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Nacionales - 23-01-2024 / 10:01
TRAMPAS LIBERTARIAS EN UNA NEGOCIACIÓN QUE SIGUE

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses

Engaña pichanga de Milei: Con los cambios en la Ley ómnibus las jubilaciones perderán el 25% en solo tres meses
El Gobierno de Javier “el Loco” Milei envió a la “oposición amigable” los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta “mejora” ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la “casta” sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.
El improvisado gobierno de Javier "el Loco" Milei envió a la "oposición amigable" los cambios para destrabar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Pero hasta los más acuerdistas los consideraron un engaño. Los jubilados quedaron en el centro de los enojos, porque la supuesta "mejora" ofrecida en realidad significa otro golpe de motosierra que recorta brutalmente sus ingresos y garantiza que sigan deprimidos en el futuro. Al final, no será la "casta" sino los jubilados los que paguen la cuenta del ajuste de Milei.

Milei quieren aparentar que "cuidará a los jubilados" proponiendo un cambio de fórmula ajustando los haberes por inflación a partir de abril, pero en realidad se trata de un nuevo robo a mano armada, ya que lo harán una vez consumado una nueva rebaja de las jubilaciones a niveles de mayor miseria. De esta forma mantendrán por el piso el poder adquisitivo, sin posibilidad de recuperación.
 
El brutal robo a los jubilados mantiene la actualización de las jubilaciones según la movilidad previsional en marzo y, a partir de abril, el mismo sería mensual conforme a la inflación. El problema es que por un lado se aprovechan de las falencias de la movilidad jubilatoria actual. Esto les permite hacer un shock inflacionario para licuar las jubilaciones agudizando el problema, y congelando los bonos por debajo de la inflación. Estas pérdidas que se harán entre diciembre y marzo no solo no las recompondrán sino que serán las bases para el ahorro fiscal que están buscando.
 
En el momento que la fórmula podría hacer alguna recomposición (el efecto rezago de la movilidad tiene por lo menos 3 meses), sobre la base de jubilaciones pulverizadas ya que borran la inflación de enero y aplican con 2 meses de rezago la de febrero, lo atan a la inflación, y te lo venden que es para que no sigan perdiendo. Pero el diablo, Caputo y Milei, están en los detalles y la idea, en realidad es para ponerle un techo a estas nuevas y más bajas jubilaciones para que ya no puedan recuperar.
 
Entre los cambios a la Ley Ómnibus se dispuso que hasta marzo los haberes se actualizarán por la fórmula actual: subirían apenas un 35% ante una inflación trimestral que ronda el 76%. Recién a partir de abril habrá ajustes mensuales atados al IPC del Indec, pero con dos meses de rezago.
 
La propuesta modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y esconde un ajuste encubierto que licuará -aún más- el ingreso de los y las jubiladas, además de las prestaciones sociales que también actualizan por la fórmula, como la Asignación Universal por Hijo.
 
Además, el oficialismo mantiene el artículo que propone el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Eso implica que el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, pueda rematar y especular con los ahorros de los jubilados. Es darle la llave de los ahorros de los jubilados a un timbero profesional.
 
En última instancia el objetivo del gobierno de Milei es consumar un saqueo al poder adquisitivo de los jubilados para financiar el ajuste neoliberal libertario: que la nueva movilidad se calcule sobre un piso muy bajo. Hoy la jubilación mínima (que percibe el 65%) es de $105.713 sin los bonos.
 
La Opinión Popular
 

 

HABRÁ AJUSTE POR INFLACIÓN, PERO RECIÉN DESDE ABRIL
 
Lo que se esconde detrás del aumento mensual de las jubilaciones
 
El nuevo texto, que ingresó este lunes al Congreso, propone aumentar mensualmente las jubilaciones de acuerdo al "último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes" a partir de abril. Esto provocará, desde el momento cero, una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, cuarenta puntos en un solo trimestre.
 
Una vez hecho el empalme, la aplicabilidad administrativa (que aún debe reglamentarse) podría implicar que el ajuste mensual se haga con un rezago de por lo menos dos meses en los datos (es decir, que en abril actualice con la inflación de febrero) y, por lo tanto, los aumentos mensuales tengan rezagos de 60 días con respecto al índice general de precios.
 
En busca de los votos para aprobar la Ley ómnibus a contrarreloj, el equipo de Javier Milei cedió ante uno de los puntos que reclamaba la oposición "dialoguista": la modificación de la fórmula jubilatoria. Al analizar la letra chica la propuesta, a priori, no alcanzaría para satisfacer las demandas de la oposición que pretendían que la indexación mensual de los haberes opere a partir de enero.
 
"El problema es el empalme. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan", escribió en su cuenta de X la vicepresidenta del bloque de la UCR Karina Banfi sintetizando lo que muchos de los diputados manifestaban en los pasillos del Congreso.
 
Asimismo, el proyecto mantiene la declaración de emergencia en materia previsional. "Esto faculta al PEN a hacer y deshacer lo que se le venga en gana, con la movilidad jubilatoria, con el FGS, y con lo que se le plazca, respecto de la materia previsional, en tanto y en cuanto, la emergencia significa la delegación de facultades legislativas", explica el especialista en Seguridad Social Facundo Fernández Pastor: "Si pretendían imponerle que no se ajustara sobre los jubilados, no debieron declarar la emergencia en materia previsional, ni un día, ni una semana, ni un segundo", sentencia.
 
 
Los cambios
  
"El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación del Indec disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", engaña el Ejecutivo en el borrador que explica los cambios al nuevo proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
 
De esta manera, el plan del oficialismo para los jubilados sería mantener en febrero el haber previsional de 105.713 pesos para las jubilaciones mínimas, sumando un bono a confirmar por el ejecutivo. En enero fue de 55.000 pesos para lograr que todas las jubilaciones se encuentren por encima de los 160.000 pesos, con lo cual se estima que será de ese valor o mayor, teniendo en cuenta las proyecciones de 25 por ciento de inflación para el primer mes del año.
 
Pero la motosierra a los jubilados se enciende con la disposición del mes en que comenzará a regir la nueva fórmula, en un trimestre con una inflación muy elevada. Desde marzo los jubilados cobrarían una actualización a partir de la fórmula jubilatoria vigente.
 
La ley de movilidad que rige desde 2021 otorga cuatro aumentos por año que se determinan según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) -el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses.
 
El cálculo actual ya viene con un rezago, porque se realiza sobre el trimestre anterior (es decir para la actualización de marzo se tomará en cuenta la variación de los salarios y de los ingresos tributarios de Anses entre septiembre y diciembre de 2023). Según cálculos de la consultora PxQ liderada por Emmanuel Álvarez Agis, "los haberes podrían subir en torno a 35 por ciento en marzo con una inflación que en el trimestre diciembre-enero-febrero podría ser mayor al 76 por ciento". De este modo, el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales caería 41 puntos porcentuales en el periodo.
 
De esta manera, se sumaría un trimestre más al derrotero de los haberes previsionales: durante el gobierno de Macri las jubilaciones mínimas cayeron casi un 20 por ciento. Un golpe que la gestión de Alberto Fernández prometió y no logró recuperar, adhiriendo dos puntos a la caída en la jubilación mínima, pero mayor para el resto de los haberes.
 
Si todo sale como el gobierno espera, en abril comenzaría a regir la nueva fórmula propuesta de aumentos "conforme al último dato de inflación mensual (NdR: de Indec) disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes".
 
"En esta frase aparece el secreto y la gran incógnita que resolverá la reglamentación", analiza el abogado previsional Federico Bobrovsky en diálogo con este diario, "es que al referirse al último dato disponible al comenzar la liquidación, la alerta que se enciende es el rezago. En Anses se liquidan los haberes con, por lo menos, 30 días de anterioridad. Entonces al aumento de abril, que deberían comenzar a liquidar a principios de marzo, deberán calcularlo con datos de febrero. Salvo que readecuen todos los sistemas, algo que no se hace de un día para el otro", sentencia.
 
"El cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer 11 de los 12 meses de inflación de 2024", complementa PxQ, "Con este artilugio, el gobierno se estaría "ahorrando" la inflación de enero para la movilidad previsional. Esto es particularmente importante porque, si el plan es exitoso, la inflación mensual debería ser decreciente y, por tanto, la variación de febrero de 2024 que incorporarán los haberes no será suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante enero".
 
 
Vocación fiscal
  
Dada la vocación fiscal que tiene el ministro de Economía Luis Caputo, un punto importante a analizar es el impacto de la medida en las cuentas públicas. De acuerdo a PxQ, el gasto en jubilaciones y pensiones terminó 2023 representando 6,7 por ciento del PIB, es decir 1 punto porcentual por debajo de 2022 y 2,9 por debajo de 2020. "Si bien con la indexación mensual se podría llegar a diciembre de 2024 con un haber jubilatorio ajustado por inflación en un nivel similar al de diciembre, el haber promedio del 2024 sería 30 por ciento más bajo que el del promedio de 2023", explica la consultora asumiendo que nunca se contabilizaría la inflación de enero por el rezago administrativo. "Asumiendo un PIB retrocediendo en el entorno del 3 por ciento, el gasto en jubilaciones de 2024 podría caer 0,9 por ciento del PIB con este mecanismo de actualización".
 
El número supera el ajuste proyectado del propio Caputo, que  informó que para alcanzar el superávit fiscal primario equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto reducirá 0,4 por ciento del PIB en la línea de las jubilaciones y pensiones en el presupuesto.
 
 
Jubilaciones de privilegio
  
Además, Milei agregó un gesto político al proyecto -en línea con el discurso de su campaña- al incorporar la eliminación de la jubilación de privilegio para Presidente y Vicepresidente. En el articulado negociado, el Ejecutivo propone la modificación de la Ley 24.018, que ordena las jubilaciones de los cargos de los tres poderes del Estado, y propone la modificación del artículo 1, quitando al Presidente y Vicepresidente -que quedan comprendido en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones- y dejando solo a los miembros de la Corte Suprema. Además, eleva de 60 a 65 años la edad para ingresar al sistema jubilatorio para los funcionarios que quedaron comprendidos por la normativa.
 
Por Natalí Risso
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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