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Nacionales - 15-02-2024 / 10:02
LA PRESIÓN PARA SESIONAR EMPEZÓ A CRECER Y LA DERECHA INTENTAN GANAR MÁS TIEMPO

El mega DNU entra en cuenta regresiva y el mileimacrismo busca evitar una nueva derrota

El mega DNU entra en cuenta regresiva y el mileimacrismo busca evitar una nueva derrota
El tratamiento del llamado "mega DNU" del presidente Javier Milei por parte del Congreso es un tema pendiente, con el cual el peronismo presiona en el Senado a través de reiterados pedidos para convocar a una sesión especial que la vicepresidenta Victoria Villarruel pudo demorar hasta ahora, aunque la cuenta regresiva empezó a correr y el panorama para el oficialismo no es el mejor.
El tratamiento del llamado "mega DNU" del presidente Javier Milei por parte del Congreso es un tema pendiente, con el cual el peronismo presiona en el Senado a través de reiterados pedidos para convocar a una sesión especial que la vicepresidenta Victoria Villarruel pudo demorar hasta ahora, aunque la cuenta regresiva empezó a correr y el panorama para el oficialismo no es el mejor.
 
El decreto de necesidad y urgencia 70/2023 con el que Milei arrancó su gobierno entró al Congreso el 5 de enero. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratarlo tenía un plazo de 10 días para ello, pero ni siquiera está constituida, debido a que la Cámara de Diputados que encabeza Martín Menem demora la designación de sus miembros por un desacuerdo con el peronismo.
 
Ocurre que la ley que regula a los DNU establece que una vez cumplido ese plazo cualquiera de las cámaras puede someterlo directamente a votación en el recinto. En eso se basa el pedido de sesión que presentó Unión por la Patria, que es la primera minoría del Senado con 33 de los 72 votos, y sobre el cual insiste casi a diario mientras Villarruel resiste.
 
Ahora, fuentes del oficialismo y de la oposición del Senado consultadas coincidieron en que la convocatoria a esa sesión podría aparecer de un momento a otro. Esto se debería a que la resistencia empieza a ceder porque incluso entre los aliados que Villarruel logró conseguir corre por lo bajo el reclamo para encontrarle una solución al tema. Sin embargo, todavía le queda como camino posible para ganar más tiempo la posibilidad de armar tardíamente la Comisión Bicameral.
  
Lo que eleva las posibilidad de llamar a esa sesión es que en el oficialismo esperan que Milei prorrogue las sesiones extraordinarias que finalizan este 15 de febrero con el fin de que el Senado pueda tratar el proyecto que modifica la legislación sobre prevención y persecución del lavado de activos, una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según señalaron fuentes de La Libertad Avanza.
 
La prórroga dejaría a Villarruel sin más margen para evitar la convocatoria a la sesión que reclama el peronismo. A ello se suma que este miércoles Menem apuró al bloque de diputados de Unión por la Patria para que desistan de la pretensión de nombrar cuatro de los ocho representantes que le corresponden a la Cámara baja en la Bicameral. Es decir, se prepara para dar lugar a la demorada conformación de esa comisión para que empiece el debate sobre el "mega DNU".
 
El pedido para que se conforme la Bicameral sin más demoras fue impulsado en los últimos días por la UCR que preside el senador Martín Lousteau, mediante una nota formal que el Comité Nacional del partido le envió a Menem. Sin embargo, es aquí donde empieza una pelea palaciega en la que el oficialismo intenta evitar una nueva derrota política tras la caída de la Ley ómnibus, mientras el resto de los sectores se desconfían entre sí.
 

 
Los senadores del kirchnerismo remarcaron que la solicitud de la UCR es una "maniobra dilatoria" que "resulta funcional" a la estrategia de mantener el DNU en vigencia, porque los plazos están cumplidos y el decreto debería ponerse a votación en el recinto.
 
En tanto, en un sector del radicalismo y también en la Coalición Cívica corría hasta ahora la sospecha de que la demora en la integración de la Bicameral obedecía a "un pacto subterráneo entre el kirchnerismo y los libertarios", según deslizaron a iProfesional fuentes de ese espacio que, sin embargo, nunca precisaron cuál sería el objetivo del presunto acuerdo.
 
 
Por qué se complicó el panorama para el Gobierno en el Senado
  
El oficialismo intenta maniobrar en ese contexto político para mantener la vigencia del DNU. El sometimiento a un debate en la Comisión Bicameral le ahorraría a Villarruel la ingrata tarea de tener que llamar a la sesión que reclama el kirchnerismo sin tener hoy los votos asegurados para evitar que el decreto sufra un rechazo, algo que en el Senado hoy se ve como una posibilidad cierta.
 
Para que un DNU quede sin efecto debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Mientras eso no ocurra, sigue vigente. Sin embargo, el rechazo de una sola cámara tendría un impacto político inocultable para el Gobierno de Milei, que viene de tener que archivar la Ley ómnibus por no haber contado con los votos suficientes en la Cámara de Diputados.
 
En el Senado, las fuentes consultadas por este medio deslizaron que "hoy no está claro que el oficialismo pueda evitar un rechazo" en el recinto debido a la fuerte pelea que desató Milei con los gobernadores de todos los signos políticos. Varios senadores de la oposición no kirchnerista ya empezaron a adelantar su voto en contra del "mega DNU".
 
Incluso en el bloque del PRO que encabeza Luis Juez y que hoy es el sector político más cercano al oficialismo hay posturas dividas. Los gobernadores de ese partido, como el chubutense Ignacion Torres, también están enfrentados hoy con la Rosada por el recorte de fondos. Algunos senadores de esa bancada prefieren que el decreto directamente no llegue a una votación para que el Gobierno no sufra otra derrota legislativa tras lo que pasó con la Ley ómnibus, según supo este medio.
 
 
Voto a voto: ¿el oficialismo puede evitar una nueva derrota?
  
En el Senado creen que, así como el kirchnerismo no tenía asegurados los votos para rechazar el DNU cuando pidió convocar a una sesión, hoy es la La Libertad Avanza quien tendría dificultades para blindarlo y evitar un revés.
 
Un operador parlamentario con sobrada experiencia en la Cámara alta consideró ante iProfesional que el oficialismo podría haberse "sacado el tema de encima hace dos semanas, en el momento en que la relación del Gobierno con el interior no era tan conflictiva como ahora".
 
"Si convocaba en ese momento, solo bajaban los K, pero en las últimas semanas el Gobierno fue una máquina de ponerse en contra a los que no son ultra opositores y ahora no se sabe si va a tener los votos para aprobarlo", evalúa la fuente. En efecto, hoy en el Senado hay más legisladores dispuestos a votar en contra, aunque queden en la misma vereda del kirchnerismo.
 
En el bloque Unidad Federal, que tiene 3 votos, el entrerriano Edgardo Kueider considera que el DNU es inconstitucional. Días atrás, la senadora rionegrina Mónica Silva que responde al gobernador Alberto Weretilneck anticipó que votaría en contra si se diera la oportunidad y los dos senadores del oficialismo misionero están alineados con Hugo Passalacqua, uno de los apuntados por el gobierno de Milei en la lista de "traidores".
 
Con eso, los 33 votos negativos de Unión por la Patria podrían estirarse a 37 y propinarle un primer golpe político al DNU. Ciertamente las voluntades políticas en el nuevo contexto son muy cambiantes y por ello no hay resultados seguros, pero también se destaca que en la UCR hay un malestar creciente con Milei y que Lousteau, presidente del partido y senador nacional, avisó que está "en contra" del decreto por considerar que su contenido es "inconstitucional".
 
En este sentido, la eventual constitución de la Comisión Bicameral aparece como la mejor alternativa para que el oficialismo dilate un poco más el tratamiento del "mega DNU" de Javier Milei e intente construir mientras tanto una mayoría suficiente para evite el rechazo en al menos en una de las dos cámaras del Congreso.
 
Por Pablo Sieira
 
Fuente: iProfesional
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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