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Entre Ríos - 31-03-2024 / 10:03
PANORAMA POLÍTICO ENTRERRIANO

¿Qué puede hacer Frigerio frente al guadañazo de Milei que desfinancia totalmente la Caja de Jubilaciones?

¿Qué puede hacer Frigerio frente al guadañazo de Milei que desfinancia totalmente la Caja de Jubilaciones?
En una nueva nuestra de insensible crueldad, el presidente Javier "el Loco" Milei aplicó, en plena Semana Santa, nuevos zarpazos a las provincias: con un Decreto de Necesidad y Urgencia, esquivando el Congreso Nacional, eliminó el Fondo de Compensación para el Transporte Público del Interior y desfinanció las cajas de jubilaciones provinciales. Mediante el DNU 280/2024, publicado el 27 de marzo, quedan sin vigencia varios artículos de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogado para 2024. La motosierra de Milei decidió cortar fondos a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos que le corresponden por Ley. Jubilados provinciales a prepararse para resistir: primero la licuación de sus ingresos y después al freezer. Son el pato de la boda del ajuste libertario.
En una nueva nuestra de insensible crueldad, el presidente Javier "el Loco" Milei aplicó, en plena Semana Santa, nuevos zarpazos a las provincias: con un Decreto de Necesidad y Urgencia, esquivando el Congreso Nacional, eliminó el Fondo de Compensación para el Transporte Público del Interior y desfinanció las cajas de jubilaciones provinciales. Mediante el DNU 280/2024, publicado el 27 de marzo, quedan sin vigencia varios artículos de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogado para 2024. La motosierra de Milei decidió cortar fondos a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos que le corresponden por Ley. Jubilados provinciales a prepararse para resistir: primero la licuación de sus ingresos y después al freezer. Son el pato de la boda del ajuste libertario.
 
La ultraderecha que vino a disciplinar a la sociedad con ajuste, recesión y despidos, considera que para conseguir equilibrio fiscal, hay que licuar las jubilaciones, y decidió sin previo aviso, en uno de los artículos de la Ley 27.701 que quedan sin vigencia por decisión del delirante Milei son el 92, 93 y 94, mediante los cuales la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) estaba obligada a enviar -antes del día 20 de cada mes- fondos complementarios a los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos al Estado nacional, como el caso de Entre Ríos, en concepto de anticipo "a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional".

Esos recursos se debían transferir todos los meses y actualizarse por el índice de movilidad jubilatoria. Ahora, ese mecanismo de "adelanto" y "actualización" de los recursos que debía recibir la caja provincial quedan totalmente sin efecto. El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmó que la Nación adeuda 100.000 millones de pesos y no se reclamó judicialmente. Por lo tanto, el sistema previsional provincial se desfinancia con este zarpazo, lo que implicarán una serie de quitas y un retroceso en los derechos adquiridos por los jubilados. ¿Hace algo Frigerio para resolver esta apropiación indebida de fondos?

Mientras se sigue derrumbando la economía real, la coparticipación a las provincias sigue en picada, y según un informe del Iaraf, se redujeron un 28%, en términos reales. Por una decisión del ministro de Economía, el macrista Luis "Toto" Caputo, se dejó de enviar fondos a las cajas provinciales. Ya van tres meses que no han mandado un solo peso a Entre Ríos con ese destino y los jubilados están cobrando con recursos provinciales. Ahora, esta decisión se oficializó a través de un ilegal DNU y es una amenaza directa al 82% móvil, que vincula en forma automática el haber de los pasivos al de los activos. Aunque Frigerio pueda coincidir con Milei, por trayectoria y convicción, en su programa neoliberal, primero están los intereses de Entre Ríos. 
Hacete cargo Frigerio.


En otro ataque al federalismo, la bribonada de Milei y Caputo desfinancia a 13 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes, y consolida una grosera e irritante discriminación entre los distritos provinciales. Parte del financiamiento de la Anses proviene de la asignación específica de impuestos coparticipables. Apelando a un mecanismo de excepción, todas las provincias dejan de recibir recursos para reforzar los ingresos del sistema de seguridad social.

Lo que dispone el DNU del líder del "mesianismo de mercado" es que con los recursos que aportan todas las provincias se cubrirá el 100% del déficit previsional de algunas jurisdicciones y el 0% del resto de las 13 provincias, entre ellas Entre Ríos. El gobierno anarco capitalista quiere esos fondos para el repago del negociado de la deuda externa con el FMI, que contrajo Mauricio Macri. No hay manera de aceptar semejante arbitrariedad. Ser ambiguo frente a un chiflado como Milei no es de inteligente sino de temeroso, cobarde o acomodaticio.  


El gobernador Frigerio es sumamente condescendiente con la Casa Rosada y nadie sabe qué hará. Puede negociar, pero no debe descartar ir a la Justicia contra el DNU. Tal vez piensa que Milei todavía conserva un apoyo social considerable en medio del derrumbe del consumo, el impacto recesivo y los despidos masivos. Y tal vez tengan un exceso de optimismo cuando supone que los entrerrianos van a asistir pasivos al brutal ajuste libertario. Milei, cuyo único activo político es la paciencia social, está incurriendo en un abuso de confianza.
 
Ya hay decenas de recursos judiciales contra decisiones de Milei que fueron presentados por provincias y municipios en los juzgados federales de todo el país. Frigerio debería concentrar esfuerzos para la más sustancial de las peleas que tiene por delante Entre Ríos: los recursos de la Caja de Jubilaciones. Lo que la Anses le retiene cada mes a la Provincia representa más que la suma de todos los demás recortes que concretó la Nación sobre los envíos: lo que se perdió por Ganancias, los subsidios al transporte y el Fondo de Incentivo Docente. La Caja es el tema más delicado que enfrenta, porque en estos tres meses, la gestión libertaria no envió un peso.
 
¿Qué debería hacer el gobernador Frigerio? Debería animarse a accionar de inmediato ante la Justicia. La base de la demanda debería estar centrada en que, mediante el Decreto 88/2023 de este mismo gobierno, publicado el 27 de diciembre de 2023, a partir del 1° de enero de 2024 rigen las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, así como sus normas modificatorias y complementarias.
 
Esa prórroga le otorgó vigencia plena a los artículos 81, 92, 93 y 94 que ahora, con un extemporáneo e ilegal DNU, se pretende invalidar a fines de marzo de 2024, con retroactividad y en plena ejecución del Presupuesto prorrogado. La pretensión del Poder Ejecutivo Nacional no pasaría un primer filtro grueso de legalidad.
 
Por otra parte, Frigerio debería apoyarse en el argumento de que los recursos reclamados no son "fondos discrecionales", como pretende el gobierno nacional. Por el contrario, se trata de fondos perfectamente legales, cuya asignación ha sido regular y permanente durante años, respaldada en normas legales. Simplemente, se trata de fondos "no automáticos" que no se pagan por goteo como la Coparticipación, pero de ninguna manera se los puede asociar a la categoría de "fondos discrecionales" como sí lo son, por ejemplo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). ¿Falta de conocimiento? ¿O maldad a tontas y a locas?
 
El acuerdo de los gobernadores puede frenar la licuación de las jubilaciones de un monarca que volvió a ignorar al Congreso y decidió confiscar parte de las jubilaciones por DNU. Las jubilaciones y pensiones de siete millones de personas van a perder entre 20 y 30% de su valor en relación a la inflación. Entre ellos los pasivos entrerrianos. Se sabe lo que hay que hacer, la cuestión es animarse. ¿Hará Frigerio todo lo que esté en sus manos para defender la provincia? ¿O le terminará pagando a los jubilados con Bonos Federales?
 
Lo que preocupa es la inacción de Frigerio frente al brutal ajuste al que nos somete Milei. Seguramente los diputados del PJ entrerriano plantearán el tratamiento de una Ley en el Congreso con el financiamiento para las cajas previsionales y para el transporte. Es que, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, desde la Casa Rosada han dicho que la cuestión del financiamiento de las cajas y el transporte es un "tema terminado" para el Gobierno centralista libertario.
 
Frente a la indignación general, el ministro del Interior intentó este sábado relativizar el impacto de la eliminación por DNU de los giros a las cajas de 13 provincias, entre ellas Entre Ríos, y aseguró que las partidas están, pero "se reasignaron". Y agregó que se están realizando auditorías para determinar los "verdaderos montos a transferir", aunque tampoco supo especificar cuándo se pagarían. Andá a creerle al gobierno de Milei, cuando desde que asumió no ha girado un solo peso para las Cajas de Jubilaciones.
 
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CONTEXTO NACIONAL

 
¿Qué puede hacer Frigerio frente al guadañazo de Milei que desfinancia totalmente la Caja de Jubilaciones? 
 
Milei busca dólares en colchones mientras negocia su Ley de Bases
 
El Gobierno enfrenta una semana clave para su Ley de Bases. Ganancias y transferencias a las cajas previsionales serán ejes centrales en la negociación con las provincias. El plan motosierra dispara bonos y acciones y aplaca la inflación, pero la actividad y la inversión se desploman. Milei apuesta a "remonetizar" con los ahorros de la gente. Analistas cuestionan el atraso cambiario y la sustentabilidad del ajuste.
 
El ministro del Interior Guillermo Francos ya tiene tarea para la semana. El jueves volverá a reunir a los gobernadores con un objetivo claro: conseguir el respaldo necesario para que la versión reducida de la Ley de Bases sea aprobada con trámite exprés en ambas cámaras.
 
Muchos de los artículos que generaron rispideces cuando la Ley Ómnibus fue tratada en primera oportunidad fueron retirados, como la suba de las retenciones a las exportaciones, o reducidos, como las facultades extraordinarias o el listado de empresas estatales a privatizar. Sin embargo, persisten disidencias con las provincias en cuestiones para nada menores.
 
El "alivio fiscal" que el presidente Javier Milei prometió a los gobernadores como prenda a cambio del apoyo a su Ley de Bases sigue sin aparecer. Lo más parecido a una medida que compense a las administraciones provinciales por el estrepitoso recorte de fondos al que las sometió la Nación es la reinstauración del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores.
 
Pero esa propuesta no convence a la mayoría de los mandatarios, especialmente a los de la Patagonia, donde proliferan actividades económicas que pagan sueldos relativamente altos, como la explotación de petróleo o la minería, cuyos trabajadores serían alcanzados por el impuesto.
 
La discusión en torno a Ganancias es compleja, porque tanto a la Nación como a las provincias les vendría bien un incremento en sus ingresos fiscales, pero hacerlo por vía de una nueva suba en la presión impositiva en tiempos de licuación salarial tendrá un impacto negativo. No solamente en los alicaídos niveles de consumo sino también en el humor de la gente.
 
El eje de la discusión en los próximos días pasará por definir el mínimo no imponible y la progresividad de las escalas. El borrador que el Gobierno nacional hizo circular hace algunas semanas planteaba un piso salarial de 1,1 millón de pesos y no incluía ningún sistema de actualización automática de ese monto.
 
Si se aplicara de esa manera, el costo de la Canasta Básica Total para una familia de cuatro personas no tardaría mucho en equiparar al mínimo de ganancias, lo que obligaría a trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza a pagar ese tributo.
 
El otro punto álgido pasa por la distribución de recursos federales. En esa discusión entran los fondos para obra pública, otros de asignación específica como el Fonid, las compensaciones a las cajas previsionales que no pasaron a la Nación y los subsidios al transporte y a la energía.
 
Ya se avanzó en los primeros contactos, pero tal como ocurriera cuando se debatió la Ley Ómnibus, el Gobierno nacional incurre en contradicciones. Esta semana por ejemplo, Guillermo Francos se comprometió ante los gobernadores del Norte Grande a reactivar las obras que estaban en desarrollo y a iniciar las que ya estaban avanzadas en su proceso administrativo, pero horas después el presidente Milei aseguró que la obra pública seguirá paralizada.
 
"Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse", dijo en su disertación ante el IEFA Latam Forum.
 
En el mismo ámbito, aseguró que el 31 de diciembre daría de baja 70.000 contratos de la administración pública, algo que luego fue desmentido por la vocería oficial del propio Gobierno.
 
Pero la polémica más caliente con las provincias llegó el jueves, cuando se publicó el decreto 280/2024 que modificó el Presupuesto nacional y en el cual se omitió financiamiento para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador al Transporte (que distribuye subsidios entre las empresas del interior) y la previsión para efectuar pagos a las cajas previsionales provinciales.
 
La caída del Fonid y de los subsidios al transporte son medidas durísimas que impactan de lleno en la economía diaria de dos grupos muy amplios: los docentes y los usuarios del transporte público, pero no fueron sorpresivas porque el presidente ya las había anticipado.
 
En cambio, la eliminación de los recursos para las cajas previsionales provinciales fue una noticia que cayó como una bomba en las trece provincias que no transfirieron su sistema previsional a la ANSES. Además, el Gobierno nacional está comprometido por ley a enviar recursos para esas cajas.
 
No se trata de una cuestión de caridad, sino de estricta justicia tributaria. Vale aclarar en este punto que la ANSES no se financia únicamente del aporte de los trabajadores que contribuyen a esa caja, sino que el 40% de sus ingresos sale de la recaudación de distintos impuestos que se cobran en todo el país y que también los pagan quienes aportan a las cajas provinciales.
 
Fueron varios los gobernadores que salieron a poner el grito en el cielo, lo que ameritó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, saliera a aclarar que no se cortarían las transferencias, pero tampoco supo especificar cuándo se pagarían.
 
"Hay dos problemas: una son las deudas (entre los distritos respecto a las cajas no transferidas), montos difíciles de clarificar porque hay auditorías pendientes para determinar los verdaderos montos a transferir, porque está lo que las provincias reclaman y lo que el Estado debe y, a veces, esos montos difieren. Además, hay provincias que deben y otras a las que se les debe. Pero las partidas dinerarias que estaban en el Presupuesto del 2023, se prorrogaron y actualizaron ahora, están, con diferencias de denominación pero están", dijo el funcionario.
 
De acuerdo con los dichos de Francos, luego refrendados por un comunicado oficial del Gobierno nacional, el dinero está, pero recién se transferiría cuando finalice una auditoría que nadie sabe informar cuándo se completará.
 
Otro aspecto a saldar en la negociación con los gobernadores y con representantes "sin territorio" de la llamada oposición dialoguista pasa por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Gobierno nacional impuso vía DNU.
 
"El DNU de jubilaciones no resuelve la emergencia previsional... El objetivo de lograr el superávit fiscal a toda costa no exime al gobierno nacional de su obligación hacia los adultos mayores", escribió la legisladora porteña Graciela Ocaña en un artículo que escribió para Infobae.
 
El DNU propone actualizar los haberes conforme a la inflación del INDEC, pero "al ver la letra chica nos encontramos con que el mecanismo de reajustes mensuales por inflación regirá de manera directa recién a partir de julio", advirtió Ocaña.
 
Lo que efectivamente efectiviza el decreto es que el aumento que se otorgará en abril, mayo y junio será a cuenta del porcentaje que la fórmula de movilidad actual determine para junio. Para abril, mientras tanto, se aplicará un ajuste del 12,5% decidido por el Gobierno, más adelantos todavía no precisados de la movilidad correspondiente a junio, que llevarán la mínima a 171.216 más un bono, quedando en 241.216 pesos.
 
Hay reacciones de todo tipo. Uno de ellos fue el gobernador santafesino Pullaro, que anunció el sábado que judicializará el recorte de fondos para la tercera edad. No sería el primer caso. La mitad de las provincias ya tienen juicios en marcha por FONID, ANSES y otros recortes.
 
El debate se plantea en un contexto de vacas flacas para las provincias, que asumieron buena parte del ajuste que practicó el gobierno nacional. Según cifras del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas a las provincias experimentaron una reducción interanual de 19% en términos reales durante el primer trimestre, mientras las que transferencias no automáticas, se redujeron prácticamente a cero.
 

¿Qué puede hacer Frigerio frente al guadañazo de Milei que desfinancia totalmente la Caja de Jubilaciones? 
 
Fiesta para unos, velorio para el resto
 
La vocación ajustadora de Milei está causando furor en los mercados financieros. El dólar planchado vuelve atractivas a las inversiones financieras en pesos en la lógica del carry trade, mientras que la caída del Riesgo País y el retorno de los superávits gemelos impulsan a los bonos soberanos que acumulan una ganancia de 40% en dólares en lo que va del año.
 
Pero la contracara es la rápida caída de la economía real. De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, la actividad económica cerró el primer bimestre con una reducción interanual de 6%, mientras que la medición mensual de la consultora Orlando Ferreres marcó en febrero una retracción interanual de 12,2% en las inversiones orientadas a la economía real, baja que para la construcción fue de 18%.
 
La recesión profunda en la que está cayendo la economía es la consecuencia de la licuadora que se activó a velocidad plena con el plan Caputo. El poder de compra de los salarios cayó un 20% promedio en el primer bimestre, una debacle más pronunciada que la experimentada después del colapso de fines de 2001.
 
Semejante licuación de los ingresos de la gente está frenando a la inflación que de acuerdo con estimaciones privadas cerraría marzo en torno al 11% después de una desaceleración en los precios de los alimentos a partir de la tercera semana.
 
El problema que enfrentará el Gobierno para sostener el camino de reducción de la inflación es que para los próximos meses están previstos aumentos sustanciales en tarifas que estaban contenidas por subsidios que se eliminarán. Después de los aumentos en el transporte público aplicados en marzo, llegarán nuevas subas en el gas y la energía eléctrica.
 
Otros analistas advierten que el algún momento el dólar deberá ponerse a tono con los demás precios, lo que volvería a alimentar a la inflación.
 
La licuación de los ingresos y la motosierra en el gasto, son los fundamentos del superávit de las cuentas públicas. Fundamentos que varios analistas consideran endebles, porque más allá de la voluntad ajustadora de Milei, hay límites que en algún momento la sociedad va a imponer.
 
Al menos eso creen los técnicos del FMI que en sus últimas declaraciones pidieron mejorar "la calidad del ajuste" para que no recayera desproporcionadamente en las familias trabajadoras y consideraron que el superávit de las cuentas públicas no puede sostenerse en el tiempo si está basado en la licuación permanente y en el recorte drástico en las partidas hacia las provincias y la obra pública.
 

¿Qué puede hacer Frigerio frente al guadañazo de Milei que desfinancia totalmente la Caja de Jubilaciones? 
 
Remonetizando con la tuya
 
El aspecto que más cuestionan los economistas más cercanos a la ortodoxia liberal pasa por la política cambiaria que está llevando a una situación de atraso del dólar.
 
La postura del equipo de Caputo es que mientras la brecha no se dispare, no hay motivos para acelerar al dólar. De hecho, el concepto de atraso cambiario no tiene demasiado sentido en la concepción económica de Milei. En varias entrevistas señaló que no es que el dólar el que se atrasa, sino que los demás precios se adelantan.
 
Más allá de disquisiciones teóricas, lo cierto es que mientras la inflación corra más rápido que la devaluación, Argentina se volverá más cara en dólares, con lo cual se dificultarán cada vez más la exportación y la captación de inversiones.
 
El cálculo es bastante directo, un proyecto de inversión que hace un par de meses requería un desembolso de 1.000 millones de dólares, hoy demanda 1.400 millones de dólares y dentro de dos meses podría ser todavía más caro. Cálculo muy difícil de digerir para el directorio de cualquier multinacional que en este momento esté evaluando invertir.
 
Ante la ausencia de mejores opciones para financiarse, el Gobierno nacional apuesta a una de costo cero: los dólares encanutados en los colchones de la clase media venida a menos. En el mismo foro en el que se ufanó de haber eliminado la obra pública, Milei aseguró que la emisión de pesos seguirá congelada e invitó a los ahorristas a desarmar sus canutos para "remonetizar" la economía.
 
Para los más pudientes está previsto un segundo paso, moratoria mediante, que consiste en el blanqueo de los depósitos en el exterior.
 
La Opinión Popular
 
Fuente: misionesonline.net
 

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