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Nacionales - 21-02-2024 / 08:02
ZAFÓ LA CASTA: LA MISERABLE LICUADORA DE MILEI Y CAPUTO SE ENSAÑA CON LOS SECTORES POPULARES

Indignación tras la confirmación por Caputo del irrisorio aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil

Indignación tras la confirmación por Caputo del irrisorio aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil
El ministro de Economía, el macrista Luis Caputo, anunció que el gobierno tomará medidas en relación al salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y respecto de las jubilaciones. En una entrevista con la señal de TV paga macrista Nación +, el ministro aseguró que es “inminente” un anuncio sobre el nuevo valor del haber de subsistencia.
El gobierno de Javier "el Loco" Milei confirmó este martes de cuánto será el irrisorio y paupérrimo aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), luego de que hiciera fracasar el encuentro entre los gremios y el Consejo del Salario, quienes pedían un aumento del 80%. A través de Manuel Adorni, la gestión de Milei anunció que habrá una suba en febrero y otra en marzo.

Así, el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil durante el mes de febrero es de 180.000 pesos para el mes de febrero y en 202.800 pesos en marzo, mucho menos al mínimo de 288.600 pesos que habían reclamo al Ejecutivo las centrales obreras. El Gobierno fijó así el salario mínimo, pese a que Milei anunció que no lo haría.

En línea con todas las nefastas medidas oficiales, resolvió que los trabajadores pierdan más del 25% de sus ingresos en términos reales. Pero no son los únicos afectados; el SMVM sirve de base para la fijación de los planes Potenciar Trabajo, las Becas Progresar y parte de las jubilaciones, a los que arrastrará en su caída. Los jubilados y la franja más pobre pagan la fiesta libertaria del superávit fiscal.

El Consejo del Salario, que integran representantes del Gobierno nacional, las cámaras empresarias y las centrales sindicales, se había reunido el jueves último tras conocerse el récord de pobreza del 57% -el más alto de los últimos 20 años-, pero no alcanzaron un acuerdo acerca del aumento que debía aplicarse al Salario Mínimo.

Tras finalizar el encuentro, la CGT denunció que el Gobierno había hecho "fracasar la reunión" con el "único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo". En un comunicado, la CGT indicó que junto a las dos CTA había llevado como propuesta al Consejo "un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero", lo que fijaba una base salarial en 288.600 pesos.

En la conferencia de prensa, Adorni cuestionó las medidas de fuerza anunciadas para los próximos días por distintos gremios en reclamo, principalmente, de aumentos salariales. "Puedo decir que hubo mucho silencio por muchos años y están despertando ahora. Es difícil comprender qué los duerme y qué los despierta a los gremios", sostuvo cínicamente el vocero presidencial.

El endeudador serial macrista Luis "Toto" Caputo minimizó la importancia del salario mínimo al decir que se trata sólo un valor de referencia. Sin embargo, el SMVM es referencia para la paritaria nacional docente, y para determinar el valor de las jubilaciones mínimas y de los beneficios sociales.

En relación con las jubilaciones de marzo, afirmó que habrá una recomposición del 30% "más un bono de compensación". El ministro no aclaró si el beneficio alcanzará a todos los jubilados o solo a los de la mínima. Por otro lado, el incremento señalado del 30% es muy cercano al que corresponde por la ley actual de movilidad, que se calculó en 27% para el período marzo-mayo.

En tanto, la inflación del período diciembre 2023-febrero 2024 podría duplicar ese nivel de incremento, lo que implica una aplicación concreta de la infame licuadora de pesos de la que se vanagloria el delirante presidente Milei y que no es otra cosa que dejar que la hiperinflación generada por la brutal devaluación del peso horade los ingresos fijos, cuya movilidad no acompaña el ritmo inflacionario.

La Opinión Popular

 

 
LO FIJÓ EN 202.800 PESOS PARA MARZO, UN VALOR QUE IMPLICA UNA PÉRDIDA DE ALREDEDOR DEL 25 POR CIENTO CON RESPECTO A DICIEMBRE
 
El gobierno profundizó el retraso del salario mínimo
 
La medida afecta también a programas sociales y a más de un millón de jubilados cuyos ingresos ajustan con ese valor. Sueldos de más de 2,3 millones de pesos volverán a pagar Ganancias.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Javier Milei no pudo cumplir con su palabra de no fijar el salario mínimo por decreto, pero sí cumplió con su objetivo de licuar todo gasto del Estado y los salarios privados frente a una ola inflacionaria que desacelera pero no se detiene. El salario mínimo vital y móvil (SMVM) correspondiente al primer trimestre, quedó establecido en 156 mil pesos para enero (sin modificación con respecto a diciembre), 180 mil para febrero y 202.800 pesos para marzo, redondeando un 30 por ciento de aumento en el primer cuarto del año. Representa una pérdida de poder adquisitivo de no menos del 25 por ciento entre el salario mínimo de marzo y el correspondiente a diciembre pasado.
 
El mismo retraso impactará en el millón de personas que cobran el programa Potenciar Trabajo (equivalente al 50 por ciento del SMVM) y en 1,3 millones de jubilados con más de 30 años de aportes pero ingresos mínimos (que tienen un piso de haberes del 82% del SMVM). Los beneficiarios de las becas Progresar también sufrirán una mayor pérdida del poder adquisitivo ante el bajo monto del piso salarial.
 
También afectará a los asalariados en relación de dependencia con remuneraciones superiores a 2,34 millones de pesos a partir de enero, alcanzados por el impuesto cedular (ex impuesto a las ganancias de la cuarta categoría),  ya que "el piso" de 15 SMVM no se actualizará durante todo el primer semestre. Para este período, sólo se toma en cuenta el salario mínimo vigente al mes de enero en el cálculo del piso del impuesto. Es decir, que si un trabajador tiene una remuneración mayor a 2,34 millones de pesos en abril, mayo o junio, paga impuesto sobre el monto que supere a esa cifra.
 
"Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinarlo por decreto", había señalado Javier Milei en una entrevista radial el último viernes. "¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", se preguntó en aquel momento, rechazando enfáticamente la acción que, efectivamente, tuvo que ejecutar cuatro días después.
 
Un día antes de dichas manifestaciones, el jueves 15, el gobierno (a través de la Secretaría de Trabajo) había convocado al consejo del salario para definir el nuevo SMVM, en un encuentro que se concretó de modo virtual (vía zoom). La representación sindical había presentado dos alternativas de actualización del piso salarial: ajuste mensual en función del IPC (inflación minorista) o un aumento directo del 85 por ciento con vigencia a febrero. La representación patronal (esta vez se excluyó de la convocatoria a las organizaciones pymes) no formuló propuesta: simplemente, rechazaron las iniciativas sindicales.
 
Sin siquiera promover el debate, ni ofrecer una mediación, el representante oficial dio por finalizado el encuentro "sin acuerdo". En la tarde-noche del lunes, el poder ejecutivo resolvió el incremento "mínimo" del salario mínimo, que dejó trascender esa misma noche y oficializó, este martes en conferencia de prensa, el vocero presidencial.
 
La resolución no sólo se ubicó muy alejada del reclamo sindical (para febrero, 180 mil pesos de salario mínimo contra una propuesta de la CGT de 288 mil), sino que además dejó la sensación en la representación sindical de frustración y engaño. "Se nos pidió que presentáramos una propuesta, ni siquiera se trató ni se promovió la interacción con el sector empresario; luego se toma esta decisión sin que se intentaran nuevos contactos. La conflictividad va creciendo y esto agrega un punto más a la confrontación entre trabajadores y gobierno", advirtió una fuente sindical.
 
Este martes hubo diversos encuentros en los que participaron dirigentes sindicales de distintas vertientes y el tema de la falta de negociación sobre el salario mínimo fue uno de los puntos mencionados en cada uno de ellos. Aunque el salario mínimo no es un factor determinante para las paritarias más importantes, con niveles salariales de piso ya muy por encima de ese valor, está claro sin embargo que impacta sobre las remuneraciones de los trabajadores de actividades no convencionadas e, incluso, de manera indirecta sobre los salarios informales.
 
Además, debe computarse el impacto sobre los beneficiarios de programas sociales y en una franja no menos importante de jubilados, que con un SMVM más actualizado, estarían cobrando un haber muy superior a la jubilación mínima. El 82 por ciento de un SMVM de 288 mil pesos, como el pedido por la CGT, daría una jubilación de 236 mil pesos para quienes se hayan retirado con más de 30 años de aportes. Hay más de 1,3 millones de jubilados en esa condición. Con la actualización de marzo, la jubilación mínima estará en alrededor de 137 mil pesos. Casi 100 mil pesos debajo del valor mencionado.
 
Fuente: Página 12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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