La Opinión Popular
                  12:43  |  Jueves 01 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-02-2024 / 11:02
DERROTA PARLAMENTARIA Y CRISIS: CAYÓ LA NEFASTA LEY Y SU DESTINO ES INCIERTO

Fracaso y papelón histórico de Milei que tuvo que enviar otra vez a comisión la Ley Ómnibus

Fracaso y papelón histórico de Milei que tuvo que enviar otra vez a comisión la Ley Ómnibus
Lo que empieza mal termina mal y de tanto forzar el debate, con bravuconadas y amenazas, Javier Milei se quedó sin su proyecto de Ley ómnibus. La votación en particular terminó de la peor manera cuando, tras varios traspiés en la delegación de facultades, La Libertad Avanza tuvo que volver a foja cero y enviar todo el proyecto de vuelta a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a foja cero. A llorar al Muro de los Lamentos.
Lo que empieza mal termina mal y de tanto forzar el debate, con bravuconadas y amenazas, Javier Milei se quedó sin su proyecto de Ley ómnibus. La votación en particular terminó de la peor manera cuando, tras varios traspiés en la delegación de facultades, La Libertad Avanza tuvo que volver a foja cero y enviar todo el proyecto de vuelta a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a foja cero. A llorar al Muro de los Lamentos.

No importó que el proyecto ya hubiera sido votado en general, LLA se dio de frente con que su iniciativa, lentamente, había empezado a perder sus principales artículos. Las negociaciones no habían llegado a buen puerto, el oficialismo hacía oídos sordos a los reclamos y no fue hasta que la oposición amigable le desguazó los primeros cinco artículos que comenzaron a sonar las alarmas. Finalmente, llegó el capítulo de privatizaciones, los números no estaban, y LLA decidió que prefería tirar abajo todo el último mes de trabajo parlamentario que terminar la jornada con una victoria a medias.


"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas", vociferó Milei, desde Israel, con una furia que se veía reflejada en los rostros de la mayoría de los legisladores libertarios que abandonaban el Congreso. El oficialismo aspira a retomar el debate en comisión la semana que viene, pero el escenario es complicado.

Todos los bloques mantenían reuniones frenéticas, analizando los pasos a seguir. Los diputados de Unión por la Patria cantaban la marcha peronista en las escaleras del Palacio, mientras que los libertarios masticaban ira -"La traición se paga cara", repetirían, en sintonía con el comunicado que sacó LLA- y el radicalismo se encogía de hombros: "Pasó lo que veníamos advirtiendo". En las afueras del Congreso, mientras tanto, se escuchaban los bocinazos de festejo de los autos.
 
El día en el que Milei tenía planeado celebrar la aprobación de sus facultades extraordinarias había arrancado mal. El clima en la Cámara de Diputados mutaba entre el mal humor, el hastío y la bronca. La mañana había estado teñida de una nueva tanda de reuniones entre los alfiles de la oposición amigable y Martín Menem que había derivado, nuevamente, en un callejón sin salida.
 
Ni la aparición de Guillermo Francos había logrado calmar los ánimos: los diputados de Hacemos Coalición Federal y el radicalismo ya no reconocían la autoridad del ministro del Interior y exigían que Luis Caputo levantara el teléfono. Las negociaciones estaban trabadas y, minutos antes de que sonara el timbre de comienzo de la sesión, los diputados cordobeses advertían: "No tienen los votos para aprobar delegaciones".
 
El problema era el alma del proyecto de Ley ómnibus: la delegación de facultades en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, que habilitarían al presidente a poder intervenir sobre gran parte de la vida de los argentinos sin necesidad de pasar por el Congreso.
 
El primer artículo del proyecto, que declaraba las emergencias, sin embargo, se aprobó con 134 votos afirmativos y 121 negativos. No había habido grandes sorpresas: los únicos votos en contra habían provenido de UxP, el FIT, los socialistas y algunos de los radicales díscolos (como Pablo Juliano y Facundo Manes).
 
Las facultades delegadas por un año se votaron, también, sin grandes sorpresas. Pero faltaban las bases de la delegación que detallaban para qué serían utilizadas esas facultades y ahí comenzaron los problemas. Como un dominó, se fueron cayendo una por una, allanando el camino por un derrumbe que, con el correr de las horas, sería absoluto. LLA no tenía el número para sus facultades extraordinarias.
 

 

 
El recinto era un caos, en una esquina Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, de HCF, conversaban y le mostraban algo en el celular a Karina Banfi (UCR). A unos metros, Cristian Ritondo (presidente del bloque PRO) discutía con el cordobés, Ignacio García Aresca, principal alfil de Martín Llaryora, a quien habían dejado solo peleándose por la coparticipación del impuesto País. La amenaza del cordobesismo se instalaba con cada vez más fuerza: LLA no tenía el número para sus facultades extraordinarias.
 
