19:15 | Domingo 06 de Octubre de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

“Si alguna vez llega el fascismo al poder lo hará en nombre de la libertad”. Thomas Mann, premio Nobel 1940.

Nacionales - 30-03-2024 / 10:03

LOS ABOGADOS DE LOS GENOCIDAS FESTEJAN PORQUE DESMANTELÓ EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DE SU MINISTERIO

El radical Luis Petri: Ministro de Defensa de Terroristas de Estado

El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.

El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.

Ya no funcionarán los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos que habían sido creados en 2010 y aportaban a las causas por delitos de lesa humanidad. Anunciaron el despido de diez de los trece trabajadores que los integraban. Hay preocupación entre jueces, fiscales y querellantes.

La pelea por el botín después de cada secuestro. Los abusos sexuales a las prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La comisión que armó la Marina para borrar los rastros de sus crímenes. Los aviones que se usaron para tirar personas vivas al mar. Estos son algunos de los aportes que hicieron en los últimos trece años los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas.

El miércoles, al filo del fin de semana largo, funcionarios del Ministerio de Defensa -que responden al radical Luis Petri- anunciaron que dejarán sin efecto esa política y que despedirán a diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en el área.

Los equipos se crearon en 2010, cuando los juicios por crímenes contra la humanidad ya llevaban cuatro años reabiertos. Fue en respuesta al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Los ERyA funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.

Desde su creación, los equipos produjeron más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y relevaron más de 17.000 legajos. Los principales interesados en su desmantelamiento son justamente quienes se sientan en el banquillo por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En la red social X, defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado festejaron la decisión de Petri.

Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis. La decisión de desmantelar el área provino -según el gremio- de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Pasqualini fue el jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí, fogoneó actos por la "memoria completa". Está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés -condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.

El director nacional de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes y el asesor legal Jerónimo Perés Vieyra fueron quienes comunicaron la decisión de derogar todas las resoluciones que rigen el accionar de los equipos y de despedir al grueso de sus integrantes.

Erbes fue quien visitó a genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo semanas atrás en una situación insólita para un área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Según pudo reconstruir este diario, no se reunió únicamente con militares sino también con policías que están condenados por crímenes contra la humanidad.

La decisión de desmantelar el área generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina. Después de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, le envió un oficio a Petri para que tenga "a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa".

Palazzani invocó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de lo que surge en los juicios. Uno de los camaristas que firmó esa resolución fue Alejandro Slokar, quien también expresó su preocupación ante la consulta de este diario. "Dinamitar gubernamentalmente las estructuras y los equipos orientados a la reparación de las víctimas de los crímenes de la dictadura, de modo de no facilitar el acceso a la verdad y así evitar la repetición de lo perpetrado, desatiende las exigencias internacionales y acarrea consecuencias. Tanto más desde la ejemplaridad argentina en este plano, cuyo reconocimiento nos ubica en un rango diferencial en la región y hasta el mundo", remarcó Slokar.

Preocupación entre fiscales y querellantes

La decisión de desarmar el área implica que quienes tengan que responder a los requerimientos de la Justicia serán las propias Fuerzas Armadas, muchas veces integradas por hijos, sobrinos o nietos de los imputados.

"Me preocupa que estas medidas puedan generar un obstáculo para avanzar con las investigaciones en curso", dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). "Los equipos que venían trabajando realizan un aporte importante y necesario en el relevamiento, análisis e interpretación de documentación histórica para los casos que aún hoy estamos investigando", añade.

"Los equipos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa vienen haciendo, desde hace años, un trabajo fundamental para las investigaciones por los crímenes contra la humanidad -suma Pablo Parenti, jefe de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)--. Para todos los fiscales, el aporte de estos equipos es una herramienta imprescindible para acceder a información, vincularla con distintas fuentes documentales y, a partir de eso, identificar autores, probar hechos, entender ciertas lógicas represivas. Son equipos que están integrados por personas altamente capacitadas y que fueron sostenidos, desde su creación, por todas las gestiones del Ministerio de Defensa. Sería un gran retroceso si se confirma la disolución".

Desde Tucumán, el fiscal Pablo Camuña destaca que el trabajo de los equipos fue muy importante para investigar el Operativo Independencia y el accionar del Destacamento 142. "En ambos casos fue un trabajo muy meticuloso sobre una cantidad de documentación gigantesca, que ayudó a fundamentar la acusación y después las sentencias", explica.

