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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 05-02-2024 / 12:02
LA DESFACHATADA EXPLICACIÓN OFICIAL PARA SUSPENDER LA ASISTENCIA ES QUE SE BUSCA MEJORAR EL SISTEMA

El insensible de Milei dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios

El insensible de Milei dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios
El gobierno anarco capitalista del despiadado Javier Milei mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, y la situación allí se agrava día a día. El dinero no alcanza en todas las familias para comprar alimentos y la población que asiste a los comedores crece cada vez más.
El gobierno anarco capitalista del despiadado Javier Milei mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, y la situación allí se agrava día a día. El dinero no alcanza en todas las familias para comprar alimentos y la población que asiste a los comedores crece.
 
La política pública alimentaria venía siendo cuestionada por los movimientos sociales, en el marco de un proceso de reducción del gasto fiscal, pero suspender los pagos y el envío de mercadería mientras "están pensando" una mejor respuesta no contribuye a la solución, denuncian. Ayer el Gobierno giró un monto para la Tarjeta Alimentar, un programa que cubre una asistencia acotada para niños y niñas de hasta 14 años.
 
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no ejecutó las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores populares que por ley se habían renovado emulando el presupuesto de 2023. De esta manera, el Gobierno contribuye al ajuste fiscal pero cargando el peso sobre los grupos más vulnerables de la sociedad, y no sobre la casta. Inclusive el superávit fiscal de 2 por ciento del PBI acordado con el FMI preveía el diseño de políticas públicas de contención para los sectores más vulnerables.
 
No obstante, la cartera manejada por Pablo de la Torre decidió pisar los programas con financiamiento del BID para la compra de alimentos secos y frescos -el "Plan Nacional Argentina contra el Hambre"- y otros con fondeo local para asistencia a comedores comunitarios y escolares, que suman unos 180.000 millones de pesos presupuestados: el 8,4 por ciento de los fondos de la Secretaría.
 
En enero de 2023, la ejecución presupuestaria destinada a comedores comunitarios fue del 24 por ciento del total de los recursos. Hoy es del 0 por ciento, según muestran los datos oficiales abiertos del Presupuesto Nacional. El Gobierno únicamente ejecutó los giros por la Tarjeta Alimentar, que es una política de asistencia acotada dirigida a niñas y niños de hasta 14 años, que representa el 32 por ciento del presupuesto de la Secretaría. Ayer, para ese programa fueron destinados 132.000 millones de pesos.
 
La explicación del Gobierno para suspender la asistencia a los comedores es que quieren mejorar el sistema, para que los establecimientos compren directamente la mercadería con una tarjeta en lugar de recibir provisiones enviadas por el Estado Nacional. A esto apunta la política de extender la Tarjeta Alimentar a los comedores, que hasta ahora alcanzó a un número muy reducido.
 
Los movimientos sociales también critican las compras que realiza el Estado pues "entrega mal y tarde", ya que ningún proveedor quiere venderle porque pagan con una demora de casi seis meses. Rafael Klejzer, referente del movimiento La Dignidad, señaló que los movimientos sociales muchas veces consiguen agilizar las compras y obtener mejores precios porque compran al por mayor pero además conocen a los comercio de cercanía.
 
"Los comedores no funcionan íntegramente con asistencia del Estado, como habitualmente se cree, sino que muchas veces reciben raciones de colectas o yendo al Mercado Central a reciclar la mercadería que después se consume", aclara.
 
Desde el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, que dirige Klejzer, relevaron los aumentos de precios en comercios de cercanía a los barrios populares durante enero y encontraron cifras preocupantes: el vinagre subió 64,2 por ciento en el mes, los jugos en polvo 63,3 por ciento, la polenta 54 por ciento, el aceite 45 por ciento, la harina 43,5 y la leche 41,4 por ciento, para mencionar algunos ejemplos. 
 

 
Las subas en los comercios de cercanía suelen ser mayores que en supermercados, esto cuando el programa Precios Justos estaba vigente pero también por las ofertas que suelen ofrecer los grandes centros comerciales pero no un almacén. "En el contexto inflacionario actual, si el Estado sólo prorroga las partidas del Presupuesto 2023 el desfinanciamiento para los comedores populares será muy importante", advierte Klejzer.
 
"Ya en 2023 recibimos alimentos por un 20 por ciento menos que años anteriores", agrega. Los movimientos sociales vienen cuestionando la política alimentaria del Gobierno: "desde 2021 funciona mal".
 
Natalia Zarza, referente socio-comunitaria de la UTEP y trabajadora en comedores, comenta que la situación es desesperante para algunos sectores de la sociedad. "Donde antes se daban 80 tuppers hoy se reparten 150, y cada tupper contiene más de una ración, pero la mercadería no alcanza. Entonces los comedores que abrían de lunes a viernes, ahora solo abren tres días y los que abrían tres días pasaron a abrir solo uno", ejemplifica.
 
En igual sentido se manifiesta Klejzer: "La gente que asiste a los comedores populares crece cotidianamente, entonces algunos comedores no daban abasto se transformaron en merenderos, y otros merenderos son ahora una olla popular de una vez por semana". La cantidad de personas que asiste a los comedores cambia semana a semana.
 
"Estamos recibiendo gente en nuestros comedores que nunca antes vimos venir. Recibimos más gente que en la pandemia, porque a nadie le alcanza la plata para comer. No es una situación de personas sin trabajo o que hacen changas, sino de familias con empleo formal que se quedan sin dinero antes de fin de mes", agrega Zarza. "La situación en los barrios es delicada y las personas se enojan con las propias compañeras porque entregan raciones pequeñas que es lo que se llega a cocinar".
 
La calidad de la comida en los comedores muchas veces no es buena y las entregas estatales son lerdas y discontinuas: "Un día te dan hidratos pero no entregan aceite ni azúcar, otro día te arreglan con algunas latas de tomate y arvejas", sostienen desde la UTEP, pero discontinuar las asignaciones de recursos físicos y monetarios a los comedores no parece ser parte de la solución.
 
Mientras el Gobierno "está pensando" una mejor respuesta, transforman lo malo en peor. Lo mismo sucedió con la entrega de las cajas de navidad que fue suspendida en diciembre porque evaluaron que eran muy pocas, "inclusive en la transición de Cristina Kirchner y Mauricio Macri se entregaron", señalaron desde los movimientos sociales.
 
Respecto a las asignaciones presupuestarias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el miércoles pasado que el Ministerio de Capital Humano "ha duplicado la ayuda alimentaria y aumentado en un 75 por ciento el presupuesto destinado a las transferencias a comedores", sin embargo ninguna de esas cifras pudo constatarse con la información oficial consultada por este diario.
 
Sí se observó que el presupuesto para políticas alimentarias es exactamente el mismo que en 2023 -lo cual supone un fuerte ajuste sobre el poder de compra con una inflación superior al 211 por ciento anual-, y que en materia de comedores populares el presupuesto está siendo subejecutado, con asignaciones cero. Ante este escenario, los movimientos sociales, referentes de iglesias y algunas ONGs presentaron a las autoridades un listado de los comedores que administran y la cantidad de personas asistentes, pero todavía no obtuvieron respuesta.
 
"El lunes vamos a hacer una fila en la puerta del Ministerio de Capital Humano para que atiendan individualmente a quienes tienen problemas de alimentación", comentaron desde La Dignidad, "pero todavía no resolvimos cómo trasladar a las personas que viven en el interior del país". Además, el jueves repetirán la asistencia a las puertas de supermercados para recibir donaciones. Interpretan que va a haber lucha. En tanto desde la UTEP calcularon en respuesta a las autoridades que "si el Gobierno quiere atender una a una a las personas con hambre, le va a tomar 85 años poder hacerlo, a razón de dos minutos por persona".
 
Por Mara Pedrazzoli
 
Fuente: Página 12
 

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21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

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