04:28 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 30-03-2024 / 10:03

LOS ABOGADOS DE LOS GENOCIDAS FESTEJAN PORQUE DESMANTELÓ EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DE SU MINISTERIO

El radical Luis Petri: Ministro de Defensa de Terroristas de Estado

El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.

El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.

Ya no funcionarán los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos que habían sido creados en 2010 y aportaban a las causas por delitos de lesa humanidad. Anunciaron el despido de diez de los trece trabajadores que los integraban. Hay preocupación entre jueces, fiscales y querellantes.

La pelea por el botín después de cada secuestro. Los abusos sexuales a las prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La comisión que armó la Marina para borrar los rastros de sus crímenes. Los aviones que se usaron para tirar personas vivas al mar. Estos son algunos de los aportes que hicieron en los últimos trece años los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas.

El miércoles, al filo del fin de semana largo, funcionarios del Ministerio de Defensa -que responden al radical Luis Petri- anunciaron que dejarán sin efecto esa política y que despedirán a diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en el área.

Los equipos se crearon en 2010, cuando los juicios por crímenes contra la humanidad ya llevaban cuatro años reabiertos. Fue en respuesta al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Los ERyA funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.

Desde su creación, los equipos produjeron más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y relevaron más de 17.000 legajos. Los principales interesados en su desmantelamiento son justamente quienes se sientan en el banquillo por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En la red social X, defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado festejaron la decisión de Petri.

Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis. La decisión de desmantelar el área provino -según el gremio- de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Pasqualini fue el jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí, fogoneó actos por la "memoria completa". Está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés -condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.

El director nacional de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes y el asesor legal Jerónimo Perés Vieyra fueron quienes comunicaron la decisión de derogar todas las resoluciones que rigen el accionar de los equipos y de despedir al grueso de sus integrantes.

Erbes fue quien visitó a genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo semanas atrás en una situación insólita para un área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Según pudo reconstruir este diario, no se reunió únicamente con militares sino también con policías que están condenados por crímenes contra la humanidad.

La decisión de desmantelar el área generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina. Después de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, le envió un oficio a Petri para que tenga "a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa".

Palazzani invocó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de lo que surge en los juicios. Uno de los camaristas que firmó esa resolución fue Alejandro Slokar, quien también expresó su preocupación ante la consulta de este diario. "Dinamitar gubernamentalmente las estructuras y los equipos orientados a la reparación de las víctimas de los crímenes de la dictadura, de modo de no facilitar el acceso a la verdad y así evitar la repetición de lo perpetrado, desatiende las exigencias internacionales y acarrea consecuencias. Tanto más desde la ejemplaridad argentina en este plano, cuyo reconocimiento nos ubica en un rango diferencial en la región y hasta el mundo", remarcó Slokar.

Preocupación entre fiscales y querellantes

La decisión de desarmar el área implica que quienes tengan que responder a los requerimientos de la Justicia serán las propias Fuerzas Armadas, muchas veces integradas por hijos, sobrinos o nietos de los imputados.

"Me preocupa que estas medidas puedan generar un obstáculo para avanzar con las investigaciones en curso", dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). "Los equipos que venían trabajando realizan un aporte importante y necesario en el relevamiento, análisis e interpretación de documentación histórica para los casos que aún hoy estamos investigando", añade.

"Los equipos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa vienen haciendo, desde hace años, un trabajo fundamental para las investigaciones por los crímenes contra la humanidad -suma Pablo Parenti, jefe de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)--. Para todos los fiscales, el aporte de estos equipos es una herramienta imprescindible para acceder a información, vincularla con distintas fuentes documentales y, a partir de eso, identificar autores, probar hechos, entender ciertas lógicas represivas. Son equipos que están integrados por personas altamente capacitadas y que fueron sostenidos, desde su creación, por todas las gestiones del Ministerio de Defensa. Sería un gran retroceso si se confirma la disolución".

Desde Tucumán, el fiscal Pablo Camuña destaca que el trabajo de los equipos fue muy importante para investigar el Operativo Independencia y el accionar del Destacamento 142. "En ambos casos fue un trabajo muy meticuloso sobre una cantidad de documentación gigantesca, que ayudó a fundamentar la acusación y después las sentencias", explica.

Lo mismo dice Mercedes Soiza Reilly, que integró las fiscalías que tanto en la ESMA como en Campo de Mayo lograron las condenas por vuelos de la muerte. "Sin el trabajo de los equipos de relevamiento sería imposible acceder al material secreto que documentó cómo funcionaron las estructuras de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado. No es solo una cuestión de acceso nada más, necesitamos especialistas que conserven, protejan, releven y analicen el caudal documental que aún hoy contiene información valiosa para los juicios. Si no fuera por el trabajo de las personas que conforman los equipos no habría sido posible probar el sistema de eliminación de prisioneros políticos mediante los vuelos de la muerte", afirma.

"Éste es otro golpe directo a una obligación del Estado", opina Pablo Llonto, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad. "Existe una obligación estatal de cumplir con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que implica que los países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad tienen la obligación de investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron estos crímenes. Desarmando estos equipos, dejándolos en mínima expresión, lo que hacen es poner obstáculos. Espero que la justicia actúe removiendo esos obstáculos", dice.

La abogada Guadalupe Godoy, también querellante en los juicios, recuerda que, cuando se reabrieron los juicios por crímenes durante la dictadura, había quienes decían que era como cazar en el zoológico. "Lo que esta pasando, y esto en particular nos muestra que, 20 años después, hay sectores activos del genocidio que intentan sostener su impunidad", asevera.

Diputados también en alerta

Desde el Congreso nacional, se pronunciaron Hugo Yasky y Myriam Bregman. "Destruir la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa es una variante de negacionismo que pone en peligro décadas de fortalecimiento del carácter democrático de las Fuerzas Armadas", tuiteó el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Bregman, por su parte, sostuvo: "Nuestra exigencia es la contraria a la decisión que toma Petri: que se le dé máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión".

Desde la Legislatura porteña también expresó su preocupación la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro y se puso a disposición de los trabajadores despedidos.

Obstaculizar es la tarea

"Esta decisión de cerrar los equipos de relevamiento pertenece a una serie de acciones del Ministerio de Defensa que implican una obstaculización directa al proceso de justicia y a la averiguación de la verdad y que está en línea con las posiciones que se conocieron del ministro Petri en estos días en su valoración sobre el rol de las Fuerzas Armadas en dictadura", denuncia Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) "Habiendo tomado esta decisión, lo que consideramos urgente y fundamental es que se tomen medidas de preservación de la documentación que ahora queda directamente a cargo de las Fuerzas Armadas, que están además bajo un Ministerio de Defensa en gran parte también militarizado", agrega Perelman.

Petri viene llevando adelante lo que desde los organismos de derechos humanos se percibe como una política regresiva. Sus principales funcionarios -como Pasqualini- son militares retirados. En los días previos a la conmemoración de los 48 años del último golpe de Estado, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas habían sido "demonizadas" por su accionar durante los años 70 y se fotografió junto a la activista pro-impunidad Cecilia Pando.

La política de restringir el acceso a los archivos ya había sido festejada en un editorial de La Nación. En la práctica, esto implicará dificultades para controlar los ascensos --tarea con la que cumple el CELS, por ejemplo, desde hace 30 años-- y los nombramientos de retirados tanto en Defensa como en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Desde el Ministerio de Defensa, tampoco hubo explicaciones ante el homenaje que le hicieron en el regimiento de Apóstoles a Horacio Losito, condenado a perpetua por crímenes contra la humanidad. La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) también comunicó que el Ejército había modificado sus protocolos para despedir con honores a los represores que mueran y no tengan sentencia firme. A esto se suma, la visita a la cárcel de Campo de Mayo de funcionarios de Petri para tomar nota de los reclamos de los represores que están ahí presos, revelada por este diario el domingo último.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular