01:26 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 16-01-2024 / 08:01

BUSCAN AMEDRENTAR Y CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

Más amenazas del gobierno de Javier Milei contra el paro de trabajadores del 24 de enero

El gobierno autoritario de Javier “el Loco” Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus.

El gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo "protocolo antipiquetes" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus. Un paro al que también convocan las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma), el sindicalismo combativo identificado con los partidos de izquierda, los movimientos sociales, sectores pymes y partidos políticos.

¿Cómo una sociedad votó un presidente que prometió sufrimiento y ahora está cumpliendo? Uno de los tantos trasfondos de la victoria de Milei fue un triunfo cultural que logró instalar la idea de que hay un grupo numeroso de argentinos que viven sin trabajar, y que por eso a los otros no les alcanza el sueldo, lo que penetró con especial fuerza en sectores populares. Lo mismo ocurrió con los empleados públicos. Existe, por supuesto, el trabajador estatal que abusa de las licencias o alguno que directamente no se presenta en el trabajo.

El empleado público pensó que se iba sancionar al que abusa. El obrero de la construcción que recaería sobre su vecino que está sentado tomando mate mientras él se desloma armando paredes. Al igual que en el poema de Bertolt Brecht, los votantes de Milei creían que venían por los otros -el empleado que falta, el que se queda tomando mate- y ahora que vienen por todos y ya es demasiado tarde.

Los voceros del régimen, como el periodista ultra derechista Jonatan Viale, repiten que si Milei tiene éxito el cambio cultural será un regreso de la "cultura del trabajo". Es exactamente al revés. Milei está castigando al sector privado que genera empleo, que es la red de pymes, muchas de ellas industriales, que tiene el país. No hace falta ser economista, con el sentido común y la capacidad de observación se adivina el recorrido y su final. Y Milei no la ve.

Son empresas que producen para el mercado local, que hoy está empobrecido por el ajuste. A esto se le va a sumar el aumento de los costos de producción por el tarifazo y la competencia desleal por apertura de importaciones a países donde se trabaja por dos platos de arroz. Si se agregan las medidas para desmontar las regulaciones que fomentaban la competencia, como la Ley de Góndolas, el resultado es la demolición del sector privado argentino. Quedarán en pie los 20 multimillonarios locales y extranjeros que pagaron la campaña libertaria y le escribieron el plan de gobierno al presidente.

A eso se suma la idea de retirar al Estado de los sectores estratégicos, con la venta del Banco Nación, YPF, Aerolíneas, Arsat, entre otras. Ningún país periférico hace algo semejante. Argentina tiene el extraño privilegio de tener una extrema derecha anti nacionalista, a diferencia de Donald Trump en Estados Unidos o Georgia Meloni en Italia.

En el Paro General del 24 de enero hay que retomar la batalla cultural por el valor del trabajo. No se puede regalar esa bandera a quienes impulsan la miseria planificada, la destrucción de los sectores que generan empleo y el remate de las empresas públicas estratégicas. Y hay que empezar por una idea base: la Patria no se vende.

La Opinión Popular

REFORZARON EL PARO DEL 24

Sindicalistas reclamaron en el plenario de comisiones el rechazo íntegro del DNU y la ley ómnibus

Dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma, de la AGD-UBA y de Fesprosa denunciaron el contenido anti sindical y privatista de las normas y exigieron un voto negativo a diputados y senadores.

El plenario de comisiones que se desarrolló en la jornada de ayer concedió la palabra a representantes de las denominadas organizaciones vivas. Allí pudieron emitir su opinión sobre el decreto 70/23 y el proyecto de ley ómnibus diferentes líderes de cámaras empresarias, organizaciones ambientalistas, feministas y de derechos humanos.

Pero también hubo lugar para representaciones sindicales. En particular hicieron uso de la palabra el titular de la CGT Héctor Daer, el de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy, el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yacowsky y la secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA Ileana Celotto. También estuvo el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky aunque prefirió no hacer uso de la palabra.

En todos los casos los representantes sindicales llamaron a los legisladores y legisladoras a rechazar en forma integral tanto el DNU como la ley ómnibus a la vez que ratificaron su participación en el paro nacional con movilización al Congreso Nacional el próximo miércoles 24 de enero.

El titular de la CGT, Héctor Daer, comenzó desautorizando los fundamentos de la ley ómnibus en tanto, señaló, "se fundamenta en falacias planteando como que la Argentina es un aquelarre para declarar la emergencia en todos los aspectos". Para Daer, el propósito indisimulable es el de establecer "un punto de partida para fundamentar la delegación de facultades por cuatro años".

Para Daer el proyecto "plantea la privatización de la totalidad de las empresas publicas derogando y dejando de lado el patrimonio estratégico que representa la capacidad de la Argentina en términos de desarrollo que hoy se quiere enajenar". A la vez criticó el intento de derogar la fórmula previsional que, aclaró, "es verdad que esta fórmula va desde atrás pero garantiza una actualización, lo que no podemos hacer es dejar una mala fórmula para dar lugar a la discrecionalidad del ajuste".

El titular de la CGT criticó también, entre otros puntos, las desregulaciones en el sector ictícola, la política de desfinanciamiento de la cultura, la desregulación del sistema de salud y la reforma electoral que, aseguró, vulnera los "derechos de las minorías". Además la emprendió contra el artículo de la ley que busca ratificar por esa vía el DNU 70/23. Allí señaló que "el capítulo IV no ataca privilegios, ataca derechos individuales y colectivos" y, continuó, "limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita los sindicatos".

Al finalizar, Daer llamó a los diputados y diputadas a actuar en "un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática". Para Daer, "cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no a la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o en el plenario y en cada una de las cámaras". Para eso, señaló, "el 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle que no a la ley ómnibus y no al DNU".

En el mismo sentido se pronunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy. El dirigente destacó que "la absoluta mayoría de las presentaciones aquí hechas desde los más diversos sectores sociales, culturales científicos están poniendo en cuestión este proyecto de ley ómnibus y también el DNU. Ambos proyectos tienen el más grave de los delitos que nuestra constitución nacional condena: la suma del poder público como infame traición a la patria". Para Godoy "este aspecto está claramente expresado como voluntad en el DNU que salió primero y explícitamente en el proyecto de ley".

El titular de la CTA Autónoma señaló que "si bien entendemos que es una iniciativa positiva convocar a los diversos sectores es evidente que un debate de esta profundidad y naturaleza es muy difícil que se sintetice y se pueda resolver en una jornada con exposiciones de tamaña profundidad en apenas siete minutos".

Por eso, sintetizó, "recordamos que no hay libertad si no hay igualdad, no hay libertad si no hay democracia y no hay libertad si no hay soberanía del pueblo y soberanía de la nación. Ambos (el decreto y el proyecto de ley) arrasan con los conceptos de democracia, igualdad, soberanía y queda la palabra libertad solamente como una expresión. Una libertad para unas pocas empresas y poderes trasnacionales que van a poder arrasar con los derechos de nuestro pueblo".

Por eso, finalizó, "nos oponemos de plano" a ambas iniciativas y señaló a los legisladores "que no pueden delegar funciones ni renunciar al mandato que les ha entregado nuestro pueblo para que en este congreso se debatan en profundidad todas las cuestiones que hacen a la vida de un pueblo".

Además dijo que "representamos a los trabajadores estatales desde ATE que hoy cumple 99 años y que se ha caracterizado en este casi siglo no solamente por defender los derechos específicos de los trabajadores estatales sino por defender el derechos de un pueblo a que un Estado sea soberano y que garantice los bienes comunes y se enorgullezca de tener empresas estatales. Tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus quieren arrasar, privatizar, regalar y entregar la soberanía de más de 41 empresas del Estado que son de patrimonio público". Por eso, señaló, "les exigimos a diputados y senadores a que impidan este latrocinio".

Desde el sector de la salud, el titular de la FESPROSA, Jorge Yakowsky señaló que "no hay salud pública si no es pública". Para Yakowsky "el DNU y la ley ómnibus son un corpus indivisible y reaccionario. Profundamente subversivo de los valores que cimentaron 40 años de democracia". Es que, continuó, "la liquidación del derecho de huelga y protesta y su criminalización conforman una reforma constitucional de hecho que instala en la Argentina una autocracia policial con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida. Pedimos en nombre del campo sanitario el rechazo del DNU".

Más puntualmente, sobre el sector sanitario, el dirigente de los profesionales de la salud destacó que "solo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por prepagas. 20 millones son de Cobertura Pública Exclusiva y el 70% de ellos son pobres. Con las medidas económicas serán aún más. ¿Qué dice el DNU de la situación sanitaria? Nada. El 80% de la financiación del sistema pública de la salud está a cargo de las provincias y el 15% de los municipios. Con el presupuesto congelado ¿cuál será el destino de los sistemas público de salud?", se preguntó.

Para el dirigente, "las grandes empresas serán las beneficiarias de la desregulación del sistema de obras sociales con la afiliación de los altos salarios".

A la vez, desde el sector educativo, Ileana Celotto dirigente de AGD UBA, destacó el "fallido" en la redacción de la ley ómnibus que en el subtítulo dedicado al sector dice "universidades privadas". "Demuestra la meta de este gobierno hacia nuestras universidades nacionales", denunció.

Para Celotto la ley "habla de ingreso irrestricto pero habilita el exámen de ingreso. Establece la gratuidad del grado pero habilita el arancelamiento de extranjeros sin residencia y abre la puerta al arancelamiento". Además destacó la situación de los trabajadores universitarios: "un docente universitario en marzo va a cobrar $191.354, un tercio de la línea de pobreza prevista.

Celotto señaló que "después del golpazo del gobierno de Macri no hubo 2019, solo hubo FMI y canje de deuda por educación". Por eso, continuó, "exigimos paritarias ya con cláusula gatillo mensual sobre un 100% de aumento". La dirigente explicó que, con el congelamiento presupuestario "va a ser imposible funcionar. No hay ni para el gas, ni la luz ni la limpieza. Sin presupuesto no hay educación pública, solo va a haber educación superior para los sectores pudientes".

Es que, explicó, "sin estudiantes no hay universidad. En este cuadro social hiperinflacionario, sin becas y sin comedores no habrá estudiantes. La ley considera la cantidad de egresados para asignar presupuesto. De esa forma tendrán más fondos las universidades con población de mejores recursos, realmente un resultado elitista".

Además puntualizó el camino de la privatización: "esta ley habilita convenios para obtener recursos complementarios. Eso es entregar al mejor postor, a empresas nacional o extranjeros, la producción de conocimiento". Para Celotto "la producción universitaria debe estar al servicio de las necesidades populares y no de intereses privados". Finalmente la dirigente de la UBA denunció que "por el DNU, la docencia de jardines, primaria, secundaria y de universidades estaría afectada a la esencialidad. Es un atropello a la autonomía, la cogobierno y al derecho de huelga de todo trabajador. Lo rechazamos de plano".

Por eso finalizó llamando "a esta cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU que nos hace retroceder en la Argentina anterior a la reforma del '18. Fui parte del estudiantado que en la dictadura quemó las chequeras del arancel. Estoy segura que con nuestro estudiantes defenderemos de nuevo la universidad estatal pública gratuita y laica. Llamamos el próximo 24 a parar y movilizarse porque esta ofensiva la pararemos la clase obrera ocupada y desocupada y las cacerolas en las calles".

Fuente: Tiempo Argentino

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular