10:59 | Miercoles 10 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 10-04-2024 / 11:04

SURGE DE LA ELIMINACIÓN DEL CÓDIGO 174 CONOCIDO COMO “CÓDIGO COVID”

UPCN cuestionó quita salarial en el Copnaf

Surge de la eliminación del código 174 conocido como "código covid", en la liquidación de los sueldos de más de 800 agentes de residencias del organismo. Exigen el pago por complementaria. El asunto fue tema de la reunión paritaria y la respuesta no satisfizo el reclamo.

Más de 800 agentes de residencias del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia dejaron de percibir el código 174, conocido como código covid, "en forma injustificada, inconsulta, sin ninguna explicación formal y sin un instrumento legal que avale la decisión", según la advertencia que formuló UPCN que anunció una asamblea, el viernes, para abordar el tema con los afectados.

La secretaria Adjunta del sindicato estatal, Carina Domínguez, llevó el planteo a la reunión de la paritaria: "Los compañeros nos habían informado que no percibieron este código en el último mes. Por eso llevamos el tema". En ese marco, la respuesta fue que "en Liquidaciones no había ningún error y que, en todo caso, la omisión se debía a que el organismo no informó cuáles agentes debían percibirlo".

"Ahora constatamos que más de 800 agentes de las residencias dejaron de percibir este código sin que exista ningún instrumento legal avalando su baja", denunció la dirigente gremial. "Por el contrario, el Gobierno confirmó en paritaria que el código continúa y además informó su incremento", añadió.

En efecto, en la reunión se comunicó una suba del 50% del Código 174, un beneficio que se empezó a abonar durante la pandemia a algunos sectores de la administración pública, y que "en 2023 pasó a ser parte del salario en forma permanente".

UPCN realiza las gestiones ante las autoridades del Copnaf para que "se resuelva en forma inmediata y se pague por complementaria el mes anterior y se corrija el mes de abril", reclamó Domínguez.

"Los trabajadores afectados de Copnaf pertenecen a uno de los sectores que menores ingresos reciben. Además trabajan los 365 días del año, las 24 horas, en turnos rotativos. Es una tarea muy sacrificada y el contexto en el que trabajan es realmente difícil. Nos resulta un atropello que le saquen un código", cuestionó.

También rechazó la respuesta que supuestamente las autoridades dieron de manera informal para justificar la decisión. "Les dijeron que era hora que lo dejen de cobrar porque ya no está la pandemia. Resulta incomprensible esta medida en contra del trabajador en un contexto tan difícil. Lo consideramos una contradicción, porque va a contrapelo de lo que el Gobierno definió, que es la continuidad del código e incluso su incremento", subrayó la dirigente sindical.

Si bien apuntó que "es un monto insuficiente y no revela la importancia de la tarea de los sectores que lo cobran", remarcó que "en un momento donde no hay aumento salarial, no deja de ser un gesto".

Luego anunció que este tema va a ser parte de la discusión en la asamblea que el Sindicato realizará en el Copnaf el viernes, en un contexto en el que va cobrando fuerza la idea de una medida de acción. "No aceptamos que la variable de ajuste sean los trabajadores", subrayó Domínguez.

"Si bien no es algo que va a cambiar la historia en cuanto a lo salarial, se trata de una medida completamente injustificada, inconsulta e ilegal, porque si el decreto está en vigencia, no entendemos por qué la decisión del Copnaf es no informar a Liquidaciones que estos agentes deben percibir este código", expresó.

Fuente: Página Política

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.