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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 10-03-2024 / 12:03
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El único acuerdo entre Milei y los gobernadores es hacer de cuenta que existe un acuerdo

El único acuerdo entre Milei y los gobernadores es hacer de cuenta que existe un acuerdo
El gobierno central y buena parte del arco político encontraron alivio en un punto de coincidencia: a todos, o casi todos, les resulta conveniente mantener viva la ficción de que existe una negociación en curso entre Nación y las provincias. Dan cuenta de eso las declaraciones amables de algunos dirigentes, los titulares en los medios que vocean a distintos sectores y la falta de precisión informativa sobre los ejes aparentemente acordados. Como la primera vez que se discutió la Ley Ómnibus, todo aparenta marchar sobre ruedas hasta que las definiciones no pueden aplazarse más.
El gobierno central y buena parte del arco político encontraron alivio en un punto de coincidencia: a todos, o casi todos, les resulta conveniente mantener viva la ficción de que existe una negociación en curso entre Nación y las provincias. Dan cuenta de eso las declaraciones amables de algunos dirigentes, los titulares en los medios que vocean a distintos sectores y la falta de precisión informativa sobre los ejes aparentemente acordados. Como la primera vez que se discutió la Ley Ómnibus, todo aparenta marchar sobre ruedas hasta que las definiciones no pueden aplazarse más.
 
El entendimiento entre Javier "el Loco" Milei, los gobernadores y los bloques legislativos sigue, de hecho, trabado en el mismo lugar que hace un mes y medio, por los mismos motivos: diferencias insalvables en asuntos que alguna de las partes no acepta negociar, promesas incumplidas, destratos, operaciones cruzadas, agresiones verbales del presidente a sus interlocutores, desconfianza mutua e intereses de terceros.
 
Bajo la superficie, tras la coreografía torpe de la búsqueda de consensos, las cosas no se movieron ni un centímetro. No hace falta escarbar demasiado para toparse con ese escenario.
 
El miércoles el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, citó a sus pares de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires con la promesa de avanzar en la búsqueda de acuerdos que permitieran descomprimir la situación financiera en los distritos y comenzaran a pavimentar el camino hacia el dizque Pacto de Mayo.
 
El ministro se ausentó y dejó al frente de la reunión al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que se limitó a informarles que la respuesta a todos los planteos era no. Ni Fondo de Incentivo Docente, ni subsidios al Transporte, ni obra pública financiada por el Estado nacional.
 
Ese mismo día, en el VIP de Expoagro, Milei dijo, sobre los gobernadores, y ante un puñado de empresarios: "Quién se creen que son, los voy a mear a todos. Si siguen jodiendo cierro el Congreso", según reveló Leandro Renou.
 
Hasta el cierre de esta nota ningún fiscal había convocado a declarar como testigos a los empresarios presentes, que no tuvieron problema en confirmarle al periodista las expresiones sediciosas del presidente. El jueves, en su habitual participación nocturna en LN+, dijo que su peor error en los primeros 90 días de gobierno había sido "creer que podía negociar de buena fe con los gobernadores".
 
Mientras tanto, la reacción de los gobernadores fue virando de cierto entusiasmo inicial, en las horas posteriores al discurso de apertura de sesiones, a una mayor distancia con el correr de las horas. A mediados de la semana, el santafesino Maximiliano Pullaro ya advertía que si se iba a discutir la deuda de Nación con las provincias también debía revisarse la que corre en sentido contrario. El cordobés Martín Llaryora también marcó distancia. Desde el peronismo el rechazo fue llano y los mandatarios patagónicos hablaron de acuerdos que "no sean impuestos" y "no tengan condicionamientos".
 
El viernes llegó la reunión en Casa Rosada. Aunque duró más de tres horas, Milei no encontró ningún momento para "pasar a saludar". Del encuentro quedó claro que los puntos sobre los que quiere avanzar sí o sí el gobierno son los mismos que encontraron resistencia hace cuarenta días: Milei exige delegación de facultades extraordinarias, habilitación para tomar deuda sin control parlamentario, luz verde a la privatización de empresas del Estado y blanqueo de capitales. A cambio ofrece algo que la mayoría de los gobernadores ya rechazó: financiar a las provincias resucitando la cuarta categoría de ganancias.
 

 
Lo dicho: el presidente no sabe negociar pero se ve obligado a hacer la mímica porque el ritmo que le está imponiendo a su gestión no es sostenible. Se lo advirtieron, en curiosa sincronía y con poco tiempo de diferencia, la número dos del FMI, el funcionario más importante del gobierno yanqui, Mauricio Macri y los empresarios que le entornan la gestión.
 
Todos ellos están encantados con el rumbo que le imprimió Milei al país pero dudan que sea la persona indicada para que esas políticas perduren en el tiempo. Le sugieren, le piden, le suplican que baje los niveles de conflicto. El problema es que él no sabe hacerlo.
 
Es un problema también para él, que es una pieza sacrificable en un tablero que no domina. Macri, que lo venía diciendo en privado, esta semana lo dijo en público en un encuentro de la Fundación Libertad en Rosario, y siempre hay alguien con un teléfono registrando el momento: el presidente no tiene estructura, "es él, su hermana y las redes sociales", pero "la decisión de los argentinos fue que querían un shock en el sistema político", señaló.
 
"Ahora nos toca a nosotros estar a la altura de las circunstancias y ser humildes en la defensa de las ideas de fondo", agregó Macri, experto en gobierno con o sin Milei.
 
El presidente necesita que la economía empiece a dar señales de estabilización para ahuyentar los fantasmas. Eso no está pasando. La inflación en la primera semana de marzo mostró un rebote significativo contra febrero, incluso en un contexto donde los datos de actividad y consumo perforan los peores niveles de las últimas décadas.
 
La crisis tardará demasiado poco en impactar en millones de puestos de trabajo y en decenas de miles de PyMEs. Los dólares no aparecen. El alivio en la calle tampoco. Los conflictos, que este gobierno había prometido eliminar, se multiplican.
 
Mientras no tenga buenas noticias para dar en términos económicos el gobierno profundizará los actos de violencia y las reivindicaciones simbólicas, como un placebo para que su núcleo duro no le dé la espalda.
 
En ese sentido debe leerse el cierre de Télam; el macartismo institucionalizado por el discurso presidencial contra una docente que osó reprobar a un funcionario del gobierno o contra otra que se atrevió a pedir, en cámara, que el presidente "no aprete tanto con el ajuste"; y el desguace del Salón de las Mujeres de Casa Rosada anunciado horas antes de la marcha por el Día Mundial de la Mujer.
 
También merece particular atención el episodio de un joven que fue detenido por una repudiable pero inofensiva publicación en Instagram contra Milei. Dos aspectos destacan este caso. El primero es el lenguaje utilizado en el parte policial, de reminiscencias setentistas, donde se dice que el detenido "demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética" y "contaba con vínculos con grupos comunistas". El segundo es que el propio presidente promueve y celebra a diario la violencia online de sus seguidores. No parece haber igualdad ante la ley.
 
Es en este contexto en el que el peronismo, a los tumbos, comienza a reorganizarse. Algunos acercamientos novedosos, como el de Jorge Yoma y Cristina Fernández de Kirchner, o el de Gildo Insfrán con Guillermo Moreno y Miguel Pichetto, fueron precedidos por varias reuniones de la mesa chica del PJ, que ya sin Alberto Fernández a bordo agrupa a los gobernadores Axel Kicillof, Ricardo Quintela y el propio Insfrán, además de Juan Manzur, Lucía Corpacci, Cristina Álvarez Rodríguez, Wado de Pedro, Santiago Cafiero y Juan Manuel Olmos. Todas las tribus.
 
Fue en ese ámbito que se acordó la convocatoria a un Congreso Nacional del PJ para renovar autoridades, probablemente a través de una interna donde voten los afiliados entre varias listas. Eso abre la puerta para que vuelvan o se incorporen al redil algunos outsiders como el cordobés Llaryora, los mencionados Picheto y Moreno, otras figuras como Juan Urtubey, Graciela Camaño, y hasta el mismísimo Sergio Massa, que por ahora prefiere mantenerse al frente de la estructura del Frente Renovador. El mecanismo está por verse pero existe coincidencia sobre la necesidad de promover ese reagrupamiento.
 
Esa voluntad de ampliación, que resulta fiel a la historia frentista del peronismo desde un primer momento y responde, también, a las pautas que despliega en sus discursos y mensajes CFK desde abril de 2016, encuentra todavía obstáculos en algunas rencillas personales no resueltas (pero primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres, ¿no?) y en la verborragia macartista de militantes sobregirados con alma de patovica y muchas ganas de pararse en la puerta de Matheu 130 para decidir quién entra y quién no. De más está decir: el peronismo se ha sobrepuesto a cosas peores.
 
Es llamativo que estos sectores, que gustan de autopercibirse en las antípodas, terminen haciendo lo mismo, en espejo. Guardianes de la doctrina contra guardianes de Cristina, más papistas que cualquier Papa. Cazadores de herejías contra detectores de traiciones. Peronómetro o kirchnerómetro.
 
Versiones del mismo sectarismo rancio con distinto sombrero, igualmente condenadas a la impotencia por separado o, más probablemente, a terminar amuchadas a bordo del mismo barco, haciendo de cuenta, por orgullo, de que las injurias vertidas durante tantos años unos a otros ya no pican. No pasa nada.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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