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Nacionales - 12-03-2024 / 07:03
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Patricia Bullrich prometió saturar Rosario con fuerzas federales pero desembarcó con apenas 450 agentes

Patricia Bullrich prometió saturar Rosario con fuerzas federales pero desembarcó con apenas 450 agentes
Ante los graves homicidios cometidos por bandas ligadas al narcotráfico, el gobierno nacional anunció el envío de más agentes de fuerzas federales y el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. En medio del debate sobre cómo gestiona su promocionada “guerra” contra los narcos, Bullrich anunció el operativo nacional de “saturación” con solo 450 efectivos, lo que fue recibido con escepticismo en Rosario, donde la prevención en un partido de fútbol supera a veces los mil. También aseguran que la ministra desprotegió la ciudad, paralizada ahora por el terror, para sostener el “protocolo” en CABA. Los anuncios fueron cuestionados por la escalada discursiva y por la inclusión de la policía provincial, que es considerada parte del problema.
La ministra de Seguridad del gobierno anarco capitalista, Patricia "Pato" Bullrich, cometió un grave error. Hace menos de 10 días convocó a la prensa para mostrar orgullosa que los homicidios en Rosario habían disminuido un 57% con respecto al año pasado. Durante varios minutos ponderó los resultados del llamado "Operativo Bandera". El plan consistió en saturar esa ciudad de fuerzas federales para frenar la violencia. Pero en menos de una semana, los narcos le dieron un cachetazo de realidad. Asesinaron a taxistas, a un chofer de colectivo y al trabajador de una estación de servicio.
 
Ahora "Pato" volvió a Rosario junto a su par de Defensa, Luis Petri, y altos mandos militares y de las fuerzas federales para fortalecer el Comité de Crisis luego de los ataques narco contra inocentes que se cobró la vida de dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio. Los funcionario nacionales junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciaron la llegada de solo 450 efectivos de fuerzas federales para combatir el narco terrorismo que paralizó a la ciudad luego de que las bandas amenazaran con seguir matando inocentes al voleo en respuesta a las condiciones y controles a las que son sometidos sus integrantes en las cárceles provinciales.
 
En ese sentido, Bullrich detalló que serán 450 nuevos agentes federales los que patrullarán en cuatro barrios calientes por la pelea entre bandas que se disputan el territorio. Además, confirmó que las Fuerzas Armadas aportarán ayuda logística con equipos de comunicaciones y vehículos. Fuentes castrenses explicaron de manera clara y concisa las tareas que realizarán los integrantes de las Fuerzas Armadas designadas en la ciudad: "vamos a colaborar con lo que permite la ley", por lo cual, proveerán de ingenieros en comunicaciones, entre el limitado accionar que ofrecerán.  
 
Con ello, la ministra pretende saturar Rosario de cinco de la tarde a siete de la mañana y señalo que "estamos trabajando en un nuevo diseño más fuerte, más a fondo para lograr el encerramiento de los narcocriminales", en relación al Plan Bandera que anunció con bombos y platillos a principio de año pero, por el protocolo antipiquete en Capital Federal, redujo considerablemente el número de efectivos en Rosario. Ahora, prometió reforzar las patrullas que están dispersas en cuatro barrios de la ciudad.
 
Por otro lado, anticipó que va a enviar al Congreso una Ley Antibanda, una especie de Ley Rico, como tiene EEUU donde los integrantes de un grupo narco obtendrán la misma pena por el hecho de formar parte de la misma estructura. "Estamos enviando al Congreso de la Nación la Ley Antibanda que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado", dijo.
 
Lo de Rosario es muy grave. El terror está paralizando la ciudad. Ayer no hubo clases, desde la semana pasada que no hay servicio nocturno de taxis ni de colectivos por los crímenes que sufrieron los trabajadores del sector. El domingo las estaciones de servicio dejaron de vender combustible y también se suspendió la recolección de residuos.
 
