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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 24-03-2024 / 08:03
MILEI, LA DESTRUCCIÓN DE LA CLASE MEDIA Y EL NUNCA MÁS

Nos vemos en la plaza: A 48 años del golpe en el contexto de un gobierno que niega, justifica o exalta los crímenes de lesa humanidad

Nos vemos en la plaza: A 48 años del golpe en el contexto de un gobierno que niega, justifica o exalta los crímenes de lesa humanidad
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a 48 años del golpe de Estado de 1976, los organismos de derechos humanos desplegarán una movilización masiva hacia la Casa Rosada en medio de un contexto complejo con un gobierno que no reconoce el terrorismo de Estado. Fuerzas políticas, organizaciones sindicales y gremios de la oposición se plegarán al reclamo de memoria, verdad y justicia para las víctimas en una jornada en la que habrá un sinfín de protestas contra la administración neoliberal de Javier Milei.
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

El resultado de las políticas que quiere implementar este gobierno es que Argentina termine siendo, en forma permanente, un país sin clase media. El destino latinoamericano: cuentas ordenadas y progreso macroeconómico al servicio del 10 por ciento de la población. Salarios bajos sostenidos por desempleo crónico y alta informalidad. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Ir a fondo en el cambio irreversible de la matriz económica que comenzó la dictadura. Completar la tarea de Videla y Martínez de Hoz.
 
Esta semana, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, explicó que a fines de 2015 el salario de ingreso de un trabajador en la rama siderúrgica estaba por encima de los 2000 dólares y hoy apenas supera los 300 dólares. La diferencia no se esfumó: pasó del bolsillo del trabajador a engrosar las ganancias de la empresa. Si Milei tiene éxito, esa debacle nunca va a recuperarse. Es la historia del último medio siglo: de un país de clase media a un país con clase media a un país sin clase media.
 
Así como la primera parte de esa operación no pudo realizarse sin un plan represivo que quebró el espíritu de la sociedad argentina y diezmó a dos generaciones, los ejecutores de la etapa actual deberán hacer lo propio.
 
La reescritura de la historia reciente que ensaya este gobierno, bajo la conducción intelectual de la vicepresidenta Villarruel, es una maniobra necesaria para habilitar, ante la opinión pública, el regreso de cuadros provenientes de las fuerzas armadas a resortes clave en áreas sensibles de la administración.
 
Con la articulación del silencioso jefe de Gabinete Nicolás Posse aparecen figuras como Jorge Antelo, exbrigadier de la Fuerza Aérea, en la Secretaría de Estrategia Nacional. Además, por primera vez desde 1983, se incorporaron militares en lugares clave de la AFI, como la secretaría de Producción de Inteligencia, la de Planificación de Inteligencia Nacional y la dirección de Contrainteligencia. Todos responden a Posse, que en sus primeros cien días en el cargo tuvo dos reuniones con el jefe de la CIA, William Burns.
 
En el mismo sentido, no es casual que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa y Cosplay, Luis Petri, eligieran las vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado para anunciar un paquete de leyes que habilitaría a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior "en tareas como patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos". Además, "sus acciones no van a ser punibles".
 
Además, anunciaron una ley "anti mafias" según la cual "aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena, ella no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa".
 
Aunque se plantea como una herramienta en la lucha contra el narco, si esta ley se aprueba las autoridades van a poder perseguir (usando a las Fuerzas Armadas) a todo miembro de cualquier organización que etiqueten como "terrorista".
 
Si desde el gobierno se pone el mote de terrorista a todas las víctimas de la represión ilegal en los 70s, cuando secuestraron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a estudiantes, docentes, científicos, artistas, militantes de base, curas villeros, dirigentes sindicales y políticos que nunca utilizaron un arma ni ejercieron violencia, ¿Qué garantías existen de que no vayan a hacer lo mismo ahora? Mejor dicho: ¿para qué reescriben la historia si no es para volver a acceder a aquello que estuvo vedado durante cuarenta años?
 
Sin embargo, por más que quieran pervertir la memoria colectiva, los hechos son, como suele decirse, sagrados. Y es un hecho que la Argentina, hasta marzo de 1976, incluso después de haber pasado dos décadas sin democracia plena, con bombardeos, con fusilamientos, con proscripción, alternando gobiernos militares con gobiernos civiles bajo tutela militar, era un país con menos del cinco por ciento de pobres. Argentina era un país de clase media. Y que cuando terminó la última dictadura, eso ya no existía.
 
Y también es un hecho que en ningún momento de los 40 años de democracia supimos reconstruir esa matriz productiva, económica y social que nos caracterizaba. Ni siquiera durante los 12 años de kirchnerismo estuvimos cerca. Y no hablo sólo de cuestiones materiales sino también de horizontes de posibilidad que se desprenden de ellas. Sólo un país en el que la enorme mayoría de la población tiene las necesidades básicas satisfechas puede proyectarse hacia el futuro. Argentina es un país con poco pasado y poco futuro.
 
40 años de deudas sin saldar (hoy, con la democracia, muchos argentinos no comen, ni se curan, ni se educan) fueron el caldo de cultivo que permitió que creciera el monstruo que enfrentamos ahora, parido desde las entrañas de una profunda insatisfacción con el estado de las cosas, materiales y de las otras.
 
Argentina, que después del 45 se había constituido como un país de clase media se convirtió, tras la dictadura, en otro muy distinto, donde se naturalizó que entre un cuarto y cuatro de cada diez argentinos vivan en la pobreza.
 
Ahora vienen por lo que nos queda. Y si no entendemos esto, va a ser muy difícil evitarlo. La lección que nos dejaron estos 40 valiosísimos años de democracia, la tarea que tienen por delante y que deberán interpretar y ejecutar quienes tomen la posta cuando este experimento horroroso termine, es que si sólo nos conformamos con gestionar lo que deje este gobierno estaremos condenados al fracaso. Que es necesario transformar la realidad con la misma potencia que ellos se proponen cambiarla, pero en sentido contrario.
 
Ojo: no se trata de caer en la trampa de pararse, una vez más, sobre el pedestal del mito de la refundación. Esa es una trampa que nos condena a volver a empezar una y otra vez la misma tarea. Se trata de reconstruir sobre los cimientos que la Argentina conoce muy bien, porque supo ser un país potente, un país solvente, un país sin pobres. Cuando este experimento termine es imprescindible tener un plan para volver a ser un país sin pobres. Eso, y no otra cosa, es la justicia social.
 
Si ya interiorizamos que la dictadura no fue una dictadura militar, sino una dictadura militar y empresarial y civil con un fin económico, como se sabía desde el primer día, y como dejó por escrito Walsh en su carta, entonces tenemos que entender que Nunca Más es Nunca Más a la violencia política, Nunca Más al terrorismo de Estado, pero también tiene que ser Nunca Más a vivir en un país que normaliza tener un cuarto, un tercio o la mitad de su población excluida de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Nunca Más.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 
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09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
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