La Opinión Popular
                  06:12  |  Domingo 15 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 30-03-2024 / 10:03
LOS ABOGADOS DE LOS GENOCIDAS FESTEJAN PORQUE DESMANTELÓ EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DE SU MINISTERIO

El radical Luis Petri: Ministro de Defensa de Terroristas de Estado

El radical Luis Petri: Ministro de Defensa de Terroristas de Estado
El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.
El titular de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área de la Dirección de Derechos Humanos de su ministerio, que colaboraba con la Justicia en la investigación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En sus 14 años de existencia produjo informes claves para las principales causas. Festejan los acusados por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés.
 
Ya no funcionarán los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos que habían sido creados en 2010 y aportaban a las causas por delitos de lesa humanidad. Anunciaron el despido de diez de los trece trabajadores que los integraban. Hay preocupación entre jueces, fiscales y querellantes.
 
La pelea por el botín después de cada secuestro. Los abusos sexuales a las prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La comisión que armó la Marina para borrar los rastros de sus crímenes. Los aviones que se usaron para tirar personas vivas al mar. Estos son algunos de los aportes que hicieron en los últimos trece años los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas.
 
El miércoles, al filo del fin de semana largo, funcionarios del Ministerio de Defensa -que responden al radical Luis Petri- anunciaron que dejarán sin efecto esa política y que despedirán a diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en el área.
 
Los equipos se crearon en 2010, cuando los juicios por crímenes contra la humanidad ya llevaban cuatro años reabiertos. Fue en respuesta al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Los ERyA funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
 
Desde su creación, los equipos produjeron más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y relevaron más de 17.000 legajos. Los principales interesados en su desmantelamiento son justamente quienes se sientan en el banquillo por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En la red social X, defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado festejaron la decisión de Petri.
 
Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis. La decisión de desmantelar el área provino -según el gremio- de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Pasqualini fue el jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí, fogoneó actos por la "memoria completa". Está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés -condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.
 
El director nacional de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes y el asesor legal Jerónimo Perés Vieyra fueron quienes comunicaron la decisión de derogar todas las resoluciones que rigen el accionar de los equipos y de despedir al grueso de sus integrantes. 
 

 
Erbes fue quien visitó a genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo semanas atrás en una situación insólita para un área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Según pudo reconstruir este diario, no se reunió únicamente con militares sino también con policías que están condenados por crímenes contra la humanidad.
 
La decisión de desmantelar el área generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina. Después de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, le envió un oficio a Petri para que tenga "a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa".
 
Palazzani invocó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de lo que surge en los juicios. Uno de los camaristas que firmó esa resolución fue Alejandro Slokar, quien también expresó su preocupación ante la consulta de este diario. "Dinamitar gubernamentalmente las estructuras y los equipos orientados a la reparación de las víctimas de los crímenes de la dictadura, de modo de no facilitar el acceso a la verdad y así evitar la repetición de lo perpetrado, desatiende las exigencias internacionales y acarrea consecuencias. Tanto más desde la ejemplaridad argentina en este plano, cuyo reconocimiento nos ubica en un rango diferencial en la región y hasta el mundo", remarcó Slokar.
 
 
Preocupación entre fiscales y querellantes
  
La decisión de desarmar el área implica que quienes tengan que responder a los requerimientos de la Justicia serán las propias Fuerzas Armadas, muchas veces integradas por hijos, sobrinos o nietos de los imputados.
 
"Me preocupa que estas medidas puedan generar un obstáculo para avanzar con las investigaciones en curso", dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). "Los equipos que venían trabajando realizan un aporte importante y necesario en el relevamiento, análisis e interpretación de documentación histórica para los casos que aún hoy estamos investigando", añade.
 
"Los equipos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa vienen haciendo, desde hace años, un trabajo fundamental para las investigaciones por los crímenes contra la humanidad -suma Pablo Parenti, jefe de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)--. Para todos los fiscales, el aporte de estos equipos es una herramienta imprescindible para acceder a información, vincularla con distintas fuentes documentales y, a partir de eso, identificar autores, probar hechos, entender ciertas lógicas represivas. Son equipos que están integrados por personas altamente capacitadas y que fueron sostenidos, desde su creación, por todas las gestiones del Ministerio de Defensa. Sería un gran retroceso si se confirma la disolución".
 
Desde Tucumán, el fiscal Pablo Camuña destaca que el trabajo de los equipos fue muy importante para investigar el Operativo Independencia y el accionar del Destacamento 142. "En ambos casos fue un trabajo muy meticuloso sobre una cantidad de documentación gigantesca, que ayudó a fundamentar la acusación y después las sentencias", explica.
 
Lo mismo dice Mercedes Soiza Reilly, que integró las fiscalías que tanto en la ESMA como en Campo de Mayo lograron las condenas por vuelos de la muerte. "Sin el trabajo de los equipos de relevamiento sería imposible acceder al material secreto que documentó cómo funcionaron las estructuras de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado. No es solo una cuestión de acceso nada más, necesitamos especialistas que conserven, protejan, releven y analicen el caudal documental que aún hoy contiene información valiosa para los juicios. Si no fuera por el trabajo de las personas que conforman los equipos no habría sido posible probar el sistema de eliminación de prisioneros políticos mediante los vuelos de la muerte", afirma.
 
"Éste es otro golpe directo a una obligación del Estado", opina Pablo Llonto, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad. "Existe una obligación estatal de cumplir con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que implica que los países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad tienen la obligación de investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron estos crímenes. Desarmando estos equipos, dejándolos en mínima expresión, lo que hacen es poner obstáculos. Espero que la justicia actúe removiendo esos obstáculos", dice.
 
La abogada Guadalupe Godoy, también querellante en los juicios, recuerda que, cuando se reabrieron los juicios por crímenes durante la dictadura, había quienes decían que era como cazar en el zoológico. "Lo que esta pasando, y esto en particular nos muestra que, 20 años después, hay sectores activos del genocidio que intentan sostener su impunidad", asevera.
 
 
Diputados también en alerta
  
Desde el Congreso nacional, se pronunciaron Hugo Yasky y Myriam Bregman. "Destruir la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa es una variante de negacionismo que pone en peligro décadas de fortalecimiento del carácter democrático de las Fuerzas Armadas", tuiteó el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
 
Bregman, por su parte, sostuvo: "Nuestra exigencia es la contraria a la decisión que toma Petri: que se le dé máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión".
 
Desde la Legislatura porteña también expresó su preocupación la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro y se puso a disposición de los trabajadores despedidos.
 
 
Obstaculizar es la tarea
  
"Esta decisión de cerrar los equipos de relevamiento pertenece a una serie de acciones del Ministerio de Defensa que implican una obstaculización directa al proceso de justicia y a la averiguación de la verdad y que está en línea con las posiciones que se conocieron del ministro Petri en estos días en su valoración sobre el rol de las Fuerzas Armadas en dictadura", denuncia Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) "Habiendo tomado esta decisión, lo que consideramos urgente y fundamental es que se tomen medidas de preservación de la documentación que ahora queda directamente a cargo de las Fuerzas Armadas, que están además bajo un Ministerio de Defensa en gran parte también militarizado", agrega Perelman.
 
Petri viene llevando adelante lo que desde los organismos de derechos humanos se percibe como una política regresiva. Sus principales funcionarios -como Pasqualini- son militares retirados. En los días previos a la conmemoración de los 48 años del último golpe de Estado, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas habían sido "demonizadas" por su accionar durante los años 70 y se fotografió junto a la activista pro-impunidad Cecilia Pando.
 
La política de restringir el acceso a los archivos ya había sido festejada en un editorial de La Nación. En la práctica, esto implicará dificultades para controlar los ascensos --tarea con la que cumple el CELS, por ejemplo, desde hace 30 años-- y los nombramientos de retirados tanto en Defensa como en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Desde el Ministerio de Defensa, tampoco hubo explicaciones ante el homenaje que le hicieron en el regimiento de Apóstoles a Horacio Losito, condenado a perpetua por crímenes contra la humanidad. La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) también comunicó que el Ejército había modificado sus protocolos para despedir con honores a los represores que mueran y no tengan sentencia firme. A esto se suma, la visita a la cárcel de Campo de Mayo de funcionarios de Petri para tomar nota de los reclamos de los represores que están ahí presos, revelada por este diario el domingo último.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

Agreganos como amigo a Facebook
14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

13-02-2026 / 10:02
Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.
 
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
 
Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.
 
"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.
 
Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.
 
El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.
 
Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.
 
Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.
 
La Opinión Popular
 

12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar