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“Sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero, muera barrendero”. Contraalmirante Arturo Rial.
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Nacionales - 05-02-2024 / 12:02
LA DESFACHATADA EXPLICACIÓN OFICIAL PARA SUSPENDER LA ASISTENCIA ES QUE SE BUSCA MEJORAR EL SISTEMA

El insensible de Milei dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios

El insensible de Milei dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios
El gobierno anarco capitalista del despiadado Javier Milei mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, y la situación allí se agrava día a día. El dinero no alcanza en todas las familias para comprar alimentos y la población que asiste a los comedores crece cada vez más.
El gobierno anarco capitalista del despiadado Javier Milei mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, y la situación allí se agrava día a día. El dinero no alcanza en todas las familias para comprar alimentos y la población que asiste a los comedores crece.
 
La política pública alimentaria venía siendo cuestionada por los movimientos sociales, en el marco de un proceso de reducción del gasto fiscal, pero suspender los pagos y el envío de mercadería mientras "están pensando" una mejor respuesta no contribuye a la solución, denuncian. Ayer el Gobierno giró un monto para la Tarjeta Alimentar, un programa que cubre una asistencia acotada para niños y niñas de hasta 14 años.
 
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no ejecutó las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores populares que por ley se habían renovado emulando el presupuesto de 2023. De esta manera, el Gobierno contribuye al ajuste fiscal pero cargando el peso sobre los grupos más vulnerables de la sociedad, y no sobre la casta. Inclusive el superávit fiscal de 2 por ciento del PBI acordado con el FMI preveía el diseño de políticas públicas de contención para los sectores más vulnerables.
 
No obstante, la cartera manejada por Pablo de la Torre decidió pisar los programas con financiamiento del BID para la compra de alimentos secos y frescos -el "Plan Nacional Argentina contra el Hambre"- y otros con fondeo local para asistencia a comedores comunitarios y escolares, que suman unos 180.000 millones de pesos presupuestados: el 8,4 por ciento de los fondos de la Secretaría.
 
En enero de 2023, la ejecución presupuestaria destinada a comedores comunitarios fue del 24 por ciento del total de los recursos. Hoy es del 0 por ciento, según muestran los datos oficiales abiertos del Presupuesto Nacional. El Gobierno únicamente ejecutó los giros por la Tarjeta Alimentar, que es una política de asistencia acotada dirigida a niñas y niños de hasta 14 años, que representa el 32 por ciento del presupuesto de la Secretaría. Ayer, para ese programa fueron destinados 132.000 millones de pesos.
 
La explicación del Gobierno para suspender la asistencia a los comedores es que quieren mejorar el sistema, para que los establecimientos compren directamente la mercadería con una tarjeta en lugar de recibir provisiones enviadas por el Estado Nacional. A esto apunta la política de extender la Tarjeta Alimentar a los comedores, que hasta ahora alcanzó a un número muy reducido.
 
Los movimientos sociales también critican las compras que realiza el Estado pues "entrega mal y tarde", ya que ningún proveedor quiere venderle porque pagan con una demora de casi seis meses. Rafael Klejzer, referente del movimiento La Dignidad, señaló que los movimientos sociales muchas veces consiguen agilizar las compras y obtener mejores precios porque compran al por mayor pero además conocen a los comercio de cercanía.
 
"Los comedores no funcionan íntegramente con asistencia del Estado, como habitualmente se cree, sino que muchas veces reciben raciones de colectas o yendo al Mercado Central a reciclar la mercadería que después se consume", aclara.
 
Desde el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, que dirige Klejzer, relevaron los aumentos de precios en comercios de cercanía a los barrios populares durante enero y encontraron cifras preocupantes: el vinagre subió 64,2 por ciento en el mes, los jugos en polvo 63,3 por ciento, la polenta 54 por ciento, el aceite 45 por ciento, la harina 43,5 y la leche 41,4 por ciento, para mencionar algunos ejemplos. 
 

 
Las subas en los comercios de cercanía suelen ser mayores que en supermercados, esto cuando el programa Precios Justos estaba vigente pero también por las ofertas que suelen ofrecer los grandes centros comerciales pero no un almacén. "En el contexto inflacionario actual, si el Estado sólo prorroga las partidas del Presupuesto 2023 el desfinanciamiento para los comedores populares será muy importante", advierte Klejzer.
 
"Ya en 2023 recibimos alimentos por un 20 por ciento menos que años anteriores", agrega. Los movimientos sociales vienen cuestionando la política alimentaria del Gobierno: "desde 2021 funciona mal".
 
Natalia Zarza, referente socio-comunitaria de la UTEP y trabajadora en comedores, comenta que la situación es desesperante para algunos sectores de la sociedad. "Donde antes se daban 80 tuppers hoy se reparten 150, y cada tupper contiene más de una ración, pero la mercadería no alcanza. Entonces los comedores que abrían de lunes a viernes, ahora solo abren tres días y los que abrían tres días pasaron a abrir solo uno", ejemplifica.
 
En igual sentido se manifiesta Klejzer: "La gente que asiste a los comedores populares crece cotidianamente, entonces algunos comedores no daban abasto se transformaron en merenderos, y otros merenderos son ahora una olla popular de una vez por semana". La cantidad de personas que asiste a los comedores cambia semana a semana.
 
"Estamos recibiendo gente en nuestros comedores que nunca antes vimos venir. Recibimos más gente que en la pandemia, porque a nadie le alcanza la plata para comer. No es una situación de personas sin trabajo o que hacen changas, sino de familias con empleo formal que se quedan sin dinero antes de fin de mes", agrega Zarza. "La situación en los barrios es delicada y las personas se enojan con las propias compañeras porque entregan raciones pequeñas que es lo que se llega a cocinar".
 
La calidad de la comida en los comedores muchas veces no es buena y las entregas estatales son lerdas y discontinuas: "Un día te dan hidratos pero no entregan aceite ni azúcar, otro día te arreglan con algunas latas de tomate y arvejas", sostienen desde la UTEP, pero discontinuar las asignaciones de recursos físicos y monetarios a los comedores no parece ser parte de la solución.
 
Mientras el Gobierno "está pensando" una mejor respuesta, transforman lo malo en peor. Lo mismo sucedió con la entrega de las cajas de navidad que fue suspendida en diciembre porque evaluaron que eran muy pocas, "inclusive en la transición de Cristina Kirchner y Mauricio Macri se entregaron", señalaron desde los movimientos sociales.
 
Respecto a las asignaciones presupuestarias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el miércoles pasado que el Ministerio de Capital Humano "ha duplicado la ayuda alimentaria y aumentado en un 75 por ciento el presupuesto destinado a las transferencias a comedores", sin embargo ninguna de esas cifras pudo constatarse con la información oficial consultada por este diario.
 
Sí se observó que el presupuesto para políticas alimentarias es exactamente el mismo que en 2023 -lo cual supone un fuerte ajuste sobre el poder de compra con una inflación superior al 211 por ciento anual-, y que en materia de comedores populares el presupuesto está siendo subejecutado, con asignaciones cero. Ante este escenario, los movimientos sociales, referentes de iglesias y algunas ONGs presentaron a las autoridades un listado de los comedores que administran y la cantidad de personas asistentes, pero todavía no obtuvieron respuesta.
 
"El lunes vamos a hacer una fila en la puerta del Ministerio de Capital Humano para que atiendan individualmente a quienes tienen problemas de alimentación", comentaron desde La Dignidad, "pero todavía no resolvimos cómo trasladar a las personas que viven en el interior del país". Además, el jueves repetirán la asistencia a las puertas de supermercados para recibir donaciones. Interpretan que va a haber lucha. En tanto desde la UTEP calcularon en respuesta a las autoridades que "si el Gobierno quiere atender una a una a las personas con hambre, le va a tomar 85 años poder hacerlo, a razón de dos minutos por persona".
 
Por Mara Pedrazzoli
 
Fuente: Página 12
 

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29-02-2024 / 08:02
En la búsqueda de enemigos, el Gobierno ultra derechista inhumano habilitó un nuevo frente: los "jubilados ficticios". Así lo definió Juliana Santillán, sobre aquellos mayores que no completaron aportes. Para la diputada del bloque libertario, brindar la mínima a ese universo de personas "genera emisión monetaria". Es que en medio de un ajuste brutal que afecta principalmente a los jubilados y pensionados, el presidente Javier "el Loco" Milei analiza derogar la Ley de Movilidad Jubilatoria vigente para impulsar una nueva fórmula que dejaría afuera a casi cuatro millones de personas que se jubilaron mediante moratorias previsionales.
 
En lugar de intentar mejorar los haberes que reciben estas personas, el Gobierno anarco capitalista evalúa convertirlos en beneficiarios de planes sociales dado que consideran "una injusticia" que se hayan podido jubilar sin haber hecho los aportes a tiempo y los responsabilizan del desfinanciamiento del sistema previsional.
 
"Esta iniciativa forma parte de la decisión del Presidente de terminar con todas las injusticias heredadas", aseguraron desde Casa Rosada. Desde el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contemplan la posibilidad que las 3,6 millones de personas que accedieron a las moratorias sean transferidas a un sistema de subsidios. Es decir que en lugar de ser jubilados, serían beneficiarios de planes sociales.
 
En nuestro país el sistema de jubilaciones funciona a través de un régimen de reparto en el que los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes al pago de los haberes pasivos. A esto se suman también otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.
 
Para acceder a una jubilación una persona debe contar con 30 años de aportes laborales y tener 60 años de edad en el caso de las mujeres, y 65 años en los hombres. Sin embargo, existen varios régimen especiales y de excepción, entre los que se encuentran las moratorias.
 
Las moratorias previsionales consisten en un plan de facilidades de pago para que aquellas personas que no cumplen con los 30 años de aportes obligatorios puedan acceder a una jubilación. De esta manera, la persona paga la deuda previsional a través de descuentos que se aplican a sus haberes.
 
Cabe señalar que no tener 30 años de aporte no significa que la persona no haya trabajado durante esa cantidad de años, especialmente en un país con un alto índice de empleo informal. Muchos de los jubilados por moratorias son personas que no tuvieron un trabajo registrado y allí se incluye también el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado a las mujeres que se destinaron a la crianza de sus hijos.
 
La mayoría de esas jubilaciones son percibidas por mujeres a quienes en su vida laboral no se les reconocieron los aportes o trabajaron sin remuneración, y que el gobierno busca separar del resto de los haberes. Un nuevo intento por dividir entre jubilados de primera y de segunda, mientras con la inflación aplastó la capacidad de compra un 30 % en los tres primeros meses de gobierno.
 
La Opinión Popular
 

28-02-2024 / 10:02
Un mercado interno desinflado por la recesión de la era neoliberal Milei y una caída en la producción de acero, es la imagen que se pinta en las naves de la gigante siderúrgica Acindar, en Villa Constitución, Santa Fe. Arrinconada por un desplome en las ventas del 40%, la siderúrgica más grande del mundo, parará por 30 días la actividad en todas sus plantas. Además, el parate en la construcción ya se cobró 100.000 puestos de trabajo y el uso de la capacidad instalada muestra una caída peor a la de la pandemia
 
La empresa vende principalmente sus productos para construcción e industria -desde hierros, mallas, perfiles, hasta alambres y clavos-, por lo que la caída de la actividad económica más el recorte de la obra pública de la gestión de Javier "el Psiquiátrico" Milei hicieron mermar las ventas. Ampliar mercados externos como forma de compensar lo local no es algo que se da de un día para el otro, por eso apuraron una parada durante un mes desde mediados de marzo para nivelar la producción y adecuarla a la demanda.
 
Sin embargo, no generó sorpresas entre los trabajadores el blanqueo del parate. Según dirigentes sindicales y supervisores de la planta, la situación se caía de madura porque notaban que la producción estaba baja desde hace unos meses, coincidente con la asunción del anarco capitalista Milei. "La veíamos venir", dice un supervisor de acería. De hecho, este mes de parate anunciado es sólo el comienzo.
 
Ya se habría notificado una parada para julio de producción directa, sector que transforma el mineral de hierro, materia prima fundamental para el proceso del acero. Tiene una producción anual de 900 mil toneladas y ahora proyectan unas 600 mil, un 30% menos.
 
Para seguir con los números, el ejecutivo de Acindar, perteneciente al grupo de origen indio Arcelor Mittal, una de las dos acerías más grandes del mundo, las ventas cayeron entre un 35 y un 40%. "Sabíamos que venía un año difícil, pero la caída es muy superior a la que proyectamos. En los 20 años que tengo en la empresa nunca se registró derrumbe semejante", dijo.
 
Por eso sostienen que es difícil seguir con el mismo ritmo de producción, sobre todo en la inmensa planta de Santa Fe y, por lo tanto, deben readecuar stocks y líneas de producción para bajar un cambio. Respecto a los trabajadores, posiblemente el gremio acuerde adelantar vacaciones para ese mes, cortar horas extras, pero no cedería a tomar compensatorios atrasados. En tanto, las suspensiones serían la última alternativa por la que aún resta negociar cuánto cobrarían por esa situación, si al 90, 85 u 80%.
 
Más allá de los números en caída, los gremios que representan a los trabajadores interpretan que la situación de crisis general y la impronta de ajuste de parte del Gobierno libertario suman a que la empresa avance con situaciones de recortes. De hecho, hubo en las últimas semanas varios despidos de personal fuera de convenio y delegados o supervisores de Asimra luego de una inspección interna que arrojó irregularidades en la toma de horas extra. Incluso varios contratados estarían en la mira según UOM. "Cuando las cosas andan bien es raro que echen a alguien, por lo general hay despidos cuando hay estos problemas", razonó un empleado de años en la fábrica. Pero hay un punto: una eventual medida de fuerza pierde sentido si la planta está parada por decisión de la empresa.
 
La Opinión Popular


27-02-2024 / 09:02
El gobierno de Javier "el Loco" Milei, cada vez más aislado y enfrentado con todo el mundo, que propone un sistema anárquico capitalista inviable, redujo los topes salariales a partir de los cuales se dejan de percibir las asignaciones familiares. El límite de ingresos a nivel individual bajó de casi 2 millones de pesos a algo más de 1 millón de pesos por mes.

Por encima de esa cifra, el trabajador no puede acceder al beneficio. Con la dinámica inflacionaria vigente, esto implica que una vez que se vayan cerrando aumentos en paritarias, una porción de trabajadores medios y medios-altos afrontarán una caída en su salario de bolsillo.


La decisión está amparada en la vigencia del polémico DNU 70, que "declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025", dice el Gobierno anarco capitalista.


Así justifica la actitud anti democrática de pasar por arriba del Congreso: "La particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que el Poder Ejecutivo adopta la presente medida con carácter excepcional". El Decreto agrega que "el país atraviesa una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico".

El Decreto 194/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, abarca a beneficios como el salario familiar por hijo, la asignación prenatal, por adopción y la ayuda escolar anual. En concreto, se reducen los topes que regían para la percepción de asignaciones familiares de los trabajadores formales, de 1.980.000 a 1.077.403 pesos el límite de ingresos a nivel individual y de 3.960.000 pesos a 2.154.806 pesos el tope máximo familiar, equivalente al doble del individual.

La fuerte rebaja del tope implica que mucha gente dejará de recibir el beneficio, al quedar por arriba del salario máximo previsto para cobrarlo. Es un recorte nominal en medio de una explosión de precios que tiene su contrapartida (aunque en mucho menor medida) en las negociaciones salariales.

En marzo del año pasado, la anterior administración había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares al igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Con esa medida, se habían incorporado unos 900.000 niños y adolescentes al Sistema de Asignaciones Familiares. Con la fuerte suba del mínimo no imponible que se aplicó en la campaña electoral, también se elevaron los máximos previstos para cobrar las asignaciones familiares. La última actualización de tope se había dado a principios de diciembre, apenas antes de que asuma Milei.

Las asignaciones familiares se cobran por parte de los trabajadores registrados que tengan hijos menores de 18 años, así como también la ayuda escolar anual, que recientemente subió a 70 mil pesos (pero ahora la van a cobrar menos personas). El tope ahora rebajado también juega para definir el cobro de prestaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal. No se modifica la situación para las asignaciones por hijo con discapacidad. Las asignaciones son decrecientes a medida que sube el escalón salarial, siempre dentro del techo previsto.

26-02-2024 / 11:02
La guerra que se cocinaba desde inicios de febrero entró el viernes en su fase final, cuando Javier "el Loco" Milei lleva menos de tres meses de mandato y el gobernador chubutense amenazó en público con bajar la palanca del suministro de petróleo y gas a todo el país. Peronistas, radicales, macristas y dialoguistas cayeron en la misma bolsa por respaldar sin fisuras a Ignacio "Nacho" Torres en su reclamo contra la Nación por los fondos coparticipables.
 
El Presidente no hizo distinciones a la hora de llamarlos "degenerados fiscales", "traidores", "golpistas", "extorsionadores", que no entienden que "la Argentina eligió un cambio". Para la Casa Rosada, ninguno la ve. Para los gobernadores, el vínculo institucional entró en una fase desconocida, "por fuera de cualquier marco legal".
 
Elisa Carrió reapareció en medio de la crisis desatada para darle contenido a la frase. "Ellos tienen un plan. Dicen no la ven. ¿Qué quiere decir? No ven la destrucción del Estado, no ven que van por la destrucción de los estados provinciales, de los estados municipales. Milei es anarco capitalista, quiere abolir el Estado", dijo la líder de la Coalición Cívica. Y vaticinó: "Terminamos en el caos".
  
Los gobernadores empezaron a verla de manera cada vez más clara y con menos matices entre sí. En un hecho inédito en la historia argentina, el Presidente logró unificar en dos meses los reclamos de las 24 jurisdicciones contra la Casa Rosada. Los mandatarios comparten un chat de Whatsapp y coordinan acciones conjuntas.
 
Es un secreto revelado la buena sintonía de los que llevan la voz cantante; Axel Kicillof, por Unión por la Patria (UP), con Rogelio Frigerio y Torres (PRO), Maximiliano Pullaro (UCR) y el cordobés Martín Llaryora. Los temas en común arman trincheras. Ya no saben cómo calificar la situación política: "Un delirio". Cada tanto, alguno recuerda que pueden conseguir los dos tercios del Congreso para tomar las acciones que crean necesarias contra el Ejecutivo.
 
Hasta ahora, ningún gobierno nacional se había animado a meterse con la coparticipación que llega de manera automática y diaria a las provincias. Milei lo hizo. Según Torres, lo hizo en represalia por haberse animado a presentar una medida cautelar en contra de la eliminación del fondo compensador del transporte. Un juez federal le dio la razón y frenó el recorte. El ministro Luis "Toto" Caputo dio la orden de "ejecutar a Chubut".
  
"Nos avisaron que nos bajaron el pulgar", dicen en la provincia. El gobernador reveló que recibió una amenaza del asesor presidencial Santiago Caputo. "Me dijo: Nacho te recomiendo que te calles porque vamos a sacar los tanques a las redes. Se le va a terminar el ejército de trolls porque la realidad está afuera de Twitter. Se están manejando con un nivel de agresión, soberbia y violencia que es peligroso", dijo.
 
Torres amenazó ahora con interrumpir el suministro del petróleo desde toda la Patagonia como antes Santa Fe había advertido que, sin los puertos de la provincia, la Nación no iba a "a tener ni para pagarles a los trolls" del Gobierno si el Presidente mantenía su ataque deliberado a Pullaro y a las provincias. La Nación ya enfrenta otras demandas en su contra por parte de La Rioja, La Pampa y Misiones por los recortes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el transporte y otros programas. "Ahora la Corte se tiene que poner los pantalones largos", desafío un mandatario provincial.
 

25-02-2024 / 07:02
"No hay recursos. Faltan designaciones. La mitad del ministerio está paralizada. Así el Estado no funciona", reclamó un ministro en el momento más álgido de una reunión de gabinete que había subido de tono. Durante la mayor parte de esos encuentros, Javier "el Loco" Milei escucha en silencio. Muchas veces pierde la atención en la pantalla de su celular.
 
En su lugar contesta Santiago Caputo: "¿Cuál es el problema de que el Estado no funcione? Nosotros no queremos que funcione el Estado, queremos destruirlo. El Estado es nuestro enemigo". El presidente levantó la vista del teléfono y sonrió, encantado con la respuesta. La anécdota, que tiene algo más de quince días, la escribió esta semana el periodista Mariano Obarrio y la confirmaron dos testigos presenciales.
 
En menos de tres meses de gobierno Milei se convirtió en un peligro para la integridad nacional. El rumbo que tomó no tiene antecedentes. Más allá de las nomenclaturas ideológicas (neoliberal, neoconservador, neofascista, anarcocapitalista, libertario, aceleracionista), la característica distintiva de su gobierno reside en un profundo espíritu antiargentino que contamina cada una de sus decisiones y sus actos.
 
La motosierra que blande desde Olivos no poda tan sólo páginas en el presupuesto. También, o debería decir fundamentalmente, cercena las capacidades y responsabilidades fundamentales del Estado nacional: proveer servicios básicos, consolidar la soberanía territorial, acuñar su moneda y representar los intereses comunes ante otros países y ante las provincias.
 
La idea misma de Nación parece ajena a sus designios. Sus ínfulas místicas, que le dictan una misión divina infundida en pretensiones fundacionales, están atadas a una ideología, no a un país. Milei se percibe como economista de la escuela austríaca antes que como argentino. Su afán de trascendencia se desprende de esa lógica.
 
No es una oscura conspiración a espaldas del pueblo sino la regla que guía, en forma transparente, cada acto de su gestión. La visita del secretario de Estado yanqui, Antony Blinken, al balcón de la Casa Rosada, es el ejemplo perfecto de esa perversión de los atributos nacionales, aunque no el único. Se trata de la misma pulsión que rige la enloquecida pelea sin cuartel de Milei contra los gobernadores y contra el Congreso. Y que diseña su agenda internacional.
 
A esta altura es difícil encontrar alguien que niegue lo evidente: Milei no está apto para conducir los destinos de este país que no comprende, ni quiere, ni respeta. La pregunta del millón desde el 10 de diciembre es cuánto puede durar semejante experimento y en los últimos días comenzó a encontrar respuestas.
 
Incluso antes del principio de marzo, que era la fecha prevista en casi todos los pronósticos para un recrudecimiento de las tensiones, esta semana la agenda ya adoptó el ritmo de un país en conflicto: miércoles paro de transporte, jueves paro de sanidad, viernes corte de rutas y avenidas, lunes paro de docentes. El peronismo comenzó a acelerar los pasos de su recomposición política. Macri le bajó el pulgar al mandatario y activó su plan B. Los acontecimientos se precipitan.
 

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