23:04 | Domingo 04 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 16-01-2024 / 08:01

BUSCAN AMEDRENTAR Y CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

Más amenazas del gobierno de Javier Milei contra el paro de trabajadores del 24 de enero

El gobierno autoritario de Javier “el Loco” Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus.

El gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo "protocolo antipiquetes" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus. Un paro al que también convocan las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma), el sindicalismo combativo identificado con los partidos de izquierda, los movimientos sociales, sectores pymes y partidos políticos.

¿Cómo una sociedad votó un presidente que prometió sufrimiento y ahora está cumpliendo? Uno de los tantos trasfondos de la victoria de Milei fue un triunfo cultural que logró instalar la idea de que hay un grupo numeroso de argentinos que viven sin trabajar, y que por eso a los otros no les alcanza el sueldo, lo que penetró con especial fuerza en sectores populares. Lo mismo ocurrió con los empleados públicos. Existe, por supuesto, el trabajador estatal que abusa de las licencias o alguno que directamente no se presenta en el trabajo.

El empleado público pensó que se iba sancionar al que abusa. El obrero de la construcción que recaería sobre su vecino que está sentado tomando mate mientras él se desloma armando paredes. Al igual que en el poema de Bertolt Brecht, los votantes de Milei creían que venían por los otros -el empleado que falta, el que se queda tomando mate- y ahora que vienen por todos y ya es demasiado tarde.

Los voceros del régimen, como el periodista ultra derechista Jonatan Viale, repiten que si Milei tiene éxito el cambio cultural será un regreso de la "cultura del trabajo". Es exactamente al revés. Milei está castigando al sector privado que genera empleo, que es la red de pymes, muchas de ellas industriales, que tiene el país. No hace falta ser economista, con el sentido común y la capacidad de observación se adivina el recorrido y su final. Y Milei no la ve.

Son empresas que producen para el mercado local, que hoy está empobrecido por el ajuste. A esto se le va a sumar el aumento de los costos de producción por el tarifazo y la competencia desleal por apertura de importaciones a países donde se trabaja por dos platos de arroz. Si se agregan las medidas para desmontar las regulaciones que fomentaban la competencia, como la Ley de Góndolas, el resultado es la demolición del sector privado argentino. Quedarán en pie los 20 multimillonarios locales y extranjeros que pagaron la campaña libertaria y le escribieron el plan de gobierno al presidente.

A eso se suma la idea de retirar al Estado de los sectores estratégicos, con la venta del Banco Nación, YPF, Aerolíneas, Arsat, entre otras. Ningún país periférico hace algo semejante. Argentina tiene el extraño privilegio de tener una extrema derecha anti nacionalista, a diferencia de Donald Trump en Estados Unidos o Georgia Meloni en Italia.

En el Paro General del 24 de enero hay que retomar la batalla cultural por el valor del trabajo. No se puede regalar esa bandera a quienes impulsan la miseria planificada, la destrucción de los sectores que generan empleo y el remate de las empresas públicas estratégicas. Y hay que empezar por una idea base: la Patria no se vende.

La Opinión Popular

REFORZARON EL PARO DEL 24

Sindicalistas reclamaron en el plenario de comisiones el rechazo íntegro del DNU y la ley ómnibus

Dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma, de la AGD-UBA y de Fesprosa denunciaron el contenido anti sindical y privatista de las normas y exigieron un voto negativo a diputados y senadores.

El plenario de comisiones que se desarrolló en la jornada de ayer concedió la palabra a representantes de las denominadas organizaciones vivas. Allí pudieron emitir su opinión sobre el decreto 70/23 y el proyecto de ley ómnibus diferentes líderes de cámaras empresarias, organizaciones ambientalistas, feministas y de derechos humanos.

Pero también hubo lugar para representaciones sindicales. En particular hicieron uso de la palabra el titular de la CGT Héctor Daer, el de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy, el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yacowsky y la secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA Ileana Celotto. También estuvo el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky aunque prefirió no hacer uso de la palabra.