Lo mismo dice Mercedes Soiza Reilly, que integró las fiscalías que tanto en la ESMA como en Campo de Mayo lograron las condenas por vuelos de la muerte. "Sin el trabajo de los equipos de relevamiento sería imposible acceder al material secreto que documentó cómo funcionaron las estructuras de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado. No es solo una cuestión de acceso nada más, necesitamos especialistas que conserven, protejan, releven y analicen el caudal documental que aún hoy contiene información valiosa para los juicios. Si no fuera por el trabajo de las personas que conforman los equipos no habría sido posible probar el sistema de eliminación de prisioneros políticos mediante los vuelos de la muerte", afirma.

"Éste es otro golpe directo a una obligación del Estado", opina Pablo Llonto, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad. "Existe una obligación estatal de cumplir con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que implica que los países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad tienen la obligación de investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron estos crímenes. Desarmando estos equipos, dejándolos en mínima expresión, lo que hacen es poner obstáculos. Espero que la justicia actúe removiendo esos obstáculos", dice.

La abogada Guadalupe Godoy, también querellante en los juicios, recuerda que, cuando se reabrieron los juicios por crímenes durante la dictadura, había quienes decían que era como cazar en el zoológico. "Lo que esta pasando, y esto en particular nos muestra que, 20 años después, hay sectores activos del genocidio que intentan sostener su impunidad", asevera.

Diputados también en alerta

Desde el Congreso nacional, se pronunciaron Hugo Yasky y Myriam Bregman. "Destruir la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa es una variante de negacionismo que pone en peligro décadas de fortalecimiento del carácter democrático de las Fuerzas Armadas", tuiteó el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Bregman, por su parte, sostuvo: "Nuestra exigencia es la contraria a la decisión que toma Petri: que se le dé máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión".

Desde la Legislatura porteña también expresó su preocupación la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro y se puso a disposición de los trabajadores despedidos.

Obstaculizar es la tarea

"Esta decisión de cerrar los equipos de relevamiento pertenece a una serie de acciones del Ministerio de Defensa que implican una obstaculización directa al proceso de justicia y a la averiguación de la verdad y que está en línea con las posiciones que se conocieron del ministro Petri en estos días en su valoración sobre el rol de las Fuerzas Armadas en dictadura", denuncia Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) "Habiendo tomado esta decisión, lo que consideramos urgente y fundamental es que se tomen medidas de preservación de la documentación que ahora queda directamente a cargo de las Fuerzas Armadas, que están además bajo un Ministerio de Defensa en gran parte también militarizado", agrega Perelman.

Petri viene llevando adelante lo que desde los organismos de derechos humanos se percibe como una política regresiva. Sus principales funcionarios -como Pasqualini- son militares retirados. En los días previos a la conmemoración de los 48 años del último golpe de Estado, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas habían sido "demonizadas" por su accionar durante los años 70 y se fotografió junto a la activista pro-impunidad Cecilia Pando.

La política de restringir el acceso a los archivos ya había sido festejada en un editorial de La Nación. En la práctica, esto implicará dificultades para controlar los ascensos --tarea con la que cumple el CELS, por ejemplo, desde hace 30 años-- y los nombramientos de retirados tanto en Defensa como en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Desde el Ministerio de Defensa, tampoco hubo explicaciones ante el homenaje que le hicieron en el regimiento de Apóstoles a Horacio Losito, condenado a perpetua por crímenes contra la humanidad. La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) también comunicó que el Ejército había modificado sus protocolos para despedir con honores a los represores que mueran y no tengan sentencia firme. A esto se suma, la visita a la cárcel de Campo de Mayo de funcionarios de Petri para tomar nota de los reclamos de los represores que están ahí presos, revelada por este diario el domingo último.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

06-10-2024 / 12:10

Boleta Única, pobreza y universidades en lucha: se acelera la crisis final de la era del Loco Milei

El veto al presupuesto universitario, la privatización de Aerolíneas y el ajuste en salud agravan la crisis de Javier "el Loco" Milei, con una inflación que no cede y más pobreza, mientras Cristina retoma protagonismo en un clima de creciente tensión política y social.

El proyecto explícito de demolición del Estado nacional que promueve Milei tuvo esta semana otra colección de momentos infames entre los que se destacan el veto a la ley de presupuesto universitario, que no será fácil de defender en el Congreso, el decreto que habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas, yendo en contra de lo que propio gobierno le prometió a varios gobernadores cuando se negociaba la ley de bases, y una profundización en el desguace del sistema de salud pública que incluye el cierre de algunos establecimientos (como el Hospital Laura Bonaparte, que dejará de funcionar a partir del lunes) y el vaciamiento de otros (incluyendo el Garrahan).

Educación, transporte, salud: la maquinaria cruje exactamente donde todos esperaban, porque todo sucede a plena luz del día. Nadie puede escudarse en el desconocimiento ni vale hacerse el sorprendido.

A pesar del dólar planchado y la recesión brutal, la inflación se niega a continuar bajando una pendiente que la acerque, en algún momento, al cero. En ese contexto, las paritarias pisadas y el desempleo rampante siguen infligiendo daño a los salarios mes a mes.

La brecha entre los tipos de cambio se achica gracias a la entrada de divisas por el blanqueo, pero al mismo tiempo lo que se agranda es la distancia que separa el salario que percibe un trabajador de los gastos que debe afrontar cada familia todos los días.

Según datos oficiales hay seis millones de pobres nuevos desde que asumió el desquiciado Milei y que se explican, principalmente, por la devaluación del primer mes de su gobierno y la caída sostenida del empleo durante lo que va de su mandato. Tres millones cayeron por debajo de la línea de indigencia, es decir que no les alcanza para evitar la malnutrición, que puede dejar secuelas permanentes.

Un reporte de la Agencia Reuters publicado esta semana da cuenta de que "en los barrios pobres de Argentina está arraigando una emergencia alimentaria a medida que crece la pobreza, con aumento en la malnutrición y médicos que deben tratar a niños por enfermedades en los ojos e incluso escorbuto vinculados a la falta de vitaminas en sus dietas".

El informe indica que más de un millón y medio de chicos se saltea una comida todos los días y se alimentan de forma menos nutritiva por el aumento del costo de vegetales y carne. Norma Piazza, una pediatra especializada en nutrición, asegura: "Estas cosas existen en América Central, en África, en Asia, pero aquí nunca se había visto". De acuerdo a la nota, uno de cada diez chicos de menos de cinco años en el país está desnutrido y la tendencia es que esa cifra siga subiendo a medida que siga subiendo el precio de la comida.

En el gobierno de Milei se defienden argumentando que el aumento de la AUH supera la inflación acumulada en estos meses. Está a la vista que eso alcanza para evitar que se dispare la cantidad de pobres. Se trata de la demostración empírica de que nadie vive de un plan o un programa social sino que son ingresos que casi siempre complementaban el fruto de changas, rebusques y trabajo informal.

05-10-2024 / 10:10

Chau período de gracia: La inercia del triunfo electoral ya no alcanza para frenar la bronca por el brutal ajuste

La masividad de las marchas en todo el país, la participación de políticos de distintas fuerzas y las expresiones de los manifestantes confirmaron que la inercia del triunfo electoral ya no alcanza para frenar la bronca por el brutal ajuste. La política se liberó de esa imagen congelada. Cristina Kirchner saludó a los manifestantes en la calle, Martín Lousteau encabezó la columna radical. Sergio Massa apareció por primera vez desde las elecciones. Y hasta se hizo presente Horacio Rodríguez Larreta.

La columna radical que entró por Callao fue muy numerosa. Todos ellos fueron votantes de Javier Milei. En los actos masivos de Córdoba y Mendoza, la mayoría votó al gobierno que fueron a criticar. En Córdoba llevaron una maqueta gigante de la motosierra que fue destruida por estudiantes armados con lápices. Es probable que esos chicos no lo hayan votado. Pero todos los que estaban alrededor aplaudían.

Hacía tiempo que no había actos tan masivos en las calles de Mendoza y Córdoba. Dos dirigentes radicales ultra oficialistas, el ministro de Defensa, Luis Petri y el diputado Rodrigo de Loredo, provienen de esas provincias cuyo voto en los últimos años tuvo un sesgo conservador.

De todos modos, gran parte de los movilizados en Buenos Aires, los que llegaron fuera de las columnas y los que lo hicieron en las agrupaciones, eran peronistas y kirchneristas que vienen haciendo una gimnasia de la movilización antimileísta junto con la izquierda.

Aunque las universidades son de todos los argentinos y constituyen una herramienta de movilidad social ascendente para los trabajadores, la marcha fue de clase media con aportes de otros sectores. Es un dato sobre la complejidad de la clase media, una advertencia para evitar simplificaciones.

Muchos criticaron a los políticos por no haber participado en las protestas anteriores. Pero si lo hubieran hecho, los hubieran acusado de embanderar los actos. Y la propaganda antipolítica del gobierno anarco capitalista hubiera sido más efectiva. Son condiciones que cambian según los tiempos.

Si hubieran participado en las marchas anteriores, el efecto hubiera sido más negativo que positivo. Ahora fue al revés: a nadie le importó que el gobierno calificara a la marcha de "política". Y cada fuerza se sintió acompañada por sus dirigentes y no les importó que también fueran dirigentes de otros partidos.

Parece un dato menor, pero el discurso de la antipolítica ha sido el principal del gobierno y la marcha demostró que ya no tiene la misma fuerza. Los comportamientos de la clase media suelen ser indicadores del humor social reconocido como lo que está bien o mal. No pasa lo mismo cuando protestan los movimientos sociales o los trabajadores. En parte, el trabajo de los políticos es medir esos tiempos. Por eso no fue tan casual que coincidieran.

Han participado legisladores y, como una excepción, también Axel Kicillof sin que su presencia fuera conflictiva. Pero no pudo estar el miércoles porque se encontraba en México como representante de los argentinos en la asunción de la nueva presidenta ya que el gobierno no quiso enviar ninguna delegación. Pero Kicillof ha sido la excepción.

El radicalismo priorizó durante mucho tiempo el antiperonismo por encima de otras convocatorias. Hasta el miércoles, había preferido entregarle la calle al peronismo y la izquierda para que no lo acusaran de compartir espacio con ellos. El ajuste también empezó a mellar el discurso antiperonista. No es porque se vuelquen al peronismo sino porque los problemas que conlleva el ajuste son más concretos y urgentes que el color de la camiseta.

04-10-2024 / 10:10

Más cipayo y entreguista no se consigue: Por Milei, un fondo buitre yanqui podría embargar el oro del Banco Central

Un fondo buitre de inversión estadounidense solicitó a la justicia de Nueva York que el Banco Central revele la cantidad y destino de su oro en el exterior, en lo que sería un paso previo a un posible embargo de esos activos. La presentación fue realizada por el Bainbridge Fund ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, y tiene como objetivo obtener información sobre las reservas de oro de la entidad monetaria argentina.

Este fondo ya había solicitado previamente que Argentina entregara su participación en YPF como garantía de pago de una deuda firme con el Tesoro Nacional. La nueva demanda, denominada "discovery", busca conocer detalles sobre el volumen y valor del oro en las reservas internacionales y su ubicación tras haber sido enviado fuera del país.

El pedido de embargo podría avanzar si se argumenta que el Banco Central y el Tesoro Nacional, deudor de la emisión de títulos impagos, no son entidades independientes. Esta tesis podría encontrar sustento en la vinculación entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el ministro Luis Caputo, lo que debilitaría la defensa argentina de proteger sus activos.

En 2016, el Bainbridge Fund inició una demanda contra Argentina por bonos en default desde 2001, y ya obtuvo un fallo favorable por 95 millones de dólares más intereses. La instancia de "discovery" permite identificar activos del deudor en el extranjero, abriendo la puerta a futuros embargos.

La postura histórica de Argentina ha sido defender la autonomía del Banco Central frente al Tesoro, como ocurrió en 2015, cuando el país ganó una demanda similar del fondo Elliot. Sin embargo, la relación entre ambas entidades ha sido cuestionada durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, quienes, según los críticos, debilitaron las barreras legales que protegían al Banco Central de posibles embargos.

El traslado reciente de oro desde las reservas del Banco Central, en cinco envíos estimados entre 1.400 y 1.500 millones de dólares, es uno de los motivos que impulsó la nueva ofensiva de Bainbridge. Aunque oficialmente se señaló que el oro fue enviado a Londres, se especula que podría haber sido trasladado a Suiza, al Banco de Ajustes de Basilea.

Expertos advierten que si el oro permanece en Londres, existe un alto riesgo de embargo, ya que en el pasado se han confiscado activos oficiales de países como Venezuela, Rusia e incluso Islandia en 2008. Bainbridge argumenta que, al considerar al Banco Central como una extensión del Tesoro Nacional, las reservas podrían estar sujetas a embargo para acelerar el pago de la deuda.

Aunque el antecedente de 2015 favorece a Argentina, las declaraciones del presidente Milei y del ministro Caputo, que refieren al Banco Central como un órgano dependiente de su gobierno, han debilitado la defensa del país ante posibles embargos.

La Opinión Popular

03-10-2024 / 09:10

Más de un millón de personas repudiaron al Loco Milei en la segunda marcha federal universitaria

Una multitud que superó holgadamente el millón de personas se lanzó a las calles en todo el país en defensa de la universidad pública y contra el veto que, en otra bravata, Javier "el Loco" Milei confirmó pocas horas después. Mientras los salarios de docentes y no docentes están por el piso el desquiciado presidente vetó el aumento que votó el Congreso. Además de estudiantes y docentes, la marcha cruzó generaciones y pertenencias políticas y gremiales en una muestra contundente de la decisión de la sociedad argentina de abrazar uno de sus rasgos identitarios.

"La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres, y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza, que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios", leyó Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina.

En Buenos Aires, Milei que viene de rejuntar nada más que 4.500 fanáticos en Parque Lezama, se enfrentó a una marcha frente al Congreso concentró la adhesión de ciento de miles, no sólo de la comunidad educativa, también de sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, referentes de todo el arco político opositor, que enviaron un mensaje a diputados y senadores para que defiendan la norma que recompone el presupuesto universitario.

Con el palco mirando al Parlamento, estudiantes, gremios docentes y no docentes y rectorados de todo el país hicieron la Segunda Marcha Federal que, según los organizadores, fue más grande que la de abril y sumó movilizaciones masivas en las principales ciudades del país, con grandes expresiones en Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, Paraná y Ushuaia, entre otros puntos.

"Tenemos registro de que las marchas en las provincias han sido más cuantiosas que las primeras. Ojalá el Gobierno tome nota y podamos planificar una solución", dijo el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Victor Moriñigo. Milei contestó primero desde su habitual tribuna de redes y con su diatriba característica: "La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten. No permitas que te usen los golpistas". En otra provocación, el Presidente firmó el anunciado veto pocas horas después de la marcha.

Como en abril pasado, la convocatoria de este miércoles reunió bajo un mismo reclamo a toda la oposición, incluyendo a sectores otrora "dialoguistas", para pedir por los fondos para las universidades, pero con un denominador común más amplio: el rechazo a todas las políticas del gobierno libertario. Con consignas como "No al veto" y "Sin universidad no hay futuro", la concentración marcó otro hito en el cronograma de protestas callejeras contra Milei a menos de diez meses de su llegada al poder.

El anunciado veto de Milei podría caerse por el enojo de Mauricio Macri con Karina "el Jefe" Milei y la decisión de diputados libertarios y radicales "con peluca" que no están dispuestos a pagar el alto costo político de enfrentarse a los estudiantes que este miércoles volvieron a reventar las calles de las principales ciudades del país. Los 87 "héroes ensobrados" que blindaron el veto al aumento a los jubilados, esta vez están en zona de riesgo.

La Opinión Popular

02-10-2024 / 11:10

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad

El país todo marchará en contra del veto de Javier "el Loco" Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.

Como ocurrió meses atrás, el sector universitario no estará solo en las calles que rodean al Congreso: contará con el respaldo de CGT y de buena parte del arco opositor. Desde la política partidaria ya confirmaron su presencia integrantes de ambas cámaras, parte de la dirigencia de la UCR, del peronismo, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, otrora aliado sistemático de La Libertad Avanza. Además del simbolismo de la clase media que fue derrumbada y vive en carne propia la terrible estadística oficial que reveló que el 53% vive por debajo de la línea de la pobreza.

Cada vez se advierte con más claridad que el objetivo del cruel Milei es hacer desaparecer la clase media en la Argentina y a la Universidad como una forma de ascenso social. Milei quiere tener una sociedad con un 90% de pobres y un 10% de ricos. Y gobernar para ellos. Los millones de personas que se movilizarán quieren que nuestro país priorice la educación como plataforma de desarrollo, como vector de movilidad social ascendente y cómo eje central de las políticas públicas.

La defensa de la ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó semanas atrás es la consigna central de la protesta. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".

Esta vez, y con la amenaza del veto a la ley que garantizaría los fondos, la manifestación buscará enviar un mensaje a la oposición en el Congreso, que deberá revisar y refrendar esa decisión anunciada por Milei. La administración libertaria, por otro lado, admite que esta vez el panorama asoma más complicado para lograr blindar el rechazo presidencial en la Cámara de Diputados, tal como pudo hacer con el veto a la reforma previsional que fue respaldado por un grupo de radicales que se pintaron de violeta. Una de las banderas de la UCR es la educación universitaria pública.

Los radicales violetas empezaron a dudar. El PRO está dividido y un sector pide garantías de evitar una derrota. Milei no tiene asegurados los votos para sostener un veto. Todos a las marchas en las distintas ciudades del país para frenarlo al trastornado.

La Opinión Popular