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Entre Ríos - 10-04-2024 / 11:04
SURGE DE LA ELIMINACIÓN DEL CÓDIGO 174 CONOCIDO COMO “CÓDIGO COVID”

UPCN cuestionó quita salarial en el Copnaf

UPCN cuestionó quita salarial en el Copnaf
Surge de la eliminación del código 174 conocido como "código covid", en la liquidación de los sueldos de más de 800 agentes de residencias del organismo. Exigen el pago por complementaria. El asunto fue tema de la reunión paritaria y la respuesta no satisfizo el reclamo.
Más de 800 agentes de residencias del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia dejaron de percibir el código 174, conocido como código covid, "en forma injustificada, inconsulta, sin ninguna explicación formal y sin un instrumento legal que avale la decisión", según la advertencia que formuló UPCN que anunció una asamblea, el viernes, para abordar el tema con los afectados.
 
La secretaria Adjunta del sindicato estatal, Carina Domínguez, llevó el planteo a la reunión de la paritaria: "Los compañeros nos habían informado que no percibieron este código en el último mes. Por eso llevamos el tema". En ese marco, la respuesta fue que "en Liquidaciones no había ningún error y que, en todo caso, la omisión se debía a que el organismo no informó cuáles agentes debían percibirlo".
 
"Ahora constatamos que más de 800 agentes de las residencias dejaron de percibir este código sin que exista ningún instrumento legal avalando su baja", denunció la dirigente gremial. "Por el contrario, el Gobierno confirmó en paritaria que el código continúa y además informó su incremento", añadió.
 
En efecto, en la reunión se comunicó una suba del 50% del Código 174, un beneficio que se empezó a abonar durante la pandemia a algunos sectores de la administración pública, y que "en 2023 pasó a ser parte del salario en forma permanente".
 
UPCN realiza las gestiones ante las autoridades del Copnaf para que "se resuelva en forma inmediata y se pague por complementaria el mes anterior y se corrija el mes de abril", reclamó Domínguez.
 
"Los trabajadores afectados de Copnaf pertenecen a uno de los sectores que menores ingresos reciben. Además trabajan los 365 días del año, las 24 horas, en turnos rotativos. Es una tarea muy sacrificada y el contexto en el que trabajan es realmente difícil. Nos resulta un atropello que le saquen un código", cuestionó.
 
También rechazó la respuesta que supuestamente las autoridades dieron de manera informal para justificar la decisión. "Les dijeron que era hora que lo dejen de cobrar porque ya no está la pandemia. Resulta incomprensible esta medida en contra del trabajador en un contexto tan difícil. Lo consideramos una contradicción, porque va a contrapelo de lo que el Gobierno definió, que es la continuidad del código e incluso su incremento", subrayó la dirigente sindical.
 
Si bien apuntó que "es un monto insuficiente y no revela la importancia de la tarea de los sectores que lo cobran", remarcó que "en un momento donde no hay aumento salarial, no deja de ser un gesto".
 
Luego anunció que este tema va a ser parte de la discusión en la asamblea que el Sindicato realizará en el Copnaf el viernes, en un contexto en el que va cobrando fuerza la idea de una medida de acción. "No aceptamos que la variable de ajuste sean los trabajadores", subrayó Domínguez.
 
"Si bien no es algo que va a cambiar la historia en cuanto a lo salarial, se trata de una medida completamente injustificada, inconsulta e ilegal, porque si el decreto está en vigencia, no entendemos por qué la decisión del Copnaf es no informar a Liquidaciones que estos agentes deben percibir este código", expresó.
 
Fuente: Página Política
 

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Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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