07:00 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 03-02-2024 / 09:02

¿ESTA ES LA LIBERTAD QUE TANTO HABLABAN? LA POLICÍA DE BULLRICH AGREDE Y ARRESTA A PERIODISTAS POR MOSTRAR LA REPRESIÓN

Derrota parcial del loco Milei: la ley ómnibus sólo se aprobó en general por la resistencia de los gobernadores

Los dialoguistas le dieron a Javier Milei la aprobación general con 144 votos. En la práctica no significa nada hasta que se haga la votación particular de artículo por artículo, y el gobierno queda a tiro de la presión a dos puntas: de la calle de un lado, y de las provincias que presionan para quedarse una mayor recaudación para sus cajas por otro. El rechazo en el recinto tuvo 109 votos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros diputados. En la calle persiste la lucha de asambleas barriales, sindicales, de la cultura a pesar de la represión. El tratamiento sigue el martes a las 14 horas.

Volvieron a reprimir en el Congreso a manifestantes con balas de gomas, gas pimienta y 14 detenidos. No obstante, después de tres días y más de 30 horas de debate en la Cámara de Diputados, el presidente Javier "el Loco" Milei sufrió una derrota parcial: el proyecto denominado Ley Ómnibus sólo se aprobó en general y se postergó hasta el martes el tratamiento del articulado -necesario para su aprobación definitiva- hasta que haya un consenso entre los gobernadores y la Casa Rosada. Los eventuales aliados del Gobierno aplicaron una martingala reglamentaria para conservar en el texto final la continuidad del Impuesto País, que los mandatarios exigen coparticipar. Siguen trabados otros capítulos clave, como privatizaciones y deuda externa.

La votación en general tuvo 144 votos a favor y 109 en contra. LLA consiguió el respaldo pleno del PRO y de Innovación Federal (partidos provinciales). También acompañaron la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), pero con fisuras: además de Unión por la Patria y la izquierda, votaron en contra los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano; la cordobesa Natalia De la Sota, la bonaerense Margarita Stolbizer y la dupla socialista conformada por Mónica Fein y Esteban Paulón. LLA tuvo la ayuda de los tres miembros del bloque Independencia, que responde al traidor Osvaldo Jaldo.

La definición de postergar la votación en particular, que en efecto impide la aprobación del proyecto, llegó después de una nueva reunión entre funcionarios nacionales y referentes de los bloques colaboracionistas, que son la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal, que representa los partidos provinciales. También se sumó el PRO. Por presión del gobernador cordobés Martín Llaryora, la oposición volvió a exigir coparticipar el impuesto PAIS y chocó contra la negativa de los enviados de Milei.

La tensión Nación - provincias complicó la negociación de la letra chica de los artículos. Persisten las diferencias en temas claves: la UCR sigue sin bajar el martillo para el capítulo de privatizaciones, el de seguridad y el de deuda. Las gestiones de la Casa Rosada fueron inocuas. Los partidos provinciales exigen revisar otros tributos (como el impuesto al tabaco) o sostener los fondos fiduciarios energéticos que se eliminan. El partido centenario tampoco avala el apartado ambiental -defiende la ley de glaciares- y no hay consenso para votar el de cultura y el de turismo.

Las facultades delegadas también quedaron empantanadas, porque los gobernadores no están dispuestos a darle a Miliei herramientas en las materias económica y financiera si antes no se aseguran fondos. La de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, la más protegida por la oposición. El pacto para demorar la votación en particular entre los dialoguistas fue cerrado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre las autoridades de todas las bancadas dialoguistas y las de LLA, luego de la fallida reunión con funcionarios de Milei.

Milei se quedó sin poder enviar al Senado su proyecto, luego de aceptar que fuera recortado casi a la mitad: pasó de 644 artículos en su versión original a 383 en su último borrador. Germán Martínez, de Unión por la Patria, apuntó contra los dialoguistas. "Se apalancan en nuestro espacio. Se pusieron a negociar con los 100 y pico de votos que les íbamos a poner", reprochó. El martes lo necesitarán.