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Patricia Bullrich prometió saturar Rosario con fuerzas federales pero desembarcó con apenas 450 agentes  
Pablo Javkin, Luis Petri, Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro compartieron el anuncio de las medidas.


EL GOBIERNO PRESENTÓ EL COMITÉ DE CRISIS PARA ROSARIO
 
Más uniformes, la receta única de Patricia Bullrich
 
En medio de la polémica sobre si la ola de asesinatos en Rosario fue resultado de la idea de hacerse los Bukele, difundiendo fotos de una requisa a los presos peligrosos como si el tema narco tuviera el mismo manejo que un Tik Tok, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, pusieron en marcha junto al gobernador Maximiliano Pullaro el Comité de Crisis en Rosario.
 
Las medidas principales anunciadas para frenar los homicidios -gravísimos, ya que en una semana sicarios mataron a cuatro personas elegidas al azar- son el envío de fuerzas federales para saturar las calles y la confirmación de que las Fuerzas Armadas darán apoyo logístico.
 
Bullrich, que en simultáneo removió a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, aseguró además que el Gobierno "trabajará fuerte" contra el lavado de dinero y en el control de armas. Y apeló a escalar, finalmente, lo discursivo: pidió que la Justicia aplique la ley antiterrorista a los detenidos por narcotráfico.
 
En Rosario, sin embargo, le facturan haber dejado a la ciudad desprotegida, al trasladar efectivos que patrullaban la ciudad y mandarlos a Buenos Aires para armar sus protocolos contra las manifestaciones. Otra crítica repetida es que la policía provincial no debería participar de los operativos contra el narcotráfico, ya que es considerada parte del problema. 
 
La intervención de la Nación en Rosario tiene novedades. Una es la participación de las Fuerzas Armadas haciendo asistencia. Petri confirmó que las tres fuerzas darán apoyo y aseguró que lo harán con las limitaciones que fija la ley, es decir sin entrar en combate.
 
Otra es el envío al Congreso de un proyecto de ley que Bullrich llamó "antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal" sobre los grupos narcos, ajudicándoles la responsabilidad de los crímenes "a todos sus integrantes, como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras". Por lo que adelantó la ministra, el tipo será similar al de asociación ilícita (una figura muy cuestionada desde el derecho), para que "cada integrante lleve la pena de la organización".
 
Bullrich y Petri lanzaron el Comité de Crisis en una conferencia de prensa junto al gobernador Pullaro y el intendente Pablo Javkin (los dos integran Unidos para Cambiar, la expresión de Juntos por el Cambio en Santa Fe). El gobernador, sin embargo, no tiene una buena relación con Bullrich; tampoco con el presidente Javier Milei, aunque en este tema y ante el desborde vienen alineando sus fichas.
 
Luego de los anuncios, ya avanzada la tarde, llegaron los primeros refuerzos de Seguridad: 200 efectivos entre prefectos, gendarmes y policías aeroportuarios. En los próximos días se sumarán otros para llegar a los 450. Según la información del Gobierno, ya operaban en Rosario 1500 efectivos federales.
 
 
¿Qué tiene Rosario?
  
El criminólogo Enrique Font, docente de la Universidad Rosario, ayuda a rearmar la secuencia por la que se llegó hasta acá. Tras asumir la gobernación, Pullaro "cambió la política penitenciaria hacia los llamados presos de alta peligrosidad; a estos presos los usaron para mostrar una lógica de mano dura, les cortaron el ingreso de comida, las visitas, aumentaron las requisas, tal vez buscando quebrarlos y obligarlos a negociar. El argumento fue que así se iba a cortar con la conducción del crimen desde las cárceles, pero eso no se cortó. Avanzaron también sobre los familiares, con allanamientos y seguimientos". En respuesta, los narcos hicieron circular amenazas y tirotearon edificios públicos.
 
El siguiente escalón se produjo con el discurso del presidente Milei al inaugurar las sesiones del Congreso, donde aseguró que con el Operativo Bandera, el Gobierno había conseguido bajar los homicidios en Rosario en un 60 por ciento. Al otro día de que habló Milei, los narcos balearon un colectivo del servicio penitenciario. Siguió la foto a lo Bukele distribuida por el gobierno.
 
"Hubo una producción de esa foto, hacer desvestirse a los presos, acomodarlos,  filmarlos, editar las imágenes, meterles música y repartirlas a los medios", dice Font sobre la estrategia seguida por la gobernación y apoyada por la Nación. Luego que esa foto fuera puesta en circulación y amplificada por medios afines al oficialismo,  los narcos empezaron con los asesinatos al azar -un colectivero, dos taxistas, el playero de la estación de servicio-. Al lado de los cuerpos, los sicarios dejaron notas.
 
"Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año", decía el mensaje que dejaron en el último asesinato. Agregaba: "Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárceles".
 
En este punto, Pullaro pidió la creación del Comité de Crisis y el gobierno nacional armó el plan que acaba de presentar. "Me preocupa que esa lógica de escalar del gobierno sigue subiendo, porque pasaron a que ahora combaten a terroristas, y eso es una invitación a profundizar la disputa", completa Font. El criminólogo consideró que es un riesgo muy alto "no trabajar una respuesta sobremedida, en términos de que se enfrenta a grupos armados muy violentos, muy desorganizados y muy preocupados por su prestigio". Bandas que, a su criterio, se hicieron fuertes porque la policía de la provincia "durante años las dejó matar".
 
"¿Qué tiene de singular Rosario? Hay bandas que venden drogas, también, en la provincia de Buenos Aires, o en cualquier provincia. Pero en Buenos Aires las bandas que usan de manera sistemática la violencia no sobreviven en el negocio, porque terminan presos. No por vender drogas sino por matar. Pero esto, históricamente, en Rosario no sucedió. La tasa de esclarecimiento de los homicidios dolosos es de la mitad que en cualquier otra parte del país. Lo mismo con la Justicia de Rosario. Eso llevó a que en la ciudad, desde hace muchos años, bandas como las de Los Monos, muy violentas, se fueran adueñando del negocio local de drogas y que quienes quieren competir tengan que poder confrontar de igual igual con esa violencia".
 
 
"Sin pruritos ideológicos"
  
El concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) opinó que el debate no debe ser "garantismo versus uso de la fuerza". "Para resolver el problema que tiene Rosario, el delito complejo, porque las mafias penetran en todos los aspectos de la vida, tenés que hacer una estrategia que contemple todo, que contemple el uso de la fuerza, la inclusión social, la urbanización de los barrios populares y el lavado de dinero", planteó entrevistado por Futurock.
 
Monteverde no se opuso a los operativos de saturación, ni tampoco a que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico, y no criticó la propuesta de una ley antibandas. "Creo que no hay que tener pruritos ideológicos, en el sentido de que todas las herramientas si están en una estrategia integral, tienen resultado. Lo que no puede pasar es que haya corrupción en las fuerzas de seguridad. Hoy se está montando un simulacro sobre una guerra contra el narcotráfico, nos quieren mandar a una guerra, cuando en realidad parte del ejército con el que vamos a esa guerra es parte del problema".
 
Para el ex candidato a intendente de Rosario, "también es importante comprender, desde este lado, que cualquier estrategia de inclusión social, de recomposición del tejido social, de volver a gobernar esos territorios que hoy gobiernan las bandas también tiene que tener una faz represiva. No hay que caer en debates dicotómicos porque en el medio se nos va la vida".
 
Sin embargo, cuestionó "lo que quisieron hacer el Presidente y la ministra al decir que en dos meses bajamos la tasa de homicidios... eso no existe. Vemos que cambian los gobiernos pero se mantiene una matriz propia de una cultura política que está agotada y que siempre da la misma respuesta: ¿cuántos refuerzos mando?. Lo preocupante es que no estamos ni siquiera ante un problema ideológico. Se hacen anuncios más de derecha o más de izquierda, pero que terminan siempre en un simulacro".
 
Por Laura Vales
 
Fuente: Página 12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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