21:10 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 04-02-2024 / 08:02

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La despiadada estampida inflacionaria que promovió Milei empieza a redibujar el mapa del poder económico

La relación entre supermercados e industrias se tensa por las remarcarcaciones violentas de los grandes proveedores, que desde que ganó Milei —desregulación y devaluación mediante—empujan para ampliar sus márgenes de rentabilidad. Mientras, el consumo acusa el impacto y cae.

El combo de devaluación récord y desregulación de precios con el que Javier "el Loco" Milei inauguró su mandato hace apenas 50 días desató una intensa puja por los márgenes de rentabilidad entre la industria y el comercio, mientras el sector de servicios públicos aguarda que los tarifazos de luz y gas del próximo trimestre agranden su porción de la torta. Con el vértigo de la crisis política y la prematura represión callejera como telón de fondo, la estampida inflacionaria de diciembre y enero pulverizó el poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones pero también redibujó los equilibrios de poder al interior de cada cadena productiva, con ganadores y perdedores que ya proyectan ajustes en sus planteles y costos para adecuarse al nuevo mapa.

Al menos para los productos de la canasta básica, el retiro del Estado de los espacios de regulación de precios no hizo florecer el capitalismo aldeano de libre competencia que evocan nostálgicos los teóricos libertarios de moda. Más bien soltó las sujeciones que limitaban a los jugadores monopólicos y oligopólicos. Así, las industrias que más aumentaron sus precios a los supermercados son las que mayores porciones del mercado concentran. Los datos fueron confirmados por ejecutivos de dos cadenas líderes del retail y una de autoservicios mayoristas.

Las que iniciaron la estampida fueron Arcor, Molinos y Unilever. Con Milei ya electo pero antes que asumiera, dieron por caídos los acuerdos de precios y subieron 35, 40 y 40% respectivamente sus listas de precios para arrancar la pulseada con ventaja. Arcor, la cordobesa de Arroyito, no solo es la mayor fabricante de alimentos del país sino también la primera productora nacional de cartón corrugado. Las 14 plantas de Molinos, por su parte, manufacturan las marcas Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Nieto Senetiner, Gallo, Cocinero y Exquisita, entre otras. La multinacional Unilever hace food (Hellmanns, Knorr y Maizena) y non-food (Ala, Skip, Drive, Vivere, Comfort, Cif, Axe, Sedal, Rexona, Dove, Lux, etcétera).

Fue solo el puntapié inicial. Esas mismas empresas volvieron a remarcar pocos días después. Y se les sumó la mexicana Bimbo-Fargo -dueña del 80% de la góndola de pan de mesa gracias al aval que le dio a la fusión, una década atrás, Guillermo Moreno- con subas promedio del 120%. Entre el 10 de diciembre y el 31 de enero, según el relevamiento de este medio, los mayores incrementos acumulados fueron los de:

-La Virginia: 200%. Café, té y condimentos.
-Softies: 160%. Élite, Higienol, Babysec, Babysoft
-SC Johnson: 115%. Off, Raid, Fuyí, Baigon, Lysoform.
-Dos Anclas: 100%. Sal, aderezos y saborizantes.
-Cepas Argentinas: 100%. Gancia, Terma, Dr.Lemon.
-Pepsico: 60%. Snacks.

El consumo acusó el impacto inmediatamente. La medición más reciente de la consultora Scentia muestra que la primera semana de enero las ventas en supermercados se desplomaron 19,2% en unidades, la segunda un 5,2% y la tercera un 12,1%. Las peores caídas se registraron en Electrodomésticos (-39,8%) y en Bazar (-18,2%).

Cinchada

Carrefour y Coto, las dos cadenas líderes, dejaron de comprarles a algunos fabricantes ante la corrida inicial. Llegaron incluso a dejar góndolas vacías y a denunciar a esos proveedores con cartelitos advirtiendo a sus clientes que les estaban "defendiendo los bolsillos" frente a "aumentos desmedidos".

Papelera del Plata y Papelera San Andrés de Giles fueron dos de las firmas a las que les suspendieron encargos. Hubo quejas airadas entre gerentes y hasta amenazas cruzadas. "Mirá que si nos juntamos los mayoristas y los minoristas te fundimos en un mes", escucharon en una alimentaria grande.

Los supermercadistas cuidan en realidad un botín que amasaron al calor de la política de Precios Justos de Sergio Massa: un market share del 46% en consumo masivo, casi equivalente al 51% récord que tenían a fines de los 90. ¿Cómo lo lograron? Gracias a esas listas negociadas con el Gobierno, que hicieron que productos idénticos fueran hasta 50% más caros en almacenes y autoservicios chinos que en sus góndolas.

Así les comieron un nada desdeñable 10% del mercado a los pequeños comercios en el año y medio que duró el tigrense -viejo amigo de Coto- como ministro de Economía, a costa de los márgenes que ahora las fábricas empujan para recomponer. La contrapartida fueron los "chinos" que cerraron. No menos de 500 el año pasado. Se dio por muchas razones pero que pueden resumirse en una cuenta simple que sacan en esa colectividad: si un local promedio dejaba diez años atrás U$S100 mil al año de ganancia, hoy deja U$S20 mil.

La tensión entre los súper e híper y la industria sigue alta. Las remarcaciones se atenuaron pero son más frecuentes. "Ya no vienen listas con el 50% pero cada diez días meten un 10%", relata atribulado un gerente de compras. Según la consultora LCG, el "índice de difusión" de la inflación (la cantidad de productos que subieron de todo el portafolio en oferta) no bajó del 28% desde que asumió Milei. Incluso en un año de altísima inflación como 2023, el promedio rondó la mitad.

Ante el desplome de las ventas, los proveedores no bajan los precios pero algunos empiezan a ofrecer promociones y descuentos. Resurgieron los "2x1" y los "70% en la segunda unidad" desaparecidos en 2023 con los controles. En el sector lo llaman "invertir en promoción" y a los productos con descuentos los denominan "accionados".

En los rubros donde más se resienten los despachos, cada fabricante ofrece a cada cadena un porcentaje de "inversión en promoción" y eso se traslada al público. El riesgo es que, como empezó a ocurrir en los mayoristas, los consumidores vayan a comprar solo lo que está en oferta. A favor de esas grandes superficies y en contra del pequeño comercio juega la disparada del 150% del gasoil. Al fraccionador ya no le resulta tan barato buscar precios.

El reseteo mileista de la economía, globalmente, propende a una mayor concentración. Así como las fábricas oligopólicas ya venían imponiendo sus condiciones a los comercios más chicos, los súper ahora exprimen a su favor los márgenes más acotados de los fabricantes pymes que producen a pedido las marcas propias de cada cadena.

Por eso esas marcas propias avanzaron notoriamente en enero sobre el lugar que solían ocupar las primeras y segundas marcas en las góndolas, al estilo de los Mercadona en España. Hay excepciones como la leche, donde no les queda otra que contratar al mismo monopolista (Mastellone-Arcor) para envasar sus propios sachets y cartones.

Estanflación

Para encontrar caídas de más de un dígito en el consumo de artículos de primera necesidad, difícilmente sustituibles, hay que remontarse a la crisis de 2002. Por eso algunos en el establishment creen que puede funcionar la estrategia oficial de apostar a que el frío de la demanda frene los precios.

No es el caso de Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra, que esta semana proyectó una tasa de inflación interanual "en torno a 500% a fin de año y un pico de alrededor de 700% en la mitad del segundo semestre". Argumentó que "la capacidad del BCRA para acumular reservas seguirá siendo acotada durante 2024, a pesar de las exportaciones aumentarán unos US$ 16.000 millones con respecto a 2023", y que por eso es inevitable un nuevo salto del dólar oficial.

Cuando esa nueva ronda de aumentos de origen cambiario se sume a los tarifazos de gas y luz y la energía y el transporte se sumen a la cinchada, lo más probable es que el ajuste vuelva a recaer sobre quienes viven de ingresos fijos.

Los memoriosos del planeta supermercadista recuerdan cómo, en aquel 2002 fatídico, Coto echó a 3.000 empleados en apenas 3 meses. Con el ritmo de rotación actual del personal y la flexibilización que pueda imponer Milei si consigue doblegar la resistencia judicial, ni siquiera harían falta telegramas.

"Lo primero es achicar la cantidad de cajas y los horarios de atención. En vez de cerrar a las 21 cerramos a las 20 o a las 19 y bajamos mucho las horas. Se ajustan primero las horas extra, después los partime y después la nómina. Con dejar de reemplazar a los que se van ya se puede hacer mucho", explica el ejecutivo de una de las cadenas consultadas.

Claro que esa dinámica deprimiría todavía más la demanda, ya afectada por la incertidumbre que cunde entre los empleados estatales y de contratistas de obra pública, que esta semana advirtieron desde la Cámara de la Construcción que "no pueden soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones".

Además, aunque marginalmente, la mishiadura también incrementa ciertos costos. En grandes superficies comerciales de barrios de clase media, por ejemplo, tuvieron que aumentar la frecuencia de retiro y devolución a las góndolas de los productos que la clientela abandona antes de pasar por el lector láser de la línea de cajas.

La Anónima, que domina el negocio en la mitad austral del país, al menos podrá recomprar el 20% de sus acciones hoy en manos de la ANSES si prospera el articulado de la ley ómnibus que terminó emergiendo del contubernio entre la oposición colaboracionista y los gobernadores que aspiran a que se venda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para compensar el déficit de sus cajas provinciales.

No es seguro que vaya a hacerlo. Ni Federico Braun (entusiasta libertario desde antes del balotaje) ni su hermano Nicolás, ahora al mando del negocio, se quejaron jamás de las gestiones de Ariel Langer ni de Georgina Pessagno, los enviados de Cristina Kirchner y luego de Alberto Fernández a su directorio. Jamás dejó de distribuirse entre los dueños hasta el último peso de sus ganancias.

Quizá sea como les espetó Guillermo Dietrich (padre) a Mario Grinman y un par de colegas más en una reunión de la Cámara de Comercio en diciembre de 2022. "Ganar buena plata se gana con el peronismo. Yo le dije muchas veces a Guillo (por su hijo Guillermo, ministro de Transporte de Mauricio Macri): ustedes tienen mucha universidad pero poca calle".

El fundador de la cadena de concesionarias de autos, que todavía anda en moto a sus casi 80, también contó a colegas que una noche, cuando sus cuatro hijos eran preadolescentes, vació completamente la heladera de la casa y escondió toda la comida. Cuando fueron a la mañana a desayunar, él los observó un rato desde atrás de una puerta y al cabo de un rato apareció para preguntarles: "Así está en muchas casas ¿vieron lo que se siente?".

Por Alejandro Bercovich

Fuente: eldiarioar.com

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".