04:11 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 11-02-2024 / 08:02

LOS SUELDOS Y LAS IDEAS QUE TIRAN GASES Y BALAS DE GOMA

Para reprimir la protesta social del pueblo contra el ajuste, el loco Javier Milei sí tiene plata

“¿Usted me pregunta por qué pegan, tiran gases y balas de goma los que están en moto o los que están detrás de los escudos?", repite un jefe de la Policía Federal. "En primer lugar, porque saben que, si no lo hacen, se tienen que ir de la fuerza. El que va sentado atrás en la moto gana, como mínimo, 584.322 pesos de básico, más un adicional por riesgo, antigüedad y horas adicionales. No menos de 700 mil u 800 mil pesos por mes. Para ellos, un sueldazo. Pero, además -agrega el jefe-, siete de cada diez votaron a Javier Milei y suelen sintonizar en eso de ir contra los zurdos. Eso sí, una parte, ahora dice que hay que destituir a Milei porque se hizo judío."

"¿Usted me pregunta por qué pegan, tiran gases y balas de goma los que están en moto o los que están detrás de los escudos?", repite un jefe de la Policía Federal. "En primer lugar, porque saben que, si no lo hacen, se tienen que ir de la fuerza. El que va sentado atrás en la moto gana, como mínimo, 584.322 pesos de básico, más un adicional por riesgo, antigüedad y horas adicionales. No menos de 700 mil u 800 mil pesos por mes. Para ellos, un sueldazo. Pero, además -agrega el jefe-, siete de cada diez votaron a Javier Milei y suelen sintonizar en eso de ir contra los zurdos. Eso sí, una parte, ahora dice que hay que destituir a Milei porque se hizo judío."

En la Gendarmería se repite algo bastante parecido, aunque con un perfil distinto. Detrás de los escudos suele haber un alferez o subalferez que cobra entre 550.192 y 605.212 de básico, a lo que se suman adicionales por otros 200 mil pesos. En la Federal dicen que a esos cuerpos especiales van los efectivos más rústicos, más pendencieros y con tendencias autoritarias.

Tanto en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, como en las propias fuerzas, hay un clima que es mezcla de incertidumbre y bravuconada: piensan que habrá fuerte conflicto social, no sólo en CABA, sino en distintos lugares del país. Y no faltan los que sienten deleite con la idea del choque, el roce, pegar con la tonfa (el bastón), imponerse a palos, gases o balas de goma.

El Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF) vino a reemplazar a la Policía Montada. La transformación se hizo en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner por los riesgos que significaban los conflictos para la gente y también para los caballos.

"Los que están en esa unidad tienen varios perfiles -cuenta otro jefe de la Federal-. Son fanáticos de las motos, primero que nada. Pero, además, les gusta la pelea, el gimnasio, la tonfa y el manejo de gases y balas de goma. No tienen, ni por asomo, el perfil de los que quieren estar en investigaciones o científica. Algunos dicen que son los más brutos de la Federal y también que en esos cuerpos terminan los sancionados".

Según todos coinciden, en esas unidades, las motorizadas y la Infantería, hay mucha sintonía con los planteos "de orden" del gobierno de Milei, sumado a odio a la izquierda y a los movimientos sociales. Y antisemitismo. Hablan del Plan Andinia (una grotesca teoría de que los judíos se quieren quedar con la Patagonia), y por supuesto, que los judíos son el poder real en el mundo.

Esa franja -el cálculo es que son dos de cada diez- ya está enojada y dice que hay que destituir a Milei porque se hizo judío y no se puede ser presidente siendo de esa religión. Como se sabe, el requisito fue cambiado en la reforma constitucional de 1994.

Algo menos asombroso es el otro punto de coincidencia con La Libertad Avanza: gran parte de esos efectivos creen que "lo de la pandemia fue una gran mentira", una manipulación, también de "los zurdos y judíos".

En la Prefectura y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también hay grupos de infantería, aunque de menores dimensiones. En las últimas protestas, a los prefectos se los vio en el Puente Pueyrredon, mientras que los agentes de la PSA, a través del Grupo de Infantería Aeroportuaria, estuvieron en la represión en las inmediaciones del Congreso. En general, son cuerpos que sus compañeros definen así: "Es un lugar de brutos".

"No me cobres impuestos"

No fue casualidad que entre los policías federales que reprimieron frente al Congreso apareciera un efectivo, inspector o subinspector, que llevaba el símbolo libertario en una especie de parche en el pecho, encima del chaleco antibalas. La bandera de Gadsden, fondo amarillo, con una serpiente en el medio, es utilizada por la derecha en muchos países y la leyenda "Dont tread on me", "no me pisotees", es interpretada como "no me cobres impuestos", una de sus grandes consignas.

Según dicen en la Federal, fue una patoteada del propio efectivo contra los zurdos, no una acción concertada con el jefe a cargo. Pero el desenlace -un sumario, dijo la ministra- no se conoce. Lo que correspondía era poner al individuo en disponibilidad -están prohibidos los símbolos partidarios- e iniciarle el sumario, pero no fue eso lo que informó Bullrich. Claramente le bajó el tono: no quiere hacer ningún gesto que opaque a la represión y que pueda ser interpretado como una sanción a los que pegan palos.

Palos por plata

En la moto suelen ir un inspector o subinspector, con sueldos básicos que van de 584.322 a 642.754 pesos, pero en el operativo participan también sargentos con sueldos básicos de 713.998. A esas cifras se suma un adicional por riesgo, la antigüedad y lo que serían horas extra. En una jornada extensa como las que se vivieron en el Congreso, los efectivos suman entre 20 mil y 35 mil pesos.

En suma, casi ninguno se lleva menos de 700 mil pesos y muchos redondean cifras por encima de 800 o 900 mil pesos mensuales. El régimen es de 12 horas -trabajo-entrenamiento con la moto y en el gimnasio- por 36 horas de descanso. Al frente del operativo, generalmente está un comisario o un subcomisario: el ingreso mensual depende de la antigüedad, pero es de alrededor de 1.500.000 pesos.

Los altos mandos, o sea los que tienen el poder de decisión, rondan los 3.000.000 mensuales, pese a que no tienen muchísima antigüedad: el gobierno de Milei hizo una feroz razzia pasando a retiro a 18 comisarios generales, con más experiencia y menos docilidad para lo que se viene. El pecado que se les achacó fue el de ser colaboracionistas con el gobierno anterior, o sea que mantenían una relación normal, correcta, con el gobierno constitucional.

Verde duro

Como se sabe, quienes ingresan a la Gendarmería son principalmente de las provincias y, a veces, de pequeñas localidades del interior. Se supone que son efectivos formados para estar custodiando las fronteras, es decir en lugares lejanos a las grandes ciudades. No hay, por lo tanto, un proceso ideológico similar al de la Federal ni le dan un valor a la represión en sí misma: es más, algunos están preocupados por no quedar pegados en alguna causa judicial. Pero la no-ideologización los convierte en más dóciles y se considera que "se bancan todo".

Es la fuerza privilegiada por Bullrich, que suele utilizarla para las misiones más espinosas y truculentas. Los ejemplos más nítidos fueron la persecución que terminó con la vida de Santiago Maldonado o el peritaje fraudulento que se hizo respecto del suicidio de Alberto Nisman.

Ese origen en localidades del interior y el perfil poco ideológico hace que los gendarmes valoren las unidades de represión urbana, en esencia porque les permiten vivir en las grandes ciudades o cerca de las grandes ciudades.

Uno de los mitos (o verdades) sobre esa fuerza es que los gendarmes suelen tener una familia en su pueblo o pequeña ciudad de origen y otra familia en las zonas en las que prestan servicio. Debe recordarse que en los gobiernos de CFK se empezó a asignar gendarmes para funciones de seguridad en barrios conflictivos del Gran Buenos Aires y del Gran Rosario. El mito de las dos (o tres) familias arrancó en ese tiempo.

Mucho dinero

Pero el otro atractivo está en los sueldos, que se parecen bastante a los de la Federal. Un alférez o subalferez, que son buena parte de los que están detrás de los escudos en las represiones, tiene sueldos básicos que van de 550.192 pesos hasta 605.212, pero con los adicionales por riesgo, antigüedad y recargo de servicio -cuando están frente a una manifestación todo el día- pueden redondear cifras que superan los 800 mil o 900 mil pesos mensuales. Un recargo de servicio como el de la semana pasada, más de 5 horas, les agrega 13.433 pesos a lo que cobrarán a fin de mes. El jefe del operativo sumó 20.130, aunque su sueldo es de 1.200.000 pesos.

Lo más tentador para un gendarme es lo que llaman Función de Prevención Barrial, o sea, hacer guardias en los barrios complicados. A su sueldo, un alférez le suma 267.967 pesos, lo que lo acerca al millón de pesos.

El otro mito que suele circular es que los gendarmes hacen menos negocios que los policías -federales o bonaerenses o santafesinos o cordobeses- por lo que sus servicios de prevención barrial serían más eficientes. Los negocios de los que se habla son siempre los mismos: vínculos con la prostitución, el curanderismo, el juego, las barras bravas y, en el peor de los casos, la droga.

El aumento de enero y después

El aumento de enero fue del 16 por ciento, porque supuestamente se sigue a los aumentos de UPCN, uno de los gremios estatales. Por supuesto, con el incremento de los precios de diciembre y enero, perdieron por goleada contra la inflación. Y el panorama es que eso va a continuar así.

Sin embargo, el rumor que les hicieron llegar a los efectivos es que los van a ir compensando con adicionales que -supuestamente- irán sumando. Y los efectivos creen ese rumor. Saben que la situación se va a poner cada vez más caliente y que Milei-Bullrich no van a querer arriesgar. Tal vez en el gobierno recuerden que el mayor conflicto de los últimos años de las fuerzas de seguridad, gendarmes y prefectos, fue en 2012 por razones salariales.

Llegaron a ocupar los edificios centrales, el Centinela y el Guardacostas, se auto-acuartelaron y crearon zozobra en toda la sociedad. Claro que en aquel momento gobernaba CFK y la protesta fue acaudillada por personajes de ultraderecha, con cobertura de los grandes medios. Ahora, esos personajes de ultraderecha sintonizan con la Casa Rosada. Es distinto.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular