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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 16-01-2024 / 08:01
BUSCAN AMEDRENTAR Y CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

Más amenazas del gobierno de Javier Milei contra el paro de trabajadores del 24 de enero

Más amenazas del gobierno de Javier Milei contra el paro de trabajadores del 24 de enero
El gobierno autoritario de Javier “el Loco” Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus.
El gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo "protocolo antipiquetes" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus. Un paro al que también convocan las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma), el sindicalismo combativo identificado con los partidos de izquierda, los movimientos sociales, sectores pymes y partidos políticos.
 
¿Cómo una sociedad votó un presidente que prometió sufrimiento y ahora está cumpliendo? Uno de los tantos trasfondos de la victoria de Milei fue un triunfo cultural que logró instalar la idea de que hay un grupo numeroso de argentinos que viven sin trabajar, y que por eso a los otros no les alcanza el sueldo, lo que penetró con especial fuerza en sectores populares. Lo mismo ocurrió con los empleados públicos. Existe, por supuesto, el trabajador estatal que abusa de las licencias o alguno que directamente no se presenta en el trabajo.
 
El empleado público pensó que se iba sancionar al que abusa. El obrero de la construcción que recaería sobre su vecino que está sentado tomando mate mientras él se desloma armando paredes. Al igual que en el poema de Bertolt Brecht, los votantes de Milei creían que venían por los otros -el empleado que falta, el que se queda tomando mate- y ahora que vienen por todos y ya es demasiado tarde.
 
Los voceros del régimen, como el periodista ultra derechista Jonatan Viale, repiten que si Milei tiene éxito el cambio cultural será un regreso de la "cultura del trabajo". Es exactamente al revés. Milei está castigando al sector privado que genera empleo, que es la red de pymes, muchas de ellas industriales, que tiene el país. No hace falta ser economista, con el sentido común y la capacidad de observación se adivina el recorrido y su final. Y Milei no la ve.
 
Son empresas que producen para el mercado local, que hoy está empobrecido por el ajuste. A esto se le va a sumar el aumento de los costos de producción por el tarifazo y la competencia desleal por apertura de importaciones a países donde se trabaja por dos platos de arroz. Si se agregan las medidas para desmontar las regulaciones que fomentaban la competencia, como la Ley de Góndolas, el resultado es la demolición del sector privado argentino. Quedarán en pie los 20 multimillonarios locales y extranjeros que pagaron la campaña libertaria y le escribieron el plan de gobierno al presidente.
 
A eso se suma la idea de retirar al Estado de los sectores estratégicos, con la venta del Banco Nación, YPF, Aerolíneas, Arsat, entre otras. Ningún país periférico hace algo semejante. Argentina tiene el extraño privilegio de tener una extrema derecha anti nacionalista, a diferencia de Donald Trump en Estados Unidos o Georgia Meloni en Italia.
 
En el Paro General del 24 de enero hay que retomar la batalla cultural por el valor del trabajo. No se puede regalar esa bandera a quienes impulsan la miseria planificada, la destrucción de los sectores que generan empleo y el remate de las empresas públicas estratégicas. Y hay que empezar por una idea base: la Patria no se vende.
 
La Opinión Popular

 
REFORZARON EL PARO DEL 24
 
Sindicalistas reclamaron en el plenario de comisiones el rechazo íntegro del DNU y la ley ómnibus
 
Dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma, de la AGD-UBA y de Fesprosa denunciaron el contenido anti sindical y privatista de las normas y exigieron un voto negativo a diputados y senadores.
 
El plenario de comisiones que se desarrolló en la jornada de ayer concedió la palabra a representantes de las denominadas organizaciones vivas. Allí pudieron emitir su opinión sobre el decreto 70/23 y el proyecto de ley ómnibus diferentes líderes de cámaras empresarias, organizaciones ambientalistas, feministas y de derechos humanos.
 
