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                  12:58  |  Jueves 29 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero, muera barrendero”. Contraalmirante Arturo Rial.
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Nacionales - 09-02-2024 / 10:02
LA VENDETTA DEL MAFIOSO LIBERTARIO: INEPTITUD Y LA FALTA DE EMPATÍA HACIA EL PUEBLO TRABAJADOR

Otra mentira más de campaña: luego de la derrota en el Congreso, el loco Milei se vengó quitando subsidios al transporte

Otra mentira más de campaña: luego de la derrota en el Congreso, el loco Milei se vengó quitando subsidios al transporte
El gobierno de Milei, apoyado por Mauricio Macri, anunció la quita de subsidios a los colectivos del interior y los boletos podrían aumentar a $1000 en Córdoba, $1000 en Paraná, $1200 en Tucumán y a $800 en Rosario en medio de una caída histórica del poder adquisitivo por la devaluación del macrista Luis “Toto” Caputo. Es un aumento que en el caso del área metropolitana ocurrirá una semana después de un aumento del 250%, de manera que el boleto viajará sin escalas de los $77 a $468. Se trata de una cuestión muy sensible que ha ocasionada severos desbordes sociales en distintas partes del mundo donde se aplicaron ajustes incluso más moderados. Chile aparece acaso como el espejo más cercano para tomar nota de los riesgos que implica un paso de esta magnitud.
Furioso y desconcertado por el fracaso de la Ley Ómnibus, Javier "el Loco" Milei sobreactúa su ira con los gobernadores, pero descarga los castigos sobre los habitantes de las provincias. Decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba los pasajes de colectivos fuera del AMBA. La medida "dejará sin transporte a millones de argentinos", aseguraron los intendentes de las principales ciudades afectadas. La falta de planificación derivó en una caótica nominalización de la SUBE y el malhumor social va en aumento. Los aumentos de transporte recuerdan el riesgoso antecedente de Chile, donde un aumento de subte, que el gobierno consideró insignificante, desembocó en una revuelta que aún no termina.
 
El gobierno de Milei, apoyado por Mauricio Macri, anunció la quita de subsidios a los colectivos del interior y los boletos podrían aumentar a $1000 en Córdoba, $1000 en Paraná, $1200 en Tucumán y a $800 en Rosario en medio de una caída histórica del poder adquisitivo por la devaluación del macrista Luis "Toto" Caputo. Es un aumento que en el caso del área metropolitana ocurrirá una semana después de un aumento del 250%, de manera que el boleto viajará sin escalas de los $77 a $468. Se trata de una cuestión muy sensible que ha ocasionada severos desbordes sociales en distintas partes del mundo donde se aplicaron ajustes incluso más moderados. Chile aparece acaso como el espejo más cercano para tomar nota de los riesgos que implica un paso de esta magnitud.
 
La disparatada decisión de Milei de vengarse de los gobernadores por el fracaso de la Ley Ómnibus retirando a cero los subsidios al transporte abre enormes interrogantes: "Tensar la cuerda con el precio de algo tan masivo como el transporte público en tiempos de hartazgo social es un modelo que no funciona en términos de contención de la conflictividad, basta mirar lo que pasó en Chile", afirmó un dirigente político del bloque dialoguista.
 
"No son 30 pesos, son 30 años", fue la consigna que terminó marcando el final del gobierno de Sebastián Piñera y el comienzo del proceso constituyente que, a pesar de haber fracasado en el resultado final, dejó a las grandes coaliciones de centro izquierda y centro derecha heridas de muerte y en un proceso de reconstrucción que todavía no culmina.
 
Hay quienes consideran que el 56% de apoyo a Milei en el balotaje es un plafón para profundizar cualquier ajuste. "En Chile los que se rebelaron no eran los que habían votado a Piñera. Acá los que votaron a Milei ya tenían claro lo que iba a hacer", explicó un ex funcionario peronista. "Con los ajustes que hicieron los sueldos de los estatales quedaron en 250 o 300 mil pesos. Tienen presencialidad plena. Si vivís en Provincia, tenés que gastar como mínimo 40 mil pesos, es demoledor", dijo un dirigente que observa alarmado la gestación de una "bomba" social.

Para un chico que viva, por ejemplo en La Plata, y tenga que ir a la Capital a su primer empleo, el costo asciende hasta los 84 mil pesos. "Es el peor tarifazo, va a generar ghettos, la gente no va a trasladarse para trabajar porque no le va a rendir", explicó un conocido economista. "En el interior primero van a criticar a los gobernadores, pero el efecto cascada va a llegar a Casa Rosada", explicó un ex funcionario. Por eso, los intendentes de las grandes ciudades del interior fueron los primeros en reaccionar y anunciaron que buscarán trabar judicialmente la medida. 
Una decisión tonta, ridícula y poco inteligente.


La Opinión Popular

 
LA REDUCCIÓN DEL SUBSIDIO NACIONAL A LOS COLECTIVOS DEL INTERIOR PODRÍA TRIPLICAR LA TARIFA
 
En transporte urbano, "al enemigo ni subsidio"
  
El anuncio oficial de eliminar, este año, el sistema de subsidios en todo el territorio nacional fuera de AMBA, amenaza con poner en crisis la relación entre Nación y provincias
 
El enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores del conjunto de las provincias del país escaló este jueves con la decisión de reducir el subsidio nacional al servicio de autotransporte de pasajeros que se presta fuera del AMBA. La excusa: buscar que "dicha asistencia se aplique directamente" a favor del usuario mediante la tarjeta SUBE, y "no sobre la oferta", es decir las empresas dueñas de los colectivos que prestan el servicio. La consecuencia: según advierten funcionarios provinciales y directivos empresariales, el precio del pasaje en las provincias afectadas "deberá por lo menos triplicarse" para poder sustituir el subsidio oficial que deja de recibirse. En la estimación de un funcionario cordobés, un pasaje que hoy cuesta 340 pesos, debería pasar a costar más de 1100.
 
Tanto gobernadores como intendentes de importantes centros urbanos, sin distinción de partido, salieron al cruce de un recorte de subsidios que no sólo pone en crisis el sistema de transporte de pasajeros en sus distritos, sino que puede dañar seriamente sus finanzas. Hubo encuentros y manifestaciones en común de rechazo a la postura oficial, por arbitraria, injusta y porque tiende a ampliar todavía más la brecha entre las tarifas en el interior y en el AMBA. Sin compensaciones, se estima que el valor del pasaje urbano se irá prácticamente en todo el país por arriba de los 1000 pesos, a precios de hoy.
 
 
"El Plan Venganza"
  
"Es el Plan Venganza contra los gobernadores", definió sin vueltas ante Página/12 Diego Giuliano, ex ministro de Transporte del último gobierno y actual diputado nacional. "Después de toda la presión que ejerció el Ejecutivo sobre los gobernadores para conseguir el apoyo a la ley ómnibus, que terminó en un gran fracaso porque se les volvió en contra, ahora busca castigarlos mediante la eliminación de fondo compensador del transporte público federal. Una decisión ilegal, injusta y recesiva".
 
El antecedente inmediato a la decisión adoptada por el gobierno, a través de la Secretaría de Transporte que depende de Luis Caputo, ministro de Economía, fue "el descongelamiento de las tarifas en trenes y colectivos del AMBA, heredado de la gestión anterior", como lo señala el comunicado de dicha secretaría. Dos aumentos sucesivos, en enero y febrero, llevaron el boleto mínimo de 53 pesos (valor vigente hasta el 14 de enero) a 270 pesos (que rige desde este martes 6), lo cual representa un aumento acumulado del 409 por ciento en menos de un mes.
 
Al mismo tiempo, un segundo antecedente a la quita de subsidios para el autotransporte de pasajeros en las provincias fue el conflicto gremial con la UTA que estuvo a punto de llegar a que se cumpliera un paro de 24 horas este jueves que termina. Los choferes del interior reclaman que se equipare la mejora en sus salarios con la conseguida por sus colegas en el AMBA. Las entidades empresarias respondieron que eso sólo sería posible con un aumento de los subsidios o un incremento de las tarigfas del 300 por ciento. El gremio decretó el paro y el miércoles al caer la tarde, con las primeras sombras de la noche, una gestión urgente de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, respaldada por decenas de intendentes de los distritos urbanos más poblados del país, logró que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria. El gremio acató y levantó el paro a menos de tres horas de que se pusiera en marcha.
 
En las primeras horas del nuevo día, en la mañana de este jueves, la Secretaría de Trabajo lanzó el "bombazo": puso en marcha la liquidación del fondo compensador para las provincias. Al mismo problema que el miércoles, a pedido de gobernadores e intendentes, le había puesto paños fríos para buscar una solución no conlfictiva (conciliación obligatoria con la UTA), ahora lo rociaba con nafta y le arrojaba un fósforo encima, vaciando de recursos al sistema de transporte urbano provincial.
 
"A partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", define el comunicado. No explicita de qué modo se aplicará ni en cuántas etapas, pero el anuncio puesto sobre el escenario del conflicto sindical, es lo mismo que dejarle las manos vacías a los gobernadores para negociar y profundizar un conflicto ya existente.
 
 
Pactos que ya no son
  
"Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones", justifica de inmediato la secretaría de Transporte.
 
Pero aquí surge otra controversia. El gobierno de Milei asienta su decisión en los consensos fiscales de los años 2017 y 2018, por el cual "bajo presión del gobierno de Macri", recuerdan quienes participaron en aquella pulseada, "los gobernadores firmaron que se harían cargo de los subsidios en el futuro". Era tal la desigualdad que generaba ese supuesto consenso, y tan imposible de implementarse, que un nuevo consenso fiscal en el año 2021, derogó dichos compromisos obtenidos bajo presión.
 
"El Estado nacional y los gobernadores provinciales acordaron dejar sin efecto las obligaciopnes asumidas en materia tributaria establecidas con anterioridada a través de los consensos fiscales suscriptos el 16 de noviembre de 2017 y el 13 de septiembre de 2018", más otros posteriores, dice el Consenso Fiscal del año 2021 ratificado por el Congreso nacional mediante ley 27.687.
 
Es decir, la decisión actual se basa en compromisos que ya no están vigentes. "Mala mía", podría decir algún responsable de la operación. Y no se trata de la primera "mala" de los últimos días.
 
"Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. En esta línea, la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan", propone la secretaría de Transporte en el final de su comunicado.
 
Este último párrafo denuncia la intención del gobierno. La tarifa, a su criterio, debería reflejar el costo total del servicio, a criterio de la empresa prestadora. Sin necesidad de consistencia entre un territorio y otro. "El mercado nunca falla", dice Milei en un canal local o en Davos. Luego, por vía de la SUBE, se personalizará el beneficio del descuento. Quien no tenga ese instrumento (o no lo merezca, en futuras reformas), pagará tarifa plena. Es decir, la que demande la empresa prestadora. La SUBE, ese "gran hermano", dirá quién quedará liberado de ese mazazo.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página 12
 

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29-02-2024 / 08:02
En la búsqueda de enemigos, el Gobierno ultra derechista inhumano habilitó un nuevo frente: los "jubilados ficticios". Así lo definió Juliana Santillán, sobre aquellos mayores que no completaron aportes. Para la diputada del bloque libertario, brindar la mínima a ese universo de personas "genera emisión monetaria". Es que en medio de un ajuste brutal que afecta principalmente a los jubilados y pensionados, el presidente Javier "el Loco" Milei analiza derogar la Ley de Movilidad Jubilatoria vigente para impulsar una nueva fórmula que dejaría afuera a casi cuatro millones de personas que se jubilaron mediante moratorias previsionales.
 
En lugar de intentar mejorar los haberes que reciben estas personas, el Gobierno anarco capitalista evalúa convertirlos en beneficiarios de planes sociales dado que consideran "una injusticia" que se hayan podido jubilar sin haber hecho los aportes a tiempo y los responsabilizan del desfinanciamiento del sistema previsional.
 
"Esta iniciativa forma parte de la decisión del Presidente de terminar con todas las injusticias heredadas", aseguraron desde Casa Rosada. Desde el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contemplan la posibilidad que las 3,6 millones de personas que accedieron a las moratorias sean transferidas a un sistema de subsidios. Es decir que en lugar de ser jubilados, serían beneficiarios de planes sociales.
 
En nuestro país el sistema de jubilaciones funciona a través de un régimen de reparto en el que los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes al pago de los haberes pasivos. A esto se suman también otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.
 
Para acceder a una jubilación una persona debe contar con 30 años de aportes laborales y tener 60 años de edad en el caso de las mujeres, y 65 años en los hombres. Sin embargo, existen varios régimen especiales y de excepción, entre los que se encuentran las moratorias.
 
Las moratorias previsionales consisten en un plan de facilidades de pago para que aquellas personas que no cumplen con los 30 años de aportes obligatorios puedan acceder a una jubilación. De esta manera, la persona paga la deuda previsional a través de descuentos que se aplican a sus haberes.
 
Cabe señalar que no tener 30 años de aporte no significa que la persona no haya trabajado durante esa cantidad de años, especialmente en un país con un alto índice de empleo informal. Muchos de los jubilados por moratorias son personas que no tuvieron un trabajo registrado y allí se incluye también el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado a las mujeres que se destinaron a la crianza de sus hijos.
 
La mayoría de esas jubilaciones son percibidas por mujeres a quienes en su vida laboral no se les reconocieron los aportes o trabajaron sin remuneración, y que el gobierno busca separar del resto de los haberes. Un nuevo intento por dividir entre jubilados de primera y de segunda, mientras con la inflación aplastó la capacidad de compra un 30 % en los tres primeros meses de gobierno.
 
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28-02-2024 / 10:02
Un mercado interno desinflado por la recesión de la era neoliberal Milei y una caída en la producción de acero, es la imagen que se pinta en las naves de la gigante siderúrgica Acindar, en Villa Constitución, Santa Fe. Arrinconada por un desplome en las ventas del 40%, la siderúrgica más grande del mundo, parará por 30 días la actividad en todas sus plantas. Además, el parate en la construcción ya se cobró 100.000 puestos de trabajo y el uso de la capacidad instalada muestra una caída peor a la de la pandemia
 
La empresa vende principalmente sus productos para construcción e industria -desde hierros, mallas, perfiles, hasta alambres y clavos-, por lo que la caída de la actividad económica más el recorte de la obra pública de la gestión de Javier "el Psiquiátrico" Milei hicieron mermar las ventas. Ampliar mercados externos como forma de compensar lo local no es algo que se da de un día para el otro, por eso apuraron una parada durante un mes desde mediados de marzo para nivelar la producción y adecuarla a la demanda.
 
Sin embargo, no generó sorpresas entre los trabajadores el blanqueo del parate. Según dirigentes sindicales y supervisores de la planta, la situación se caía de madura porque notaban que la producción estaba baja desde hace unos meses, coincidente con la asunción del anarco capitalista Milei. "La veíamos venir", dice un supervisor de acería. De hecho, este mes de parate anunciado es sólo el comienzo.
 
Ya se habría notificado una parada para julio de producción directa, sector que transforma el mineral de hierro, materia prima fundamental para el proceso del acero. Tiene una producción anual de 900 mil toneladas y ahora proyectan unas 600 mil, un 30% menos.
 
Para seguir con los números, el ejecutivo de Acindar, perteneciente al grupo de origen indio Arcelor Mittal, una de las dos acerías más grandes del mundo, las ventas cayeron entre un 35 y un 40%. "Sabíamos que venía un año difícil, pero la caída es muy superior a la que proyectamos. En los 20 años que tengo en la empresa nunca se registró derrumbe semejante", dijo.
 
Por eso sostienen que es difícil seguir con el mismo ritmo de producción, sobre todo en la inmensa planta de Santa Fe y, por lo tanto, deben readecuar stocks y líneas de producción para bajar un cambio. Respecto a los trabajadores, posiblemente el gremio acuerde adelantar vacaciones para ese mes, cortar horas extras, pero no cedería a tomar compensatorios atrasados. En tanto, las suspensiones serían la última alternativa por la que aún resta negociar cuánto cobrarían por esa situación, si al 90, 85 u 80%.
 
Más allá de los números en caída, los gremios que representan a los trabajadores interpretan que la situación de crisis general y la impronta de ajuste de parte del Gobierno libertario suman a que la empresa avance con situaciones de recortes. De hecho, hubo en las últimas semanas varios despidos de personal fuera de convenio y delegados o supervisores de Asimra luego de una inspección interna que arrojó irregularidades en la toma de horas extra. Incluso varios contratados estarían en la mira según UOM. "Cuando las cosas andan bien es raro que echen a alguien, por lo general hay despidos cuando hay estos problemas", razonó un empleado de años en la fábrica. Pero hay un punto: una eventual medida de fuerza pierde sentido si la planta está parada por decisión de la empresa.
 
La Opinión Popular


27-02-2024 / 09:02
El gobierno de Javier "el Loco" Milei, cada vez más aislado y enfrentado con todo el mundo, que propone un sistema anárquico capitalista inviable, redujo los topes salariales a partir de los cuales se dejan de percibir las asignaciones familiares. El límite de ingresos a nivel individual bajó de casi 2 millones de pesos a algo más de 1 millón de pesos por mes.

Por encima de esa cifra, el trabajador no puede acceder al beneficio. Con la dinámica inflacionaria vigente, esto implica que una vez que se vayan cerrando aumentos en paritarias, una porción de trabajadores medios y medios-altos afrontarán una caída en su salario de bolsillo.


La decisión está amparada en la vigencia del polémico DNU 70, que "declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025", dice el Gobierno anarco capitalista.


Así justifica la actitud anti democrática de pasar por arriba del Congreso: "La particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que el Poder Ejecutivo adopta la presente medida con carácter excepcional". El Decreto agrega que "el país atraviesa una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico".

El Decreto 194/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, abarca a beneficios como el salario familiar por hijo, la asignación prenatal, por adopción y la ayuda escolar anual. En concreto, se reducen los topes que regían para la percepción de asignaciones familiares de los trabajadores formales, de 1.980.000 a 1.077.403 pesos el límite de ingresos a nivel individual y de 3.960.000 pesos a 2.154.806 pesos el tope máximo familiar, equivalente al doble del individual.

La fuerte rebaja del tope implica que mucha gente dejará de recibir el beneficio, al quedar por arriba del salario máximo previsto para cobrarlo. Es un recorte nominal en medio de una explosión de precios que tiene su contrapartida (aunque en mucho menor medida) en las negociaciones salariales.

En marzo del año pasado, la anterior administración había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares al igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Con esa medida, se habían incorporado unos 900.000 niños y adolescentes al Sistema de Asignaciones Familiares. Con la fuerte suba del mínimo no imponible que se aplicó en la campaña electoral, también se elevaron los máximos previstos para cobrar las asignaciones familiares. La última actualización de tope se había dado a principios de diciembre, apenas antes de que asuma Milei.

Las asignaciones familiares se cobran por parte de los trabajadores registrados que tengan hijos menores de 18 años, así como también la ayuda escolar anual, que recientemente subió a 70 mil pesos (pero ahora la van a cobrar menos personas). El tope ahora rebajado también juega para definir el cobro de prestaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal. No se modifica la situación para las asignaciones por hijo con discapacidad. Las asignaciones son decrecientes a medida que sube el escalón salarial, siempre dentro del techo previsto.

26-02-2024 / 11:02
La guerra que se cocinaba desde inicios de febrero entró el viernes en su fase final, cuando Javier "el Loco" Milei lleva menos de tres meses de mandato y el gobernador chubutense amenazó en público con bajar la palanca del suministro de petróleo y gas a todo el país. Peronistas, radicales, macristas y dialoguistas cayeron en la misma bolsa por respaldar sin fisuras a Ignacio "Nacho" Torres en su reclamo contra la Nación por los fondos coparticipables.
 
El Presidente no hizo distinciones a la hora de llamarlos "degenerados fiscales", "traidores", "golpistas", "extorsionadores", que no entienden que "la Argentina eligió un cambio". Para la Casa Rosada, ninguno la ve. Para los gobernadores, el vínculo institucional entró en una fase desconocida, "por fuera de cualquier marco legal".
 
Elisa Carrió reapareció en medio de la crisis desatada para darle contenido a la frase. "Ellos tienen un plan. Dicen no la ven. ¿Qué quiere decir? No ven la destrucción del Estado, no ven que van por la destrucción de los estados provinciales, de los estados municipales. Milei es anarco capitalista, quiere abolir el Estado", dijo la líder de la Coalición Cívica. Y vaticinó: "Terminamos en el caos".
  
Los gobernadores empezaron a verla de manera cada vez más clara y con menos matices entre sí. En un hecho inédito en la historia argentina, el Presidente logró unificar en dos meses los reclamos de las 24 jurisdicciones contra la Casa Rosada. Los mandatarios comparten un chat de Whatsapp y coordinan acciones conjuntas.
 
Es un secreto revelado la buena sintonía de los que llevan la voz cantante; Axel Kicillof, por Unión por la Patria (UP), con Rogelio Frigerio y Torres (PRO), Maximiliano Pullaro (UCR) y el cordobés Martín Llaryora. Los temas en común arman trincheras. Ya no saben cómo calificar la situación política: "Un delirio". Cada tanto, alguno recuerda que pueden conseguir los dos tercios del Congreso para tomar las acciones que crean necesarias contra el Ejecutivo.
 
Hasta ahora, ningún gobierno nacional se había animado a meterse con la coparticipación que llega de manera automática y diaria a las provincias. Milei lo hizo. Según Torres, lo hizo en represalia por haberse animado a presentar una medida cautelar en contra de la eliminación del fondo compensador del transporte. Un juez federal le dio la razón y frenó el recorte. El ministro Luis "Toto" Caputo dio la orden de "ejecutar a Chubut".
  
"Nos avisaron que nos bajaron el pulgar", dicen en la provincia. El gobernador reveló que recibió una amenaza del asesor presidencial Santiago Caputo. "Me dijo: Nacho te recomiendo que te calles porque vamos a sacar los tanques a las redes. Se le va a terminar el ejército de trolls porque la realidad está afuera de Twitter. Se están manejando con un nivel de agresión, soberbia y violencia que es peligroso", dijo.
 
Torres amenazó ahora con interrumpir el suministro del petróleo desde toda la Patagonia como antes Santa Fe había advertido que, sin los puertos de la provincia, la Nación no iba a "a tener ni para pagarles a los trolls" del Gobierno si el Presidente mantenía su ataque deliberado a Pullaro y a las provincias. La Nación ya enfrenta otras demandas en su contra por parte de La Rioja, La Pampa y Misiones por los recortes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el transporte y otros programas. "Ahora la Corte se tiene que poner los pantalones largos", desafío un mandatario provincial.
 

25-02-2024 / 07:02
"No hay recursos. Faltan designaciones. La mitad del ministerio está paralizada. Así el Estado no funciona", reclamó un ministro en el momento más álgido de una reunión de gabinete que había subido de tono. Durante la mayor parte de esos encuentros, Javier "el Loco" Milei escucha en silencio. Muchas veces pierde la atención en la pantalla de su celular.
 
En su lugar contesta Santiago Caputo: "¿Cuál es el problema de que el Estado no funcione? Nosotros no queremos que funcione el Estado, queremos destruirlo. El Estado es nuestro enemigo". El presidente levantó la vista del teléfono y sonrió, encantado con la respuesta. La anécdota, que tiene algo más de quince días, la escribió esta semana el periodista Mariano Obarrio y la confirmaron dos testigos presenciales.
 
En menos de tres meses de gobierno Milei se convirtió en un peligro para la integridad nacional. El rumbo que tomó no tiene antecedentes. Más allá de las nomenclaturas ideológicas (neoliberal, neoconservador, neofascista, anarcocapitalista, libertario, aceleracionista), la característica distintiva de su gobierno reside en un profundo espíritu antiargentino que contamina cada una de sus decisiones y sus actos.
 
La motosierra que blande desde Olivos no poda tan sólo páginas en el presupuesto. También, o debería decir fundamentalmente, cercena las capacidades y responsabilidades fundamentales del Estado nacional: proveer servicios básicos, consolidar la soberanía territorial, acuñar su moneda y representar los intereses comunes ante otros países y ante las provincias.
 
La idea misma de Nación parece ajena a sus designios. Sus ínfulas místicas, que le dictan una misión divina infundida en pretensiones fundacionales, están atadas a una ideología, no a un país. Milei se percibe como economista de la escuela austríaca antes que como argentino. Su afán de trascendencia se desprende de esa lógica.
 
No es una oscura conspiración a espaldas del pueblo sino la regla que guía, en forma transparente, cada acto de su gestión. La visita del secretario de Estado yanqui, Antony Blinken, al balcón de la Casa Rosada, es el ejemplo perfecto de esa perversión de los atributos nacionales, aunque no el único. Se trata de la misma pulsión que rige la enloquecida pelea sin cuartel de Milei contra los gobernadores y contra el Congreso. Y que diseña su agenda internacional.
 
A esta altura es difícil encontrar alguien que niegue lo evidente: Milei no está apto para conducir los destinos de este país que no comprende, ni quiere, ni respeta. La pregunta del millón desde el 10 de diciembre es cuánto puede durar semejante experimento y en los últimos días comenzó a encontrar respuestas.
 
Incluso antes del principio de marzo, que era la fecha prevista en casi todos los pronósticos para un recrudecimiento de las tensiones, esta semana la agenda ya adoptó el ritmo de un país en conflicto: miércoles paro de transporte, jueves paro de sanidad, viernes corte de rutas y avenidas, lunes paro de docentes. El peronismo comenzó a acelerar los pasos de su recomposición política. Macri le bajó el pulgar al mandatario y activó su plan B. Los acontecimientos se precipitan.
 

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