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Nacionales - 23-01-2024 / 10:01
TRAMPAS LIBERTARIAS EN UNA NEGOCIACIÓN QUE SIGUE

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses
El Gobierno de Javier “el Loco” Milei envió a la “oposición amigable” los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta “mejora” ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la “casta” sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.
El improvisado gobierno de Javier "el Loco" Milei envió a la "oposición amigable" los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta "mejora" ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la "casta" sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.

Milei quieren aparentar que "cuidará a los jubilados" proponiendo un cambio de fórmula ajustando los haberes por inflación a partir de abril, pero en realidad se trata de un nuevo robo a mano armada, ya que lo harán una vez consumado una nueva rebaja de las jubilaciones a niveles de mayor miseria. De esta forma mantendrán por el piso el poder adquisitivo, sin posibilidad de recuperación.
 
El brutal robo a los jubilados mantiene la actualización de las jubilaciones según la movilidad previsional en marzo y, a partir de abril, el mismo sería mensual conforme a la inflación. El problema es que por un lado se aprovechan de las falencias de la movilidad jubilatoria actual. Esto les permite hacer un shock inflacionario para licuar las jubilaciones agudizando el problema, y congelando los bonos por debajo de la inflación. Estas pérdidas que se harán entre diciembre y marzo no solo no las recompondrán sino que serán las bases para el ahorro fiscal que están buscando.
 
En el momento que la fórmula podría hacer alguna recomposición (el efecto rezago de la movilidad tiene por lo menos 3 meses), sobre la base de jubilaciones pulverizadas ya que borran la inflación de enero y aplican con 2 meses de rezago la de febrero, lo atan a la inflación, y te lo venden que es para que no sigan perdiendo. Pero el diablo, Caputo y Milei, están en los detalles y la idea, en realidad es para ponerle un techo a estas nuevas y más bajas jubilaciones para que ya no puedan recuperar.
 
Entre los cambios a la Ley Ómnibus se dispuso que hasta marzo los haberes se actualizarán por la fórmula actual: subirían apenas un 35% ante una inflación trimestral que ronda el 76%. Recién a partir de abril habrá ajustes mensuales atados al IPC del Indec, pero con dos meses de rezago.
 
La propuesta modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y esconde un ajuste encubierto que licuará -aún más- el ingreso de los y las jubiladas, además de las prestaciones sociales que también actualizan por la fórmula, como la Asignación Universal por Hijo.
 
Además, el oficialismo mantiene el artículo que propone el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Eso implica que el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, pueda rematar y especular con los ahorros de los jubilados. Es darle la llave de los ahorros de los jubilados a un timbero profesional.
 
En última instancia el objetivo del gobierno de Milei es consumar un saqueo al poder adquisitivo de los jubilados para financiar el ajuste neoliberal libertario: que la nueva movilidad se calcule sobre un piso muy bajo. Hoy la jubilación mínima (que percibe el 65%) es de $105.713 sin los bonos.
 
La Opinión Popular
 

 

HABRÁ AJUSTE POR INFLACIÓN, PERO RECIÉN DESDE ABRIL
 
Lo que se esconde detrás del aumento mensual de las jubilaciones
 
El nuevo texto, que ingresó este lunes al Congreso, propone aumentar mensualmente las jubilaciones de acuerdo al "último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes" a partir de abril. Esto provocará, desde el momento cero, una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, cuarenta puntos en un solo trimestre.
 
Una vez hecho el empalme, la aplicabilidad administrativa (que aún debe reglamentarse) podría implicar que el ajuste mensual se haga con un rezago de por lo menos dos meses en los datos (es decir, que en abril actualice con la inflación de febrero) y, por lo tanto, los aumentos mensuales tengan rezagos de 60 días con respecto al índice general de precios.
 
En busca de los votos para aprobar la Ley ómnibus a contrarreloj, el equipo de Javier Milei cedió ante uno de los puntos que reclamaba la oposición "dialoguista": la modificación de la fórmula jubilatoria. Al analizar la letra chica la propuesta, a priori, no alcanzaría para satisfacer las demandas de la oposición que pretendían que la indexación mensual de los haberes opere a partir de enero.
 
"El problema es el empalme. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan", escribió en su cuenta de X la vicepresidenta del bloque de la UCR Karina Banfi sintetizando lo que muchos de los diputados manifestaban en los pasillos del Congreso.
 
Asimismo, el proyecto mantiene la declaración de emergencia en materia previsional. "Esto faculta al PEN a hacer y deshacer lo que se le venga en gana, con la movilidad jubilatoria, con el FGS, y con lo que se le plazca, respecto de la materia previsional, en tanto y en cuanto, la emergencia significa la delegación de facultades legislativas", explica el especialista en Seguridad Social Facundo Fernández Pastor: "Si pretendían imponerle que no se ajustara sobre los jubilados, no debieron declarar la emergencia en materia previsional, ni un día, ni una semana, ni un segundo", sentencia.
 
 
Los cambios
  
"El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación del Indec disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", engaña el Ejecutivo en el borrador que explica los cambios al nuevo proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
 
De esta manera, el plan del oficialismo para los jubilados sería mantener en febrero el haber previsional de 105.713 pesos para las jubilaciones mínimas, sumando un bono a confirmar por el ejecutivo. En enero fue de 55.000 pesos para lograr que todas las jubilaciones se encuentren por encima de los 160.000 pesos, con lo cual se estima que será de ese valor o mayor, teniendo en cuenta las proyecciones de 25 por ciento de inflación para el primer mes del año.
 
Pero la motosierra a los jubilados se enciende con la disposición del mes en que comenzará a regir la nueva fórmula, en un trimestre con una inflación muy elevada. Desde marzo los jubilados cobrarían una actualización a partir de la fórmula jubilatoria vigente.
 
La ley de movilidad que rige desde 2021 otorga cuatro aumentos por año que se determinan según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) -el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses.
 
El cálculo actual ya viene con un rezago, porque se realiza sobre el trimestre anterior (es decir para la actualización de marzo se tomará en cuenta la variación de los salarios y de los ingresos tributarios de Anses entre septiembre y diciembre de 2023). Según cálculos de la consultora PxQ liderada por Emmanuel Álvarez Agis, "los haberes podrían subir en torno a 35 por ciento en marzo con una inflación que en el trimestre diciembre-enero-febrero podría ser mayor al 76 por ciento". De este modo, el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales caería 41 puntos porcentuales en el periodo.
 
De esta manera, se sumaría un trimestre más al derrotero de los haberes previsionales: durante el gobierno de Macri las jubilaciones mínimas cayeron casi un 20 por ciento. Un golpe que la gestión de Alberto Fernández prometió y no logró recuperar, adhiriendo dos puntos a la caída en la jubilación mínima, pero mayor para el resto de los haberes.
 
Si todo sale como el gobierno espera, en abril comenzaría a regir la nueva fórmula propuesta de aumentos "conforme al último dato de inflación mensual (NdR: de Indec) disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes".
 
"En esta frase aparece el secreto y la gran incógnita que resolverá la reglamentación", analiza el abogado previsional Federico Bobrovsky en diálogo con este diario, "es que al referirse al último dato disponible al comenzar la liquidación, la alerta que se enciende es el rezago. En Anses se liquidan los haberes con, por lo menos, 30 días de anterioridad. Entonces al aumento de abril, que deberían comenzar a liquidar a principios de marzo, deberán calcularlo con datos de febrero. Salvo que readecuen todos los sistemas, algo que no se hace de un día para el otro", sentencia.
 
"El cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer 11 de los 12 meses de inflación de 2024", complementa PxQ, "Con este artilugio, el gobierno se estaría "ahorrando" la inflación de enero para la movilidad previsional. Esto es particularmente importante porque, si el plan es exitoso, la inflación mensual debería ser decreciente y, por tanto, la variación de febrero de 2024 que incorporarán los haberes no será suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante enero".
 
 
Vocación fiscal
  
Dada la vocación fiscal que tiene el ministro de Economía Luis Caputo, un punto importante a analizar es el impacto de la medida en las cuentas públicas. De acuerdo a PxQ, el gasto en jubilaciones y pensiones terminó 2023 representando 6,7 por ciento del PIB, es decir 1 punto porcentual por debajo de 2022 y 2,9 por debajo de 2020. "Si bien con la indexación mensual se podría llegar a diciembre de 2024 con un haber jubilatorio ajustado por inflación en un nivel similar al de diciembre, el haber promedio del 2024 sería 30 por ciento más bajo que el del promedio de 2023", explica la consultora asumiendo que nunca se contabilizaría la inflación de enero por el rezago administrativo. "Asumiendo un PIB retrocediendo en el entorno del 3 por ciento, el gasto en jubilaciones de 2024 podría caer 0,9 por ciento del PIB con este mecanismo de actualización".
 
El número supera el ajuste proyectado del propio Caputo, que  informó que para alcanzar el superávit fiscal primario equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto reducirá 0,4 por ciento del PIB en la línea de las jubilaciones y pensiones en el presupuesto.
 
 
Jubilaciones de privilegio
  
Además, Milei agregó un gesto político al proyecto -en línea con el discurso de su campaña- al incorporar la eliminación de la jubilación de privilegio para Presidente y Vicepresidente. En el articulado negociado, el Ejecutivo propone la modificación de la Ley 24.018, que ordena las jubilaciones de los cargos de los tres poderes del Estado, y propone la modificación del artículo 1, quitando al Presidente y Vicepresidente -que quedan comprendido en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones- y dejando solo a los miembros de la Corte Suprema. Además, eleva de 60 a 65 años la edad para ingresar al sistema jubilatorio para los funcionarios que quedaron comprendidos por la normativa.
 
Por Natalí Risso
 
Fuente: Página 12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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