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Nacionales - 15-02-2024 / 10:02
LA PRESIÓN PARA SESIONAR EMPEZÓ A CRECER Y LA DERECHA INTENTAN GANAR MÁS TIEMPO

El mega DNU entra en cuenta regresiva y el mileimacrismo busca evitar una nueva derrota

El mega DNU entra en cuenta regresiva y el mileimacrismo busca evitar una nueva derrota
El tratamiento del llamado "mega DNU" del presidente Javier Milei por parte del Congreso es un tema pendiente, con el cual el peronismo presiona en el Senado a través de reiterados pedidos para convocar a una sesión especial que la vicepresidenta Victoria Villarruel pudo demorar hasta ahora, aunque la cuenta regresiva empezó a correr y el panorama para el oficialismo no es el mejor.
El tratamiento del llamado "mega DNU" del presidente Javier Milei por parte del Congreso es un tema pendiente, con el cual el peronismo presiona en el Senado a través de reiterados pedidos para convocar a una sesión especial que la vicepresidenta Victoria Villarruel pudo demorar hasta ahora, aunque la cuenta regresiva empezó a correr y el panorama para el oficialismo no es el mejor.
 
El decreto de necesidad y urgencia 70/2023 con el que Milei arrancó su gobierno entró al Congreso el 5 de enero. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratarlo tenía un plazo de 10 días para ello, pero ni siquiera está constituida, debido a que la Cámara de Diputados que encabeza Martín Menem demora la designación de sus miembros por un desacuerdo con el peronismo.
 
Ocurre que la ley que regula a los DNU establece que una vez cumplido ese plazo cualquiera de las cámaras puede someterlo directamente a votación en el recinto. En eso se basa el pedido de sesión que presentó Unión por la Patria, que es la primera minoría del Senado con 33 de los 72 votos, y sobre el cual insiste casi a diario mientras Villarruel resiste.
 
Ahora, fuentes del oficialismo y de la oposición del Senado consultadas coincidieron en que la convocatoria a esa sesión podría aparecer de un momento a otro. Esto se debería a que la resistencia empieza a ceder porque incluso entre los aliados que Villarruel logró conseguir corre por lo bajo el reclamo para encontrarle una solución al tema. Sin embargo, todavía le queda como camino posible para ganar más tiempo la posibilidad de armar tardíamente la Comisión Bicameral.
  
Lo que eleva las posibilidad de llamar a esa sesión es que en el oficialismo esperan que Milei prorrogue las sesiones extraordinarias que finalizan este 15 de febrero con el fin de que el Senado pueda tratar el proyecto que modifica la legislación sobre prevención y persecución del lavado de activos, una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según señalaron fuentes de La Libertad Avanza.
 
La prórroga dejaría a Villarruel sin más margen para evitar la convocatoria a la sesión que reclama el peronismo. A ello se suma que este miércoles Menem apuró al bloque de diputados de Unión por la Patria para que desistan de la pretensión de nombrar cuatro de los ocho representantes que le corresponden a la Cámara baja en la Bicameral. Es decir, se prepara para dar lugar a la demorada conformación de esa comisión para que empiece el debate sobre el "mega DNU".
 
El pedido para que se conforme la Bicameral sin más demoras fue impulsado en los últimos días por la UCR que preside el senador Martín Lousteau, mediante una nota formal que el Comité Nacional del partido le envió a Menem. Sin embargo, es aquí donde empieza una pelea palaciega en la que el oficialismo intenta evitar una nueva derrota política tras la caída de la Ley ómnibus, mientras el resto de los sectores se desconfían entre sí.
 

 
Los senadores del kirchnerismo remarcaron que la solicitud de la UCR es una "maniobra dilatoria" que "resulta funcional" a la estrategia de mantener el DNU en vigencia, porque los plazos están cumplidos y el decreto debería ponerse a votación en el recinto.
 
En tanto, en un sector del radicalismo y también en la Coalición Cívica corría hasta ahora la sospecha de que la demora en la integración de la Bicameral obedecía a "un pacto subterráneo entre el kirchnerismo y los libertarios", según deslizaron a iProfesional fuentes de ese espacio que, sin embargo, nunca precisaron cuál sería el objetivo del presunto acuerdo.
 
 
Por qué se complicó el panorama para el Gobierno en el Senado
  
El oficialismo intenta maniobrar en ese contexto político para mantener la vigencia del DNU. El sometimiento a un debate en la Comisión Bicameral le ahorraría a Villarruel la ingrata tarea de tener que llamar a la sesión que reclama el kirchnerismo sin tener hoy los votos asegurados para evitar que el decreto sufra un rechazo, algo que en el Senado hoy se ve como una posibilidad cierta.
 
Para que un DNU quede sin efecto debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Mientras eso no ocurra, sigue vigente. Sin embargo, el rechazo de una sola cámara tendría un impacto político inocultable para el Gobierno de Milei, que viene de tener que archivar la Ley ómnibus por no haber contado con los votos suficientes en la Cámara de Diputados.
 
En el Senado, las fuentes consultadas por este medio deslizaron que "hoy no está claro que el oficialismo pueda evitar un rechazo" en el recinto debido a la fuerte pelea que desató Milei con los gobernadores de todos los signos políticos. Varios senadores de la oposición no kirchnerista ya empezaron a adelantar su voto en contra del "mega DNU".
 
Incluso en el bloque del PRO que encabeza Luis Juez y que hoy es el sector político más cercano al oficialismo hay posturas dividas. Los gobernadores de ese partido, como el chubutense Ignacion Torres, también están enfrentados hoy con la Rosada por el recorte de fondos. Algunos senadores de esa bancada prefieren que el decreto directamente no llegue a una votación para que el Gobierno no sufra otra derrota legislativa tras lo que pasó con la Ley ómnibus, según supo este medio.
 
 
Voto a voto: ¿el oficialismo puede evitar una nueva derrota?
  
En el Senado creen que, así como el kirchnerismo no tenía asegurados los votos para rechazar el DNU cuando pidió convocar a una sesión, hoy es la La Libertad Avanza quien tendría dificultades para blindarlo y evitar un revés.
 
Un operador parlamentario con sobrada experiencia en la Cámara alta consideró ante iProfesional que el oficialismo podría haberse "sacado el tema de encima hace dos semanas, en el momento en que la relación del Gobierno con el interior no era tan conflictiva como ahora".
 
"Si convocaba en ese momento, solo bajaban los K, pero en las últimas semanas el Gobierno fue una máquina de ponerse en contra a los que no son ultra opositores y ahora no se sabe si va a tener los votos para aprobarlo", evalúa la fuente. En efecto, hoy en el Senado hay más legisladores dispuestos a votar en contra, aunque queden en la misma vereda del kirchnerismo.
 
En el bloque Unidad Federal, que tiene 3 votos, el entrerriano Edgardo Kueider considera que el DNU es inconstitucional. Días atrás, la senadora rionegrina Mónica Silva que responde al gobernador Alberto Weretilneck anticipó que votaría en contra si se diera la oportunidad y los dos senadores del oficialismo misionero están alineados con Hugo Passalacqua, uno de los apuntados por el gobierno de Milei en la lista de "traidores".
 
Con eso, los 33 votos negativos de Unión por la Patria podrían estirarse a 37 y propinarle un primer golpe político al DNU. Ciertamente las voluntades políticas en el nuevo contexto son muy cambiantes y por ello no hay resultados seguros, pero también se destaca que en la UCR hay un malestar creciente con Milei y que Lousteau, presidente del partido y senador nacional, avisó que está "en contra" del decreto por considerar que su contenido es "inconstitucional".
 
En este sentido, la eventual constitución de la Comisión Bicameral aparece como la mejor alternativa para que el oficialismo dilate un poco más el tratamiento del "mega DNU" de Javier Milei e intente construir mientras tanto una mayoría suficiente para evite el rechazo en al menos en una de las dos cámaras del Congreso.
 
Por Pablo Sieira
 
Fuente: iProfesional
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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