18:36 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 20-03-2024 / 10:03

PRESIDENTE DEL BLOQUE DE SENADORES PROVINCIALES DE MÁS PARA ENTRE RÍOS

Martín Oliva respondió a las falsas acusaciones sobre la connivencia de empresas con el peronismo

El presidente del bloque Más para Entre Ríos, el senador Martín Oliva, por su parte, le respondió a la diputada que días pasados acusó al peronismo de “retrasar” el tratamiento de la ley de emergencia en obra pública como “ardid” para favorecer a empresas constructoras.

Durante la sesión en la que se aprobó la ley de emergencia en materia de obra pública, senadores del Bloque Más para Entre Ríos reclamaron más información para debatir las normas que envía el Poder Ejecutivo e instaron a reclamar los fondos que Nación le debe a Entre Ríos. También hubo réplica a las acusaciones de una diputada del oficialismo.

El presidente del bloque Más para Entre Ríos, el senador Martín Oliva, por su parte, entendió que el Poder Ejecutivo deberá reclamar con mayor firmeza los fondos que el gobierno nacional le debe a la provincia.

Y le respondió a la diputada que días pasados acusó al peronismo de "retrasar" el tratamiento de la ley de emergencia en obra pública como "ardid" para favorecer a empresas constructoras.

"No puedo dejar pasar estas afirmaciones. Como intendente de Concepción del Uruguay se gestionaron y realizaron obras junto al gobierno provincial a través de licitaciones públicas transparentes. Al igual que lo hicieron otros intendentes de mi signo político y de otros partidos", replicó.

Y agregó que las contrataciones directas que solicita el Poder Ejecutivo en las leyes de emergencia no sólo no permiten la libre competencia, sino que implica grandes limitaciones de control de los organismos.

"Como gesto de madurez política hemos acompañado los proyectos elevados por el Poder Ejecutivo, por eso no podemos dejar pasar afirmaciones de estas características. No hice ningún negocio con las empresas", replicó.

Hizo alusión a los conceptos del escritor y docente Martín Kohan para mencionar que en este tiempo "la crueldad está de moda". "No quiero que esto pase en mi provincia".

Finamente, volvió a respaldar a la senadora Patricia Díaz como presidente del Jurado de Enjuiciamiento. "Respetamos las opiniones pero ratificamos nuestra posición como bloque".

El senador Victor Sanzberro cuestionó la "escueta y abreviada justificación de esta declaración en emergencia, porque el proyecto omite un aspecto que resulta central, cuáles son los contratos de obra que están afectados por esta declaración de la emergencia".

"Necesitábamos contar con una nómina detallada de las obras, su estado de ejecución y fuentes de financiamientos, entre otros elementos", señaló el senador por el departamento Victoria.

Sanzberro hizo referencia además a la "metodología de tratamiento acelerado" de diversas leyes, como la emergencia educativa y descreyó de la utilidad de esa norma para resolver los problemas edilicios previos al inicio del ciclo lectivo. Si destacó el método de contratación directa que habilita la ley, descartando el mecanismo de licitación pública.

"Este tratamiento express me parece que ya no debiera tener lugar, y no es por no brindar las herramientas que el Poder Ejecutivo necesita, sino hacerlo con responsabilidad", relató.

Sanzberro destacó además que el Poder Ejecutivo podría haber utilizado el endeudamiento autorizado en el Presupuesto 2024 para sanear algunas situaciones y no llegar a la necesidad de solicitar una ley de emergencia. "Por diciembre o enero el tratamiento de este tema bien pudo ser distinto", refirió.

"La sanción de esta norma le va a dar al gobierno la posibilidad de reutilizar fondos afectados ganar un poco de tiempo. Sería una buena práctica compatible con la transparencia conocer el plan del gobierno en material de obra pública, qué situaciones se van a revisar y que se va a continuar", expresó el legislador.

"A nuestros recursos hay que reclamarlos. Hay que reclamar lo que nos corresponde. Cambiar el enfoque, no alinearnos tan vehementes con las acciones del gobierno nacional que no son buenas para la provincia", puntualizó.

Fuente: Prensa PJ Entre Ríos

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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