22:15 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 12-03-2024 / 07:03

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Patricia Bullrich prometió saturar Rosario con fuerzas federales pero desembarcó con apenas 450 agentes

Ante los graves homicidios cometidos por bandas ligadas al narcotráfico, el gobierno nacional anunció el envío de más agentes de fuerzas federales y el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. En medio del debate sobre cómo gestiona su promocionada “guerra” contra los narcos, Bullrich anunció el operativo nacional de “saturación” con solo 450 efectivos, lo que fue recibido con escepticismo en Rosario, donde la prevención en un partido de fútbol supera a veces los mil. También aseguran que la ministra desprotegió la ciudad, paralizada ahora por el terror, para sostener el “protocolo” en CABA. Los anuncios fueron cuestionados por la escalada discursiva y por la inclusión de la policía provincial, que es considerada parte del problema.

La ministra de Seguridad del gobierno anarco capitalista, Patricia "Pato" Bullrich, cometió un grave error. Hace menos de 10 días convocó a la prensa para mostrar orgullosa que los homicidios en Rosario habían disminuido un 57% con respecto al año pasado. Durante varios minutos ponderó los resultados del llamado "Operativo Bandera". El plan consistió en saturar esa ciudad de fuerzas federales para frenar la violencia. Pero en menos de una semana, los narcos le dieron un cachetazo de realidad. Asesinaron a taxistas, a un chofer de colectivo y al trabajador de una estación de servicio.

Ahora "Pato" volvió a Rosario junto a su par de Defensa, Luis Petri, y altos mandos militares y de las fuerzas federales para fortalecer el Comité de Crisis luego de los ataques narco contra inocentes que se cobró la vida de dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio. Los funcionario nacionales junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciaron la llegada de solo 450 efectivos de fuerzas federales para combatir el narco terrorismo que paralizó a la ciudad luego de que las bandas amenazaran con seguir matando inocentes al voleo en respuesta a las condiciones y controles a las que son sometidos sus integrantes en las cárceles provinciales.

En ese sentido, Bullrich detalló que serán 450 nuevos agentes federales los que patrullarán en cuatro barrios calientes por la pelea entre bandas que se disputan el territorio. Además, confirmó que las Fuerzas Armadas aportarán ayuda logística con equipos de comunicaciones y vehículos. Fuentes castrenses explicaron de manera clara y concisa las tareas que realizarán los integrantes de las Fuerzas Armadas designadas en la ciudad: "vamos a colaborar con lo que permite la ley", por lo cual, proveerán de ingenieros en comunicaciones, entre el limitado accionar que ofrecerán.

Con ello, la ministra pretende saturar Rosario de cinco de la tarde a siete de la mañana y señalo que "estamos trabajando en un nuevo diseño más fuerte, más a fondo para lograr el encerramiento de los narcocriminales", en relación al Plan Bandera que anunció con bombos y platillos a principio de año pero, por el protocolo antipiquete en Capital Federal, redujo considerablemente el número de efectivos en Rosario. Ahora, prometió reforzar las patrullas que están dispersas en cuatro barrios de la ciudad.

Por otro lado, anticipó que va a enviar al Congreso una Ley Antibanda, una especie de Ley Rico, como tiene EEUU donde los integrantes de un grupo narco obtendrán la misma pena por el hecho de formar parte de la misma estructura. "Estamos enviando al Congreso de la Nación la Ley Antibanda que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado", dijo.

Lo de Rosario es muy grave. El terror está paralizando la ciudad. Ayer no hubo clases, desde la semana pasada que no hay servicio nocturno de taxis ni de colectivos por los crímenes que sufrieron los trabajadores del sector. El domingo las estaciones de servicio dejaron de vender combustible y también se suspendió la recolección de residuos.

La Opinión Popular

Pablo Javkin, Luis Petri, Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro compartieron el anuncio de las medidas.

EL GOBIERNO PRESENTÓ EL COMITÉ DE CRISIS PARA ROSARIO

Más uniformes, la receta única de Patricia Bullrich

En medio de la polémica sobre si la ola de asesinatos en Rosario fue resultado de la idea de hacerse los Bukele, difundiendo fotos de una requisa a los presos peligrosos como si el tema narco tuviera el mismo manejo que un Tik Tok, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, pusieron en marcha junto al gobernador Maximiliano Pullaro el Comité de Crisis en Rosario.

Las medidas principales anunciadas para frenar los homicidios -gravísimos, ya que en una semana sicarios mataron a cuatro personas elegidas al azar- son el envío de fuerzas federales para saturar las calles y la confirmación de que las Fuerzas Armadas darán apoyo logístico.

Bullrich, que en simultáneo removió a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, aseguró además que el Gobierno "trabajará fuerte" contra el lavado de dinero y en el control de armas. Y apeló a escalar, finalmente, lo discursivo: pidió que la Justicia aplique la ley antiterrorista a los detenidos por narcotráfico.

En Rosario, sin embargo, le facturan haber dejado a la ciudad desprotegida, al trasladar efectivos que patrullaban la ciudad y mandarlos a Buenos Aires para armar sus protocolos contra las manifestaciones. Otra crítica repetida es que la policía provincial no debería participar de los operativos contra el narcotráfico, ya que es considerada parte del problema.

La intervención de la Nación en Rosario tiene novedades. Una es la participación de las Fuerzas Armadas haciendo asistencia. Petri confirmó que las tres fuerzas darán apoyo y aseguró que lo harán con las limitaciones que fija la ley, es decir sin entrar en combate.

Otra es el envío al Congreso de un proyecto de ley que Bullrich llamó "antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal" sobre los grupos narcos, ajudicándoles la responsabilidad de los crímenes "a todos sus integrantes, como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras". Por lo que adelantó la ministra, el tipo será similar al de asociación ilícita (una figura muy cuestionada desde el derecho), para que "cada integrante lleve la pena de la organización".

Bullrich y Petri lanzaron el Comité de Crisis en una conferencia de prensa junto al gobernador Pullaro y el intendente Pablo Javkin (los dos integran Unidos para Cambiar, la expresión de Juntos por el Cambio en Santa Fe). El gobernador, sin embargo, no tiene una buena relación con Bullrich; tampoco con el presidente Javier Milei, aunque en este tema y ante el desborde vienen alineando sus fichas.

Luego de los anuncios, ya avanzada la tarde, llegaron los primeros refuerzos de Seguridad: 200 efectivos entre prefectos, gendarmes y policías aeroportuarios. En los próximos días se sumarán otros para llegar a los 450. Según la información del Gobierno, ya operaban en Rosario 1500 efectivos federales.

¿Qué tiene Rosario?

El criminólogo Enrique Font, docente de la Universidad Rosario, ayuda a rearmar la secuencia por la que se llegó hasta acá. Tras asumir la gobernación, Pullaro "cambió la política penitenciaria hacia los llamados presos de alta peligrosidad; a estos presos los usaron para mostrar una lógica de mano dura, les cortaron el ingreso de comida, las visitas, aumentaron las requisas, tal vez buscando quebrarlos y obligarlos a negociar. El argumento fue que así se iba a cortar con la conducción del crimen desde las cárceles, pero eso no se cortó. Avanzaron también sobre los familiares, con allanamientos y seguimientos". En respuesta, los narcos hicieron circular amenazas y tirotearon edificios públicos.

El siguiente escalón se produjo con el discurso del presidente Milei al inaugurar las sesiones del Congreso, donde aseguró que con el Operativo Bandera, el Gobierno había conseguido bajar los homicidios en Rosario en un 60 por ciento. Al otro día de que habló Milei, los narcos balearon un colectivo del servicio penitenciario. Siguió la foto a lo Bukele distribuida por el gobierno.

"Hubo una producción de esa foto, hacer desvestirse a los presos, acomodarlos, filmarlos, editar las imágenes, meterles música y repartirlas a los medios", dice Font sobre la estrategia seguida por la gobernación y apoyada por la Nación. Luego que esa foto fuera puesta en circulación y amplificada por medios afines al oficialismo, los narcos empezaron con los asesinatos al azar -un colectivero, dos taxistas, el playero de la estación de servicio-. Al lado de los cuerpos, los sicarios dejaron notas.

"Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año", decía el mensaje que dejaron en el último asesinato. Agregaba: "Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárceles".

En este punto, Pullaro pidió la creación del Comité de Crisis y el gobierno nacional armó el plan que acaba de presentar. "Me preocupa que esa lógica de escalar del gobierno sigue subiendo, porque pasaron a que ahora combaten a terroristas, y eso es una invitación a profundizar la disputa", completa Font. El criminólogo consideró que es un riesgo muy alto "no trabajar una respuesta sobremedida, en términos de que se enfrenta a grupos armados muy violentos, muy desorganizados y muy preocupados por su prestigio". Bandas que, a su criterio, se hicieron fuertes porque la policía de la provincia "durante años las dejó matar".

"¿Qué tiene de singular Rosario? Hay bandas que venden drogas, también, en la provincia de Buenos Aires, o en cualquier provincia. Pero en Buenos Aires las bandas que usan de manera sistemática la violencia no sobreviven en el negocio, porque terminan presos. No por vender drogas sino por matar. Pero esto, históricamente, en Rosario no sucedió. La tasa de esclarecimiento de los homicidios dolosos es de la mitad que en cualquier otra parte del país. Lo mismo con la Justicia de Rosario. Eso llevó a que en la ciudad, desde hace muchos años, bandas como las de Los Monos, muy violentas, se fueran adueñando del negocio local de drogas y que quienes quieren competir tengan que poder confrontar de igual igual con esa violencia".

"Sin pruritos ideológicos"

El concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) opinó que el debate no debe ser "garantismo versus uso de la fuerza". "Para resolver el problema que tiene Rosario, el delito complejo, porque las mafias penetran en todos los aspectos de la vida, tenés que hacer una estrategia que contemple todo, que contemple el uso de la fuerza, la inclusión social, la urbanización de los barrios populares y el lavado de dinero", planteó entrevistado por Futurock.

Monteverde no se opuso a los operativos de saturación, ni tampoco a que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico, y no criticó la propuesta de una ley antibandas. "Creo que no hay que tener pruritos ideológicos, en el sentido de que todas las herramientas si están en una estrategia integral, tienen resultado. Lo que no puede pasar es que haya corrupción en las fuerzas de seguridad. Hoy se está montando un simulacro sobre una guerra contra el narcotráfico, nos quieren mandar a una guerra, cuando en realidad parte del ejército con el que vamos a esa guerra es parte del problema".

Para el ex candidato a intendente de Rosario, "también es importante comprender, desde este lado, que cualquier estrategia de inclusión social, de recomposición del tejido social, de volver a gobernar esos territorios que hoy gobiernan las bandas también tiene que tener una faz represiva. No hay que caer en debates dicotómicos porque en el medio se nos va la vida".

Sin embargo, cuestionó "lo que quisieron hacer el Presidente y la ministra al decir que en dos meses bajamos la tasa de homicidios... eso no existe. Vemos que cambian los gobiernos pero se mantiene una matriz propia de una cultura política que está agotada y que siempre da la misma respuesta: ¿cuántos refuerzos mando?. Lo preocupante es que no estamos ni siquiera ante un problema ideológico. Se hacen anuncios más de derecha o más de izquierda, pero que terminan siempre en un simulacro".

Por Laura Vales

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular