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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 25-02-2024 / 07:02
LA REBELIÓN DE LOS GOBERNADORES, EL HARTAZGO DE MACRI Y LAS OPCIONES DEL PERONISMO

El gobierno de Javier el Loco Milei: un peligro total para el federalismo y la integridad nacional

El gobierno de Javier el Loco Milei: un peligro total para el federalismo y la integridad nacional
En menos de tres meses de gobierno Milei se convirtió en un peligro para la integridad nacional. El rumbo que tomó no tiene antecedentes. Más allá de las nomenclaturas ideológicas (neoliberal, neoconservador, neofascista, anarcocapitalista, libertario, aceleracionista), la característica distintiva de su gobierno reside en un profundo espíritu antiargentino que contamina cada una de sus decisiones y sus actos. Milei no está apto para conducir los destinos de este país que no comprende, ni quiere, ni respeta.
"No hay recursos. Faltan designaciones. La mitad del ministerio está paralizada. Así el Estado no funciona", reclamó un ministro en el momento más álgido de una reunión de gabinete que había subido de tono. Durante la mayor parte de esos encuentros, Javier "el Loco" Milei escucha en silencio. Muchas veces pierde la atención en la pantalla de su celular.
 
En su lugar contesta Santiago Caputo: "¿Cuál es el problema de que el Estado no funcione? Nosotros no queremos que funcione el Estado, queremos destruirlo. El Estado es nuestro enemigo". El presidente levantó la vista del teléfono y sonrió, encantado con la respuesta. La anécdota, que tiene algo más de quince días, la escribió esta semana el periodista Mariano Obarrio y la confirmaron dos testigos presenciales.
 
En menos de tres meses de gobierno Milei se convirtió en un peligro para la integridad nacional. El rumbo que tomó no tiene antecedentes. Más allá de las nomenclaturas ideológicas (neoliberal, neoconservador, neofascista, anarcocapitalista, libertario, aceleracionista), la característica distintiva de su gobierno reside en un profundo espíritu antiargentino que contamina cada una de sus decisiones y sus actos.
 
La motosierra que blande desde Olivos no poda tan sólo páginas en el presupuesto. También, o debería decir fundamentalmente, cercena las capacidades y responsabilidades fundamentales del Estado nacional: proveer servicios básicos, consolidar la soberanía territorial, acuñar su moneda y representar los intereses comunes ante otros países y ante las provincias.
 
La idea misma de Nación parece ajena a sus designios. Sus ínfulas místicas, que le dictan una misión divina infundida en pretensiones fundacionales, están atadas a una ideología, no a un país. Milei se percibe como economista de la escuela austríaca antes que como argentino. Su afán de trascendencia se desprende de esa lógica.
 
No es una oscura conspiración a espaldas del pueblo sino la regla que guía, en forma transparente, cada acto de su gestión. La visita del secretario de Estado yanqui, Antony Blinken, al balcón de la Casa Rosada, es el ejemplo perfecto de esa perversión de los atributos nacionales, aunque no el único. Se trata de la misma pulsión que rige la enloquecida pelea sin cuartel de Milei contra los gobernadores y contra el Congreso. Y que diseña su agenda internacional.
 
A esta altura es difícil encontrar alguien que niegue lo evidente: Milei no está apto para conducir los destinos de este país que no comprende, ni quiere, ni respeta. La pregunta del millón desde el 10 de diciembre es cuánto puede durar semejante experimento y en los últimos días comenzó a encontrar respuestas.
 
Incluso antes del principio de marzo, que era la fecha prevista en casi todos los pronósticos para un recrudecimiento de las tensiones, esta semana la agenda ya adoptó el ritmo de un país en conflicto: miércoles paro de transporte, jueves paro de sanidad, viernes corte de rutas y avenidas, lunes paro de docentes. El peronismo comenzó a acelerar los pasos de su recomposición política. Macri le bajó el pulgar al mandatario y activó su plan B. Los acontecimientos se precipitan.
 

En el gobierno (y todavía en algunos sectores de la oposición) creen que Milei aún cuenta con un colchón de respaldo mayoritario y que se fortalece cada vez que confronta contra el elenco estable.
 
Al margen de consideraciones sociológicas y politológicas sobre el comportamiento de la sociedad argentina en el marco de un proceso sostenido de deterioro de las condiciones de vida, el impacto de la pandemia, los fenómenos globales de ultraderecha y demás consideraciones, en este caso, como tantas veces, será el vil dinero el que determine el futuro de su experimento, una carrera contra el tiempo, con el estallido de una crisis política haciendo tic tac.
 
El cable que desactiva la bomba es el verde: para consolidar la gobernabilidad lo que necesita (y todavía no consigue) son dólares.
 
Esta semana, además del secretario de Estado Blinken, visitó Buenos Aires la número dos del FMI, Gita Gopinath. Son dos funcionarios de altísimo rango que escogen muy cuidadosamente sus destinos. En el caso de la economista, además, el viaje fue un gesto político que implicó pasar por alto un antecedente complicado: Milei plagió un artículo suyo para escribir el libro Pandenomics.
 
En cualquier caso, ambos hicieron el esfuerzo para traer el mismo mensaje. El Fondo Monetario no hará un nuevo desembolso de dinero si el gobierno argentino no logra garantizar un sendero fiscal sustentable política y socialmente. Esa ilusión no duró ni siquiera 24 horas: el viernes por la noche el presidente dinamitó todos los puentes con sus interlocutores naturales. ¿Los dólares, entonces, de dónde van a salir?
 
Milei insiste con que va a dolarizar antes de mitad de año, hipótesis resistida por los emisarios de la Casa Blanca pero que coincide con el diagnóstico de dirigentes tan distintos como Cristina Fernández de Kirchner, Martín Guzmán y Elisa Carrió.
 
Esa perspectiva empioja la negociación con el campo para la liquidación de la cosecha gruesa. Algunos exportadores ya están pisando sus divisas, con la perspectiva de poder ingresarlas al país en pocos meses sin tener que convertirlas a pesos.
 
Además, esta semana la Bolsa de Rosario dio a conocer sus estimaciones para esta temporada: no habrá supercosecha y los precios internacionales están a la baja. "El clima y los términos de intercambio no harán un aporte tan generoso a las cuentas externas de la Argentina", se lamentan. No hay plata.
 
Tampoco será su agenda internacional la que abra canales para la llegada de dólares. En su primer viaje, a Davos, fue a dar cátedra y aunque se jactaba de tener sesenta pedidos de reuniones bilaterales concretó una sola. O es un mentiroso o dejó pasar costosas oportunidades. Su segundo viaje, a Israel y al Vaticano, tuvo motivos poco terrenales.
 
El viernes salió del país por tercera vez, rumbo a Estados Unidos, otra vez con compromisos que tienen que ver con sus veleidades de líder mundial de ultraderecha y no con los intereses argentinos. Aunque le había prometido otra cosa a Blinken, tuvo su primera foto con Donald Trump. Milei otra vez jugando en una interna ajena donde no tiene nada que ganar y, por mucho que se autoperciba mastín inglés, no es más que un chihuahua.
 
La renuncia absoluta del gobierno a representar los intereses nacionales quedó expuesta con la visita a las Islas Malvinas del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron. La explicación que brindó el vocero presidencial Manuel Adorni, consultado sobre el asunto, no precisa comentarios: "La visita de Cameron a Malvinas es un tema de Cameron y del gobierno inglés. No tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países".
 
La canciller Diana Mondino omitió expresar una queja formal y ni pensó en suspender la reunión bilateral que tenían prevista en el marco del encuentro de cancilleres preparativo para el G20, el miércoles en Brasilia, pero eso sí: se hizo la picante en un par de posteos en sus redes sociales. Gobernar es tuitear.
 
El vacío que deja el Estado nacional naturalmente encuentra quién lo ocupe. El fin de semana pasado coincidieron dos encuentros llamativos. En primer lugar, y con la excusa de las celebraciones del año nuevo chino, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió al embajador chino, Wang Wei. En una larga conversación encontraron varias coincidencias políticas respecto al rol de la provincia y de Argentina en el mundo.
 
Un día antes, su par santafesino Maximiliano Pullaro tuvo una mesa de negocios con los embajadores de Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, y el encargado de negocios de los Emiratos Árabes. La agenda giró en torno a intercambio comercial e inversiones en infraestructura. La reunión, por protocolo, fue en el Palacio San Martín, pero no participaron funcionarios nacionales.
 
No son episodios aislados sino síntomas del proceso de vaciamiento y demolición del Estado nacional y del abandono de sus facultades y obligaciones, acompañados por una feroz campaña de comunicación tradicional y no tradicional que apunta contra todo lo que se mueve en otra dirección: Lali Espósito, Nacho Torres, Ricardo López Murphy, Juan Román Riquelme, Jorge Macri, el festival Cosquín Rock, el Congreso de la Nación, el kirchnerismo, la UCR, los comedores infantiles o los jubilados, en un enloquecido Telekino de connotaciones fascistas: ¿y si esta semana te toca a vos?
 
La descomposición del tejido político, en este caso, y a diferencia del 2001, precede al estallido social. Los riesgos, por lo tanto, se multiplican. Con un timbero en el ministerio de Economía, ¿qué puede fallar?
 
Por eso mismo no debe leerse el conflicto con Chubut, que explotó el viernes, en términos jurídicos, sino estrictamente políticos. No es la letra chica de una deuda corriente lo que está en juego sino una dinámica de poder propuesta desde la Casa Rosada y rechazada por las provincias.
 
La narcótica inmediatez de la lógica de redes sociales a veces hace que cueste mantener el foco, pero no es difícil reconstruir la secuencia. Hace un mes la noticia era que el presidente había amenazado a los gobernadores: "Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos". Hace una semana, mediante una presentación judicial, Torres logró frenar la quita de subsidios al transporte en su distrito. En represalia, Milei ordenó "ejecutarlo" y retener los fondos de coparticipación. Tiene otras provincias en la mira.
 
La incierta deriva de este experimento impactó en el resto del arco político, que a esta altura descuenta, mayoritariamente, que los plazos se acortan. "Se aceleraron los tiempos", sentenció Mauricio Macri, que dio la orden de terminar las negociaciones para hacer un joint venture con el presidente. Lo considera impredecible e incontrolable. Tiene candidatos mejores para ocupar ese rol.
 
Macri estuvo reunido con Torres un día antes de que estalle el conflicto con Nación. Le dio luz verde para ir al choque pero no le avisó a Patricia Bullrich, que salió a bancar al gobierno y quedó en offside. También les pidió a los dirigentes que trabajan cerca suyo en un plan de contingencia para tomar el gobierno por asalto que suspendan cualquier viaje que los encuentre lejos de Buenos Aires en los próximos días.
 
El peronismo observa la deriva catastrófica con cierta sensación de impotencia, como acontecimientos que suceden más allá del alcance de su mano. La sensación de urgencia apuró movimientos que estaban previstos para el otoño. En pocos días ensayaron sus reapariciones CFK y Máximo Kirchner y para la semana que empieza está previsto que haga lo suyo Sergio Massa.
 
Alberto Fernández volverá al país sólo para descubrir que el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pronto dejará de ser presidente del PJ y es posible que ni siquiera tenga voz en lo que viene. La decisión se tomó esta semana en un cónclave de todas las tribus. Las internas quedarán para más adelante pero asoman como inevitables. Ya nadie tiene la capacidad de ordenar las cosas a dedo, para bien o para mal.
 
Las discusiones domésticas y la lucha por un bastón de mariscal vacante son necesarias pero no deben distraer de la cuestión principal para la oposición: operar los contrapesos al gobierno, reconstruir mayorías, tener el temple y la inteligencia para separar lo trivial de lo importante de lo irreversible y trazar líneas rojas efectivas para evitar los daños más gravosos, que, ahora lo vemos, son los que atentan contra la integridad nacional.
 
Por eso mismo, aunque por momentos resulte imprescindible que los gobernadores se empoderen en defensa de sus intereses locales (como Chubut, pero también como La Rioja, que emitió su propia cuasimoneda, con menos respaldo), nunca deben olvidar, oficialistas y opositores que Argentina es un país y no solamente la suma de sus provincias.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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