Pero también hubo lugar para representaciones sindicales. En particular hicieron uso de la palabra el titular de la CGT Héctor Daer, el de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy, el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yacowsky y la secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA Ileana Celotto. También estuvo el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky aunque prefirió no hacer uso de la palabra.
 
En todos los casos los representantes sindicales llamaron a los legisladores y legisladoras a rechazar en forma integral tanto el DNU como la ley ómnibus a la vez que ratificaron su participación en el paro nacional con movilización al Congreso Nacional el próximo miércoles 24 de enero.
 
El titular de la CGT, Héctor Daer, comenzó desautorizando los fundamentos de la ley ómnibus en tanto, señaló, "se fundamenta en falacias planteando como que la Argentina es un aquelarre para declarar la emergencia en todos los aspectos". Para Daer, el propósito indisimulable es el de establecer "un punto de partida para fundamentar la delegación de facultades por cuatro años".
 
Para Daer el proyecto "plantea la privatización de la totalidad de las empresas publicas derogando y dejando de lado el patrimonio estratégico que representa la capacidad de la Argentina en términos de desarrollo que hoy se quiere enajenar". A la vez criticó el intento de derogar la fórmula previsional que, aclaró, "es verdad que esta fórmula va desde atrás pero garantiza una actualización, lo que no podemos hacer es dejar una mala fórmula para dar lugar a la discrecionalidad del ajuste".
 
El titular de la CGT criticó también, entre otros puntos, las desregulaciones en el sector ictícola, la política de desfinanciamiento de la cultura, la desregulación del sistema de salud y la reforma electoral que, aseguró, vulnera los "derechos de las minorías". Además la emprendió contra el artículo de la ley que busca ratificar por esa vía el DNU 70/23. Allí señaló que "el capítulo IV no ataca privilegios, ataca derechos individuales y colectivos" y, continuó, "limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita los sindicatos".
 
Al finalizar, Daer llamó a los diputados y diputadas a actuar en "un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática". Para Daer, "cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no a la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o en el plenario y en cada una de las cámaras". Para eso, señaló, "el 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle que no a la ley ómnibus y no al DNU".
 
En el mismo sentido se pronunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy. El dirigente destacó que "la absoluta mayoría de las presentaciones aquí hechas desde los más diversos sectores sociales, culturales científicos están poniendo en cuestión este proyecto de ley ómnibus y también el DNU. Ambos proyectos tienen el más grave de los delitos que nuestra constitución nacional condena: la suma del poder público como infame traición a la patria".  Para Godoy "este aspecto está claramente expresado como voluntad en el DNU que salió primero y explícitamente en el proyecto de ley".
 
El titular de la CTA Autónoma señaló que "si bien entendemos que es una iniciativa positiva convocar a los diversos sectores es evidente que un debate de esta profundidad y naturaleza es muy difícil que se sintetice y se pueda resolver en una jornada con exposiciones de tamaña profundidad en apenas siete minutos".
 
Por eso, sintetizó, "recordamos que no hay libertad si no hay igualdad, no hay libertad si no hay democracia y no hay libertad si no hay soberanía del pueblo y soberanía de la nación. Ambos (el decreto y el proyecto de ley) arrasan con los conceptos de democracia, igualdad, soberanía y queda la palabra libertad solamente como una expresión. Una libertad para unas pocas empresas y poderes trasnacionales que van a poder arrasar con los derechos de nuestro pueblo".
 
Por eso, finalizó, "nos oponemos de plano" a ambas iniciativas y señaló a los legisladores "que no pueden delegar funciones ni renunciar al mandato que les ha entregado nuestro pueblo para que en este congreso se debatan en profundidad todas las cuestiones que hacen a la vida de un pueblo".
 
Además dijo que "representamos a los trabajadores estatales desde ATE que hoy cumple 99 años y que se ha caracterizado en este casi siglo no solamente por defender los derechos específicos de los trabajadores estatales sino por defender el derechos de un pueblo a que un Estado sea soberano y que garantice los bienes comunes y se enorgullezca de tener empresas estatales. Tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus quieren arrasar, privatizar, regalar y entregar la soberanía de más de 41 empresas del Estado que son de patrimonio público". Por eso, señaló, "les exigimos a diputados y senadores a que impidan este latrocinio".
 
Desde el sector de la salud, el titular de la FESPROSA, Jorge Yakowsky señaló que "no hay salud pública si no es pública". Para Yakowsky "el DNU y la ley ómnibus son un corpus indivisible y reaccionario. Profundamente subversivo de los valores que cimentaron 40 años de democracia". Es que, continuó, "la liquidación del derecho de huelga y protesta y su criminalización conforman una reforma constitucional de hecho que instala en la Argentina una autocracia policial con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida. Pedimos en nombre del campo sanitario el rechazo del DNU".
 
Más puntualmente, sobre el sector sanitario, el dirigente de los profesionales de la salud destacó que "solo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por prepagas. 20 millones son de  Cobertura Pública Exclusiva y el 70% de ellos son pobres. Con las medidas económicas serán aún más. ¿Qué dice el DNU de la situación sanitaria? Nada. El 80% de la financiación del sistema pública de la salud está a cargo de las provincias y el 15% de los municipios. Con el presupuesto congelado ¿cuál será el destino de los sistemas público de salud?", se preguntó.
 
Para el dirigente, "las grandes empresas serán las beneficiarias de la desregulación del sistema de obras sociales con la afiliación de los altos salarios".
 
A la vez, desde el sector educativo, Ileana Celotto dirigente de AGD UBA, destacó el "fallido" en la redacción de la ley ómnibus que en el subtítulo dedicado al sector dice "universidades privadas". "Demuestra la meta de este gobierno hacia nuestras universidades nacionales", denunció.
 
Para Celotto la ley "habla de ingreso irrestricto pero habilita el exámen de ingreso. Establece la gratuidad del grado pero habilita el arancelamiento de extranjeros sin residencia y abre la puerta al arancelamiento". Además destacó la situación de los trabajadores universitarios: "un docente universitario en marzo va a cobrar $191.354, un tercio de la línea de pobreza prevista.
 
Celotto señaló que "después del golpazo del gobierno de Macri no hubo 2019, solo hubo FMI y canje de deuda por educación". Por eso, continuó, "exigimos paritarias ya con cláusula gatillo mensual sobre un 100% de aumento". La dirigente explicó que, con el congelamiento presupuestario "va a ser imposible funcionar. No hay ni para el gas, ni la luz ni la limpieza. Sin presupuesto no hay educación pública, solo va a haber educación superior para los sectores pudientes".
 
Es que, explicó, "sin estudiantes no hay universidad. En este cuadro social hiperinflacionario, sin becas y sin comedores no habrá estudiantes. La ley considera la cantidad de egresados para asignar presupuesto. De esa forma tendrán más fondos las universidades con población de mejores recursos, realmente un resultado elitista".
 
Además puntualizó el camino de la privatización: "esta ley habilita convenios para obtener recursos complementarios. Eso es entregar al mejor postor, a empresas nacional o extranjeros, la producción de conocimiento". Para Celotto "la producción universitaria debe estar al servicio de las necesidades populares y no de intereses privados". Finalmente la dirigente de la UBA denunció que "por el DNU, la docencia de jardines, primaria, secundaria y de universidades estaría afectada a la esencialidad. Es un atropello a la autonomía, la cogobierno y al derecho de huelga de todo trabajador. Lo rechazamos de plano".
 
Por eso finalizó llamando "a esta cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU que nos hace retroceder en la Argentina anterior a la reforma del '18. Fui parte del estudiantado que en la dictadura quemó las chequeras del arancel. Estoy segura que con nuestro estudiantes defenderemos  de nuevo la universidad estatal pública gratuita y laica. Llamamos el próximo 24 a parar y movilizarse porque esta ofensiva la pararemos la clase obrera ocupada y desocupada y las cacerolas en las calles".
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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