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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 11-02-2024 / 08:02
LOS SUELDOS Y LAS IDEAS QUE TIRAN GASES Y BALAS DE GOMA

Para reprimir la protesta social del pueblo contra el ajuste, el loco Javier Milei sí tiene plata

Para reprimir la protesta social del pueblo contra el ajuste, el loco Javier Milei sí tiene plata
“¿Usted me pregunta por qué pegan, tiran gases y balas de goma los que están en moto o los que están detrás de los escudos?", repite un jefe de la Policía Federal. "En primer lugar, porque saben que, si no lo hacen, se tienen que ir de la fuerza. El que va sentado atrás en la moto gana, como mínimo, 584.322 pesos de básico, más un adicional por riesgo, antigüedad y horas adicionales. No menos de 700 mil u 800 mil pesos por mes. Para ellos, un sueldazo. Pero, además -agrega el jefe-, siete de cada diez votaron a Javier Milei y suelen sintonizar en eso de ir contra los zurdos. Eso sí, una parte, ahora dice que hay que destituir a Milei porque se hizo judío."
"¿Usted me pregunta por qué pegan, tiran gases y balas de goma los que están en moto o los que están detrás de los escudos?", repite un jefe de la Policía Federal. "En primer lugar, porque saben que, si no lo hacen, se tienen que ir de la fuerza. El que va sentado atrás en la moto gana, como mínimo, 584.322 pesos de básico, más un adicional por riesgo, antigüedad y horas adicionales. No menos de 700 mil u 800 mil pesos por mes. Para ellos, un sueldazo. Pero, además -agrega el jefe-, siete de cada diez votaron a Javier Milei y suelen sintonizar en eso de ir contra los zurdos. Eso sí, una parte, ahora dice que hay que destituir a Milei porque se hizo judío."
 
En la Gendarmería se repite algo bastante parecido, aunque con un perfil distinto. Detrás de los escudos suele haber un alferez o subalferez que cobra entre 550.192 y 605.212 de básico, a lo que se suman adicionales por otros 200 mil pesos. En la Federal dicen que a esos cuerpos especiales van los efectivos más rústicos, más pendencieros y con tendencias autoritarias.
 
Tanto en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, como en las propias fuerzas, hay un clima que es mezcla de incertidumbre y bravuconada: piensan que habrá fuerte conflicto social, no sólo en CABA, sino en distintos lugares del país. Y no faltan los que sienten deleite con la idea del choque, el roce, pegar con la tonfa (el bastón), imponerse a palos, gases o balas de goma.
 
El Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF) vino a reemplazar a la Policía Montada. La transformación se hizo en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner por los riesgos que significaban los conflictos para la gente y también para los caballos.
 
"Los que están en esa unidad tienen varios perfiles -cuenta otro jefe de la Federal-. Son fanáticos de las motos, primero que nada. Pero, además, les gusta la pelea, el gimnasio, la tonfa y el manejo de gases y balas de goma. No tienen, ni por asomo, el perfil de los que quieren estar en investigaciones o científica. Algunos dicen que son los más brutos de la Federal y también que en esos cuerpos terminan los sancionados".
  
Según todos coinciden, en esas unidades, las motorizadas y la Infantería, hay mucha sintonía con los planteos "de orden" del gobierno de Milei, sumado a odio a la izquierda y a los movimientos sociales. Y antisemitismo. Hablan del Plan Andinia (una grotesca teoría de que los judíos se quieren quedar con la Patagonia), y por supuesto, que los judíos son el poder real en el mundo.
 
Esa franja -el cálculo es que son dos de cada diez- ya está enojada y dice que hay que destituir a Milei porque se hizo judío y no se puede ser presidente siendo de esa religión. Como se sabe, el requisito fue cambiado en la reforma constitucional de 1994.
 
Algo menos asombroso es el otro punto de coincidencia con La Libertad Avanza: gran parte de esos efectivos creen que "lo de la pandemia fue una gran mentira", una manipulación, también de "los zurdos y judíos".
 
En la Prefectura y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también hay grupos de infantería, aunque de menores dimensiones. En las últimas protestas, a los prefectos se los vio en el Puente Pueyrredon, mientras que los agentes de la PSA, a través del Grupo de Infantería Aeroportuaria, estuvieron en la represión en las inmediaciones del Congreso. En general, son cuerpos que sus compañeros definen así: "Es un lugar de brutos".
 

 
"No me cobres impuestos"
  
No fue casualidad que entre los policías federales que reprimieron frente al Congreso apareciera un efectivo, inspector o subinspector, que llevaba el símbolo libertario en una especie de parche en el pecho, encima del chaleco antibalas. La bandera de Gadsden, fondo amarillo, con una serpiente en el medio, es utilizada por la derecha en muchos países y la leyenda "Dont tread on me", "no me pisotees", es interpretada como "no me cobres impuestos", una de sus grandes consignas.
 
Según dicen en la Federal, fue una patoteada del propio efectivo contra los zurdos, no una acción concertada con el jefe a cargo. Pero el desenlace -un sumario, dijo la ministra- no se conoce. Lo que correspondía era poner al individuo en disponibilidad -están prohibidos los símbolos partidarios- e iniciarle el sumario, pero no fue eso lo que informó Bullrich. Claramente le bajó el tono: no quiere hacer ningún gesto que opaque a la represión y que pueda ser interpretado como una sanción a los que pegan palos.
 
 
Palos por plata
  
En la moto suelen ir un inspector o subinspector, con sueldos básicos que van de 584.322 a 642.754 pesos, pero en el operativo participan también sargentos con sueldos básicos de 713.998. A esas cifras se suma un adicional por riesgo, la antigüedad y lo que serían horas extra. En una jornada extensa como las que se vivieron en el Congreso, los efectivos suman entre 20 mil y 35 mil pesos.
 
En suma, casi ninguno se lleva menos de 700 mil pesos y muchos redondean cifras por encima de 800 o 900 mil pesos mensuales. El régimen es de 12 horas -trabajo-entrenamiento con la moto y en el gimnasio- por 36 horas de descanso. Al frente del operativo, generalmente está un comisario o un subcomisario: el ingreso mensual depende de la antigüedad, pero es de alrededor de 1.500.000 pesos.
 
Los altos mandos, o sea los que tienen el poder de decisión, rondan los 3.000.000 mensuales, pese a que no tienen muchísima antigüedad: el gobierno de Milei hizo una feroz razzia pasando a retiro a 18 comisarios generales, con más experiencia y menos docilidad para lo que se viene. El pecado que se les achacó fue el de ser colaboracionistas con el gobierno anterior, o sea que mantenían una relación normal, correcta, con el gobierno constitucional.
 
 
Verde duro
  
Como se sabe, quienes ingresan a la Gendarmería son principalmente de las provincias y, a veces, de pequeñas localidades del interior. Se supone que son efectivos formados para estar custodiando las fronteras, es decir en lugares lejanos a las grandes ciudades. No hay, por lo tanto, un proceso ideológico similar al de la Federal ni le dan un valor a la represión en sí misma: es más, algunos están preocupados por no quedar pegados en alguna causa judicial. Pero la no-ideologización los convierte en más dóciles y se considera que "se bancan todo".
 
Es la fuerza privilegiada por Bullrich, que suele utilizarla para las misiones más espinosas y truculentas. Los ejemplos más nítidos fueron la persecución que terminó con la vida de Santiago Maldonado o el peritaje fraudulento que se hizo respecto del suicidio de Alberto Nisman.
 
Ese origen en localidades del interior y el perfil poco ideológico hace que los gendarmes valoren las unidades de represión urbana, en esencia porque les permiten vivir en las grandes ciudades o cerca de las grandes ciudades.
 
Uno de los mitos (o verdades) sobre esa fuerza es que los gendarmes suelen tener una familia en su pueblo o pequeña ciudad de origen y otra familia en las zonas en las que prestan servicio. Debe recordarse que en los gobiernos de CFK se empezó a asignar gendarmes para funciones de seguridad en barrios conflictivos del Gran Buenos Aires y del Gran Rosario. El mito de las dos (o tres) familias arrancó en ese tiempo.
 
 
Mucho dinero
  
Pero el otro atractivo está en los sueldos, que se parecen bastante a los de la Federal. Un alférez o subalferez, que son buena parte de los que están detrás de los escudos en las represiones, tiene sueldos básicos que van de 550.192 pesos hasta 605.212, pero con los adicionales por riesgo, antigüedad y recargo de servicio -cuando están frente a una manifestación todo el día- pueden redondear cifras que superan los 800 mil o 900 mil pesos mensuales. Un recargo de servicio como el de la semana pasada, más de 5 horas, les agrega 13.433 pesos a lo que cobrarán a fin de mes. El jefe del operativo sumó 20.130, aunque su sueldo es de 1.200.000 pesos.
 
Lo más tentador para un gendarme es lo que llaman Función de Prevención Barrial, o sea, hacer guardias en los barrios complicados. A su sueldo, un alférez le suma 267.967 pesos, lo que lo acerca al millón de pesos.
 
El otro mito que suele circular es que los gendarmes hacen menos negocios que los policías -federales o bonaerenses o santafesinos o cordobeses- por lo que sus servicios de prevención barrial serían más eficientes. Los negocios de los que se habla son siempre los mismos: vínculos con la prostitución, el curanderismo, el juego, las barras bravas y, en el peor de los casos, la droga.
 
 
El aumento de enero y después
  
El aumento de enero fue del 16 por ciento, porque supuestamente se sigue a los aumentos de UPCN, uno de los gremios estatales. Por supuesto, con el incremento de los precios de diciembre y enero, perdieron por goleada contra la inflación. Y el panorama es que eso va a continuar así.
 
Sin embargo, el rumor que les hicieron llegar a los efectivos es que los van a ir compensando con adicionales que -supuestamente- irán sumando. Y los efectivos creen ese rumor. Saben que la situación se va a poner cada vez más caliente y que Milei-Bullrich no van a querer arriesgar. Tal vez en el gobierno recuerden que el mayor conflicto de los últimos años de las fuerzas de seguridad, gendarmes y prefectos, fue en 2012 por razones salariales.
 
Llegaron a ocupar los edificios centrales, el Centinela y el Guardacostas, se auto-acuartelaron y crearon zozobra en toda la sociedad. Claro que en aquel momento gobernaba CFK y la protesta fue acaudillada por personajes de ultraderecha, con cobertura de los grandes medios. Ahora, esos personajes de ultraderecha sintonizan con la Casa Rosada. Es distinto.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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