En todos los casos los representantes sindicales llamaron a los legisladores y legisladoras a rechazar en forma integral tanto el DNU como la ley ómnibus a la vez que ratificaron su participación en el paro nacional con movilización al Congreso Nacional el próximo miércoles 24 de enero.

El titular de la CGT, Héctor Daer, comenzó desautorizando los fundamentos de la ley ómnibus en tanto, señaló, "se fundamenta en falacias planteando como que la Argentina es un aquelarre para declarar la emergencia en todos los aspectos". Para Daer, el propósito indisimulable es el de establecer "un punto de partida para fundamentar la delegación de facultades por cuatro años".

Para Daer el proyecto "plantea la privatización de la totalidad de las empresas publicas derogando y dejando de lado el patrimonio estratégico que representa la capacidad de la Argentina en términos de desarrollo que hoy se quiere enajenar". A la vez criticó el intento de derogar la fórmula previsional que, aclaró, "es verdad que esta fórmula va desde atrás pero garantiza una actualización, lo que no podemos hacer es dejar una mala fórmula para dar lugar a la discrecionalidad del ajuste".

El titular de la CGT criticó también, entre otros puntos, las desregulaciones en el sector ictícola, la política de desfinanciamiento de la cultura, la desregulación del sistema de salud y la reforma electoral que, aseguró, vulnera los "derechos de las minorías". Además la emprendió contra el artículo de la ley que busca ratificar por esa vía el DNU 70/23. Allí señaló que "el capítulo IV no ataca privilegios, ataca derechos individuales y colectivos" y, continuó, "limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita los sindicatos".

Al finalizar, Daer llamó a los diputados y diputadas a actuar en "un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática". Para Daer, "cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no a la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o en el plenario y en cada una de las cámaras". Para eso, señaló, "el 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle que no a la ley ómnibus y no al DNU".

En el mismo sentido se pronunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy. El dirigente destacó que "la absoluta mayoría de las presentaciones aquí hechas desde los más diversos sectores sociales, culturales científicos están poniendo en cuestión este proyecto de ley ómnibus y también el DNU. Ambos proyectos tienen el más grave de los delitos que nuestra constitución nacional condena: la suma del poder público como infame traición a la patria". Para Godoy "este aspecto está claramente expresado como voluntad en el DNU que salió primero y explícitamente en el proyecto de ley".

El titular de la CTA Autónoma señaló que "si bien entendemos que es una iniciativa positiva convocar a los diversos sectores es evidente que un debate de esta profundidad y naturaleza es muy difícil que se sintetice y se pueda resolver en una jornada con exposiciones de tamaña profundidad en apenas siete minutos".

Por eso, sintetizó, "recordamos que no hay libertad si no hay igualdad, no hay libertad si no hay democracia y no hay libertad si no hay soberanía del pueblo y soberanía de la nación. Ambos (el decreto y el proyecto de ley) arrasan con los conceptos de democracia, igualdad, soberanía y queda la palabra libertad solamente como una expresión. Una libertad para unas pocas empresas y poderes trasnacionales que van a poder arrasar con los derechos de nuestro pueblo".

Por eso, finalizó, "nos oponemos de plano" a ambas iniciativas y señaló a los legisladores "que no pueden delegar funciones ni renunciar al mandato que les ha entregado nuestro pueblo para que en este congreso se debatan en profundidad todas las cuestiones que hacen a la vida de un pueblo".

Además dijo que "representamos a los trabajadores estatales desde ATE que hoy cumple 99 años y que se ha caracterizado en este casi siglo no solamente por defender los derechos específicos de los trabajadores estatales sino por defender el derechos de un pueblo a que un Estado sea soberano y que garantice los bienes comunes y se enorgullezca de tener empresas estatales. Tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus quieren arrasar, privatizar, regalar y entregar la soberanía de más de 41 empresas del Estado que son de patrimonio público". Por eso, señaló, "les exigimos a diputados y senadores a que impidan este latrocinio".

Desde el sector de la salud, el titular de la FESPROSA, Jorge Yakowsky señaló que "no hay salud pública si no es pública". Para Yakowsky "el DNU y la ley ómnibus son un corpus indivisible y reaccionario. Profundamente subversivo de los valores que cimentaron 40 años de democracia". Es que, continuó, "la liquidación del derecho de huelga y protesta y su criminalización conforman una reforma constitucional de hecho que instala en la Argentina una autocracia policial con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida. Pedimos en nombre del campo sanitario el rechazo del DNU".

Más puntualmente, sobre el sector sanitario, el dirigente de los profesionales de la salud destacó que "solo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por prepagas. 20 millones son de Cobertura Pública Exclusiva y el 70% de ellos son pobres. Con las medidas económicas serán aún más. ¿Qué dice el DNU de la situación sanitaria? Nada. El 80% de la financiación del sistema pública de la salud está a cargo de las provincias y el 15% de los municipios. Con el presupuesto congelado ¿cuál será el destino de los sistemas público de salud?", se preguntó.

Para el dirigente, "las grandes empresas serán las beneficiarias de la desregulación del sistema de obras sociales con la afiliación de los altos salarios".

A la vez, desde el sector educativo, Ileana Celotto dirigente de AGD UBA, destacó el "fallido" en la redacción de la ley ómnibus que en el subtítulo dedicado al sector dice "universidades privadas". "Demuestra la meta de este gobierno hacia nuestras universidades nacionales", denunció.

Para Celotto la ley "habla de ingreso irrestricto pero habilita el exámen de ingreso. Establece la gratuidad del grado pero habilita el arancelamiento de extranjeros sin residencia y abre la puerta al arancelamiento". Además destacó la situación de los trabajadores universitarios: "un docente universitario en marzo va a cobrar $191.354, un tercio de la línea de pobreza prevista.

Celotto señaló que "después del golpazo del gobierno de Macri no hubo 2019, solo hubo FMI y canje de deuda por educación". Por eso, continuó, "exigimos paritarias ya con cláusula gatillo mensual sobre un 100% de aumento". La dirigente explicó que, con el congelamiento presupuestario "va a ser imposible funcionar. No hay ni para el gas, ni la luz ni la limpieza. Sin presupuesto no hay educación pública, solo va a haber educación superior para los sectores pudientes".

Es que, explicó, "sin estudiantes no hay universidad. En este cuadro social hiperinflacionario, sin becas y sin comedores no habrá estudiantes. La ley considera la cantidad de egresados para asignar presupuesto. De esa forma tendrán más fondos las universidades con población de mejores recursos, realmente un resultado elitista".

Además puntualizó el camino de la privatización: "esta ley habilita convenios para obtener recursos complementarios. Eso es entregar al mejor postor, a empresas nacional o extranjeros, la producción de conocimiento". Para Celotto "la producción universitaria debe estar al servicio de las necesidades populares y no de intereses privados". Finalmente la dirigente de la UBA denunció que "por el DNU, la docencia de jardines, primaria, secundaria y de universidades estaría afectada a la esencialidad. Es un atropello a la autonomía, la cogobierno y al derecho de huelga de todo trabajador. Lo rechazamos de plano".

Por eso finalizó llamando "a esta cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU que nos hace retroceder en la Argentina anterior a la reforma del '18. Fui parte del estudiantado que en la dictadura quemó las chequeras del arancel. Estoy segura que con nuestro estudiantes defenderemos de nuevo la universidad estatal pública gratuita y laica. Llamamos el próximo 24 a parar y movilizarse porque esta ofensiva la pararemos la clase obrera ocupada y desocupada y las cacerolas en las calles".

Fuente: Tiempo Argentino

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.