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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 23-01-2024 / 10:01
TRAMPAS LIBERTARIAS EN UNA NEGOCIACIÓN QUE SIGUE

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses
El Gobierno de Javier “el Loco” Milei envió a la “oposición amigable” los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta “mejora” ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la “casta” sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.
El improvisado gobierno de Javier "el Loco" Milei envió a la "oposición amigable" los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta "mejora" ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la "casta" sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.

Milei quieren aparentar que "cuidará a los jubilados" proponiendo un cambio de fórmula ajustando los haberes por inflación a partir de abril, pero en realidad se trata de un nuevo robo a mano armada, ya que lo harán una vez consumado una nueva rebaja de las jubilaciones a niveles de mayor miseria. De esta forma mantendrán por el piso el poder adquisitivo, sin posibilidad de recuperación.
 
El brutal robo a los jubilados mantiene la actualización de las jubilaciones según la movilidad previsional en marzo y, a partir de abril, el mismo sería mensual conforme a la inflación. El problema es que por un lado se aprovechan de las falencias de la movilidad jubilatoria actual. Esto les permite hacer un shock inflacionario para licuar las jubilaciones agudizando el problema, y congelando los bonos por debajo de la inflación. Estas pérdidas que se harán entre diciembre y marzo no solo no las recompondrán sino que serán las bases para el ahorro fiscal que están buscando.
 
En el momento que la fórmula podría hacer alguna recomposición (el efecto rezago de la movilidad tiene por lo menos 3 meses), sobre la base de jubilaciones pulverizadas ya que borran la inflación de enero y aplican con 2 meses de rezago la de febrero, lo atan a la inflación, y te lo venden que es para que no sigan perdiendo. Pero el diablo, Caputo y Milei, están en los detalles y la idea, en realidad es para ponerle un techo a estas nuevas y más bajas jubilaciones para que ya no puedan recuperar.
 
Entre los cambios a la Ley Ómnibus se dispuso que hasta marzo los haberes se actualizarán por la fórmula actual: subirían apenas un 35% ante una inflación trimestral que ronda el 76%. Recién a partir de abril habrá ajustes mensuales atados al IPC del Indec, pero con dos meses de rezago.
 
La propuesta modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y esconde un ajuste encubierto que licuará -aún más- el ingreso de los y las jubiladas, además de las prestaciones sociales que también actualizan por la fórmula, como la Asignación Universal por Hijo.
 
Además, el oficialismo mantiene el artículo que propone el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Eso implica que el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, pueda rematar y especular con los ahorros de los jubilados. Es darle la llave de los ahorros de los jubilados a un timbero profesional.
 
En última instancia el objetivo del gobierno de Milei es consumar un saqueo al poder adquisitivo de los jubilados para financiar el ajuste neoliberal libertario: que la nueva movilidad se calcule sobre un piso muy bajo. Hoy la jubilación mínima (que percibe el 65%) es de $105.713 sin los bonos.
 
La Opinión Popular
 

 

HABRÁ AJUSTE POR INFLACIÓN, PERO RECIÉN DESDE ABRIL
 
Lo que se esconde detrás del aumento mensual de las jubilaciones
 
El nuevo texto, que ingresó este lunes al Congreso, propone aumentar mensualmente las jubilaciones de acuerdo al "último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes" a partir de abril. Esto provocará, desde el momento cero, una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, cuarenta puntos en un solo trimestre.
 
Una vez hecho el empalme, la aplicabilidad administrativa (que aún debe reglamentarse) podría implicar que el ajuste mensual se haga con un rezago de por lo menos dos meses en los datos (es decir, que en abril actualice con la inflación de febrero) y, por lo tanto, los aumentos mensuales tengan rezagos de 60 días con respecto al índice general de precios.
 
En busca de los votos para aprobar la Ley ómnibus a contrarreloj, el equipo de Javier Milei cedió ante uno de los puntos que reclamaba la oposición "dialoguista": la modificación de la fórmula jubilatoria. Al analizar la letra chica la propuesta, a priori, no alcanzaría para satisfacer las demandas de la oposición que pretendían que la indexación mensual de los haberes opere a partir de enero.
 
"El problema es el empalme. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan", escribió en su cuenta de X la vicepresidenta del bloque de la UCR Karina Banfi sintetizando lo que muchos de los diputados manifestaban en los pasillos del Congreso.
 
Asimismo, el proyecto mantiene la declaración de emergencia en materia previsional. "Esto faculta al PEN a hacer y deshacer lo que se le venga en gana, con la movilidad jubilatoria, con el FGS, y con lo que se le plazca, respecto de la materia previsional, en tanto y en cuanto, la emergencia significa la delegación de facultades legislativas", explica el especialista en Seguridad Social Facundo Fernández Pastor: "Si pretendían imponerle que no se ajustara sobre los jubilados, no debieron declarar la emergencia en materia previsional, ni un día, ni una semana, ni un segundo", sentencia.
 
 
Los cambios
  
"El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación del Indec disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", engaña el Ejecutivo en el borrador que explica los cambios al nuevo proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
 
De esta manera, el plan del oficialismo para los jubilados sería mantener en febrero el haber previsional de 105.713 pesos para las jubilaciones mínimas, sumando un bono a confirmar por el ejecutivo. En enero fue de 55.000 pesos para lograr que todas las jubilaciones se encuentren por encima de los 160.000 pesos, con lo cual se estima que será de ese valor o mayor, teniendo en cuenta las proyecciones de 25 por ciento de inflación para el primer mes del año.
 
Pero la motosierra a los jubilados se enciende con la disposición del mes en que comenzará a regir la nueva fórmula, en un trimestre con una inflación muy elevada. Desde marzo los jubilados cobrarían una actualización a partir de la fórmula jubilatoria vigente.
 
La ley de movilidad que rige desde 2021 otorga cuatro aumentos por año que se determinan según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) -el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses.
 
El cálculo actual ya viene con un rezago, porque se realiza sobre el trimestre anterior (es decir para la actualización de marzo se tomará en cuenta la variación de los salarios y de los ingresos tributarios de Anses entre septiembre y diciembre de 2023). Según cálculos de la consultora PxQ liderada por Emmanuel Álvarez Agis, "los haberes podrían subir en torno a 35 por ciento en marzo con una inflación que en el trimestre diciembre-enero-febrero podría ser mayor al 76 por ciento". De este modo, el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales caería 41 puntos porcentuales en el periodo.
 
De esta manera, se sumaría un trimestre más al derrotero de los haberes previsionales: durante el gobierno de Macri las jubilaciones mínimas cayeron casi un 20 por ciento. Un golpe que la gestión de Alberto Fernández prometió y no logró recuperar, adhiriendo dos puntos a la caída en la jubilación mínima, pero mayor para el resto de los haberes.
 
Si todo sale como el gobierno espera, en abril comenzaría a regir la nueva fórmula propuesta de aumentos "conforme al último dato de inflación mensual (NdR: de Indec) disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes".
 
"En esta frase aparece el secreto y la gran incógnita que resolverá la reglamentación", analiza el abogado previsional Federico Bobrovsky en diálogo con este diario, "es que al referirse al último dato disponible al comenzar la liquidación, la alerta que se enciende es el rezago. En Anses se liquidan los haberes con, por lo menos, 30 días de anterioridad. Entonces al aumento de abril, que deberían comenzar a liquidar a principios de marzo, deberán calcularlo con datos de febrero. Salvo que readecuen todos los sistemas, algo que no se hace de un día para el otro", sentencia.
 
"El cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer 11 de los 12 meses de inflación de 2024", complementa PxQ, "Con este artilugio, el gobierno se estaría "ahorrando" la inflación de enero para la movilidad previsional. Esto es particularmente importante porque, si el plan es exitoso, la inflación mensual debería ser decreciente y, por tanto, la variación de febrero de 2024 que incorporarán los haberes no será suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante enero".
 
 
Vocación fiscal
  
Dada la vocación fiscal que tiene el ministro de Economía Luis Caputo, un punto importante a analizar es el impacto de la medida en las cuentas públicas. De acuerdo a PxQ, el gasto en jubilaciones y pensiones terminó 2023 representando 6,7 por ciento del PIB, es decir 1 punto porcentual por debajo de 2022 y 2,9 por debajo de 2020. "Si bien con la indexación mensual se podría llegar a diciembre de 2024 con un haber jubilatorio ajustado por inflación en un nivel similar al de diciembre, el haber promedio del 2024 sería 30 por ciento más bajo que el del promedio de 2023", explica la consultora asumiendo que nunca se contabilizaría la inflación de enero por el rezago administrativo. "Asumiendo un PIB retrocediendo en el entorno del 3 por ciento, el gasto en jubilaciones de 2024 podría caer 0,9 por ciento del PIB con este mecanismo de actualización".
 
El número supera el ajuste proyectado del propio Caputo, que  informó que para alcanzar el superávit fiscal primario equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto reducirá 0,4 por ciento del PIB en la línea de las jubilaciones y pensiones en el presupuesto.
 
 
Jubilaciones de privilegio
  
Además, Milei agregó un gesto político al proyecto -en línea con el discurso de su campaña- al incorporar la eliminación de la jubilación de privilegio para Presidente y Vicepresidente. En el articulado negociado, el Ejecutivo propone la modificación de la Ley 24.018, que ordena las jubilaciones de los cargos de los tres poderes del Estado, y propone la modificación del artículo 1, quitando al Presidente y Vicepresidente -que quedan comprendido en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones- y dejando solo a los miembros de la Corte Suprema. Además, eleva de 60 a 65 años la edad para ingresar al sistema jubilatorio para los funcionarios que quedaron comprendidos por la normativa.
 
Por Natalí Risso
 
Fuente: Página 12
 

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21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

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