Primer golpe: las delegaciones caídas
  
Sabiendo que había objeciones puntuales contra algunas delegaciones, el oficialismo habilitó el tratamiento por separado de cada uno de los incisos que se referían a las bases de la delegación. El mayor peligro era el inciso H, que habilitaba a Milei a transformar o eliminar los fondos fiduciarios que existen en el país. Entre estos fondos está el de Integración Socio Urbana o el de la Protección de Bosques Nativos, pero el que generaba mayor rechazo entre los gobernadores era el fondo que regulaba el subsidio al consumo de gas en "zonas frías". Fue así que los primeros incisos serían aprobados, pero, cuando fue el turno del H, la pantalla del recinto le puso número a la primera derrota del oficialismo: 112 votos a favor, 142 en contra. Allí estaban las objeciones de UxP y la izquierda, pero también las de todo Innovación Federal -bancada provincial que aglutinaba misioneros, salteños, rionegrinos-, la Coalición Cívica, y los cordobeses que responden a Llaryora.
 
Después de ese voto en contra, la votación en particular se caería a pedazos. Con 123 a favor y 130 contra, LLA perdería también las bases de las delegaciones en materia de seguridad y energía. Es decir que las vaciaban de contenido, quedaban solo a modo "simbólico". La objeción a la delegación energética -que incluía la apertura de la exportación de hidrocarburos o la "recomposición tarifaria"- respondía a la oposición de varios legisladores a darle aquella facultad de Milei. Pero el voto en contra de la delegación de Seguridad era un mensaje político directo a Patricia Bullrich.
 
Después fue el turno del capítulo de Reorganización Administrativa, en el que la oposición le fue bochando en particular todas los incisos excepto uno: el que buscaba la profesionalización de la carrera administrativa. La intervención de organismos públicos o la privatización de empresas públicas habían quedado afuera. Frente al festival de votos en contra, en un momento, Miguel Ángel Pichetto le pidió a Menem que se pusieran serios y negociaran: "Les pedimos alguna flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de receptar alguna propuesta y ganar. Hay que ganar, no perder".
 
 
Golpe final: privatizaciones
  
Llegó el momento de votar el artículo 7, el de privatización a las empresas públicas, y ahí se hizo carne el desorden de las últimas horas. El oficialismo no tenía el número para aprobar las privatizaciones: se habían realizado algunas modificaciones, pero LLA se negaba a continuar achicando el listado de empresas sujetas a privatizar -pedido de HCF- e introducir mayores aspectos de transparencia sobre el proceso -pedido de la UCR-. Había sectores del radicalismo que, además, reclamaban que la privatización de cada empresa tenía que pasar, sí o sí, por el Congreso. Manes prometía una docena de votos radicales en contra que, si se sumaban a los cordobeses, los de UxP, el FIT y algunos representantes provinciales, podían declarar a las privatizaciones por muertas.
 
Los diputados opositores venían masticando bronca hace días. A los insultos y amenazas del Presidente se le había sumado una última provocación: la intervención de los medios públicos. "¿Para qué quiere las facultades si después va a hacerlo por DNU? ¿Y eso es lo que va a querer hacer con los medios? ¿Intervenirlos para echar gente?", cuestionaba un dirigente radical. En este contexto, que se había ido caldeando a medida que le iban rechazando más y más artículos, fue nuevamente Pichetto el que le lanzó al oficialismo un último salvavidas: pidió convocar un cuarto intermedio antes de la votación para "ordenar" el tema.
 
Durante media hora, Ritondo, De Loredo, Pichetto y Pamela Calletti (Innovación Federal) se reunieron con Menem y el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, para ver cómo destrabar el tema. Casa Rosada no llegó con contrapropuestas sino con la confirmación de una amenaza que ya había lanzado Caputo hace una semana: si se caían los principales artículos, ellos bajarían la ley. Formalmente, la propuesta fue devolver el proyecto a comisiones. Los jefes de bloque llevaron el tema a sus bancadas y se pusieron a discutir, a veces a los gritos, en medio del recinto. Finalmente, el titular del bloque de LLA, Oscar Zago, tomó la palabra y pidió devolver el proyecto a comisión.
 
Había un respaldo legal de la propuesta: el artículo 155 del reglamento lo habilitaba, a pesar de la media sanción en general. Pero más allá de las volteretas argumentativas del oficialismo -que ya por esas horas estaba insultando de arriba a abajo a la oposición y, fundamentalmente, a los gobernadores por "no haber cumplido con su palabra-, la derrota de LLA era tajante, devastadora. El desconcierto era total y, pese a los esfuerzos de algunos libertarios que insistían en que el debate seguiría, el clima era de derrota: casi nadie creía que se volvería tocar el tema del proyecto de ley ómnibus en la brevedad.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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