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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 21-01-2024 / 08:01
¿QUÉ PASARÁ SI SE APLICAN SUS TEMERARIAS RECETAS NEOLIBERALES?

Juntos son dinamita: el Pelado, máximo responsable de la catástrofe de 2001, asesora en las sombras al Peluca

Juntos son dinamita: el Pelado, máximo responsable de la catástrofe de 2001, asesora en las sombras al Peluca
Domingo Cavallo, el máximo responsable de la catástrofe de 2001, asesora en las sombras a Javier Milei y sus consejos son cada vez más escuchados ante los serios problemas que acumula el plan Caputo. Milei lo considera el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Cavallo se cuida de criticar al actual titular del Palacio de Hacienda pero observa que no se ha lanzado un plan de estabilización consistente. Esta es la tarea que propone para los próximos meses. Qué pasará si se aplican sus arriesgadas recetas sobre qué hacer con el dólar y cómo enfrentar la cada vez más descontrolada inflación. Es un guión con un final conocido.
La Ley Ómnibus, el paro de la CGT, la escalada del dólar y la inflación desbordada dibujan un panorama desafiante para el gobierno de Javier "el Loco" Milei en este enero marcado por la intensidad política y económica. Su participación en Davos se centró en la defensa radical del ultracapitalismo, sin abordar estratégicamente la atracción de inversiones para la Argentina. Mientras la Ley Ómnibus enfrenta obstáculos y modificaciones, las tensiones judiciales y las amenazas de acelerar el ajuste amplían la incertidumbre. A su vez, se viene el primer paro nacional de la CGT en la era Milei.
 
En ese preocupante marco, Domingo Cavallo es considerado por Milei como el mejor ministro de Economía de la historia argentina. En el último texto publicado en su blog ofrece el sendero de salvataje ante el probable naufragio del plan de Luis "Toto" Caputo. Se cuida de criticar al actual titular del Palacio de Hacienda al justificar las medidas que se tomaron en las primeras semanas, pero observa que no se ha lanzado por ahora un plan de estabilización consistente. Esta es la tarea que propone para los próximos meses.
 
La preocupación de Cavallo por el futuro inmediato de la economía bajo el gobierno de Milei es comprensible, inquietud que tiene la mayoría de los economistas sean ortodoxos o heterodoxos. No les faltan motivos para estar intranquilos.
 
El recorrido financiero y cambiario del plan Caputo es decepcionante para empresarios y financistas entusiasmados con el gobierno de Milei. Las cotizaciones de los dólares financieros continúan en carrera ascendente y con el cierre del contado con liquidación del último viernes (1306 pesos) la brecha cambiaria es de 60 por ciento. Y las perspectivas son que se siga ampliando.
  
El objetivo del equipo económico era bajar sustancialmente la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos, objetivo alcanzado en las primeras semanas de la nueva administración, estado de gracia que duró muy poco. La reducción de la brecha cambiaria es síntoma de confianza acerca del rumbo de la gestión económica y señal de transitar hacia la normalización cambiaria.
 
Con el saldo de estas últimas semanas irrumpe el siguiente interrogante: ¿cuándo hubo una corrida cambiaria, o sea el acelerado refugio en dólares de agentes económicos, luego de una mega devaluación e inmediato acuerdo con el Fondo comprometiendo un fortísimo ajuste fiscal? Más aún: ¿cuándo sucedió un escenario de inestabilidad cambiaria en el transcurso de la luna de miel de los 100 días de un nuevo gobierno?
 
No hay antecedentes de tan malos resultados inmediatos en gobiernos elegidos en las urnas desde 1983. La dupla de economistas Milei-Caputo lo ha logrado.
 
La inconsistencia del esquema macroeconómico, que no puede definirse como plan porque sólo es una sucesión de medidas descoordinadas, es señalada por un amplio abanico ideológico de economistas y es el motivo principal de la corrida con incremento de la brecha cambiaria.
 
El argumento político que explica el desastre actual diciendo que es culpa de la herencia de la gestión económica de Sergio Massa sirve para tranquilizar a fanáticos libertarios, pero quienes evalúan la situación en forma desapasionada saben de los errores de diseño y debilidad del plan Caputo.
 
La Opinión Popular



 
Tasa de inflación descontrolada
  
La inflación mayorista de 54% en diciembre adelanta una tasa minorista de enero muy elevada. Así se va evaporando la extraordinaria ventaja cambiaria del ajuste de 118% aplicada por Caputo. La especulación que existe en el mercado financiero no es si habrá otra fuerte devaluación, sino cuándo se concretará.
 
La megadevaluación incentivó la venta de dólares del complejo agroexportador pero la acumulación de reservas es temporaria debido a los próximos pagos de deuda (FMI y bonistas privados) y, fundamentalmente, porque se han pisado las importaciones hasta niveles que han paralizado la producción de cuatro terminales del sector automotor (VW, General Motors, Nissan y Renault). En un pasado reciente está situación sería un escándalo en el mundo empresarial; hoy todos son indulgentes atribuyendo a la herencia la actual fragilidad macroeconómica de la gestión Caputo.
 
Al Banco Central le cuesta mucho acumular reservas excedentes (el monto adquirido hasta el momento se evaporará en poco tiempo). La apuesta oficial apunta a la liquidación de la cosecha de soja y maíz a partir de abril próximo. Se sabe que los dueños de los dólares no los entregarán si no reciben una mejora sustancial del tipo de cambio efectivo. Puede ser que de este modo economistas de la corriente dominante descubran que el problema central de la economía argentina es la falta de dólares en el Banco Central y no tanto la cuestión fiscal.
 
Caputo ha mostrado que ha perdido la supuesta aureola de genio de las finanzas porque no ha conseguido ni un dólar adicional de bancos y fondos del exterior ni de organismos internacionales. El naufragio del plan Caputo invita a observar a quién puede escuchar el influenciable Milei en materia económica: Domingo Cavallo, que actúa como asesor económico en las sombras.
 
 
El ídolo de Milei
  
La mayoría de los analistas se detuvo en la estimación acertada de Cavallo del 25 por ciento de tasa de inflación de diciembre, sin embargo es más relevante conocer el horizonte que plantea para este año, puesto que sus opiniones son ponderadas por Milei.
 
El ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa escribió que en una economía con un alto grado de dolarización de hecho, un plan de estabilización sólo puede implementarse cuando se ha logrado eliminar todo vestigio de restricciones al movimiento de capitales y el mercado cambiario funciona como uno único y libre.
 
Indica que hasta que se den las condiciones para lanzar el plan de estabilización es muy importante que se logre estabilizar el tipo de cambio real a un nivel compatible con el comercio exterior sin restricciones cuantitativas, sin vestigios de sesgo antiexportador y con un nivel de reservas externas suficientes para respaldar los pasivos monetarios del Banco Central.
 
 
El primer consejo de Cavallo: eliminación completa del cepo cambiario y limitar la emisión monetaria
  
Dice que las medidas anunciadas apuntan a facilitar el realineamiento de precios relativos y la eliminación del déficit fiscal, pero indica que Caputo aún mantiene todas las restricciones al movimiento de capitales. Se refiere a todas las variedades de cepos cambiarios que se fueron acumulando desde fines de 2019, "llegando a conformar un sistema cambiario caótico que sólo alienta el atesoramiento de dólares billetes dentro del país y la fuga al exterior del capital financiero, además de la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones".
 
Propone tener como meta la puesta en marcha del plan de estabilización prometido en la campaña electoral, es decir, perseguir la eliminación completa del cepo cambiario mientras se limita rápidamente la emisión de pesos. "Es la mejor guía para el diseño de las medidas que el equipo económico deberá adoptar", avisa como mensaje a Caputo y Milei.
 
Amonesta al gobierno porque no debía entusiasmarse con la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar contado con liquidación (CCL), porque asegura que este último está muy lejos de ser un mercado libre de cambios. Indica que para avanzar hacia el mercado único y libre de cambios es muy importante que, cuanto antes, el gobierno elimine los varios cepos que impiden que exista un mercado cambiario libre para todas las transacciones que no tengan que ver con el comercio de bienes. Describe que cualquier persona humana o jurídica debería poder comprar o vender dólares o cualquier otra divisa en forma totalmente libre con la única limitación que imponen las normas contra el lavado de dinero.
 
 
Segundo consejo: desdoblamiento del mercado cambiario
  
Después de liberar el cepo, Cavallo señala que es necesario avanzar en el desdoblamiento formal del mercado cambiario. Lo imagina con sólo dos tipos de cambio: el oficial, al que aconseja denominarlo "comercial", y el libre (otras experiencias locales de desdoblamiento lo llamaban "financiero"). Este tipo de régimen cambiario fue habitual en las décadas del '70 y '80.
 
Asegura que la brecha entre estos dos tipos de cambio, mientras avanzan la eliminación del déficit fiscal y los desequilibrios de precios relativos, debería ir cerrándose en forma gradual. Dice que esto sería un excelente indicador de que se progresa hacia la unificación y liberalización no traumática del mercado cambiario.
 
Opina que la eliminación de los cepos que hoy restringen las operaciones en el mercado CCL y el blanqueo de capitales que se está proyectando son ingredientes complementarios para alentar la oferta de divisas en el mercado libre, de tal forma que su cotización se acerque al tipo de cambio comercial sin que el Banco Central tenga que derivar divisas del superávit comercial para influir en el tipo de cambio libre o financiero.
 
 
Tercer consejo: reunificación completa del mercado cambiario
 
Cavallo sabe que no será inmediata la reunificación completa del mercado cambiario, entonces sugiere que el tipo de cambio comercial "deberá ser manejado en armonía con el ritmo de eliminación de la inflación reprimida, la emisión monetaria, las tasas de interés y el comportamiento de los salarios nominales que surjan de las negociaciones colectivas del sector privado".
 
Especula con que durante este período es posible que se logre disminuir la tasa mensual de inflación desde los altos niveles de diciembre, pero advierte que ello ocurrirá sólo si se va cerrando la brecha entre el tipo de cambio libre (financiero) y el comercial.
 
Para finalmente sentenciar que cuando se haya cerrado por completo esa brecha y se pueda eliminar todo vestigio de cepo cambiario estarán dadas las condiciones para lanzar el plan de estabilización. "La tasa mensual de inflación podrá reducirse drásticamente para inaugurar un clima de estabilidad sostenible en el tiempo", promete.
 
 
Cuarto consejo: el objetivo 2025 es un plan de estabilización
  
Señala que este año, para mantener cierta competitividad del tipo de cambio real, se deberá ajustarlo en línea con la tasa de inflación. Estima que a mediados de año el aumento promedio de precios bajaría a niveles de 7% mensual. Este porcentaje -aclara- se debe a la necesidad de mantener un ritmo de ajuste del tipo de cambio igual a la tasa de crecimiento de los pasivos del Banco Central y de la tasa de inflación.
 
Dice que este típico fenómeno de inflación inercial, que puede perpetuarse en el tiempo, aunque se haya eliminado el déficit fiscal, sólo se puede quebrar con un plan de estabilización bien diseñado.
 
Estima que la posibilidad de lanzar un plan de estabilización semejante (dolarización, convertibilidad o "inflation targeting" a la peruana) se dará a principios de 2025 si "para entonces se logra también unificar y liberalizar el mercado cambiario y el Banco Central cuenta con un stock de reservas de 30 mil millones de dólares".
 
Menciona que si estas dos condiciones se consiguieran antes, el lanzamiento del plan de estabilización podría anticiparse, "pero no me animo a afirmar que ello sea altamente probable". Para concluir que lanzado el plan de estabilización, la tasa de inflación mensual puede bajar de inmediato a 20% anual para desembocar al cabo de los siguientes 24 meses en 5% anual.
 
 
Como pasó en el pasado, el plan Cavallo puede fallar
  
Las recetas de Cavallo (inicio de la estatización de la deuda privada como presidente del Banco Central de la dictadura, la convertibilidad con Carlos Menem y el corralito con Fernando de la Rúa) no son antecedentes favorables para evaluar con entusiasmo las medidas económicas que hoy está proponiendo.
 
El riesgo del plan Caputo, Cavallo o Milei es que basa la estabilización en una sola ancla: la fiscal. La reunificación cambiaria es subsidiaria del ajuste fiscal. En una economía bimonetaria como la argentina, con elevado endeudamiento en dólares e inflación de tres dígitos, la cuestión fiscal es relevante pero lo es mucho más el estrangulamiento del sector externo (la escasez relativa de divisas).
 
La devaluación y unificación cambiaria pueden ser iniciativas necesarias como parte de un plan integral, pero no son suficientes subordinadas a la obsesión fiscalista -como postula Cavallo y Milei- para aliviar la crisis del sector externo.
 
El reciente informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) analizó el decreto 88/2023 por el cual el Jefe de Gabinete aprobó la adecuación de los gastos y recursos del Presupuesto 2023 prorrogado al ejercicio 2024. La conclusión es que, en el contexto macroeconómico actual, con una inflación para los últimos doce meses superior al 200% y con tendencia al alza, "el hecho de que los agregados macrofiscales previstos para 2024 mantengan niveles nominales prácticamente idénticos a los de 2023, da cuenta de una reducción sin precedentes de ingresos y de gastos tanto en términos del PIB como en términos reales".
 
El ajuste fiscal previsto para este año es dramático de la estabilidad sociolaboral. El camino elegido de disciplinar la demanda agregada vía ajuste fiscal y monetario regresivo no será efectivo para derrumbar la tasa de inflación de tres dígitos anuales, salvo que la sociedad tolere niveles de desempleo muy altos y un profundo deterioro en la calidad de vida diaria. Experiencias de este tipo en Argentina enseñan que no es un sendero viable económica y políticamente.
 
 
El guion y el final de la película son conocidos
  
Se sabe además de los fracasos de varios programas económicos respaldados por el FMI que ignoraron el problema de la inercia inflacionaria. Al no considerarla la economía se sumerge en un estado permanente de estanflación. El ajuste fiscal y monetario se convierte en continuo con caída de ingresos públicos por la recesión/depresión económica que aleja la posibilidad de alcanzar el equilibrio de las cuentas fiscales.
 
No se trata de especular con que si es creíble o no la meta del equilibrio fiscal. Esto pasa a un segundo plano en un régimen de alta inflación puesto que la obsesión fiscalista ignora el componente inercial. El ajuste fiscal y monetario tiene escasa influencia en este último comportamiento.
 
Los agentes económicos atrapados por variaciones de precios mensuales de dos dígitos no toman en cuenta el ancla fiscal como variable de modificación de sus conductas. Empresas, trabajadores y actores económicos en general sólo pueden llegar a incorporarlo en las decisiones luego de un proceso largo y doloroso de recesión y desempleo. Mientras, la inflación de ayer es estimada igual o superior para mañana y, por lo tanto, los agentes económicos fijarán precios según esta expectativa sin que la cuestión fiscal y monetaria tenga importancia en esta decisión.
 
El cuadro de deterioro social, laboral y productivo no brindará tiempo político para el ajuste con inercia inflacionaria.
 
La inflación inercial se parece a una nube pesada que impide observar las señales de desinflación enviadas desde el frente fiscal. Se sabe entonces que, cuando llegue el momento del fracaso, como sucedió en los tiempos de Cavallo como ministro de Economía, la culpa no será asignada a la inviabilidad del programa económico de ajuste fiscal y monetario en un régimen de alta inflación y economía bimonetaria con elevado endeudamiento en dólares, sino que los fracasados atribuirán la responsabilidad del fiasco a sindicatos, políticos y organizaciones sociales por resistir el plan de exclusión y derrumbe del tejido productivo.
 
El guion de la película de Cavallo (también la de Milei) ya se conoce y también cuál es el final. 
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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