La Opinión Popular

CON 144 VOTOS A FAVOR Y 109 EN CONTRA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EN GENERAL LA NORMA

Ley Ómnibus: Votos, chicanas, discursos y una negociación abierta

El gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación en general de la megaley que desregula la economía y criminaliza la protesta social. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, casi toda la UCR y Hacemos Coalición Federal. El oficialismo tuvo que ceder múltiples cambios y, ante la falta de acuerdo en cuestiones como facultades delegadas y privatización de empresas públicas, la votación en particular se postergó para el martes que viene. Recién a último momento de la sesión se informaron los artículos suprimidos y modificados en el dictamen tratado, en el que sorpresivamente se reintrodujo la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.

Luego del furioso operativo represivo de la noche anterior, la tercera jornada de debate de la Ley Ómnibus arrancó en un escenario de incertidumbre y, otra vez, con el Congreso vallado por las fuerzas de seguridad. Javier Milei aspiraba a tener la norma aprobada en general y en particular antes de viajar el lunes a Israel, pero no había acuerdo con los gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista, y nadie sabía hasta cuándo duraría la sesión en la Cámara de Diputados. Como las negociaciones fuera del recinto no prosperaron -con las facultades delegadas para el Presidente y la privatización de empresas públicas en el centro de las tensiones-, el oficialismo se resignó a patear el debate en particular para el martes próximo. A partir de ahí, La Libertad Avanza, sus aliados del PRO y los opositores amigables de la UCR y Hacemos Coalición Federal comenzaron a moverse con la confianza de que, esta vez sí, el gobierno nacional tendría la aprobación en general de la ley que desregula la economía y criminaliza la protesta social. Y así fue: cerca de las 18 la votación arrojó 144 diputados a favor de la Ley Ómnibus y 109 en contra. Milei intentó presentar el resultado como un triunfo, pero lo cierto es que, tras haberse mostrado intransigente y haber rechazado cualquier cambio en la megaley, debió realizar múltiples concesiones y mutilaciones al proyecto original. Y aún así, todavía no tiene garantizada la aprobación de puntos que considera claves.

Los votos se repartieron como se preveía. Junto a LLA votaron los legisladores del PRO, casi todo el radicalismo, la mayoría de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otros bloques menores. En contra se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, más cuatro de HCF (Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota), dos de la UCR (Facundo Manes y Pablo Juliano) y uno de Por Santa Cruz (Sergio Acevedo).

¿Qué fue lo que aprobaron los diputados después de debatir durante tres jornadas? Nadie lo sabe con certeza, porque aún se sigue negociando el contenido final del dictamen. De hecho, recién a minutos de la votación, el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) anunció qué artículos quedaban suprimidos del proyecto tratado en comisión, una larga lista que también incluyó restituciones de puntos que antes se habían comunicado como suprimidos. Legisladores de UxP denunciaron que, a último momento, se reincorporaron al proyecto dos artículos ampliamente resistidos: el 179º, que desfinancia el Fondo de Integración Sociourbana, y ?el 196º, que elimina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.

Chicanas y negociaciones

Antes de llegar al momento de votar, habían transcurrido casi ocho horas debates y algunas chicanas. Los diputados de UxP y la izquierda denunciaron la violenta represión del jueves, comandada por Patricia Bullrich, que había derivado en decenas de manifestantes y periodistas heridos. En vez de hacer un mea culpa, LLA optó por responsabilizar a los legisladores que habían denunciado la represión. Lilia Lemoine, por ejemplo, que nunca había tomado la palabra en la sesión -ni para defender la ley ni para explicar por qué había invitado a Leonardo Sosa, líder de la violenta agrupación Revolución Federal, a presenciar el debate- pidió una cuestión de privilegio contra los legisladores del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño que terminó derivando en una crítica a UxP: "A ustedes también les digo frente de izquierda porque de derecha no son", les espetó, y enojada porque la bancada de UxP coincidía gritando "noooo", agregó: "Y peronistas tampoco. ¿Saben por qué? Porque Perón no estaba con terroristas".

A las 10 de la mañana, nadie sabía si la votación continuaría luego de la aprobación en general. Milei venía presionando a sus legisladores porque quería tener la discusión resuelta antes de su viaje a Israel e Italia, pero seguía sin tener los votos asegurados para muchos temas. Por un lado, el preacuerdo al que habían arribado la noche anterior sobre privatizaciones y facultades delegadas -el alma de la ley para Milei- ya había empezado a mostrar sus grietas. Por el otro, los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora amenazaban con bochar varios artículos si el gobierno se negaba a avanzar con un pacto fiscal que coparticipara el Impuesto País.

Después de varios reclamos de UCR y HCF, LLA había presentado finalmente una contrapropuesta con modificaciones en el capítulo de privatizaciones y de facultades delegadas con el objetivo de vencer las resistencias de algunos sectores del radicalismo y la Coalición Cívica. En el caso de privatizaciones, el oficialismo propuso achicar de 40 a 29 el número de empresas a ser subastadas por el Ejecutivo. Quedaron afuera el BICE, la Casa de Moneda o Radio Litoral, así como todas las que tenían código postal cordobés (moneda de cambio para anotarse el acompañamiento de los legisladores cordobeses). Las que quedaron del listado las dividieron en cuatro anexos: una estrategia orientada a fragmentar las objeciones de diputados opositores con algunas privatizaciones puntuales. Una suerte de tetris de distribución de votos negativos que, sin embargo, no terminaba de garantizar que el capítulo de privatizaciones saliera.

El reclamo de la UCR original había sido que las privatizaciones se plantearan ley por ley, empresa por empresa, pero Casa Rosada lo había rechazado de cuajo. Juan Manuel López, Silvia Lospenatto y Alejandro Cacace mantenían reuniones con Martín Fariña, el "escriba" de Federico Sturzenegger (la mente maestra detrás de la Ley Ómnibus), buscando incluir artículos que garantizaran la "transparencia" del proceso. La propuesta era involucrar a la AGN en el proceso de licitación y, con eso, evitar el rechazo que ya varios diputados estaban anticipando.

Pero el verdadero problema que bloqueaba todas las negociaciones era el reclamo del gobernador Llaryora, que exigía la coparticipación del Impuesto País o la garantía de algún tipo de tranferencia a la provincia para que sus diputados respaldaran las facultades delegadas. Mientras los oradores se sucedían, en el despacho del titular de la Cámara, Martín Menem, estaban reunidos, junto a Guillermo Francos, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Carreño, así como el misionero Carlos Fernández, la salteña Pamela Caletti y el cordobés Carlos Gutiérrez. Se discutía y discutía pero no había manera de llegar a un acuerdo y por eso se terminó acordando un cuarto intermedio hasta el martes.

Los cierres

En el recinto, el debate continuaba y se acercaba a su final. En los discursos de cierre, los jefes de bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, hicieron equilibrio repartiendo críticas al kirchnerismo y a los "libertarios", a quienes les ratificaron el respaldo en general a la ley, con el argumento de aportar a la gobernabilidad y aceptar la voluntad popular que habrían expresado las elecciones. Más amigable aún con LLA, el titular del PRO, Cristian Ritondo, abundó en la misma línea: "Venimos con la responsabilidad de darle al Gobierno una caja de herramientas para resolver lo que dejaron los populismos berretas", dijo.

"Acá nadie habla de trabajo, nadie habla de industria ni de ciencia y tecnología. Tenemos un oficialismo que no defiende su proyecto, lo defienden los aliados que hoy lo votan", disparó a su turno Germán Martínez, presidente de la bancada de UxP. "Se apalancaron en el rechazo frontal de nuestro espacio político, de nuestro bloque, a este proyecto en general y en particular para después ir a negociar", sostuvo el legislador santafesino. En sus palabras de cierre, pronunciadas en un constante tire y afloje con Menem por la extensión del discurso, Martínez remarcó el "bochornoso" debate en comisión del proyecto y la irregular ausencia del dictamen: "El 95 por ciento de los que estamos acá sentados no sabemos lo que se va a poner en consideración a la hora de votar", dijo. "No trajeron a nadie de relevancia para apoyar esto. En lugar de hablar del proyecto, eligieron insultarnos a nosotros porque no pueden fundamentar lo que en un ratito van a votar", señaló, y consideró que la Ley Ómnibus será "criminal" para los argentinos.

El último en hablar fue el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago. Repitió el guión que dice que con esta ley se comenzará a "reconstruir la Argentina" y chicaneó a su predecesor en el uso de la palabra apelando a una frase que, según dijo, le había comentado Pichetto y que, de alguna manera, admitía la falta de argumentos en defensa de la ley: "Sí, Martínez -dijo-, ustedes se van a ir con el discurso, pero nosotros nos vamos a ir con la ley". En rigor, todavía falta la votación en particular, pasar por el Senado y, con un proyecto tan amplio, nadie descarta que haya cambios y deba volver a Diputados.

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular