07:10 | Jueves 19 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 11-04-2024 / 08:04

BRUTAL REPRESIÓN AL PUEBLO POBRE QUE RECLAMA POR ALIMENTOS

Como en las dictaduras: Palos, gases y balas de goma, las respuestas de Milei al hambre

Como en las peores épocas de las dictaduras militares en la Argentina, integrantes de distintas organizaciones sociales y gremiales fueron salvajemente reprimidos durante una manifestación en CABA, donde las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antihuelga de la macrista Patricia Bullrich y desalojaron las calles. Si hay hambre la respuesta del gobierno de Javier "el Loco" Milei es balazos, palos y detenciones. Suministran represión en vez de un plato de comida. Son los que odian al pueblo humilde. Gobiernan solo para los millonarios como Paolo Rocca y reprimen a los pobres y los trabajadores.

Mientras aplican un plan de ajuste neoliberal brutal e intentan votar la nueva Ley Ómnibus para darle más beneficios a los grandes empresarios, explotando a las mayorías populares reprimen una movilización en reclamo de mayores partidas para los comedores comunitarios que terminó con nueve detenidos y un centenar de heridos, entre ellos fotógrafos y cronistas. La Policía de la Ciudad disparó a mansalva y desató una cacería en los alrededores del ministerio de Capital Humano. El gobierno anarco capitalista de Milei festejó la violencia.

Los manifestantes avanzaron por 9 de Julio en dirección al Ministerio de Capital Humano, en reclamo por alimentos para comedores. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires respondió con gases lacrimógenos, golpes, palos y detenciones. "Se desplegó el personal policial de infantería, hidrante y motos por Avenida de Mayo, mano a Constitución, para liberar la traza ocupada por más de 4.000 manifestantes", confirmaron fuentes policiales.

Durante el operativo, el periodista Diego Ricciardi, de Crónica TV, recibió un balazo de goma en la cara. La cronista del mismo medio, Camila Barral, relató que a los manifestantes "los habían detenido, y aún en el piso les seguían pegando". Además, Barral señaló que los balazos iban directo a la cara de los periodistas, y expresó que tras el operativo policial, los efectivos sacaron a los manifestantes de la calle y limpiaron la zona "como si nada hubiese pasado, como si no hubieran disparado".

Los balazos contra la prensa coincidieron con el extenso tuit con el que Milei quiso hacer un tratado --fallido-- sobre la libertad de expresión, el mismo en que pidió "bajarlos (a los periodistas) de la torre de marfil en la que creen que viven". Al menos a los que cubren puede "bajarlos" con la policía a los tiros. En el Gobierno libertariano festejaron los palos al pueblo como si fuera un triunfo. El presidente Milei, de gira en Miami, utilizó Twitter para descargar su euforia: reposteó a varios usuarios que compartían imágenes con la brutalidad de la violencia policial. Uno de ellos decía: "Aplausos señores, vean cómo salió el camión hidrante a sacar a los piqueteros que querían hacerse los crocantes y cortar la 9 de Julio perjudicando a los trabajadores".

El principal reclamo de las organizaciones se centró en el ajuste que sufren los comedores comunitarios, muchos de los cuales dejaron de recibir raciones de parte del Gobierno desde diciembre del año pasado, lo que hace insostenible la situación en los barrios. La represión policial contra los manifestantes finalizó con detenciones arbitrarias e incluso uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital debido a los golpes que recibió. En un Estado democrático se debe garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta. Lo contrario es dictadura.

La Opinión Popular

Represión policial en la 9 de Julio a los movimientos sociales

En el comedor del barrio donde vive Johana, en Almirante Brown, dejaron de cocinar con garrafa y volvieron a hacerlo con leña, algo que no les pasaba desde la crisis del 2001. Eso, en el mejor de los casos: hay días, cuenta, en que ya no llegan a parar la olla, y otros en que se quedan cortos y no alcanza para todos.

"Los vecinos ahora hacen una recorrida de varias cuadras, buscan a ver dónde consiguen uno que esté abierto", cuenta. Ese nivel de deterioro de los comedores comunitarios es lo que fue a denunciar, con sus compañeros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el bloque de Unidad Piquetera, hasta las oficinas del ministerio de Capital Humano, sobre la Avenida 9 de Julio.

Su columna fue una de las que recibió de frente los balazos de goma, los gases lacrimógenos y los chorros de los camiones hidrantes. Ella misma sintió un golpe a la altura de la rodilla, y enseguida notó el sangrado y la marca del perdigón. "Cuando la policía empezó a avanzar nos replegamos enseguida, pero no nos dió el tiempo y ya estaban disparando, a mansalva. Nos persiguieron después hasta casi la altura de Constitución, como si fuera una cacería", cuenta.

Las organizaciones denunciaron que la movilización en reclamo de mayores raciones para la asistencia alimentaria en los barrios terminó con una represión que calificaron como "brutal". El saldo fue de nueve detenidos (dos de ellos militantes del Polo Obrero, otros dos del "MTR 12 de Abril" y el resto del Darío Santillán, la CCC, "Votamos Luchar", la CTA y el Bloque de Trabajadores Migrantes) que en la noche del miércoles permanecían en la Alcaldía 4 de la Policía de la Ciudad.

Desde la puerta de la comisaría realizaron más tarde una conferencia de prensa, en la que denunciaron más de cien heridos por los palos. Uno de ellos terminó en el hospital, "desfigurado a palazos", revelaron.

El primer estruendo sonó alrededor de las 12 del mediodía, sobre la 9 de Julio y Moreno. A esa hora, a los referentes de las organizaciones les habían prometido una reunión con el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, para discutir el listado de reclamos. Por eso mismo, la represión sorprendió a las columnas con la guardia baja.

"Fue una emboscada", describió a Página/12 Silvia Saravia, dirigenta de Barrios de Pie. "La manifestación era pacífica. En el momento en que nos confirman la reunión con De la Torre empezaron a reprimir. Fue un mensaje claro que no quieren protestas. Un mensaje intimidatorio y aleccionador, no sólo para nosotros, sino para cualquiera que ose salir a la calle contra el Gobierno", advirtió.

"Hacía rato que no vivía una represión así. Venían directamente hacia la columna, a pegar, y si podían, a cazar a alguien para llevárselo. Algunos compañeros tienen heridas de bala de goma en la cara, así que estuvieron disparando bastante por encima de la cintura", describió Johana sobre lo que vivió durante la represión.

Los festejos del Gobierno

En el Gobierno festejaron los palos como si fuera un triunfo. El presidente Javier Milei, de gira en Miami, utilizó Twitter para descargar su euforia: reposteó a varios usuarios que compartían imágenes con la brutalidad de la violencia policial. Uno de ellos decía: "Aplausos señores, vean cómo salió el camión hidrante a sacar a los piqueteros que querían hacerse los crocantes y cortar la 9 de Julio perjudicando a los trabajadores".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró como era previsible la aplicación del protocolo antipiquetes que ella misma diseñó. "Ley y orden", posteó desde Washington, adonde viajó para reunirse con funcionarios de la CIA y el FBI. Más tarde elogió el "profesionalismo" de las fuerzas de Seguridad.

Como parte del combo, horas antes de la represión, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nuevos lineamientos generales del programa Potenciar Trabajo (dividido en dos nuevos programas) y agregó, entre las causales de la baja del beneficio, "al que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública", en nuevo capítulo de "el que corta no cobra".

A diferencia de represiones anteriores en el centro porteño, esta vez la que estuvo al frente fue la Policía de la Ciudad. "Fue un operativo que marca un antes y un después sobre cómo se plantea y cómo se defiende el orden y la libertad de circular en la Ciudad", despotricó por su parte el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"El operativo fue excelente. La Policía de la Ciudad le puso el cuerpo a la decisión política que tenemos", siguió, acompañado en conferencia de prensa por su secretario de Seguridad, Diego Kravetz. Las internas con Bullrich por el manejo de la fuerza en territorio porteño, se ve, son cosa del pasado.

El recorte en los comedores

El principal reclamo de las organizaciones se centró en el ajuste que sufren los comedores comunitarios, muchos de los cuales dejaron de recibir raciones de parte del ministerio de Capital Humano desde diciembre del año pasado, lo que hace "insostenible" la situación en los barrios.

Así lo cuenta Lorena, otra de las reprimidas, que organiza el comedor Evita en el barrio porteño de Zavaleta. "Tengo a más de doscientas personas en lista de espera, a las que no le podemos dar la cena", dice. "Desde diciembre se nos cortó todo lo seco: fideos, arroz, galletitas, harina, té, mate cocido, leche en polvo, aceites", describe. También le recortaron los fondos para la compra de frescos. Por ahora se sostiene con donaciones y con lo que le envía el Gobierno de la Ciudad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho que la ayuda a los comedores "se sostiene para todos menos para aquellos comedores que no están en regla". Lorena lo desmiente. "Nosotros tenemos una organización civil y estamos inscriptos en la lista de comedores del ministerio desde hace años, y recibimos periódicamente la visita de asistentes sociales que ven cómo cocinamos, cuánta gente viene, que esté todo en regla. Los funcionarios del Gobierno, mienten, quieren instalar una guerra de pobres contra pobres", asegura.

"Nos metimos en un lío", dijo hace poco Christian Hooft, el titular de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), que firmó un convenio millonario con Sandra Pettovello para distribuir alimentos. "Se corta eso y nos dicen ¿ustedes pueden ayudar? ¿Y qué le vamos a decir, que la iglesia no puede ayudar? Ahora, el tema es: ¿y los recursos?, ¿y el equipo de gente?, ¿y los voluntarios?, ¿de dónde salen?", se quejó.

Otra vez, periodistas heridos

Tal como sucedió durante las protestas de febrero contra la Ley Ómnibus, la policía volvió a elegir a los periodistas y fotógrafos como blanco de la represión. Según pudo saber este diario, al menos dos reporteros gráficos sufrieron heridas con balas de goma. Uno de ellos, Antú Divito Trejo, del medio La Retaguardia, recibió un balazo de goma en la sien izquierda, a la altura de la ceja. Por pocos centímetros no tuvo alguna complicación en el ojo, tal como le sucedió hace más de un mes al abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, durante una marcha frente al Congreso.

"Tenía puesta mi pechera de Prensa, pero uno me apuntó igual, directamente a la cara", relató Antú. "Enseguida sentí un roce a la altura de la sien izquierda, pero no me dí cuenta del balazo hasta que un compañero me dijo que estaba sangrando", describió. "Hubo un momento en el que realmente nos asustamos, porque en pleno repliegue se formó una suerte embudo sobre una de las plazoletas de la 9 de julio, sobre una de las estructuras de cemento que están emplazadas entre el pasto. Parecía un pelotón de fusilamiento", agregó.

Antú fue atendido en el hospital Ramos Mejía, donde también recibió atención el movilero de Crónica TV, Diego Ricardi, quien recibió un balazo en la cara, a la altura del mentón.

Los balazos contra la prensa coincidieron con el extenso tuit con el que el Presidente quiso hacer un tratado --fallido-- sobre la libertad de expresión, el mismo en que pidió "bajarlos (a los periodistas) de la torre de marfil en la que creen que viven". Al menos a los que cubren puede "bajarlos" con la policía.

Por Matías Ferrari

Fuente: Página 12

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular