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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 13-03-2024 / 10:03
EL 13,2% DE INFLACIÓN DE FEBRERO SIGUE SIENDO SUPERIOR AL PEOR REGISTRO DEL FDT, Y EN TRES MESES ACUMULAN 72% DE INCREMENTO EN LOS PRECIOS

¿Qué festeja el Loco Milei, los grandes numerazos de su economía anarco capitalista?

¿Qué festeja el Loco Milei, los grandes numerazos de su economía anarco capitalista?
El 13,2% de inflación de febrero, del gobierno de Javier "el Loco" Milei sigue siendo superior al peor registro del Frente de Todos, y en tres meses el Gobierno anarco capitalista acumula 72% de incremento en los precios. Mientras tanto, la economía real se desploma: la canasta básica roza los $700.000, la actividad económica cayó 4,5% en diciembre, la industria 12,4% en enero, y el salario lleva 18% de caída en el primer bimestre. Marzo seguramente volverá a dejar un registro más alto de suba de precios.
Javier "el Loco" Milei festejó el dato del 13,2% de inflación de febrero: "El trabajo de Caputo es formidable", fruteó. El 13,2% sigue siendo superior al peor registro del Frente de Todos, y en tres meses el Gobierno anarco capitalista acumula 72% de incremento en los precios. Mientras tanto, la economía real se desploma: la canasta básica roza los $700.000, la actividad económica cayó 4,5% en diciembre, la industria 12,4% en enero, y el salario lleva 18% de caída en el primer bimestre. Marzo seguramente volverá a dejar un registro más alto de precios.

Y en los primeros tres meses de gobierno libertario, la pobreza trepó al 57,4 por ciento, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Para el presidente Javier Milei este último dato sería "un dibujo". Sin embargo, las estadísticas y las góndolas no mienten. ¿Qué festeja el gobierno de Milei?

La inflación de diciembre, enero y febrero superó el 70 por ciento, y se agrava en el rubro alimentos, donde algunos productos básicos como el arroz, tuvieron en el último año un aumento del 1000 por ciento. Los alimentos en general tuvieron una suba interanual de entre un 316 y 330 por ciento (de enero 2023 a enero 2024), lo que explica aquellos números de la pobreza que el gobierno libertario intenta minimizar. En tres meses de mandato, Milei tuvo más inflación que el peronismo en todo 2020 y todo 2021. Y no se entiende qué festejan.
 
La decisión de abrir las importaciones de productos alimenticios, está expresando el malestar con los empresarios de esa industria, así como con los dueños de los grandes supermercados, que se niegan a bajar los precios de los productos de la canasta alimentaria, a pesar que reconocen que "se les fue la mano" con los aumentos en los últimos meses.
 
El ministro de Economía, Luis "Toto"  Caputo, se reunió con representantes de las empresas más importantes de alimentos y consumo masivo del país (Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas; Establecimiento Las Marías, Arcor, Mondelez, Mastellone, Unilever; Nestlé, entre otras). Aunque la calificó de "excelente reunión", plena de "coincidencias", no logró un compromiso de reducción de precios.
 
Estas cifras han impactado fuerte en el consumo de las familias, que han dejado de comprar e incluso reducen las cuatro comidas diarias. La pérdida en la capacidad de compra se agrava en los sectores de menores ingresos, porque son los que destinan mayor porcentaje a alimentos. Los supermercados registran una baja importante en sus ventas, así como los comercios minoristas y de cercanía, pero aún así, los precios no bajan.
 
La lógica del "libre mercado" pregonada por Milei, con la eliminación de todo tipo de regulaciones, no está funcionando. De hecho, la eximición para las empresas alimenticias de informar la incidencia de los costos de producción en el precio de sus productos, liberó a estos formadores de precios, que se largaron a una carrera desenfrenada que perjudica al público consumidor.
 
En el trimestre noviembre-diciembre 2023-enero 2024, los salarios tuvieron una caída real superior al 20 por ciento. Al combo le falta la chispa más explosiva: la merma en la actividad económica incrementará a niveles insostenibles el desempleo. Una sociedad empobrecida y sin trabajo, a la que además se le retira toda asistencia del Estado, es un camino que conducirá inevitablemente a un clima de altísima conflictividad social, peor que el 2001.
 
La Opinión Popular

La dolorosa crisis económica que castiga los bolsillos de la mayoría de los argentinos no cesa de intensificarse. El índice de inflación de febrero volvió a marcar un altísimo registro, superior al de cualquier medición mensual del ciclo del Frente de Todos. Los precios treparon un 13,2% el mes pasado, llevando la inflación acumulada en lo que va de la gestión de LLA casi al 72%. En tres meses de mandato, el economista tuvo más inflación que el peronismo en todo 2020 y todo 2021. Por otro lado, la disparada de alimentos en la primera semana de marzo, y los aumentos que aún no se ejecutaron en tarifas, amenazan con un nuevo rebote del IPC para marzo.
 
Mientras tanto, el presidente y su Gobierno navegan en una realidad paralela en la cual festejan no solo la "desaceleración" de la inflación, sino también el desplome de la economía real por efecto de su plan motosierra. Su euforia contrasta con el sufrimiento de la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, que pierden poder adquisitivo día a día, que necesitan $700.000 por mes para que su familia no caiga en la pobreza y que comienzan a padecer el peor punto de llegada de la crisis, el aumento del desempleo.
 
La disparada inflacionaria fue el gran talón de Aquiles del gobierno del Frente de Todos. En los 12 meses que fueron desde diciembre del 2022 a noviembre del 2023, cuando Milei ganó las elecciones, el promedio mensual del IPC estuvo en el 8,3%. El trimestre que lleva la gestión de libertaria, considerando el descenso del índice de febrero, registra un promedio mensual de 19,75%. Un nivel de inflación demoledor por sí mismo para los bolsillos de la población, mucho más si se lo contrasta con los aumentos salariales a la baja.
 
En enero, el incremento de los salarios de los trabajadores registrados fue del 14,7%, volviendo a perder contra una inflación que alcanzó el 20,6%. Sumada a la caída de diciembre, el atraso de los ingresos frente a la inflación fue de un 18% en tan solo dos meses, una pérdida del poder adquisitivo del salario inédita en su volumen para un período tan corto de tiempo.
 
El dato más contundente para graficar la distancia entre precios y salarios es el aumento de la canasta básica total, el conjunto bienes y servicios que se considera necesario para no caer en la línea de la pobreza. Mientras que en enero el salario bruto promedio fue de $555.269 para los trabajadores registrados, la canasta básica de febrero para una familia de cuatro integrantes se ubicó en los $690.902. El incremento de la canasta básica entre enero y febrero fue del 15,8%, por encima del IPC general que hoy el Gobierno festeja. En lo que va del año, la suba total fue de 39,4%.
 
La "desaceleración" del aumento de precios que Milei y Caputo celebran tiene una contracara sombría. El 13,2% de inflación febrero, que siguió al 20,6% de enero y al 25,5% de diciembre tiene su única raíz en un fenomenal desplome de la actividad económica y del consumo. Al festejar el dato que se conoció esta tarde, el presidente y su ministro de Economía están festejando una caída tan estrepitosa de la producción argentina como la que se vivió durante la cuarentena.
 
Los últimos datos publicados por el Indec correspondientes al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), arrojaron un panorama desolador para el mes de diciembre, que se profundizarán cuando se conozcan los de los primeros meses del año. La economía cayó en el mes de asunción del nuevo Gobierno un 4,5% en relación a diciembre del 2022.
 
Hilando fino, gran parte de esa caída económica corresponde a la gestión Milei: de esa contracción total de 4,5 puntos en todo 2023, 3,1 puntos se perdieron en diciembre con respecto a noviembre del año pasado. Es decir, un 70% de la caída de la actividad económica del 2023 se dio en diciembre bajo las políticas de Milei y Caputo.
 
