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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 03-02-2024 / 09:02
¿ESTA ES LA LIBERTAD QUE TANTO HABLABAN? LA POLICÍA DE BULLRICH AGREDE Y ARRESTA A PERIODISTAS POR MOSTRAR LA REPRESIÓN

Derrota parcial del loco Milei: la ley ómnibus sólo se aprobó en general por la resistencia de los gobernadores

Derrota parcial del loco Milei: la ley ómnibus sólo se aprobó en general por la resistencia de los gobernadores
Los dialoguistas le dieron a Javier Milei la aprobación general con 144 votos. En la práctica no significa nada hasta que se haga la votación particular de artículo por artículo, y el gobierno queda a tiro de la presión a dos puntas: de la calle de un lado, y de las provincias que presionan para quedarse una mayor recaudación para sus cajas por otro. El rechazo en el recinto tuvo 109 votos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros diputados. En la calle persiste la lucha de asambleas barriales, sindicales, de la cultura a pesar de la represión. El tratamiento sigue el martes a las 14 horas.
Volvieron a reprimir en el Congreso a manifestantes con balas de gomas, gas pimienta y 14 detenidos. No obstante, después de tres días y más de 30 horas de debate en la Cámara de Diputados, el presidente Javier "el Loco" Milei sufrió una derrota parcial: el proyecto denominado Ley Ómnibus sólo se aprobó en general y se postergó hasta el martes el tratamiento del articulado -necesario para su aprobación definitiva- hasta que haya un consenso entre los gobernadores y la Casa Rosada. Los eventuales aliados del Gobierno aplicaron una martingala reglamentaria para conservar en el texto final la continuidad del Impuesto País, que los mandatarios exigen coparticipar. Siguen trabados otros capítulos clave, como privatizaciones y deuda externa.
 
La votación en general tuvo 144 votos a favor y 109 en contra. LLA consiguió el respaldo pleno del PRO y de Innovación Federal (partidos provinciales). También acompañaron la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), pero con fisuras: además de Unión por la Patria y la izquierda, votaron en contra los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano; la cordobesa Natalia De la Sota, la bonaerense Margarita Stolbizer y la dupla socialista conformada por Mónica Fein y Esteban Paulón. LLA tuvo la ayuda de los tres miembros del bloque Independencia, que responde al traidor Osvaldo Jaldo.
 
La definición de postergar la votación en particular, que en efecto impide la aprobación del proyecto, llegó después de una nueva reunión entre funcionarios nacionales y referentes de los bloques colaboracionistas, que son la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal, que representa los partidos provinciales. También se sumó el PRO. Por presión del gobernador cordobés Martín Llaryora, la oposición volvió a exigir coparticipar el impuesto PAIS y chocó contra la negativa de los enviados de Milei.
 
La tensión Nación - provincias complicó la negociación de la letra chica de los artículos. Persisten las diferencias en temas claves: la UCR sigue sin bajar el martillo para el capítulo de privatizaciones, el de seguridad y el de deuda. Las gestiones de la Casa Rosada fueron inocuas. Los partidos provinciales exigen revisar otros tributos (como el impuesto al tabaco) o sostener los fondos fiduciarios energéticos que se eliminan. El partido centenario tampoco avala el apartado ambiental -defiende la ley de glaciares- y no hay consenso para votar el de cultura y el de turismo.
 
Las facultades delegadas también quedaron empantanadas, porque los gobernadores no están dispuestos a darle a Miliei herramientas en las materias económica y financiera si antes no se aseguran fondos. La de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, la más protegida por la oposición. El pacto para demorar la votación en particular entre los dialoguistas fue cerrado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre las autoridades de todas las bancadas dialoguistas y las de LLA, luego de la fallida reunión con funcionarios de Milei.
 
Milei se quedó sin poder enviar al Senado su proyecto, luego de aceptar que fuera recortado casi a la mitad: pasó de 644 artículos en su versión original a 383 en su último borrador. Germán Martínez, de Unión por la Patria, apuntó contra los dialoguistas. "Se apalancan en nuestro espacio. Se pusieron a negociar con los 100 y pico de votos que les íbamos a poner", reprochó. El martes lo necesitarán.
 
La Opinión Popular
 

 
CON 144 VOTOS A FAVOR Y 109 EN CONTRA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EN GENERAL LA NORMA
 
Ley Ómnibus: Votos, chicanas, discursos y una negociación abierta
 
El gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación en general de la megaley que desregula la economía y criminaliza la protesta social. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, casi toda la UCR y Hacemos Coalición Federal. El oficialismo tuvo que ceder múltiples cambios y, ante la falta de acuerdo en cuestiones como facultades delegadas y privatización de empresas públicas, la votación en particular se postergó para el martes que viene. Recién a último momento de la sesión se informaron los artículos suprimidos y modificados en el dictamen tratado, en el que sorpresivamente se reintrodujo la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.
 
Luego del furioso operativo represivo de la noche anterior, la tercera jornada de debate de la Ley Ómnibus arrancó en un escenario de incertidumbre y, otra vez, con el Congreso vallado por las fuerzas de seguridad. Javier Milei aspiraba a tener la norma aprobada en general y en particular antes de viajar el lunes a Israel, pero no había acuerdo con los gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista, y nadie sabía hasta cuándo duraría la sesión en la Cámara de Diputados. Como las negociaciones fuera del recinto no prosperaron -con las facultades delegadas para el Presidente y la privatización de empresas públicas en el centro de las tensiones-, el oficialismo se resignó a patear el debate en particular para el martes próximo. A partir de ahí, La Libertad Avanza, sus aliados del PRO y los opositores amigables de la UCR y Hacemos Coalición Federal comenzaron a moverse con la confianza de que, esta vez sí, el gobierno nacional tendría la aprobación en general de la ley que desregula la economía y criminaliza la protesta social. Y así fue: cerca de las 18 la votación arrojó 144 diputados a favor de la Ley Ómnibus y 109 en contra. Milei intentó presentar el resultado como un triunfo, pero lo cierto es que, tras haberse mostrado intransigente y haber rechazado cualquier cambio en la megaley, debió realizar múltiples concesiones y mutilaciones al proyecto original. Y aún así, todavía no tiene garantizada la aprobación de puntos que considera claves.
 
Los votos se repartieron como se preveía. Junto a LLA votaron los legisladores del PRO, casi todo el radicalismo, la mayoría de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otros bloques menores. En contra se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, más cuatro de HCF (Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota), dos de la UCR (Facundo Manes y Pablo Juliano) y uno de Por Santa Cruz (Sergio Acevedo).
 
¿Qué fue lo que aprobaron los diputados después de debatir durante tres jornadas? Nadie lo sabe con certeza, porque aún se sigue negociando el contenido final del dictamen. De hecho, recién a minutos de la votación, el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) anunció qué artículos quedaban suprimidos del proyecto tratado en comisión, una larga lista que también incluyó restituciones de puntos que antes se habían comunicado como suprimidos. Legisladores de UxP denunciaron que, a último momento, se reincorporaron al proyecto dos artículos ampliamente resistidos: el 179º, que desfinancia el Fondo de Integración Sociourbana, y ?el 196º, que elimina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.
 
 
Chicanas y negociaciones
  
Antes de llegar al momento de votar, habían transcurrido casi ocho horas debates y algunas chicanas. Los diputados de UxP y la izquierda denunciaron la violenta represión del jueves, comandada por Patricia Bullrich, que había derivado en decenas de manifestantes y periodistas heridos. En vez de hacer un mea culpa, LLA optó por responsabilizar a los legisladores que habían denunciado la represión. Lilia Lemoine, por ejemplo, que nunca había tomado la palabra en la sesión -ni para defender la ley ni para explicar por qué había invitado a Leonardo Sosa, líder de la violenta agrupación Revolución Federal, a presenciar el debate- pidió una cuestión de privilegio contra los legisladores del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño que terminó derivando en una crítica a UxP: "A ustedes también les digo frente de izquierda porque de derecha no son", les espetó, y enojada porque la bancada de UxP coincidía gritando "noooo", agregó: "Y peronistas tampoco. ¿Saben por qué? Porque Perón no estaba con terroristas".
 
A las 10 de la mañana, nadie sabía si la votación continuaría luego de la aprobación en general. Milei venía presionando a sus legisladores porque quería tener la discusión resuelta antes de su viaje a Israel e Italia, pero seguía sin tener los votos asegurados para muchos temas. Por un lado, el preacuerdo al que habían arribado la noche anterior sobre privatizaciones y facultades delegadas -el alma de la ley para Milei- ya había empezado a mostrar sus grietas. Por el otro, los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora amenazaban con bochar varios artículos si el gobierno se negaba a avanzar con un pacto fiscal que coparticipara el Impuesto País.
 
Después de varios reclamos de UCR y HCF, LLA había presentado finalmente una contrapropuesta con modificaciones en el capítulo de privatizaciones y de facultades delegadas con el objetivo de vencer las resistencias de algunos sectores del radicalismo y la Coalición Cívica. En el caso de privatizaciones, el oficialismo propuso achicar de 40 a 29 el número de empresas a ser subastadas por el Ejecutivo. Quedaron afuera el BICE, la Casa de Moneda o Radio Litoral, así como todas las que tenían código postal cordobés (moneda de cambio para anotarse el acompañamiento de los legisladores cordobeses). Las que quedaron del listado las dividieron en cuatro anexos: una estrategia orientada a fragmentar las objeciones de diputados opositores con algunas privatizaciones puntuales. Una suerte de tetris de distribución de votos negativos que, sin embargo, no terminaba de garantizar que el capítulo de privatizaciones saliera.
 
El reclamo de la UCR original había sido que las privatizaciones se plantearan ley por ley, empresa por empresa, pero Casa Rosada lo había rechazado de cuajo. Juan Manuel López, Silvia Lospenatto y Alejandro Cacace mantenían reuniones con Martín Fariña, el "escriba" de Federico Sturzenegger (la mente maestra detrás de la Ley Ómnibus), buscando incluir artículos que garantizaran la "transparencia" del proceso. La propuesta era involucrar a la AGN en el proceso de licitación y, con eso, evitar el rechazo que ya varios diputados estaban anticipando.
 
Pero el verdadero problema que bloqueaba todas las negociaciones era el reclamo del gobernador Llaryora, que exigía la coparticipación del Impuesto País o la garantía de algún tipo de tranferencia a la provincia para que sus diputados respaldaran las facultades delegadas. Mientras los oradores se sucedían, en el despacho del titular de la Cámara, Martín Menem, estaban reunidos, junto a Guillermo Francos, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Carreño, así como el misionero Carlos Fernández, la salteña Pamela Caletti y el cordobés Carlos Gutiérrez. Se discutía y discutía pero no había manera de llegar a un acuerdo y por eso se terminó acordando un cuarto intermedio hasta el martes.
 
 
Los cierres
  
En el recinto, el debate continuaba y se acercaba a su final. En los discursos de cierre, los jefes de bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, hicieron equilibrio repartiendo críticas al kirchnerismo y a los "libertarios", a quienes les ratificaron el respaldo en general a la ley, con el argumento de aportar a la gobernabilidad y aceptar la voluntad popular que habrían expresado las elecciones. Más amigable aún con LLA, el titular del PRO, Cristian Ritondo, abundó en la misma línea: "Venimos con la responsabilidad de darle al Gobierno una caja de herramientas para resolver lo que dejaron los populismos berretas", dijo.
 
"Acá nadie habla de trabajo, nadie habla de industria ni de ciencia y tecnología. Tenemos un oficialismo que no defiende su proyecto, lo defienden los aliados que hoy lo votan", disparó a su turno Germán Martínez, presidente de la bancada de UxP. "Se apalancaron en el rechazo frontal de nuestro espacio político, de nuestro bloque, a este proyecto en general y en particular para después ir a negociar", sostuvo el legislador santafesino. En sus palabras de cierre, pronunciadas en un constante tire y afloje con Menem por la extensión del discurso, Martínez remarcó el "bochornoso" debate en comisión del proyecto y la irregular ausencia del dictamen: "El 95 por ciento de los que estamos acá sentados no sabemos lo que se va a poner en consideración a la hora de votar", dijo. "No trajeron a nadie de relevancia para apoyar esto. En lugar de hablar del proyecto, eligieron insultarnos a nosotros porque no pueden fundamentar lo que en un ratito van a votar", señaló, y consideró que la Ley Ómnibus será "criminal" para los argentinos.
 
El último en hablar fue el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago. Repitió el guión que dice que con esta ley se comenzará a "reconstruir la Argentina" y chicaneó a su predecesor en el uso de la palabra apelando a una frase que, según dijo, le había comentado Pichetto y que, de alguna manera, admitía la falta de argumentos en defensa de la ley: "Sí, Martínez -dijo-, ustedes se van a ir con el discurso, pero nosotros nos vamos a ir con la ley". En rigor, todavía falta la votación en particular, pasar por el Senado y, con un proyecto tan amplio, nadie descarta que haya cambios y deba volver a Diputados.
 
Fuente: Página 12
 
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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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