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Entre Ríos - 20-03-2024 / 10:03
PRESIDENTE DEL BLOQUE DE SENADORES PROVINCIALES DE MÁS PARA ENTRE RÍOS

Martín Oliva respondió a las falsas acusaciones sobre la connivencia de empresas con el peronismo

Martín Oliva respondió a las falsas acusaciones sobre la connivencia de empresas con el peronismo
El presidente del bloque Más para Entre Ríos, el senador Martín Oliva, por su parte, le respondió a la diputada que días pasados acusó al peronismo de “retrasar” el tratamiento de la ley de emergencia en obra pública como “ardid” para favorecer a empresas constructoras.
 
Durante la sesión en la que se aprobó la ley de emergencia en materia de obra pública, senadores del Bloque Más para Entre Ríos reclamaron más información para debatir las normas que envía el Poder Ejecutivo e instaron a reclamar los fondos que Nación le debe a Entre Ríos. También hubo réplica a las acusaciones de una diputada del oficialismo.
 
El presidente del bloque Más para Entre Ríos, el senador Martín Oliva, por su parte, entendió que el Poder Ejecutivo deberá reclamar con mayor firmeza los fondos que el gobierno nacional le debe a la provincia.
 
Y le respondió a la diputada que días pasados acusó al peronismo de "retrasar" el tratamiento de la ley de emergencia en obra pública como "ardid" para favorecer a empresas constructoras.
 
"No puedo dejar pasar estas afirmaciones. Como intendente de Concepción del Uruguay se gestionaron y realizaron obras junto al gobierno provincial a través de licitaciones públicas transparentes. Al igual que lo hicieron otros intendentes de mi signo político y de otros partidos", replicó.
 
Y agregó que las contrataciones directas que solicita el Poder Ejecutivo en las leyes de emergencia no sólo no permiten la libre competencia, sino que implica grandes limitaciones de control de los organismos.
 
"Como gesto de madurez política hemos acompañado los proyectos elevados por el Poder Ejecutivo, por eso no podemos dejar pasar afirmaciones de estas características. No hice ningún negocio con las empresas", replicó.
 
Hizo alusión a los conceptos del escritor y docente Martín Kohan para mencionar que en este tiempo "la crueldad está de moda". "No quiero que esto pase en mi provincia".
 
Finamente, volvió a respaldar a la senadora Patricia Díaz como presidente del Jurado de Enjuiciamiento. "Respetamos las opiniones pero ratificamos nuestra posición como bloque".
 
 
El senador Victor Sanzberro cuestionó la "escueta y abreviada justificación de esta declaración en emergencia, porque el proyecto omite un aspecto que resulta central, cuáles son los contratos de obra que están afectados por esta declaración de la emergencia".
 
"Necesitábamos contar con una nómina detallada de las obras, su estado de ejecución y fuentes de financiamientos, entre otros elementos", señaló el senador por el departamento Victoria.
 
Sanzberro hizo referencia además a la "metodología de tratamiento acelerado" de diversas leyes, como la emergencia educativa y descreyó de la utilidad de esa norma para resolver los problemas edilicios previos al inicio del ciclo lectivo. Si destacó el método de contratación directa que habilita la ley, descartando el mecanismo de licitación pública.
 
"Este tratamiento express me parece que ya no debiera tener lugar, y no es por no brindar las herramientas que el Poder Ejecutivo necesita, sino hacerlo con responsabilidad", relató.
 
Sanzberro destacó además que el Poder Ejecutivo podría haber utilizado el endeudamiento autorizado en el Presupuesto 2024 para sanear algunas situaciones y no llegar a la necesidad de solicitar una ley de emergencia. "Por diciembre o enero el tratamiento de este tema bien pudo ser distinto", refirió.
 
"La sanción de esta norma le va a dar al gobierno la posibilidad de reutilizar fondos afectados ganar un poco de tiempo. Sería una buena práctica compatible con la transparencia conocer el plan del gobierno en material de obra pública, qué situaciones se van a revisar y que se va a continuar", expresó el legislador.
 
"A nuestros recursos hay que reclamarlos. Hay que reclamar lo que nos corresponde. Cambiar el enfoque, no alinearnos tan vehementes con las acciones del gobierno nacional que no son buenas para la provincia", puntualizó.
 
Fuente: Prensa PJ Entre Ríos
 
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Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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