Datos más recientes por ramas ensombrecen aún más el panorama. La semana pasada el Indec publicó su índice de producción industrial manufacturero, el registro que mide la actividad de la industria argentina. Enero contra enero, la caída de la industria fue de 12,4%, con un retroceso de 1,3% con respecto a diciembre.
 
Los 9 rubros de la actividad industrial mostraron caídas, producto de la recesión impulsada por el Gobierno. La fabricación de equipos y aparatos electrónicos cayó un 32%; los muebles y afines un 24,6%; los productos de metal y maquinarias un 24,9%; la producción de minerales no metálicos se contrajo un 17,8%; la de productos textiles, cueros y calzados, un 12,7%; la refinación de petróleo y químicos cayó 10,1%; la industria automotriz y de motos se contrajo un 9,8%; la de la madera, el papel y la impresión, un 7,9%; y hasta la producción de alimentos y bebidas cayó 6,1%.
 
Otro dato enero refleja el impactante parate económico. La construcción suele tomarse como un termómetro de la marcha de la economía, ya que es la actividad que más rápidamente refleja un aumento o una caída en las inversiones. La construcción se contrajo un 10,2% solamente en enero, y acumuló una caída interanual con respecto a enero del 2023 de 21,7%. Todos los insumos de esta rama de la economía cayeron significativamente, con un pico abrumador de  -61,9% en la producción de asfalto, -38,6% en hierro y acero, -28,6% en hormigón elaborado, -19,9% en cemento y -18,1% en ladrillos huecos.
 
Lo más desolador de este recorrido descendente de la economía argentina tiene que ver con el inevitable aumento del desempleo que ya está generando. La construcción vuelve a ser un indicador termómetro: en enero la pérdida de puestos de trabajo registrados se incrementó en un 3,2% solo en el sector privado. A eso hay que agregarle la enorme sangría que significa la suspensión total de la obra pública por parte del Gobierno nacional.
 
 
¿Qué festeja el gobierno?
  
Esta catarata de "numerazos" de la economía Milei obliga una pregunta: ¿Qué festeja el Gobierno? La inflación se mantiene altísima y la consultora LCG ya informó una suba en los alimentos del 3,7% sólo en la primera semana se marzo, marcando un rebote del 1,7% de la última semana de febrero. Además, aún no impactan los aumentos plenos en tarifas de servicios, que el Gobierno demora para intentar forzar una desaceleración inflacionaria incompatible con la desregulación brutal de la economía que implementó. Marzo seguramente volverá a dejar un registro altísimo del alza de los precios.
 
Pero independientemente de eso, el dato crudo de la realidad es la brutal recesión económica en la que se está sumiendo al país. Los últimos años del gobierno del Frente de Todos dejaron una inflación creciente, que limó el poder adquisitivo de los salarios, pero también unos niveles de actividad económica y empleo que distan años luz de la realidad actual. Hoy la Argentina se sumerge en el peor de los mundos: la inflación más alta de las últimas décadas, la peor recesión económica de las últimas décadas, y la peor depresión del salario incluso comparada con la salida de la convertibilidad.
 
  
Marzo seguramente volverá a dejar un registro altísimo del alza de precios
 
El combo explosivo es un reguero de pólvora al que le falta la chispa más explosiva: es cuestión de tiempo para que la merma en la actividad económica incremente a niveles insostenibles el desempleo. Una sociedad empobrecida y sin trabajo, a la que además se le retira toda asistencia del Estado, es un camino que de no mediar alguna rectificación del rumbo, conducirá inevitablemente a un clima de altísima conflictividad social.
 
El presidente se vendió en campaña como "experto en crecimiento, con o sin dinero". El candidato resultó altamente efectivo. El gobernante va conduciendo al país a una crisis comparable a la del 2001. No se entiende qué festejan.
 
Por Nicolás Baccaro
 
Fuente: diagonales.com
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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