienten, quieren instalar una guerra de pobres contra pobres", asegura.

"Nos metimos en un lío", dijo hace poco Christian Hooft, el titular de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), que firmó un convenio millonario con Sandra Pettovello para distribuir alimentos. "Se corta eso y nos dicen ¿ustedes pueden ayudar? ¿Y qué le vamos a decir, que la iglesia no puede ayudar? Ahora, el tema es: ¿y los recursos?, ¿y el equipo de gente?, ¿y los voluntarios?, ¿de dónde salen?", se quejó.

Otra vez, periodistas heridos

Tal como sucedió durante las protestas de febrero contra la Ley Ómnibus, la policía volvió a elegir a los periodistas y fotógrafos como blanco de la represión. Según pudo saber este diario, al menos dos reporteros gráficos sufrieron heridas con balas de goma. Uno de ellos, Antú Divito Trejo, del medio La Retaguardia, recibió un balazo de goma en la sien izquierda, a la altura de la ceja. Por pocos centímetros no tuvo alguna complicación en el ojo, tal como le sucedió hace más de un mes al abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, durante una marcha frente al Congreso.

"Tenía puesta mi pechera de Prensa, pero uno me apuntó igual, directamente a la cara", relató Antú. "Enseguida sentí un roce a la altura de la sien izquierda, pero no me dí cuenta del balazo hasta que un compañero me dijo que estaba sangrando", describió. "Hubo un momento en el que realmente nos asustamos, porque en pleno repliegue se formó una suerte embudo sobre una de las plazoletas de la 9 de julio, sobre una de las estructuras de cemento que están emplazadas entre el pasto. Parecía un pelotón de fusilamiento", agregó.

Antú fue atendido en el hospital Ramos Mejía, donde también recibió atención el movilero de Crónica TV, Diego Ricardi, quien recibió un balazo en la cara, a la altura del mentón.

Los balazos contra la prensa coincidieron con el extenso tuit con el que el Presidente quiso hacer un tratado --fallido-- sobre la libertad de expresión, el mismo en que pidió "bajarlos (a los periodistas) de la torre de marfil en la que creen que viven". Al menos a los que cubren puede "bajarlos" con la policía.

Por Matías Ferrari

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".