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Nacionales - 23-01-2024 / 10:01
TRAMPAS LIBERTARIAS EN UNA NEGOCIACIÓN QUE SIGUE

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses
El Gobierno de Javier “el Loco” Milei envió a la “oposición amigable” los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta “mejora” ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la “casta” sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.
El improvisado gobierno de Javier "el Loco" Milei envió a la "oposición amigable" los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta "mejora" ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la "casta" sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.

Milei quieren aparentar que "cuidará a los jubilados" proponiendo un cambio de fórmula ajustando los haberes por inflación a partir de abril, pero en realidad se trata de un nuevo robo a mano armada, ya que lo harán una vez consumado una nueva rebaja de las jubilaciones a niveles de mayor miseria. De esta forma mantendrán por el piso el poder adquisitivo, sin posibilidad de recuperación.
 
El brutal robo a los jubilados mantiene la actualización de las jubilaciones según la movilidad previsional en marzo y, a partir de abril, el mismo sería mensual conforme a la inflación. El problema es que por un lado se aprovechan de las falencias de la movilidad jubilatoria actual. Esto les permite hacer un shock inflacionario para licuar las jubilaciones agudizando el problema, y congelando los bonos por debajo de la inflación. Estas pérdidas que se harán entre diciembre y marzo no solo no las recompondrán sino que serán las bases para el ahorro fiscal que están buscando.
 
En el momento que la fórmula podría hacer alguna recomposición (el efecto rezago de la movilidad tiene por lo menos 3 meses), sobre la base de jubilaciones pulverizadas ya que borran la inflación de enero y aplican con 2 meses de rezago la de febrero, lo atan a la inflación, y te lo venden que es para que no sigan perdiendo. Pero el diablo, Caputo y Milei, están en los detalles y la idea, en realidad es para ponerle un techo a estas nuevas y más bajas jubilaciones para que ya no puedan recuperar.
 
Entre los cambios a la Ley Ómnibus se dispuso que hasta marzo los haberes se actualizarán por la fórmula actual: subirían apenas un 35% ante una inflación trimestral que ronda el 76%. Recién a partir de abril habrá ajustes mensuales atados al IPC del Indec, pero con dos meses de rezago.
 
La propuesta modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y esconde un ajuste encubierto que licuará -aún más- el ingreso de los y las jubiladas, además de las prestaciones sociales que también actualizan por la fórmula, como la Asignación Universal por Hijo.
 
Además, el oficialismo mantiene el artículo que propone el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Eso implica que el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, pueda rematar y especular con los ahorros de los jubilados. Es darle la llave de los ahorros de los jubilados a un timbero profesional.
 
En última instancia el objetivo del gobierno de Milei es consumar un saqueo al poder adquisitivo de los jubilados para financiar el ajuste neoliberal libertario: que la nueva movilidad se calcule sobre un piso muy bajo. Hoy la jubilación mínima (que percibe el 65%) es de $105.713 sin los bonos.
 
La Opinión Popular
 

 

HABRÁ AJUSTE POR INFLACIÓN, PERO RECIÉN DESDE ABRIL
 
Lo que se esconde detrás del aumento mensual de las jubilaciones
 
El nuevo texto, que ingresó este lunes al Congreso, propone aumentar mensualmente las jubilaciones de acuerdo al "último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes" a partir de abril. Esto provocará, desde el momento cero, una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, cuarenta puntos en un solo trimestre.
 
Una vez hecho el empalme, la aplicabilidad administrativa (que aún debe reglamentarse) podría implicar que el ajuste mensual se haga con un rezago de por lo menos dos meses en los datos (es decir, que en abril actualice con la inflación de febrero) y, por lo tanto, los aumentos mensuales tengan rezagos de 60 días con respecto al índice general de precios.
 
En busca de los votos para aprobar la Ley ómnibus a contrarreloj, el equipo de Javier Milei cedió ante uno de los puntos que reclamaba la oposición "dialoguista": la modificación de la fórmula jubilatoria. Al analizar la letra chica la propuesta, a priori, no alcanzaría para satisfacer las demandas de la oposición que pretendían que la indexación mensual de los haberes opere a partir de enero.
 
"El problema es el empalme. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan", escribió en su cuenta de X la vicepresidenta del bloque de la UCR Karina Banfi sintetizando lo que muchos de los diputados manifestaban en los pasillos del Congreso.
 
Asimismo, el proyecto mantiene la declaración de emergencia en materia previsional. "Esto faculta al PEN a hacer y deshacer lo que se le venga en gana, con la movilidad jubilatoria, con el FGS, y con lo que se le plazca, respecto de la materia previsional, en tanto y en cuanto, la emergencia significa la delegación de facultades legislativas", explica el especialista en Seguridad Social Facundo Fernández Pastor: "Si pretendían imponerle que no se ajustara sobre los jubilados, no debieron declarar la emergencia en materia previsional, ni un día, ni una semana, ni un segundo", sentencia.
 
 
Los cambios
  
"El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación del Indec disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", engaña el Ejecutivo en el borrador que explica los cambios al nuevo proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
 
De esta manera, el plan del oficialismo para los jubilados sería mantener en febrero el haber previsional de 105.713 pesos para las jubilaciones mínimas, sumando un bono a confirmar por el ejecutivo. En enero fue de 55.000 pesos para lograr que todas las jubilaciones se encuentren por encima de los 160.000 pesos, con lo cual se estima que será de ese valor o mayor, teniendo en cuenta las proyecciones de 25 por ciento de inflación para el primer mes del año.
 
Pero la motosierra a los jubilados se enciende con la disposición del mes en que comenzará a regir la nueva fórmula, en un trimestre con una inflación muy elevada. Desde marzo los jubilados cobrarían una actualización a partir de la fórmula jubilatoria vigente.
 
La ley de movilidad que rige desde 2021 otorga cuatro aumentos por año que se determinan según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) -el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses.
 
El cálculo actual ya viene con un rezago, porque se realiza sobre el trimestre anterior (es decir para la actualización de marzo se tomará en cuenta la variación de los salarios y de los ingresos tributarios de Anses entre septiembre y diciembre de 2023). Según cálculos de la consultora PxQ liderada por Emmanuel Álvarez Agis, "los haberes podrían subir en torno a 35 por ciento en marzo con una inflación que en el trimestre diciembre-enero-febrero podría ser mayor al 76 por ciento". De este modo, el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales caería 41 puntos porcentuales en el periodo.
 
De esta manera, se sumaría un trimestre más al derrotero de los haberes previsionales: durante el gobierno de Macri las jubilaciones mínimas cayeron casi un 20 por ciento. Un golpe que la gestión de Alberto Fernández prometió y no logró recuperar, adhiriendo dos puntos a la caída en la jubilación mínima, pero mayor para el resto de los haberes.
 
Si todo sale como el gobierno espera, en abril comenzaría a regir la nueva fórmula propuesta de aumentos "conforme al último dato de inflación mensual (NdR: de Indec) disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes".
 
"En esta frase aparece el secreto y la gran incógnita que resolverá la reglamentación", analiza el abogado previsional Federico Bobrovsky en diálogo con este diario, "es que al referirse al último dato disponible al comenzar la liquidación, la alerta que se enciende es el rezago. En Anses se liquidan los haberes con, por lo menos, 30 días de anterioridad. Entonces al aumento de abril, que deberían comenzar a liquidar a principios de marzo, deberán calcularlo con datos de febrero. Salvo que readecuen todos los sistemas, algo que no se hace de un día para el otro", sentencia.
 
"El cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer 11 de los 12 meses de inflación de 2024", complementa PxQ, "Con este artilugio, el gobierno se estaría "ahorrando" la inflación de enero para la movilidad previsional. Esto es particularmente importante porque, si el plan es exitoso, la inflación mensual debería ser decreciente y, por tanto, la variación de febrero de 2024 que incorporarán los haberes no será suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante enero".
 
 
Vocación fiscal
  
Dada la vocación fiscal que tiene el ministro de Economía Luis Caputo, un punto importante a analizar es el impacto de la medida en las cuentas públicas. De acuerdo a PxQ, el gasto en jubilaciones y pensiones terminó 2023 representando 6,7 por ciento del PIB, es decir 1 punto porcentual por debajo de 2022 y 2,9 por debajo de 2020. "Si bien con la indexación mensual se podría llegar a diciembre de 2024 con un haber jubilatorio ajustado por inflación en un nivel similar al de diciembre, el haber promedio del 2024 sería 30 por ciento más bajo que el del promedio de 2023", explica la consultora asumiendo que nunca se contabilizaría la inflación de enero por el rezago administrativo. "Asumiendo un PIB retrocediendo en el entorno del 3 por ciento, el gasto en jubilaciones de 2024 podría caer 0,9 por ciento del PIB con este mecanismo de actualización".
 
El número supera el ajuste proyectado del propio Caputo, que  informó que para alcanzar el superávit fiscal primario equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto reducirá 0,4 por ciento del PIB en la línea de las jubilaciones y pensiones en el presupuesto.
 
 
Jubilaciones de privilegio
  
Además, Milei agregó un gesto político al proyecto -en línea con el discurso de su campaña- al incorporar la eliminación de la jubilación de privilegio para Presidente y Vicepresidente. En el articulado negociado, el Ejecutivo propone la modificación de la Ley 24.018, que ordena las jubilaciones de los cargos de los tres poderes del Estado, y propone la modificación del artículo 1, quitando al Presidente y Vicepresidente -que quedan comprendido en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones- y dejando solo a los miembros de la Corte Suprema. Además, eleva de 60 a 65 años la edad para ingresar al sistema jubilatorio para los funcionarios que quedaron comprendidos por la normativa.
 
Por Natalí Risso
 
Fuente: Página 12
 

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26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

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