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Nacionales - 21-02-2024 / 08:02
ZAFÓ LA CASTA: LA MISERABLE LICUADORA DE MILEI Y CAPUTO SE ENSAÑA CON LOS SECTORES POPULARES

Indignación tras la confirmación por Caputo del irrisorio aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil

Indignación tras la confirmación por Caputo del irrisorio aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil
El ministro de Economía, el macrista Luis Caputo, anunció que el gobierno tomará medidas en relación al salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y respecto de las jubilaciones. En una entrevista con la señal de TV paga macrista Nación +, el ministro aseguró que es “inminente” un anuncio sobre el nuevo valor del haber de subsistencia.
El gobierno de Javier "el Loco" Milei confirmó este martes de cuánto será el irrisorio y paupérrimo aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), luego de que hiciera fracasar el encuentro entre los gremios y el Consejo del Salario, quienes pedían un aumento del 80%. A través de Manuel Adorni, la gestión de Milei anunció que habrá una suba en febrero y otra en marzo.

Así, el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil durante el mes de febrero es de 180.000 pesos para el mes de febrero y en 202.800 pesos en marzo, mucho menos al mínimo de 288.600 pesos que habían reclamo al Ejecutivo las centrales obreras. El Gobierno fijó así el salario mínimo, pese a que Milei anunció que no lo haría.

En línea con todas las nefastas medidas oficiales, resolvió que los trabajadores pierdan más del 25% de sus ingresos en términos reales. Pero no son los únicos afectados; el SMVM sirve de base para la fijación de los planes Potenciar Trabajo, las Becas Progresar y parte de las jubilaciones, a los que arrastrará en su caída. Los jubilados y la franja más pobre pagan la fiesta libertaria del superávit fiscal.

El Consejo del Salario, que integran representantes del Gobierno nacional, las cámaras empresarias y las centrales sindicales, se había reunido el jueves último tras conocerse el récord de pobreza del 57% -el más alto de los últimos 20 años-, pero no alcanzaron un acuerdo acerca del aumento que debía aplicarse al Salario Mínimo.

Tras finalizar el encuentro, la CGT denunció que el Gobierno había hecho "fracasar la reunión" con el "único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo". En un comunicado, la CGT indicó que junto a las dos CTA había llevado como propuesta al Consejo "un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero", lo que fijaba una base salarial en 288.600 pesos.

En la conferencia de prensa, Adorni cuestionó las medidas de fuerza anunciadas para los próximos días por distintos gremios en reclamo, principalmente, de aumentos salariales. "Puedo decir que hubo mucho silencio por muchos años y están despertando ahora. Es difícil comprender qué los duerme y qué los despierta a los gremios", sostuvo cínicamente el vocero presidencial.

El endeudador serial macrista Luis "Toto" Caputo minimizó la importancia del salario mínimo al decir que se trata sólo un valor de referencia. Sin embargo, el SMVM es referencia para la paritaria nacional docente, y para determinar el valor de las jubilaciones mínimas y de los beneficios sociales.

En relación con las jubilaciones de marzo, afirmó que habrá una recomposición del 30% "más un bono de compensación". El ministro no aclaró si el beneficio alcanzará a todos los jubilados o solo a los de la mínima. Por otro lado, el incremento señalado del 30% es muy cercano al que corresponde por la ley actual de movilidad, que se calculó en 27% para el período marzo-mayo.

En tanto, la inflación del período diciembre 2023-febrero 2024 podría duplicar ese nivel de incremento, lo que implica una aplicación concreta de la infame licuadora de pesos de la que se vanagloria el delirante presidente Milei y que no es otra cosa que dejar que la hiperinflación generada por la brutal devaluación del peso horade los ingresos fijos, cuya movilidad no acompaña el ritmo inflacionario.

La Opinión Popular

 

 
LO FIJÓ EN 202.800 PESOS PARA MARZO, UN VALOR QUE IMPLICA UNA PÉRDIDA DE ALREDEDOR DEL 25 POR CIENTO CON RESPECTO A DICIEMBRE
 
El gobierno profundizó el retraso del salario mínimo
 
La medida afecta también a programas sociales y a más de un millón de jubilados cuyos ingresos ajustan con ese valor. Sueldos de más de 2,3 millones de pesos volverán a pagar Ganancias.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Javier Milei no pudo cumplir con su palabra de no fijar el salario mínimo por decreto, pero sí cumplió con su objetivo de licuar todo gasto del Estado y los salarios privados frente a una ola inflacionaria que desacelera pero no se detiene. El salario mínimo vital y móvil (SMVM) correspondiente al primer trimestre, quedó establecido en 156 mil pesos para enero (sin modificación con respecto a diciembre), 180 mil para febrero y 202.800 pesos para marzo, redondeando un 30 por ciento de aumento en el primer cuarto del año. Representa una pérdida de poder adquisitivo de no menos del 25 por ciento entre el salario mínimo de marzo y el correspondiente a diciembre pasado.
 
El mismo retraso impactará en el millón de personas que cobran el programa Potenciar Trabajo (equivalente al 50 por ciento del SMVM) y en 1,3 millones de jubilados con más de 30 años de aportes pero ingresos mínimos (que tienen un piso de haberes del 82% del SMVM). Los beneficiarios de las becas Progresar también sufrirán una mayor pérdida del poder adquisitivo ante el bajo monto del piso salarial.
 
También afectará a los asalariados en relación de dependencia con remuneraciones superiores a 2,34 millones de pesos a partir de enero, alcanzados por el impuesto cedular (ex impuesto a las ganancias de la cuarta categoría),  ya que "el piso" de 15 SMVM no se actualizará durante todo el primer semestre. Para este período, sólo se toma en cuenta el salario mínimo vigente al mes de enero en el cálculo del piso del impuesto. Es decir, que si un trabajador tiene una remuneración mayor a 2,34 millones de pesos en abril, mayo o junio, paga impuesto sobre el monto que supere a esa cifra.
 
"Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinarlo por decreto", había señalado Javier Milei en una entrevista radial el último viernes. "¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", se preguntó en aquel momento, rechazando enfáticamente la acción que, efectivamente, tuvo que ejecutar cuatro días después.
 
Un día antes de dichas manifestaciones, el jueves 15, el gobierno (a través de la Secretaría de Trabajo) había convocado al consejo del salario para definir el nuevo SMVM, en un encuentro que se concretó de modo virtual (vía zoom). La representación sindical había presentado dos alternativas de actualización del piso salarial: ajuste mensual en función del IPC (inflación minorista) o un aumento directo del 85 por ciento con vigencia a febrero. La representación patronal (esta vez se excluyó de la convocatoria a las organizaciones pymes) no formuló propuesta: simplemente, rechazaron las iniciativas sindicales.
 
Sin siquiera promover el debate, ni ofrecer una mediación, el representante oficial dio por finalizado el encuentro "sin acuerdo". En la tarde-noche del lunes, el poder ejecutivo resolvió el incremento "mínimo" del salario mínimo, que dejó trascender esa misma noche y oficializó, este martes en conferencia de prensa, el vocero presidencial.
 
La resolución no sólo se ubicó muy alejada del reclamo sindical (para febrero, 180 mil pesos de salario mínimo contra una propuesta de la CGT de 288 mil), sino que además dejó la sensación en la representación sindical de frustración y engaño. "Se nos pidió que presentáramos una propuesta, ni siquiera se trató ni se promovió la interacción con el sector empresario; luego se toma esta decisión sin que se intentaran nuevos contactos. La conflictividad va creciendo y esto agrega un punto más a la confrontación entre trabajadores y gobierno", advirtió una fuente sindical.
 
Este martes hubo diversos encuentros en los que participaron dirigentes sindicales de distintas vertientes y el tema de la falta de negociación sobre el salario mínimo fue uno de los puntos mencionados en cada uno de ellos. Aunque el salario mínimo no es un factor determinante para las paritarias más importantes, con niveles salariales de piso ya muy por encima de ese valor, está claro sin embargo que impacta sobre las remuneraciones de los trabajadores de actividades no convencionadas e, incluso, de manera indirecta sobre los salarios informales.
 
Además, debe computarse el impacto sobre los beneficiarios de programas sociales y en una franja no menos importante de jubilados, que con un SMVM más actualizado, estarían cobrando un haber muy superior a la jubilación mínima. El 82 por ciento de un SMVM de 288 mil pesos, como el pedido por la CGT, daría una jubilación de 236 mil pesos para quienes se hayan retirado con más de 30 años de aportes. Hay más de 1,3 millones de jubilados en esa condición. Con la actualización de marzo, la jubilación mínima estará en alrededor de 137 mil pesos. Casi 100 mil pesos debajo del valor mencionado.
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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