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Nacionales - 03-02-2024 / 09:02
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Derrota parcial del loco Milei: la ley ómnibus sólo se aprobó en general por la resistencia de los gobernadores

Derrota parcial del loco Milei: la ley ómnibus sólo se aprobó en general por la resistencia de los gobernadores
Los dialoguistas le dieron a Javier Milei la aprobación general con 144 votos. En la práctica no significa nada hasta que se haga la votación particular de artículo por artículo, y el gobierno queda a tiro de la presión a dos puntas: de la calle de un lado, y de las provincias que presionan para quedarse una mayor recaudación para sus cajas por otro. El rechazo en el recinto tuvo 109 votos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros diputados. En la calle persiste la lucha de asambleas barriales, sindicales, de la cultura a pesar de la represión. El tratamiento sigue el martes a las 14 horas.
Volvieron a reprimir en el Congreso a manifestantes con balas de gomas, gas pimienta y 14 detenidos. No obstante, después de tres días y más de 30 horas de debate en la Cámara de Diputados, el presidente Javier "el Loco" Milei sufrió una derrota parcial: el proyecto denominado Ley Ómnibus sólo se aprobó en general y se postergó hasta el martes el tratamiento del articulado -necesario para su aprobación definitiva- hasta que haya un consenso entre los gobernadores y la Casa Rosada. Los eventuales aliados del Gobierno aplicaron una martingala reglamentaria para conservar en el texto final la continuidad del Impuesto País, que los mandatarios exigen coparticipar. Siguen trabados otros capítulos clave, como privatizaciones y deuda externa.
 
La votación en general tuvo 144 votos a favor y 109 en contra. LLA consiguió el respaldo pleno del PRO y de Innovación Federal (partidos provinciales). También acompañaron la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), pero con fisuras: además de Unión por la Patria y la izquierda, votaron en contra los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano; la cordobesa Natalia De la Sota, la bonaerense Margarita Stolbizer y la dupla socialista conformada por Mónica Fein y Esteban Paulón. LLA tuvo la ayuda de los tres miembros del bloque Independencia, que responde al traidor Osvaldo Jaldo.
 
La definición de postergar la votación en particular, que en efecto impide la aprobación del proyecto, llegó después de una nueva reunión entre funcionarios nacionales y referentes de los bloques colaboracionistas, que son la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal, que representa los partidos provinciales. También se sumó el PRO. Por presión del gobernador cordobés Martín Llaryora, la oposición volvió a exigir coparticipar el impuesto PAIS y chocó contra la negativa de los enviados de Milei.
 
La tensión Nación - provincias complicó la negociación de la letra chica de los artículos. Persisten las diferencias en temas claves: la UCR sigue sin bajar el martillo para el capítulo de privatizaciones, el de seguridad y el de deuda. Las gestiones de la Casa Rosada fueron inocuas. Los partidos provinciales exigen revisar otros tributos (como el impuesto al tabaco) o sostener los fondos fiduciarios energéticos que se eliminan. El partido centenario tampoco avala el apartado ambiental -defiende la ley de glaciares- y no hay consenso para votar el de cultura y el de turismo.
 
Las facultades delegadas también quedaron empantanadas, porque los gobernadores no están dispuestos a darle a Miliei herramientas en las materias económica y financiera si antes no se aseguran fondos. La de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, la más protegida por la oposición. El pacto para demorar la votación en particular entre los dialoguistas fue cerrado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre las autoridades de todas las bancadas dialoguistas y las de LLA, luego de la fallida reunión con funcionarios de Milei.
 
Milei se quedó sin poder enviar al Senado su proyecto, luego de aceptar que fuera recortado casi a la mitad: pasó de 644 artículos en su versión original a 383 en su último borrador. Germán Martínez, de Unión por la Patria, apuntó contra los dialoguistas. "Se apalancan en nuestro espacio. Se pusieron a negociar con los 100 y pico de votos que les íbamos a poner", reprochó. El martes lo necesitarán.
 
La Opinión Popular
 

 
CON 144 VOTOS A FAVOR Y 109 EN CONTRA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EN GENERAL LA NORMA
 
Ley Ómnibus: Votos, chicanas, discursos y una negociación abierta
 
El gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación en general de la megaley que desregula la economía y criminaliza la protesta social. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, casi toda la UCR y Hacemos Coalición Federal. El oficialismo tuvo que ceder múltiples cambios y, ante la falta de acuerdo en cuestiones como facultades delegadas y privatización de empresas públicas, la votación en particular se postergó para el martes que viene. Recién a último momento de la sesión se informaron los artículos suprimidos y modificados en el dictamen tratado, en el que sorpresivamente se reintrodujo la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.
 
Luego del furioso operativo represivo de la noche anterior, la tercera jornada de debate de la Ley Ómnibus arrancó en un escenario de incertidumbre y, otra vez, con el Congreso vallado por las fuerzas de seguridad. Javier Milei aspiraba a tener la norma aprobada en general y en particular antes de viajar el lunes a Israel, pero no había acuerdo con los gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista, y nadie sabía hasta cuándo duraría la sesión en la Cámara de Diputados. Como las negociaciones fuera del recinto no prosperaron -con las facultades delegadas para el Presidente y la privatización de empresas públicas en el centro de las tensiones-, el oficialismo se resignó a patear el debate en particular para el martes próximo. A partir de ahí, La Libertad Avanza, sus aliados del PRO y los opositores amigables de la UCR y Hacemos Coalición Federal comenzaron a moverse con la confianza de que, esta vez sí, el gobierno nacional tendría la aprobación en general de la ley que desregula la economía y criminaliza la protesta social. Y así fue: cerca de las 18 la votación arrojó 144 diputados a favor de la Ley Ómnibus y 109 en contra. Milei intentó presentar el resultado como un triunfo, pero lo cierto es que, tras haberse mostrado intransigente y haber rechazado cualquier cambio en la megaley, debió realizar múltiples concesiones y mutilaciones al proyecto original. Y aún así, todavía no tiene garantizada la aprobación de puntos que considera claves.
 
Los votos se repartieron como se preveía. Junto a LLA votaron los legisladores del PRO, casi todo el radicalismo, la mayoría de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otros bloques menores. En contra se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, más cuatro de HCF (Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota), dos de la UCR (Facundo Manes y Pablo Juliano) y uno de Por Santa Cruz (Sergio Acevedo).
 
¿Qué fue lo que aprobaron los diputados después de debatir durante tres jornadas? Nadie lo sabe con certeza, porque aún se sigue negociando el contenido final del dictamen. De hecho, recién a minutos de la votación, el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) anunció qué artículos quedaban suprimidos del proyecto tratado en comisión, una larga lista que también incluyó restituciones de puntos que antes se habían comunicado como suprimidos. Legisladores de UxP denunciaron que, a último momento, se reincorporaron al proyecto dos artículos ampliamente resistidos: el 179º, que desfinancia el Fondo de Integración Sociourbana, y ?el 196º, que elimina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.
 
 
Chicanas y negociaciones
  
Antes de llegar al momento de votar, habían transcurrido casi ocho horas debates y algunas chicanas. Los diputados de UxP y la izquierda denunciaron la violenta represión del jueves, comandada por Patricia Bullrich, que había derivado en decenas de manifestantes y periodistas heridos. En vez de hacer un mea culpa, LLA optó por responsabilizar a los legisladores que habían denunciado la represión. Lilia Lemoine, por ejemplo, que nunca había tomado la palabra en la sesión -ni para defender la ley ni para explicar por qué había invitado a Leonardo Sosa, líder de la violenta agrupación Revolución Federal, a presenciar el debate- pidió una cuestión de privilegio contra los legisladores del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño que terminó derivando en una crítica a UxP: "A ustedes también les digo frente de izquierda porque de derecha no son", les espetó, y enojada porque la bancada de UxP coincidía gritando "noooo", agregó: "Y peronistas tampoco. ¿Saben por qué? Porque Perón no estaba con terroristas".
 
A las 10 de la mañana, nadie sabía si la votación continuaría luego de la aprobación en general. Milei venía presionando a sus legisladores porque quería tener la discusión resuelta antes de su viaje a Israel e Italia, pero seguía sin tener los votos asegurados para muchos temas. Por un lado, el preacuerdo al que habían arribado la noche anterior sobre privatizaciones y facultades delegadas -el alma de la ley para Milei- ya había empezado a mostrar sus grietas. Por el otro, los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora amenazaban con bochar varios artículos si el gobierno se negaba a avanzar con un pacto fiscal que coparticipara el Impuesto País.
 
Después de varios reclamos de UCR y HCF, LLA había presentado finalmente una contrapropuesta con modificaciones en el capítulo de privatizaciones y de facultades delegadas con el objetivo de vencer las resistencias de algunos sectores del radicalismo y la Coalición Cívica. En el caso de privatizaciones, el oficialismo propuso achicar de 40 a 29 el número de empresas a ser subastadas por el Ejecutivo. Quedaron afuera el BICE, la Casa de Moneda o Radio Litoral, así como todas las que tenían código postal cordobés (moneda de cambio para anotarse el acompañamiento de los legisladores cordobeses). Las que quedaron del listado las dividieron en cuatro anexos: una estrategia orientada a fragmentar las objeciones de diputados opositores con algunas privatizaciones puntuales. Una suerte de tetris de distribución de votos negativos que, sin embargo, no terminaba de garantizar que el capítulo de privatizaciones saliera.
 
El reclamo de la UCR original había sido que las privatizaciones se plantearan ley por ley, empresa por empresa, pero Casa Rosada lo había rechazado de cuajo. Juan Manuel López, Silvia Lospenatto y Alejandro Cacace mantenían reuniones con Martín Fariña, el "escriba" de Federico Sturzenegger (la mente maestra detrás de la Ley Ómnibus), buscando incluir artículos que garantizaran la "transparencia" del proceso. La propuesta era involucrar a la AGN en el proceso de licitación y, con eso, evitar el rechazo que ya varios diputados estaban anticipando.
 
Pero el verdadero problema que bloqueaba todas las negociaciones era el reclamo del gobernador Llaryora, que exigía la coparticipación del Impuesto País o la garantía de algún tipo de tranferencia a la provincia para que sus diputados respaldaran las facultades delegadas. Mientras los oradores se sucedían, en el despacho del titular de la Cámara, Martín Menem, estaban reunidos, junto a Guillermo Francos, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Carreño, así como el misionero Carlos Fernández, la salteña Pamela Caletti y el cordobés Carlos Gutiérrez. Se discutía y discutía pero no había manera de llegar a un acuerdo y por eso se terminó acordando un cuarto intermedio hasta el martes.
 
 
Los cierres
  
En el recinto, el debate continuaba y se acercaba a su final. En los discursos de cierre, los jefes de bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, hicieron equilibrio repartiendo críticas al kirchnerismo y a los "libertarios", a quienes les ratificaron el respaldo en general a la ley, con el argumento de aportar a la gobernabilidad y aceptar la voluntad popular que habrían expresado las elecciones. Más amigable aún con LLA, el titular del PRO, Cristian Ritondo, abundó en la misma línea: "Venimos con la responsabilidad de darle al Gobierno una caja de herramientas para resolver lo que dejaron los populismos berretas", dijo.
 
"Acá nadie habla de trabajo, nadie habla de industria ni de ciencia y tecnología. Tenemos un oficialismo que no defiende su proyecto, lo defienden los aliados que hoy lo votan", disparó a su turno Germán Martínez, presidente de la bancada de UxP. "Se apalancaron en el rechazo frontal de nuestro espacio político, de nuestro bloque, a este proyecto en general y en particular para después ir a negociar", sostuvo el legislador santafesino. En sus palabras de cierre, pronunciadas en un constante tire y afloje con Menem por la extensión del discurso, Martínez remarcó el "bochornoso" debate en comisión del proyecto y la irregular ausencia del dictamen: "El 95 por ciento de los que estamos acá sentados no sabemos lo que se va a poner en consideración a la hora de votar", dijo. "No trajeron a nadie de relevancia para apoyar esto. En lugar de hablar del proyecto, eligieron insultarnos a nosotros porque no pueden fundamentar lo que en un ratito van a votar", señaló, y consideró que la Ley Ómnibus será "criminal" para los argentinos.
 
El último en hablar fue el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago. Repitió el guión que dice que con esta ley se comenzará a "reconstruir la Argentina" y chicaneó a su predecesor en el uso de la palabra apelando a una frase que, según dijo, le había comentado Pichetto y que, de alguna manera, admitía la falta de argumentos en defensa de la ley: "Sí, Martínez -dijo-, ustedes se van a ir con el discurso, pero nosotros nos vamos a ir con la ley". En rigor, todavía falta la votación en particular, pasar por el Senado y, con un proyecto tan amplio, nadie descarta que haya cambios y deba volver a Diputados.
 
Fuente: Página 12
 
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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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