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Nacionales - 30-03-2024 / 10:03
LOS ABOGADOS DE LOS GENOCIDAS FESTEJAN PORQUE DESMANTELÓ EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DE SU MINISTERIO

El radical Luis Petri: Ministro de Defensa de Terroristas de Estado

El radical Luis Petri: Ministro de Defensa de Terroristas de Estado
El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.
El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.
 
Ya no funcionarán los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos que habían sido creados en 2010 y aportaban a las causas por delitos de lesa humanidad. Anunciaron el despido de diez de los trece trabajadores que los integraban. Hay preocupación entre jueces, fiscales y querellantes.
 
La pelea por el botín después de cada secuestro. Los abusos sexuales a las prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La comisión que armó la Marina para borrar los rastros de sus crímenes. Los aviones que se usaron para tirar personas vivas al mar. Estos son algunos de los aportes que hicieron en los últimos trece años los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas.
 
El miércoles, al filo del fin de semana largo, funcionarios del Ministerio de Defensa -que responden al radical Luis Petri- anunciaron que dejarán sin efecto esa política y que despedirán a diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en el área.
 
Los equipos se crearon en 2010, cuando los juicios por crímenes contra la humanidad ya llevaban cuatro años reabiertos. Fue en respuesta al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Los ERyA funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
 
Desde su creación, los equipos produjeron más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y relevaron más de 17.000 legajos. Los principales interesados en su desmantelamiento son justamente quienes se sientan en el banquillo por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En la red social X, defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado festejaron la decisión de Petri.
 
Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis. La decisión de desmantelar el área provino -según el gremio- de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Pasqualini fue el jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí, fogoneó actos por la "memoria completa". Está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés -condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.
 
El director nacional de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes y el asesor legal Jerónimo Perés Vieyra fueron quienes comunicaron la decisión de derogar todas las resoluciones que rigen el accionar de los equipos y de despedir al grueso de sus integrantes. 
 

 
Erbes fue quien visitó a genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo semanas atrás en una situación insólita para un área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Según pudo reconstruir este diario, no se reunió únicamente con militares sino también con policías que están condenados por crímenes contra la humanidad.
 
La decisión de desmantelar el área generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina. Después de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, le envió un oficio a Petri para que tenga "a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa".
 
Palazzani invocó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de lo que surge en los juicios. Uno de los camaristas que firmó esa resolución fue Alejandro Slokar, quien también expresó su preocupación ante la consulta de este diario. "Dinamitar gubernamentalmente las estructuras y los equipos orientados a la reparación de las víctimas de los crímenes de la dictadura, de modo de no facilitar el acceso a la verdad y así evitar la repetición de lo perpetrado, desatiende las exigencias internacionales y acarrea consecuencias. Tanto más desde la ejemplaridad argentina en este plano, cuyo reconocimiento nos ubica en un rango diferencial en la región y hasta el mundo", remarcó Slokar.
 
 
Preocupación entre fiscales y querellantes
  
La decisión de desarmar el área implica que quienes tengan que responder a los requerimientos de la Justicia serán las propias Fuerzas Armadas, muchas veces integradas por hijos, sobrinos o nietos de los imputados.
 
"Me preocupa que estas medidas puedan generar un obstáculo para avanzar con las investigaciones en curso", dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). "Los equipos que venían trabajando realizan un aporte importante y necesario en el relevamiento, análisis e interpretación de documentación histórica para los casos que aún hoy estamos investigando", añade.
 
"Los equipos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa vienen haciendo, desde hace años, un trabajo fundamental para las investigaciones por los crímenes contra la humanidad -suma Pablo Parenti, jefe de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)--. Para todos los fiscales, el aporte de estos equipos es una herramienta imprescindible para acceder a información, vincularla con distintas fuentes documentales y, a partir de eso, identificar autores, probar hechos, entender ciertas lógicas represivas. Son equipos que están integrados por personas altamente capacitadas y que fueron sostenidos, desde su creación, por todas las gestiones del Ministerio de Defensa. Sería un gran retroceso si se confirma la disolución".
 
Desde Tucumán, el fiscal Pablo Camuña destaca que el trabajo de los equipos fue muy importante para investigar el Operativo Independencia y el accionar del Destacamento 142. "En ambos casos fue un trabajo muy meticuloso sobre una cantidad de documentación gigantesca, que ayudó a fundamentar la acusación y después las sentencias", explica.
 
Lo mismo dice Mercedes Soiza Reilly, que integró las fiscalías que tanto en la ESMA como en Campo de Mayo lograron las condenas por vuelos de la muerte. "Sin el trabajo de los equipos de relevamiento sería imposible acceder al material secreto que documentó cómo funcionaron las estructuras de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado. No es solo una cuestión de acceso nada más, necesitamos especialistas que conserven, protejan, releven y analicen el caudal documental que aún hoy contiene información valiosa para los juicios. Si no fuera por el trabajo de las personas que conforman los equipos no habría sido posible probar el sistema de eliminación de prisioneros políticos mediante los vuelos de la muerte", afirma.
 
"Éste es otro golpe directo a una obligación del Estado", opina Pablo Llonto, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad. "Existe una obligación estatal de cumplir con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que implica que los países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad tienen la obligación de investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron estos crímenes. Desarmando estos equipos, dejándolos en mínima expresión, lo que hacen es poner obstáculos. Espero que la justicia actúe removiendo esos obstáculos", dice.
 
La abogada Guadalupe Godoy, también querellante en los juicios, recuerda que, cuando se reabrieron los juicios por crímenes durante la dictadura, había quienes decían que era como cazar en el zoológico. "Lo que esta pasando, y esto en particular nos muestra que, 20 años después, hay sectores activos del genocidio que intentan sostener su impunidad", asevera.
 
 
Diputados también en alerta
  
Desde el Congreso nacional, se pronunciaron Hugo Yasky y Myriam Bregman. "Destruir la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa es una variante de negacionismo que pone en peligro décadas de fortalecimiento del carácter democrático de las Fuerzas Armadas", tuiteó el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
 
Bregman, por su parte, sostuvo: "Nuestra exigencia es la contraria a la decisión que toma Petri: que se le dé máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión".
 
Desde la Legislatura porteña también expresó su preocupación la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro y se puso a disposición de los trabajadores despedidos.
 
 
Obstaculizar es la tarea
  
"Esta decisión de cerrar los equipos de relevamiento pertenece a una serie de acciones del Ministerio de Defensa que implican una obstaculización directa al proceso de justicia y a la averiguación de la verdad y que está en línea con las posiciones que se conocieron del ministro Petri en estos días en su valoración sobre el rol de las Fuerzas Armadas en dictadura", denuncia Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) "Habiendo tomado esta decisión, lo que consideramos urgente y fundamental es que se tomen medidas de preservación de la documentación que ahora queda directamente a cargo de las Fuerzas Armadas, que están además bajo un Ministerio de Defensa en gran parte también militarizado", agrega Perelman.
 
Petri viene llevando adelante lo que desde los organismos de derechos humanos se percibe como una política regresiva. Sus principales funcionarios -como Pasqualini- son militares retirados. En los días previos a la conmemoración de los 48 años del último golpe de Estado, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas habían sido "demonizadas" por su accionar durante los años 70 y se fotografió junto a la activista pro-impunidad Cecilia Pando.
 
La política de restringir el acceso a los archivos ya había sido festejada en un editorial de La Nación. En la práctica, esto implicará dificultades para controlar los ascensos --tarea con la que cumple el CELS, por ejemplo, desde hace 30 años-- y los nombramientos de retirados tanto en Defensa como en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Desde el Ministerio de Defensa, tampoco hubo explicaciones ante el homenaje que le hicieron en el regimiento de Apóstoles a Horacio Losito, condenado a perpetua por crímenes contra la humanidad. La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) también comunicó que el Ejército había modificado sus protocolos para despedir con honores a los represores que mueran y no tengan sentencia firme. A esto se suma, la visita a la cárcel de Campo de Mayo de funcionarios de Petri para tomar nota de los reclamos de los represores que están ahí presos, revelada por este diario el domingo último.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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26-07-2024 / 10:07
Se publicaron los datos que elabora el INDEC a partir de una encuesta a autoservicios mayoristas y supermercadistas, y los números están lejos de mostrar la recuperación que avizora el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. En el informe se destaca el importante crecimiento de los pagos con tarjetas de crédito, que da cuenta de la dificultad de las familias para afrontar el escenario actual. Un desastre de proporciones catastróficas.
 
Uno de los datos salientes del informe publicado por el Indec es que, en el caso de los supermercados, en los primeros cinco meses del año, la caída acumulada del consumo escala a -12,4%, y muestra en estos meses los peores registros de la serie, que comenzó en 2017. En mayo puntualmente, las ventas en supermercados disminuyeron 9,7% con respecto a mayo de 2023, pero mostraron una leve recuperación con respecto a abril (+3,9%) en la serie desestacionalizada.
 
En lo que respecta a mayoristas, las ventas en mayo se ubicaron 13,3% respecto a un año atrás, crecieron levemente con respecto a abril (+1,7%) pero en el acumulado de 2024 muestra ventas 12,2% por debajo del mismo período de 2023. El fuerte incremento de uso de plásticos para pagar es un indicio de las estrategias de las familias ante la situación de crisis de ingresos actual: endeudarse vía tarjetas de crédito.
 
Otro dato que se desprende de la encuesta es el incremento de uso de tarjeta de crédito para el pago: mientras que el uso de efectivo y débito se redujo en términos reales 19%, las compras con crédito se incrementaron 12%, pasando de constituir 38% de las operaciones a 44%. Si se desagrega por rubro, las peores caídas en términos reales se ubican en "Electrónicos y artículos para el hogar" (-27%), seguido de "Bebidas" (-17%), "Alimentos preparados y rotisería" (-15%) y "Carnes" (-10%). El que más creció resultó "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar" (8%), seguido de "Panadería" (7%). Para junio, en lo referente al consumo masivo, los números de la consultora Scentia muestran que el sendero descendente continúa: -12,5% interanual y un derrumbe de 8,5% acumulado en el primer semestre.
 
Esta situación de las grandes superficies se profundiza cuando nos referimos a comercios pymes. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó que en junio de este año, las ventas se desplomaron 21,9% con respecto a un año atrás, 1,2% más que en mayo, pero completa así un primer semestre para el olvido: en términos acumulados se vendió 17,2% menos que en el mismo período de 2023. Sobresale en el Índice elaborado por CAME la situación de alimentos y bebidas: se vendieron 26,6% menos que en junio de 2023.
 
Para completar el delicado panorama de la situación del consumo, vale la pena enfocarse en algunos consumos sensibles en la mesa de los argentinos y las argentinas. Por caso, en función de los datos publicados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el consumo de yerba en el primer semestre de 2024 constituye el peor registro de los últimos años: se derrumbó 14% con respecto a un año atrás y 11% en relación al promedio de los últimos 6 años.
 
Otro ejemplo es el de los lácteos: en los primeros cinco meses de 2024 se consumieron 16% menos que en 2023 según los datos provistos por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Al interior del conjunto, sobresale la caída de yogures 21%, postres 51%, quesos 10%, leche en polvo 29% y leche fluida 16%. Al igual que en los casos anteriores, el volumen acumulado en estos primeros cinco meses constituye el más bajo de los últimos 6 años al menos.
 
La Opinión Popular
 

25-07-2024 / 09:07
La asignación de $100.000 millones a la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en materia de fondos reservados volvió a poner sobre la mesa una pelea por el control de los organismos dedicados al espionaje, siempre sospechados de maniobras ilegales. A partir de esa ampliación de las partidas presupuestarias, todas las miradas comenzaron a posarse sobre el Congreso, más precisamente en la estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, que a ocho meses de la asunción de Javier "el Loco" Milei todavía no está conformada.
 
Se trata del único órgano con potestad de monitorear los gastos reservados de la SIDE, encabezada hoy por el inexperto Sergio Neiffert, pero comandada en las sombras por el cada vez más poderoso asesor presidencial Santiago Caputo alias "Caputito". En La Libertad Avanza tienen un obstáculo en su debilidad legislativa: la titularidad de la bicameral, por reglamento, le corresponde a un integrante de la Cámara alta, pero no hay senadores libertarios que vayan a integrar la comisión, sino solo diputados.
 
Ese lugar está disputado por el dirigente misionero del PRO, Martín Goerling, y el peronista tránsfuga entrerriano Gustavo Kueider, un aliado clave del Gobierno en el Senado. El principal impulsor de la candidatura de Kueider es ni más ni menos que Caputito. Ambos estrecharon lazos en el último tiempo a partir del acompañamiento del senador del PJ a la ley Bases. Como recompensa a su voto afirmativo, Kueider logró colocar a un hombre de su confianza al frente de la conducción de la represa de Salto Grande.
 
Sin embargo, puertas adentro de La Libertad Avanza no hay consenso y se reaviva la guerra que por estas horas cruza el vínculo de la vicepresidenta Victoria Villarruel con Karina Milei. "Muy peronista", deslizan cerca de la titular del Senado en referencia al Kueider. ¿Hubo un acuerdo entre el macrismo y Villarruel para que sea Goerling quien comande la Comisión de Inteligencia? Los movimientos autónomos de Villarruel incluyen coqueteos PRO.
 
En el libertarianismo están muy interesados en que la bicameral cuente con una mayoría de legisladores afines que frene cualquier investigación de chanchullos. Por eso, la semana pasada, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tomó una decisión de alto impacto: le quitó el lugar que le había prometido a Emilio Monzó para dárselo a un diputado libertario, una actitud que detonó los puentes construidos con el bloque de Hacemos Coalición Federal, comandado por Miguel Ángel Pichetto. En la mesa chica del Presidente no cayó bien la ausencia del diputado al Pacto de Mayo en Tucumán. "Sabían que era un evento importante para el Gobierno y aún así no fueron", deslizan, con rencor.
 
Nada es casualidad. Pocos días antes del lanzamiento del nuevo organigrama de la SIDE, desde la Casa Rosada le bajaron la orden a Menem para que acelerase la conformación de la Comisión de Inteligencia, que cuenta con algunas peculiaridades: sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios.
 
"Es grave que se haya resuelto una reforma de la AFI por DNU", advirtió Leopoldo Moreau. La oposición considera que La Libertad Avanza tendría que haber enviado un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso debido a que la AFI fue creada en marzo de 2015 con la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520), que disolvió la otrora Secretaría de Inteligencia (SI).
 
La Opinión Popular
 

24-07-2024 / 10:07
La siniestra Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Javier "el Loco" Milei renació bañada en oro. El Gobierno anarco capitalista dispuso por decreto otorgarle 100.000 millones de pesos en carácter de fondos reservados, sin rendición de cuentas, lo que vuelve muy difícil su control real y anuncia el regreso del espionaje político ilegal y las operaciones que lo caracterizaron. Desde los pagos para desviar a la Justicia, como en el caso AMIA, a la corrupción lisa y llana, como en la ley Banelco, para la compra de senadores nacionales. El 75 por ciento del presupuesto del organismo de inteligencia será secreto. Desde los organismos de DDHH y la oposición advierten sobre la falta de fiscalización de los servicios.
 
Con un escandaloso decreto, el Gobierno libertario dictaminó una salvaje erogación, el 400% más, para la nueva agencia de Inteligencia, que responde a Santiago Caputo, alias "Caputito". Son "fondos reservados", por lo que no se conocerá su destino. Disfrutando de su flamante composición menemista y, fundamentalmente, de su exuberante billetera que afortunadamente rebosa de fondos gracias a la decisión de Milei, que dictaminó a través de un escandaloso decreto con un broche de oro: que el dinero será utilizado en "gastos reservados".
 
La erogación de doce cifras ayudará a poner en marcha a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su nuevo armado reminiscente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y nutrido de exfuncionarios del menemismo. Para coronar, el área responde al influyente asesor de Gobierno Santiago Caputo.
 
Es que tan polémica como la magnitud del desembolso habilitado para la cartera que rinde cuentas directas al presidente es la justificación del monto garantizado. Según se detalló en el Boletín Oficial, la medida tiene el objetivo de brindar las "partidas presupuestarias" necesarias para "solventar las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los organismos que lo integran". Poco más se indica respecto de los motivos detrás de la disposición o del destino del dinero.

De hecho, el decreto establece explícitamente el "carácter reservado de los fondos", por lo que su utilización será discrecional y no requerirá de los mismos controles que las billeteras de cualquier otra cartera requieren. En criollo, esto significa que la población general jamás conocerá a qué fueron destinados los $100.000.000.000 de los que goza desde hoy la SIDE - lo único que se sabe hasta el momento es que el titular del organismo es el extitular de la AFI, Sergio Neiffert, que solo le rinde cuentas al desconocido asesor presidencial Santiago Caputo.

La casta sigue más viva que nunca. Ahora con muchos dineros del Estado, reservados y sin rendición
, para "encanutarlos" en beneficio propio y para la corrupción política lisa y llana haciendo uso de los sobornos y de los chantajes para obtener sus propósitos más espurios en perjuicio del pueblo.


La Opinión Popular

23-07-2024 / 10:07
A la par del blanqueo de capitales y la baja en el impuesto a los bienes personales, beneficiando a los multimillonarios que tendrán una rebaja en lo que tributan por ser dueños de mansiones, yates y aviones privados, los trabajadores calificados, que tienen ingresos por un poco más del costo de la canasta familiar, volverán a pagar el abusivo Impuesto a las Ganancias. El presidente Javier "el Loco" Milei, que había hecho campaña electoral diciendo que no subiría ningún impuesto, vuelve a atacar los ingresos de un sector de las grandes mayorías populares, mientras favorece a los más ricos.

Por más que ahora pase a llamarse "impuesto a los ingresos personales", la reglamentación del artículo del paquete fiscal presentado por La Libertad Avanza (LLA), no es más que la restitución de una estafa a un sector de los asalariados. El mismo Milei había dicho durante la campaña electoral que "nos encontramos ante el delirio descomunal de tratar al salario como ganancia. Este impuesto es inmundo y tiene que ser eliminado", para imponerlo nuevamente al asumir la Presidencia.


El mentiroso que prometió cortarse un brazo antes de subir un impuesto, estableció que a partir de julio, el nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias establece que los trabajadores sin hijos con ingresos superiores a 1.800.000 pesos brutos (1.480.000 netos) y los que tienen dos hijos que perciban más de 2.100.000 (1.780.000) estarán obligados a pagar el impuesto. Milei, del corte de su brazo a su mano metida en el bolsillo de la gente.

Las tasas impositivas varían del 5 al 35%, con actualizaciones trimestrales hasta fin de año y semestrales a partir de diciembre, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se estima que la restitución de la cuarta categoría afecta a cerca de 800 mil empleados en relación de dependencia.


El peronismo luego de haber afectado hasta el 20 por ciento de los trabajadores con el impuesto a las ganancias, optó por eliminarlo para los asalariados bajo la gestión de Sergio Massa. Ahora, en el Senado los legisladores electos como parte de la boleta del Frente de Todos (FdT) Edgardo Kueider y Camau Espínola  se dieron vuelta aportaron sus votos para que la nefasta ley sea aprobada.

El decreto reglamentario publicado este lunes deroga normativas anteriores que establecían las exenciones que regían sobre los ingresos provenientes de horas extras, material didáctico que cobran los docentes, los viáticos de larga distancia terrestres, acuáticos y aéreo, los bonos de productividad y fallo de caja.
 
Además los empleados de zonas patagónicas perdieron el beneficio del 22 por ciento del incremento de las deducciones personales, quedando más expuestos al gravamen al vivir en una zona del país con precios más elevados.
 
La medida que ya muestra resistencia. Y es que Milei deberá afrontar denuncias judiciales de gremios muy poderosos, que decidieron, no solo pelear por sus derechos laborales y presentar amparos contra el retorno del impuesto, sino que se suman peligrosas advertencias. Médicos, camioneros y bancarios serán los primeros que judicializarán la medida.
 
La Opinión Popular

21-07-2024 / 08:07
Las inconsistencias cada vez más evidentes en la tarea del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el daño agravado que esto provoca en la confianza del sistema financiero son datos que no pasan desapercibidos. En estos días lo pusieron en relieve Cristina Fernández de Kirchner, Domingo Cavallo, Teodoro "Teddy" Karagozian y Martín Guzmán, entre otras figuras con poco en común.
 
También tomó nota Victoria Villarruel. Primera en la línea sucesoria, la vicepresidenta comenzó a mover fichas para contar con apoyo político y un plan económico en caso de que el experimento de Javier y Karina Milei colapse. En Casa Rosada tomaron nota y la pusieron en la mira. Las fuerzas del cielo se partieron en las redes sociales. El enfrentamiento seguirá escalando.
 
Villarruel tiene un proyecto político propio, autónomo y representa, a fin de cuentas, una amenaza para los hermanos Milei desde la campaña, sino antes. Ya entonces mostraba señales de independencia que causaban desconfianza en la hermana de su compañero de fórmula, siempre muy celosa de otras mujeres. Ahora son dos polos de poder en disputa. En esa pelea se cifra, acaso, el destino de este país.
 
La hipótesis sobre la que trabaja la vice, algo extendida en el círculo rojo, es que tarde o temprano la experiencia de Caputo se va a agotar, no sin antes pegar un cimbronazo. El reemplazo será Federico Sturzenegger o alguien de su equipo, que acelerará y profundizará un ajuste ortodoxo, postergando la salida de la recesión y causando una crisis social que va a manifestarse con violencia en las calles.
 
Allí es donde ella imagina una proyección como salida institucional, garante del orden público y de las concesiones realizadas por este gobierno en el DNU 70/23, la generosa ley de bases y el subsiguiente proceso de reforma y desregulación. Para prepararse de cara a un escenario así, recibió a dos importantes economistas del sistema, de esos que suenan en los Prode cada vez que hay recambio en el área.
 
Desde el Senado, Villarruel teje lazos con todos los bloques de legisladores y con varios gobernadores. Subterráneamente construye vínculos con sindicalistas y con empresarios. Su proyección contempla acuerdos amplios que van desde Mauricio Macri hasta sectores del peronismo. Si llegara el momento de asumir el Poder Ejecutivo quiere tener respaldo y quiere tener un plan.
 
Encuentra terreno fértil para crecer en el norte grande, territorio en disputa que tiene un padrón de tamaño similar al conurbano bonaerense. Allí Milei sumó muchos votos pero ahora pegan más fuerte las políticas de austeridad. Villarruel visita con más frecuencia de lo que se sabe. Este fin de semana, Catamarca: Fiesta del Poncho, reunión con el gobernador Raúl Jalil y dos días de agenda privada.
 
Todavía no va a confrontar abiertamente con los Milei pero las señales están allí para quien quiera verlas. Su faltazo al Pacto de Mayo celebrado el 9 de Julio, en Tucumán, aduciendo un estado gripal, es doblemente significativo si al día siguiente participa del desfile militar. La resistencia que opone al tratamiento del pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema también debe atenderse.
 
El último episodio de rebeldía de la vicepresidenta fue postear en sus redes sociales una diatriba nacionalista en supuesta defensa de Enzo Fernández, tras el escandalete que se armó durante los festejos por la Copa América por una canción de naturaleza paródica y letra racista, y las quejas posteriores por parte de la Federación Francesa de Fútbol respecto a esa conducta.
 

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