01:16 | Martes 24 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 30-03-2024 / 10:03

LOS ABOGADOS DE LOS GENOCIDAS FESTEJAN PORQUE DESMANTELÓ EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DE SU MINISTERIO

El radical Luis Petri: Ministro de Defensa de Terroristas de Estado

El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.

El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.

Ya no funcionarán los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos que habían sido creados en 2010 y aportaban a las causas por delitos de lesa humanidad. Anunciaron el despido de diez de los trece trabajadores que los integraban. Hay preocupación entre jueces, fiscales y querellantes.

La pelea por el botín después de cada secuestro. Los abusos sexuales a las prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La comisión que armó la Marina para borrar los rastros de sus crímenes. Los aviones que se usaron para tirar personas vivas al mar. Estos son algunos de los aportes que hicieron en los últimos trece años los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas.

El miércoles, al filo del fin de semana largo, funcionarios del Ministerio de Defensa -que responden al radical Luis Petri- anunciaron que dejarán sin efecto esa política y que despedirán a diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en el área.

Los equipos se crearon en 2010, cuando los juicios por crímenes contra la humanidad ya llevaban cuatro años reabiertos. Fue en respuesta al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Los ERyA funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.

Desde su creación, los equipos produjeron más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y relevaron más de 17.000 legajos. Los principales interesados en su desmantelamiento son justamente quienes se sientan en el banquillo por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En la red social X, defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado festejaron la decisión de Petri.

Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis. La decisión de desmantelar el área provino -según el gremio- de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Pasqualini fue el jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí, fogoneó actos por la "memoria completa". Está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés -condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.

El director nacional de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes y el asesor legal Jerónimo Perés Vieyra fueron quienes comunicaron la decisión de derogar todas las resoluciones que rigen el accionar de los equipos y de despedir al grueso de sus integrantes.

Erbes fue quien visitó a genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo semanas atrás en una situación insólita para un área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Según pudo reconstruir este diario, no se reunió únicamente con militares sino también con policías que están condenados por crímenes contra la humanidad.

La decisión de desmantelar el área generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina. Después de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, le envió un oficio a Petri para que tenga "a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa".

Palazzani invocó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de lo que surge en los juicios. Uno de los camaristas que firmó esa resolución fue Alejandro Slokar, quien también expresó su preocupación ante la consulta de este diario. "Dinamitar gubernamentalmente las estructuras y los equipos orientados a la reparación de las víctimas de los crímenes de la dictadura, de modo de no facilitar el acceso a la verdad y así evitar la repetición de lo perpetrado, desatiende las exigencias internacionales y acarrea consecuencias. Tanto más desde la ejemplaridad argentina en este plano, cuyo reconocimiento nos ubica en un rango diferencial en la región y hasta el mundo", remarcó Slokar.

Preocupación entre fiscales y querellantes

La decisión de desarmar el área implica que quienes tengan que responder a los requerimientos de la Justicia serán las propias Fuerzas Armadas, muchas veces integradas por hijos, sobrinos o nietos de los imputados.

"Me preocupa que estas medidas puedan generar un obstáculo para avanzar con las investigaciones en curso", dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). "Los equipos que venían trabajando realizan un aporte importante y necesario en el relevamiento, análisis e interpretación de documentación histórica para los casos que aún hoy estamos investigando", añade.

"Los equipos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa vienen haciendo, desde hace años, un trabajo fundamental para las investigaciones por los crímenes contra la humanidad -suma Pablo Parenti, jefe de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)--. Para todos los fiscales, el aporte de estos equipos es una herramienta imprescindible para acceder a información, vincularla con distintas fuentes documentales y, a partir de eso, identificar autores, probar hechos, entender ciertas lógicas represivas. Son equipos que están integrados por personas altamente capacitadas y que fueron sostenidos, desde su creación, por todas las gestiones del Ministerio de Defensa. Sería un gran retroceso si se confirma la disolución".

Desde Tucumán, el fiscal Pablo Camuña destaca que el trabajo de los equipos fue muy importante para investigar el Operativo Independencia y el accionar del Destacamento 142. "En ambos casos fue un trabajo muy meticuloso sobre una cantidad de documentación gigantesca, que ayudó a fundamentar la acusación y después las sentencias", explica.

Lo mismo dice Mercedes Soiza Reilly, que integró las fiscalías que tanto en la ESMA como en Campo de Mayo lograron las condenas por vuelos de la muerte. "Sin el trabajo de los equipos de relevamiento sería imposible acceder al material secreto que documentó cómo funcionaron las estructuras de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado. No es solo una cuestión de acceso nada más, necesitamos especialistas que conserven, protejan, releven y analicen el caudal documental que aún hoy contiene información valiosa para los juicios. Si no fuera por el trabajo de las personas que conforman los equipos no habría sido posible probar el sistema de eliminación de prisioneros políticos mediante los vuelos de la muerte", afirma.

"Éste es otro golpe directo a una obligación del Estado", opina Pablo Llonto, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad. "Existe una obligación estatal de cumplir con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que implica que los países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad tienen la obligación de investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron estos crímenes. Desarmando estos equipos, dejándolos en mínima expresión, lo que hacen es poner obstáculos. Espero que la justicia actúe removiendo esos obstáculos", dice.

La abogada Guadalupe Godoy, también querellante en los juicios, recuerda que, cuando se reabrieron los juicios por crímenes durante la dictadura, había quienes decían que era como cazar en el zoológico. "Lo que esta pasando, y esto en particular nos muestra que, 20 años después, hay sectores activos del genocidio que intentan sostener su impunidad", asevera.

Diputados también en alerta

Desde el Congreso nacional, se pronunciaron Hugo Yasky y Myriam Bregman. "Destruir la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa es una variante de negacionismo que pone en peligro décadas de fortalecimiento del carácter democrático de las Fuerzas Armadas", tuiteó el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Bregman, por su parte, sostuvo: "Nuestra exigencia es la contraria a la decisión que toma Petri: que se le dé máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión".

Desde la Legislatura porteña también expresó su preocupación la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro y se puso a disposición de los trabajadores despedidos.

Obstaculizar es la tarea

"Esta decisión de cerrar los equipos de relevamiento pertenece a una serie de acciones del Ministerio de Defensa que implican una obstaculización directa al proceso de justicia y a la averiguación de la verdad y que está en línea con las posiciones que se conocieron del ministro Petri en estos días en su valoración sobre el rol de las Fuerzas Armadas en dictadura", denuncia Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) "Habiendo tomado esta decisión, lo que consideramos urgente y fundamental es que se tomen medidas de preservación de la documentación que ahora queda directamente a cargo de las Fuerzas Armadas, que están además bajo un Ministerio de Defensa en gran parte también militarizado", agrega Perelman.

Petri viene llevando adelante lo que desde los organismos de derechos humanos se percibe como una política regresiva. Sus principales funcionarios -como Pasqualini- son militares retirados. En los días previos a la conmemoración de los 48 años del último golpe de Estado, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas habían sido "demonizadas" por su accionar durante los años 70 y se fotografió junto a la activista pro-impunidad Cecilia Pando.

La política de restringir el acceso a los archivos ya había sido festejada en un editorial de La Nación. En la práctica, esto implicará dificultades para controlar los ascensos --tarea con la que cumple el CELS, por ejemplo, desde hace 30 años-- y los nombramientos de retirados tanto en Defensa como en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Desde el Ministerio de Defensa, tampoco hubo explicaciones ante el homenaje que le hicieron en el regimiento de Apóstoles a Horacio Losito, condenado a perpetua por crímenes contra la humanidad. La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) también comunicó que el Ejército había modificado sus protocolos para despedir con honores a los represores que mueran y no tengan sentencia firme. A esto se suma, la visita a la cárcel de Campo de Mayo de funcionarios de Petri para tomar nota de los reclamos de los represores que están ahí presos, revelada por este diario el domingo último.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

23-02-2026 / 09:02

Los tránsfugas, traidores y canallas, que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos, fueron claves para el Loco Milei

Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.

La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.

Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".

Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.

¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.

Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.

Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.

Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.

22-02-2026 / 09:02

El Loco Milei y sus fanáticos del subdesarrollo y la dependencia

Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.

Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.

Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.

En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina.

Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.

Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.

Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.

¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.

Por Demián Verduga

21-02-2026 / 10:02

Esclavos argentinos: Pese al masivo paro y a la oposición del peronismo, el Loco Milei avanzó con la reforma laboral

Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.

El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.

En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".

Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.

El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.

La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.

Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.

En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.

Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.

20-02-2026 / 10:02

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza

La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.

El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.

La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.

Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.

Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.

Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.

Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.

La Opinión Popular

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular