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Entre Ríos - 04-04-2024 / 11:04
COMUNICADO SOBRE LA "AMENAZA CONSTANTE" QUE ENFRENTA LA JUSTICIA

La Asociación de la Magistratura repudió los embates contra el Poder Judicial con pedidos de jury y recusaciones

La Asociación de la Magistratura repudió los embates contra el Poder Judicial con pedidos de jury y recusaciones
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos cuestionó el pedido de jury contra el juez de La Paz, Walter Carballo, promovida por Roberto Méndez, exfuncionario del actual intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, ambos imputados en una causa por peculado.
 
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos cuestionó el pedido de jury contra el juez de La Paz, Walter Carballo, promovida por Roberto Méndez, exfuncionario del actual intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, ambos imputados en una causa por peculado.
 
En un comunicado público, la entidad relató que recibió al paceño Carballo, quien se expresó sobre la denuncia de jury que enfrenta por parte de Méndez, exsecretario de gobierno de la Municipalidad de Santa Elena. El juez ha sido denunciado dos veces ante el Jurado de Enjuiciamiento. La vez anterior lo hizo Guillermo Reggiardo, abogado personal y familiar de Rossi y de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la senadora Patricia Díaz.
 
Según denunció la Asociación, la tendencia "se revelaría no solo como una represalia hacia su persona, sino también como una inadmisible e indebida presión hacia aquellos/as funcionarios/as judiciales y/o de los Ministerios Públicos que intervengan o hayan intervenido en la misma causa".
 
El expediente hoy se está juzgando en los tribunales de La Paz.
 
Los magistrados asociados rechazaron "cualquier condicionamiento o amenaza a nuestra independencia y función, toda vez que tienen como objetivo socavar la confianza en el sistema judicial y en sus integrantes".
 
E ilustraron que "la amenaza constante y, en algunos casos, explicita de recusaciones, procesos de jury o de juicio político, o aún, de denuncias penales contra miembros de la Magistratura y de los Ministerios Públicos de cualquier instancia, ubica al Poder Judicial en su conjunto en un entorno en extremo hostil".
 
En ese marco, reclamaron: "No puede ser tolerado por ningún funcionario ni poder estatal. Defender la integridad y la independencia del Poder Judicial es esencial para proteger el Estado de derecho y fortalecer las bases de nuestra democracia".
 
La conducción de la Asociación de la Magistratura observó que "los embates contra el Poder Judicial de Entre Ríos son un recordatorio contundente de los desafíos que enfrentamos las y los miembros de la Magistratura y de los ministerios Públicos de la Provincia, pero nunca serán suficientes para cejar nuestra voluntad y compromiso de avanzar hacia un Estado más transparente y una sociedad más justa".
 
Fuente: Prensa AMFJER
 

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La acción por excelencia del presidente Javier Milei, para mostrar sumisión del adversario, es la humillación en el transcurso de las discusiones. A pesar de ello, el gobernador Rogelio Frigerio se siente obligado, por el electorado provincial que comparte, a mantener una buena relación con el Gobierno nacional. Pero la administración provincial está entre las perjudicadas por la gestión libertaria, en todos los frentes: tanto por el ajuste global del gasto como por las decisiones unilaterales de Milei en la distribución de los escasos recursos que reparte entre las provincias, y también por el derrumbe de ingresos propios de la Provincia que provocan las desastrosas consecuencias económicas del modelo anarco capitalista.
 
La novedad de la era Milei es la paradoja de que una parte del electorado compartido apoya esas acciones y esto deja al frigerismo entrerriano en una situación de impotencia política. El resultado electoral de octubre pasado cristalizó esa realidad. A pesar que Milei se quedó en 2024 y 2025 con los recursos de las cajas de jubilaciones de las provincias, pero también con la mayor parte de los recursos previstos para Aportes del Tesoro Nacional. Repartió apenas el 7,3 de los recursos en 2024 ($ 49.800 millones) y el año pasado distribuyó entre los gobernadores amigos $ 207 mil millones, el 21,7% de los recursos para tener apoyo en el Congreso. Todo el resto quedó para alimentar el declamado superávit nacional. Y Frigerio no hace nada.
 
Los efectos del ilegal corte de recursos de Anses a las cajas provinciales son demoledores para todas las jurisdicciones. Y hasta ahora no hay una sola señal de la Corte Suprema que indique que esa medida unilateral va a cesar. Las señales presupuestarias, en tanto, son las contrarias: en 2025 el reconducido Presupuesto nacional preveía unos simbólicos 254 mil millones para las 13 provincias que tienen Cajas de Jubilaciones propias y en 2026 la cifra es menos de la mitad. No cubriría siquiera las cuotas fijadas por la Justicia a las provincias que demandaron a la Nación. Entre Ríos hasta abril recibirá $ 2.000 millones al mes, de los más de 10 mil que debería estar recibiendo cada 30 días si se cumpliera la ley.
 
Los envíos de coparticipación vienen en caída desde hace meses y la semana pasada un informe del Iaraf señaló que la reducción de la presión tributaria efectiva nacional que publicita el gobierno de Milei correspondió en 2024 y 2025 al 0,8 % del PBI. "De esta baja acumulada, la Nación aportó el 8% (0,06 puntos porcentuales del PBI) y las Provincias el 92% (0,73 puntos porcentuales del PIB)".
 
Las provincias perdieron los subsidios al transporte, el Fonid y los recursos de Anses. Los gobernadores ahora hacen cuentas sobre una pérdida en ciernes: el proyecto de Reforma Laboral prevé una reducción de Ganancias para las grandes empresas privadas, las provincias podrían dejar de recibir cerca de $1,7 billones en 2026, ya que se trata de un impuesto coparticipable. Entre Ríos perdería cerca de $ 80 mil millones.
 
La baja de la presión tributaria nacional y la evolución de los recursos provinciales parecen, a primera vista, dos debates separados. Sin embargo, forman parte de un mismo fenómeno: liberales vs federales. El proceso de baja impositiva se apoya, casi por completo, en una restricción creciente sobre las finanzas de las provincias. Menos impuestos a nivel nacional no significaron más holgura fiscal para los gobiernos subnacionales, sino todo lo contrario.
 
Cuando se analiza la recaudación en términos relativos al tamaño de la economía, el panorama se vuelve aún más claro. En 2025, con una economía que habría crecido en torno al 4%, tanto la recaudación que queda en manos de Milei como la que se transfiere a las provincias vía coparticipación perdió peso en relación al PBI.
 
La recaudación nacional se redujo en 0,9 puntos porcentuales del producto, mientras que la correspondiente a provincias cayó 0,2 puntos. En conjunto, la presión tributaria efectiva nacional descendió 1,1 puntos del PBI en los dos años analizados. Si la comparación se extiende a 2023, la conclusión es todavía más contundente: tanto la Nación como las provincias perdieron 0,5 puntos porcentuales del PBI cada una en términos de recursos relativos.
 

10-01-2026 / 17:01
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