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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 07-02-2024 / 11:02
DERROTA PARLAMENTARIA Y CRISIS: CAYÓ LA NEFASTA LEY Y SU DESTINO ES INCIERTO

Fracaso y papelón histórico de Milei que tuvo que enviar otra vez a comisión la Ley Ómnibus

Fracaso y papelón histórico de Milei que tuvo que enviar otra vez a comisión la Ley Ómnibus
Lo que empieza mal termina mal y de tanto forzar el debate, con bravuconadas y amenazas, Javier Milei se quedó sin su proyecto de Ley ómnibus. La votación en particular terminó de la peor manera cuando, tras varios traspiés en la delegación de facultades, La Libertad Avanza tuvo que volver a foja cero y enviar todo el proyecto de vuelta a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a foja cero. A llorar al Muro de los Lamentos.
Lo que empieza mal termina mal y de tanto forzar el debate, con bravuconadas y amenazas, Javier Milei se quedó sin su proyecto de Ley ómnibus. La votación en particular terminó de la peor manera cuando, tras varios traspiés en la delegación de facultades, La Libertad Avanza tuvo que volver a foja cero y enviar todo el proyecto de vuelta a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a foja cero. A llorar al Muro de los Lamentos.

No importó que el proyecto ya hubiera sido votado en general, LLA se dio de frente con que su iniciativa, lentamente, había empezado a perder sus principales artículos. Las negociaciones no habían llegado a buen puerto, el oficialismo hacía oídos sordos a los reclamos y no fue hasta que la oposición amigable le desguazó los primeros cinco artículos que comenzaron a sonar las alarmas. Finalmente, llegó el capítulo de privatizaciones, los números no estaban, y LLA decidió que prefería tirar abajo todo el último mes de trabajo parlamentario que terminar la jornada con una victoria a medias.


"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas", vociferó Milei, desde Israel, con una furia que se veía reflejada en los rostros de la mayoría de los legisladores libertarios que abandonaban el Congreso. El oficialismo aspira a retomar el debate en comisión la semana que viene, pero el escenario es complicado.

Todos los bloques mantenían reuniones frenéticas, analizando los pasos a seguir. Los diputados de Unión por la Patria cantaban la marcha peronista en las escaleras del Palacio, mientras que los libertarios masticaban ira -"La traición se paga cara", repetirían, en sintonía con el comunicado que sacó LLA- y el radicalismo se encogía de hombros: "Pasó lo que veníamos advirtiendo". En las afueras del Congreso, mientras tanto, se escuchaban los bocinazos de festejo de los autos.
 
El día en el que Milei tenía planeado celebrar la aprobación de sus facultades extraordinarias había arrancado mal. El clima en la Cámara de Diputados mutaba entre el mal humor, el hastío y la bronca. La mañana había estado teñida de una nueva tanda de reuniones entre los alfiles de la oposición amigable y Martín Menem que había derivado, nuevamente, en un callejón sin salida.
 
Ni la aparición de Guillermo Francos había logrado calmar los ánimos: los diputados de Hacemos Coalición Federal y el radicalismo ya no reconocían la autoridad del ministro del Interior y exigían que Luis Caputo levantara el teléfono. Las negociaciones estaban trabadas y, minutos antes de que sonara el timbre de comienzo de la sesión, los diputados cordobeses advertían: "No tienen los votos para aprobar delegaciones".
 
El problema era el alma del proyecto de Ley ómnibus: la delegación de facultades en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, que habilitarían al presidente a poder intervenir sobre gran parte de la vida de los argentinos sin necesidad de pasar por el Congreso.
 
El primer artículo del proyecto, que declaraba las emergencias, sin embargo, se aprobó con 134 votos afirmativos y 121 negativos. No había habido grandes sorpresas: los únicos votos en contra habían provenido de UxP, el FIT, los socialistas y algunos de los radicales díscolos (como Pablo Juliano y Facundo Manes).
 
Las facultades delegadas por un año se votaron, también, sin grandes sorpresas. Pero faltaban las bases de la delegación que detallaban para qué serían utilizadas esas facultades y ahí comenzaron los problemas. Como un dominó, se fueron cayendo una por una, allanando el camino por un derrumbe que, con el correr de las horas, sería absoluto. LLA no tenía el número para sus facultades extraordinarias.
 

 

 
El recinto era un caos, en una esquina Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, de HCF, conversaban y le mostraban algo en el celular a Karina Banfi (UCR). A unos metros, Cristian Ritondo (presidente del bloque PRO) discutía con el cordobés, Ignacio García Aresca, principal alfil de Martín Llaryora, a quien habían dejado solo peleándose por la coparticipación del impuesto País. La amenaza del cordobesismo se instalaba con cada vez más fuerza: LLA no tenía el número para sus facultades extraordinarias.
 
Primer golpe: las delegaciones caídas
  
Sabiendo que había objeciones puntuales contra algunas delegaciones, el oficialismo habilitó el tratamiento por separado de cada uno de los incisos que se referían a las bases de la delegación. El mayor peligro era el inciso H, que habilitaba a Milei a transformar o eliminar los fondos fiduciarios que existen en el país. Entre estos fondos está el de Integración Socio Urbana o el de la Protección de Bosques Nativos, pero el que generaba mayor rechazo entre los gobernadores era el fondo que regulaba el subsidio al consumo de gas en "zonas frías". Fue así que los primeros incisos serían aprobados, pero, cuando fue el turno del H, la pantalla del recinto le puso número a la primera derrota del oficialismo: 112 votos a favor, 142 en contra. Allí estaban las objeciones de UxP y la izquierda, pero también las de todo Innovación Federal -bancada provincial que aglutinaba misioneros, salteños, rionegrinos-, la Coalición Cívica, y los cordobeses que responden a Llaryora.
 
Después de ese voto en contra, la votación en particular se caería a pedazos. Con 123 a favor y 130 contra, LLA perdería también las bases de las delegaciones en materia de seguridad y energía. Es decir que las vaciaban de contenido, quedaban solo a modo "simbólico". La objeción a la delegación energética -que incluía la apertura de la exportación de hidrocarburos o la "recomposición tarifaria"- respondía a la oposición de varios legisladores a darle aquella facultad de Milei. Pero el voto en contra de la delegación de Seguridad era un mensaje político directo a Patricia Bullrich.
 
Después fue el turno del capítulo de Reorganización Administrativa, en el que la oposición le fue bochando en particular todas los incisos excepto uno: el que buscaba la profesionalización de la carrera administrativa. La intervención de organismos públicos o la privatización de empresas públicas habían quedado afuera. Frente al festival de votos en contra, en un momento, Miguel Ángel Pichetto le pidió a Menem que se pusieran serios y negociaran: "Les pedimos alguna flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de receptar alguna propuesta y ganar. Hay que ganar, no perder".
 
 
Golpe final: privatizaciones
  
Llegó el momento de votar el artículo 7, el de privatización a las empresas públicas, y ahí se hizo carne el desorden de las últimas horas. El oficialismo no tenía el número para aprobar las privatizaciones: se habían realizado algunas modificaciones, pero LLA se negaba a continuar achicando el listado de empresas sujetas a privatizar -pedido de HCF- e introducir mayores aspectos de transparencia sobre el proceso -pedido de la UCR-. Había sectores del radicalismo que, además, reclamaban que la privatización de cada empresa tenía que pasar, sí o sí, por el Congreso. Manes prometía una docena de votos radicales en contra que, si se sumaban a los cordobeses, los de UxP, el FIT y algunos representantes provinciales, podían declarar a las privatizaciones por muertas.
 
Los diputados opositores venían masticando bronca hace días. A los insultos y amenazas del Presidente se le había sumado una última provocación: la intervención de los medios públicos. "¿Para qué quiere las facultades si después va a hacerlo por DNU? ¿Y eso es lo que va a querer hacer con los medios? ¿Intervenirlos para echar gente?", cuestionaba un dirigente radical. En este contexto, que se había ido caldeando a medida que le iban rechazando más y más artículos, fue nuevamente Pichetto el que le lanzó al oficialismo un último salvavidas: pidió convocar un cuarto intermedio antes de la votación para "ordenar" el tema.
 
Durante media hora, Ritondo, De Loredo, Pichetto y Pamela Calletti (Innovación Federal) se reunieron con Menem y el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, para ver cómo destrabar el tema. Casa Rosada no llegó con contrapropuestas sino con la confirmación de una amenaza que ya había lanzado Caputo hace una semana: si se caían los principales artículos, ellos bajarían la ley. Formalmente, la propuesta fue devolver el proyecto a comisiones. Los jefes de bloque llevaron el tema a sus bancadas y se pusieron a discutir, a veces a los gritos, en medio del recinto. Finalmente, el titular del bloque de LLA, Oscar Zago, tomó la palabra y pidió devolver el proyecto a comisión.
 
Había un respaldo legal de la propuesta: el artículo 155 del reglamento lo habilitaba, a pesar de la media sanción en general. Pero más allá de las volteretas argumentativas del oficialismo -que ya por esas horas estaba insultando de arriba a abajo a la oposición y, fundamentalmente, a los gobernadores por "no haber cumplido con su palabra-, la derrota de LLA era tajante, devastadora. El desconcierto era total y, pese a los esfuerzos de algunos libertarios que insistían en que el debate seguiría, el clima era de derrota: casi nadie creía que se volvería tocar el tema del proyecto de ley ómnibus en la brevedad.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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