23:24 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 12-03-2024 / 07:03

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Patricia Bullrich prometió saturar Rosario con fuerzas federales pero desembarcó con apenas 450 agentes

Ante los graves homicidios cometidos por bandas ligadas al narcotráfico, el gobierno nacional anunció el envío de más agentes de fuerzas federales y el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. En medio del debate sobre cómo gestiona su promocionada “guerra” contra los narcos, Bullrich anunció el operativo nacional de “saturación” con solo 450 efectivos, lo que fue recibido con escepticismo en Rosario, donde la prevención en un partido de fútbol supera a veces los mil. También aseguran que la ministra desprotegió la ciudad, paralizada ahora por el terror, para sostener el “protocolo” en CABA. Los anuncios fueron cuestionados por la escalada discursiva y por la inclusión de la policía provincial, que es considerada parte del problema.

La ministra de Seguridad del gobierno anarco capitalista, Patricia "Pato" Bullrich, cometió un grave error. Hace menos de 10 días convocó a la prensa para mostrar orgullosa que los homicidios en Rosario habían disminuido un 57% con respecto al año pasado. Durante varios minutos ponderó los resultados del llamado "Operativo Bandera". El plan consistió en saturar esa ciudad de fuerzas federales para frenar la violencia. Pero en menos de una semana, los narcos le dieron un cachetazo de realidad. Asesinaron a taxistas, a un chofer de colectivo y al trabajador de una estación de servicio.

Ahora "Pato" volvió a Rosario junto a su par de Defensa, Luis Petri, y altos mandos militares y de las fuerzas federales para fortalecer el Comité de Crisis luego de los ataques narco contra inocentes que se cobró la vida de dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio. Los funcionario nacionales junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciaron la llegada de solo 450 efectivos de fuerzas federales para combatir el narco terrorismo que paralizó a la ciudad luego de que las bandas amenazaran con seguir matando inocentes al voleo en respuesta a las condiciones y controles a las que son sometidos sus integrantes en las cárceles provinciales.

En ese sentido, Bullrich detalló que serán 450 nuevos agentes federales los que patrullarán en cuatro barrios calientes por la pelea entre bandas que se disputan el territorio. Además, confirmó que las Fuerzas Armadas aportarán ayuda logística con equipos de comunicaciones y vehículos. Fuentes castrenses explicaron de manera clara y concisa las tareas que realizarán los integrantes de las Fuerzas Armadas designadas en la ciudad: "vamos a colaborar con lo que permite la ley", por lo cual, proveerán de ingenieros en comunicaciones, entre el limitado accionar que ofrecerán.

Con ello, la ministra pretende saturar Rosario de cinco de la tarde a siete de la mañana y señalo que "estamos trabajando en un nuevo diseño más fuerte, más a fondo para lograr el encerramiento de los narcocriminales", en relación al Plan Bandera que anunció con bombos y platillos a principio de año pero, por el protocolo antipiquete en Capital Federal, redujo considerablemente el número de efectivos en Rosario. Ahora, prometió reforzar las patrullas que están dispersas en cuatro barrios de la ciudad.

Por otro lado, anticipó que va a enviar al Congreso una Ley Antibanda, una especie de Ley Rico, como tiene EEUU donde los integrantes de un grupo narco obtendrán la misma pena por el hecho de formar parte de la misma estructura. "Estamos enviando al Congreso de la Nación la Ley Antibanda que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado", dijo.

Lo de Rosario es muy grave. El terror está paralizando la ciudad. Ayer no hubo clases, desde la semana pasada que no hay servicio nocturno de taxis ni de colectivos por los crímenes que sufrieron los trabajadores del sector. El domingo las estaciones de servicio dejaron de vender combustible y también se suspendió la recolección de residuos.

La Opinión Popular

Pablo Javkin, Luis Petri, Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro compartieron el anuncio de las medidas.

EL GOBIERNO PRESENTÓ EL COMITÉ DE CRISIS PARA ROSARIO

Más uniformes, la receta única de Patricia Bullrich

En medio de la polémica sobre si la ola de asesinatos en Rosario fue resultado de la idea de hacerse los Bukele, difundiendo fotos de una requisa a los presos peligrosos como si el tema narco tuviera el mismo manejo que un Tik Tok, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, pusieron en marcha junto al gobernador Maximiliano Pullaro el Comité de Crisis en Rosario.

Las medidas principales anunciadas para frenar los homicidios -gravísimos, ya que en una semana sicarios mataron a cuatro personas elegidas al azar- son el envío de fuerzas federales para saturar las calles y la confirmación de que las Fuerzas Armadas darán apoyo logístico.

Bullrich, que en simultáneo removió a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, aseguró además que el Gobierno "trabajará fuerte" contra el lavado de dinero y en el control de armas. Y apeló a escalar, finalmente, lo discursivo: pidió que la Justicia aplique la ley antiterrorista a los detenidos por narcotráfico.

En Rosario, sin embargo, le facturan haber dejado a la ciudad desprotegida, al trasladar efectivos que patrullaban la ciudad y mandarlos a Buenos Aires para armar sus protocolos contra las manifestaciones. Otra crítica repetida es que la policía provincial no debería participar de los operativos contra el narcotráfico, ya que es considerada parte del problema.

La intervención de la Nación en Rosario tiene novedades. Una es la participación de las Fuerzas Armadas haciendo asistencia. Petri confirmó que las tres fuerzas darán apoyo y aseguró que lo harán con las limitaciones que fija la ley, es decir sin entrar en combate.

Otra es el envío al Congreso de un proyecto de ley que Bullrich llamó "antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal" sobre los grupos narcos, ajudicándoles la responsabilidad de los crímenes "a todos sus integrantes, como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras". Por lo que adelantó la ministra, el tipo será similar al de asociación ilícita (una figura muy cuestionada desde el derecho), para que "cada integrante lleve la pena de la organización".

Bullrich y Petri lanzaron el Comité de Crisis en una conferencia de prensa junto al gobernador Pullaro y el intendente Pablo Javkin (los dos integran Unidos para Cambiar, la expresión de Juntos por el Cambio en Santa Fe). El gobernador, sin embargo, no tiene una buena relación con Bullrich; tampoco con el presidente Javier Milei, aunque en este tema y ante el desborde vienen alineando sus fichas.

Luego de los anuncios, ya avanzada la tarde, llegaron los primeros refuerzos de Seguridad: 200 efectivos entre prefectos, gendarmes y policías aeroportuarios. En los próximos días se sumarán otros para llegar a los 450. Según la información del Gobierno, ya operaban en Rosario 1500 efectivos federales.

¿Qué tiene Rosario?

El criminólogo Enrique Font, docente de la Universidad Rosario, ayuda a rearmar la secuencia por la que se llegó hasta acá. Tras asumir la gobernación, Pullaro "cambió la política penitenciaria hacia los llamados presos de alta peligrosidad; a estos presos los usaron para mostrar una lógica de mano dura, les cortaron el ingreso de comida, las visitas, aumentaron las requisas, tal vez buscando quebrarlos y obligarlos a negociar. El argumento fue que así se iba a cortar con la conducción del crimen desde las cárceles, pero eso no se cortó. Avanzaron también sobre los familiares, con allanamientos y seguimientos". En respuesta, los narcos hicieron circular amenazas y tirotearon edificios públicos.

El siguiente escalón se produjo con el discurso del presidente Milei al inaugurar las sesiones del Congreso, donde aseguró que con el Operativo Bandera, el Gobierno había conseguido bajar los homicidios en Rosario en un 60 por ciento. Al otro día de que habló Milei, los narcos balearon un colectivo del servicio penitenciario. Siguió la foto a lo Bukele distribuida por el gobierno.

"Hubo una producción de esa foto, hacer desvestirse a los presos, acomodarlos, filmarlos, editar las imágenes, meterles música y repartirlas a los medios", dice Font sobre la estrategia seguida por la gobernación y apoyada por la Nación. Luego que esa foto fuera puesta en circulación y amplificada por medios afines al oficialismo, los narcos empezaron con los asesinatos al azar -un colectivero, dos taxistas, el playero de la estación de servicio-. Al lado de los cuerpos, los sicarios dejaron notas.

"Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año", decía el mensaje que dejaron en el último asesinato. Agregaba: "Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárceles".

En este punto, Pullaro pidió la creación del Comité de Crisis y el gobierno nacional armó el plan que acaba de presentar. "Me preocupa que esa lógica de escalar del gobierno sigue subiendo, porque pasaron a que ahora combaten a terroristas, y eso es una invitación a profundizar la disputa", completa Font. El criminólogo consideró que es un riesgo muy alto "no trabajar una respuesta sobremedida, en términos de que se enfrenta a grupos armados muy violentos, muy desorganizados y muy preocupados por su prestigio". Bandas que, a su criterio, se hicieron fuertes porque la policía de la provincia "durante años las dejó matar".

"¿Qué tiene de singular Rosario? Hay bandas que venden drogas, también, en la provincia de Buenos Aires, o en cualquier provincia. Pero en Buenos Aires las bandas que usan de manera sistemática la violencia no sobreviven en el negocio, porque terminan presos. No por vender drogas sino por matar. Pero esto, históricamente, en Rosario no sucedió. La tasa de esclarecimiento de los homicidios dolosos es de la mitad que en cualquier otra parte del país. Lo mismo con la Justicia de Rosario. Eso llevó a que en la ciudad, desde hace muchos años, bandas como las de Los Monos, muy violentas, se fueran adueñando del negocio local de drogas y que quienes quieren competir tengan que poder confrontar de igual igual con esa violencia".

"Sin pruritos ideológicos"

El concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) opinó que el debate no debe ser "garantismo versus uso de la fuerza". "Para resolver el problema que tiene Rosario, el delito complejo, porque las mafias penetran en todos los aspectos de la vida, tenés que hacer una estrategia que contemple todo, que contemple el uso de la fuerza, la inclusión social, la urbanización de los barrios populares y el lavado de dinero", planteó entrevistado por Futurock.

Monteverde no se opuso a los operativos de saturación, ni tampoco a que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico, y no criticó la propuesta de una ley antibandas. "Creo que no hay que tener pruritos ideológicos, en el sentido de que todas las herramientas si están en una estrategia integral, tienen resultado. Lo que no puede pasar es que haya corrupción en las fuerzas de seguridad. Hoy se está montando un simulacro sobre una guerra contra el narcotráfico, nos quieren mandar a una guerra, cuando en realidad parte del ejército con el que vamos a esa guerra es parte del problema".

Para el ex candidato a intendente de Rosario, "también es importante comprender, desde este lado, que cualquier estrategia de inclusión social, de recomposición del tejido social, de volver a gobernar esos territorios que hoy gobiernan las bandas también tiene que tener una faz represiva. No hay que caer en debates dicotómicos porque en el medio se nos va la vida".

Sin embargo, cuestionó "lo que quisieron hacer el Presidente y la ministra al decir que en dos meses bajamos la tasa de homicidios... eso no existe. Vemos que cambian los gobiernos pero se mantiene una matriz propia de una cultura política que está agotada y que siempre da la misma respuesta: ¿cuántos refuerzos mando?. Lo preocupante es que no estamos ni siquiera ante un problema ideológico. Se hacen anuncios más de derecha o más de izquierda, pero que terminan siempre en un simulacro".

Por Laura Vales

Fuente: Página 12

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.