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Nacionales - 16-01-2024 / 08:01
BUSCAN AMEDRENTAR Y CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

Más amenazas del gobierno de Javier Milei contra el paro de trabajadores del 24 de enero

Más amenazas del gobierno de Javier Milei contra el paro de trabajadores del 24 de enero
El gobierno autoritario de Javier “el Loco” Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus.
El gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei no cesa en su intento de amedrentar a los trabajadores y de criminalizar la protesta social. Tras la puesta en marcha del represivo "protocolo antipiquetes" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el intento de multar a las organizaciones que se movilizaron en defensa de sus derechos, ahora se sumó el deseo de la Casa Rosada de descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general del 24 de enero lanzado por la CGT en contra del mega DNU y la Ley Ómnibus. Un paro al que también convocan las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma), el sindicalismo combativo identificado con los partidos de izquierda, los movimientos sociales, sectores pymes y partidos políticos.
 
¿Cómo una sociedad votó un presidente que prometió sufrimiento y ahora está cumpliendo? Uno de los tantos trasfondos de la victoria de Milei fue un triunfo cultural que logró instalar la idea de que hay un grupo numeroso de argentinos que viven sin trabajar, y que por eso a los otros no les alcanza el sueldo, lo que penetró con especial fuerza en sectores populares. Lo mismo ocurrió con los empleados públicos. Existe, por supuesto, el trabajador estatal que abusa de las licencias o alguno que directamente no se presenta en el trabajo.
 
El empleado público pensó que se iba sancionar al que abusa. El obrero de la construcción que recaería sobre su vecino que está sentado tomando mate mientras él se desloma armando paredes. Al igual que en el poema de Bertolt Brecht, los votantes de Milei creían que venían por los otros -el empleado que falta, el que se queda tomando mate- y ahora que vienen por todos y ya es demasiado tarde.
 
Los voceros del régimen, como el periodista ultra derechista Jonatan Viale, repiten que si Milei tiene éxito el cambio cultural será un regreso de la "cultura del trabajo". Es exactamente al revés. Milei está castigando al sector privado que genera empleo, que es la red de pymes, muchas de ellas industriales, que tiene el país. No hace falta ser economista, con el sentido común y la capacidad de observación se adivina el recorrido y su final. Y Milei no la ve.
 
Son empresas que producen para el mercado local, que hoy está empobrecido por el ajuste. A esto se le va a sumar el aumento de los costos de producción por el tarifazo y la competencia desleal por apertura de importaciones a países donde se trabaja por dos platos de arroz. Si se agregan las medidas para desmontar las regulaciones que fomentaban la competencia, como la Ley de Góndolas, el resultado es la demolición del sector privado argentino. Quedarán en pie los 20 multimillonarios locales y extranjeros que pagaron la campaña libertaria y le escribieron el plan de gobierno al presidente.
 
A eso se suma la idea de retirar al Estado de los sectores estratégicos, con la venta del Banco Nación, YPF, Aerolíneas, Arsat, entre otras. Ningún país periférico hace algo semejante. Argentina tiene el extraño privilegio de tener una extrema derecha anti nacionalista, a diferencia de Donald Trump en Estados Unidos o Georgia Meloni en Italia.
 
En el Paro General del 24 de enero hay que retomar la batalla cultural por el valor del trabajo. No se puede regalar esa bandera a quienes impulsan la miseria planificada, la destrucción de los sectores que generan empleo y el remate de las empresas públicas estratégicas. Y hay que empezar por una idea base: la Patria no se vende.
 
La Opinión Popular

 
REFORZARON EL PARO DEL 24
 
Sindicalistas reclamaron en el plenario de comisiones el rechazo íntegro del DNU y la ley ómnibus
 
Dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma, de la AGD-UBA y de Fesprosa denunciaron el contenido anti sindical y privatista de las normas y exigieron un voto negativo a diputados y senadores.
 
El plenario de comisiones que se desarrolló en la jornada de ayer concedió la palabra a representantes de las denominadas organizaciones vivas. Allí pudieron emitir su opinión sobre el decreto 70/23 y el proyecto de ley ómnibus diferentes líderes de cámaras empresarias, organizaciones ambientalistas, feministas y de derechos humanos.
 
Pero también hubo lugar para representaciones sindicales. En particular hicieron uso de la palabra el titular de la CGT Héctor Daer, el de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy, el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yacowsky y la secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA Ileana Celotto. También estuvo el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky aunque prefirió no hacer uso de la palabra.
 
En todos los casos los representantes sindicales llamaron a los legisladores y legisladoras a rechazar en forma integral tanto el DNU como la ley ómnibus a la vez que ratificaron su participación en el paro nacional con movilización al Congreso Nacional el próximo miércoles 24 de enero.
 
El titular de la CGT, Héctor Daer, comenzó desautorizando los fundamentos de la ley ómnibus en tanto, señaló, "se fundamenta en falacias planteando como que la Argentina es un aquelarre para declarar la emergencia en todos los aspectos". Para Daer, el propósito indisimulable es el de establecer "un punto de partida para fundamentar la delegación de facultades por cuatro años".
 
Para Daer el proyecto "plantea la privatización de la totalidad de las empresas publicas derogando y dejando de lado el patrimonio estratégico que representa la capacidad de la Argentina en términos de desarrollo que hoy se quiere enajenar". A la vez criticó el intento de derogar la fórmula previsional que, aclaró, "es verdad que esta fórmula va desde atrás pero garantiza una actualización, lo que no podemos hacer es dejar una mala fórmula para dar lugar a la discrecionalidad del ajuste".
 
El titular de la CGT criticó también, entre otros puntos, las desregulaciones en el sector ictícola, la política de desfinanciamiento de la cultura, la desregulación del sistema de salud y la reforma electoral que, aseguró, vulnera los "derechos de las minorías". Además la emprendió contra el artículo de la ley que busca ratificar por esa vía el DNU 70/23. Allí señaló que "el capítulo IV no ataca privilegios, ataca derechos individuales y colectivos" y, continuó, "limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita los sindicatos".
 
Al finalizar, Daer llamó a los diputados y diputadas a actuar en "un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática". Para Daer, "cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no a la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o en el plenario y en cada una de las cámaras". Para eso, señaló, "el 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle que no a la ley ómnibus y no al DNU".
 
En el mismo sentido se pronunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy. El dirigente destacó que "la absoluta mayoría de las presentaciones aquí hechas desde los más diversos sectores sociales, culturales científicos están poniendo en cuestión este proyecto de ley ómnibus y también el DNU. Ambos proyectos tienen el más grave de los delitos que nuestra constitución nacional condena: la suma del poder público como infame traición a la patria".  Para Godoy "este aspecto está claramente expresado como voluntad en el DNU que salió primero y explícitamente en el proyecto de ley".
 
El titular de la CTA Autónoma señaló que "si bien entendemos que es una iniciativa positiva convocar a los diversos sectores es evidente que un debate de esta profundidad y naturaleza es muy difícil que se sintetice y se pueda resolver en una jornada con exposiciones de tamaña profundidad en apenas siete minutos".
 
Por eso, sintetizó, "recordamos que no hay libertad si no hay igualdad, no hay libertad si no hay democracia y no hay libertad si no hay soberanía del pueblo y soberanía de la nación. Ambos (el decreto y el proyecto de ley) arrasan con los conceptos de democracia, igualdad, soberanía y queda la palabra libertad solamente como una expresión. Una libertad para unas pocas empresas y poderes trasnacionales que van a poder arrasar con los derechos de nuestro pueblo".
 
Por eso, finalizó, "nos oponemos de plano" a ambas iniciativas y señaló a los legisladores "que no pueden delegar funciones ni renunciar al mandato que les ha entregado nuestro pueblo para que en este congreso se debatan en profundidad todas las cuestiones que hacen a la vida de un pueblo".
 
Además dijo que "representamos a los trabajadores estatales desde ATE que hoy cumple 99 años y que se ha caracterizado en este casi siglo no solamente por defender los derechos específicos de los trabajadores estatales sino por defender el derechos de un pueblo a que un Estado sea soberano y que garantice los bienes comunes y se enorgullezca de tener empresas estatales. Tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus quieren arrasar, privatizar, regalar y entregar la soberanía de más de 41 empresas del Estado que son de patrimonio público". Por eso, señaló, "les exigimos a diputados y senadores a que impidan este latrocinio".
 
Desde el sector de la salud, el titular de la FESPROSA, Jorge Yakowsky señaló que "no hay salud pública si no es pública". Para Yakowsky "el DNU y la ley ómnibus son un corpus indivisible y reaccionario. Profundamente subversivo de los valores que cimentaron 40 años de democracia". Es que, continuó, "la liquidación del derecho de huelga y protesta y su criminalización conforman una reforma constitucional de hecho que instala en la Argentina una autocracia policial con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida. Pedimos en nombre del campo sanitario el rechazo del DNU".
 
Más puntualmente, sobre el sector sanitario, el dirigente de los profesionales de la salud destacó que "solo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por prepagas. 20 millones son de  Cobertura Pública Exclusiva y el 70% de ellos son pobres. Con las medidas económicas serán aún más. ¿Qué dice el DNU de la situación sanitaria? Nada. El 80% de la financiación del sistema pública de la salud está a cargo de las provincias y el 15% de los municipios. Con el presupuesto congelado ¿cuál será el destino de los sistemas público de salud?", se preguntó.
 
Para el dirigente, "las grandes empresas serán las beneficiarias de la desregulación del sistema de obras sociales con la afiliación de los altos salarios".
 
A la vez, desde el sector educativo, Ileana Celotto dirigente de AGD UBA, destacó el "fallido" en la redacción de la ley ómnibus que en el subtítulo dedicado al sector dice "universidades privadas". "Demuestra la meta de este gobierno hacia nuestras universidades nacionales", denunció.
 
Para Celotto la ley "habla de ingreso irrestricto pero habilita el exámen de ingreso. Establece la gratuidad del grado pero habilita el arancelamiento de extranjeros sin residencia y abre la puerta al arancelamiento". Además destacó la situación de los trabajadores universitarios: "un docente universitario en marzo va a cobrar $191.354, un tercio de la línea de pobreza prevista.
 
Celotto señaló que "después del golpazo del gobierno de Macri no hubo 2019, solo hubo FMI y canje de deuda por educación". Por eso, continuó, "exigimos paritarias ya con cláusula gatillo mensual sobre un 100% de aumento". La dirigente explicó que, con el congelamiento presupuestario "va a ser imposible funcionar. No hay ni para el gas, ni la luz ni la limpieza. Sin presupuesto no hay educación pública, solo va a haber educación superior para los sectores pudientes".
 
Es que, explicó, "sin estudiantes no hay universidad. En este cuadro social hiperinflacionario, sin becas y sin comedores no habrá estudiantes. La ley considera la cantidad de egresados para asignar presupuesto. De esa forma tendrán más fondos las universidades con población de mejores recursos, realmente un resultado elitista".
 
Además puntualizó el camino de la privatización: "esta ley habilita convenios para obtener recursos complementarios. Eso es entregar al mejor postor, a empresas nacional o extranjeros, la producción de conocimiento". Para Celotto "la producción universitaria debe estar al servicio de las necesidades populares y no de intereses privados". Finalmente la dirigente de la UBA denunció que "por el DNU, la docencia de jardines, primaria, secundaria y de universidades estaría afectada a la esencialidad. Es un atropello a la autonomía, la cogobierno y al derecho de huelga de todo trabajador. Lo rechazamos de plano".
 
Por eso finalizó llamando "a esta cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU que nos hace retroceder en la Argentina anterior a la reforma del '18. Fui parte del estudiantado que en la dictadura quemó las chequeras del arancel. Estoy segura que con nuestro estudiantes defenderemos  de nuevo la universidad estatal pública gratuita y laica. Llamamos el próximo 24 a parar y movilizarse porque esta ofensiva la pararemos la clase obrera ocupada y desocupada y las cacerolas en las calles".
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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