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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 14-01-2024 / 07:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Hasta dónde puede avanzar Milei: acepta una ley ómnibus recortada como negocian sus funcionarios o mantiene su loco a todo o nada

Hasta dónde puede avanzar Milei: acepta una ley ómnibus recortada como negocian sus funcionarios o mantiene su loco a todo o nada
El escenario está abierto y hasta último momento el poroteo puede traer sorpresas en cualquier sentido, pero se perfila una aprobación parcial de la ley ómnibus. El oficialismo no consigue los votos necesarios para que el texto se apruebe a libro cerrado.
Las primeras jornadas en el tratamiento express de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados dan cuenta de un escenario en el que Javier "el Loco" Milei tendrá que tomar, pronto, una decisión que probablemente marque todo su Gobierno.
 
El peronismo encontró un fuerte límite a la hora de acumular para un rechazo pleno a la iniciativa y los socios incondicionales del presidente, por afuera de su escueta representación partidaria, son insuficientes para avanzar sin que queden por el camino partes sustanciales de la iniciativa.
 
En plenas vacaciones, y aunque la administración entrante dio de baja el canal de televisión que se encargaba de transmitir la actividad parlamentaria en la Cámara Baja, más de veinte mil personas se conectaron cada día al canal de Youtube que permite seguir cada detalle del plenario de comisiones abocado al estudio del proyecto.
 
La rareza quizás pueda adjudicarse a que el debate no se percibe como simplemente el trámite para la aprobación de una ley sino como el primer examen político del nuevo gobierno, en el que se juega buena parte de su futuro.
 
El escenario está abierto y hasta último momento el poroteo puede traer sorpresas en cualquier sentido, pero se perfila una aprobación parcial de la ley ómnibus. El oficialismo no consigue los votos necesarios para que el texto se apruebe a libro cerrado.
 
Algunos legisladores del espacio político antes conocido como Juntos por el Cambio se mueren de ganas de colaborar pero la aventura de Milei contiene pasajes imposibles de digerir para ellos o para sus sponsors, su electorado o sus agentes de prensa. Casi como si el presidente no quisiera juntar los votos.
 
Entre los capítulos que no pasan el filtro, de acuerdo a lo que se dijo y no se dijo esta semana en el plenario y en los pasillos del Congreso, aparecen elementos centrales de la estrategia económica, como la eliminación de la movilidad jubilatoria y la suba de retenciones, que forman parte del "plan motosierra" con el que el gobierno apunta a llegar rápidamente a un superávit primario de dos puntos del producto.
 
Por ahora, el Gobierno insiste con que esos puntos no son negociables, y continúa presionando a legisladores para juntar los votos necesarios.
 
También aparece una resistencia mayor que la esperada para la privatización de YPF, ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina y del Banco Nación, entre un puñado de las más de cuarenta empresas estatales que se propone pasar a liquidación; quedarán por el camino los pasajes referidos a biodiesel, pesca e hidrocarburos; sufrirá importantes recortes la reforma política; y se reducirá el alcance y la duración de las emergencias para que no signifiquen una delegación de facultades más amplia que la que se dio a otros presidentes.
 

 
Si se corrobora ese escenario, Milei deberá tomar una decisión en la que quedará definido el futuro de su mandato. Si acepta las modificaciones podrá anotarse una victoria política pero deberá recalcular su hoja de ruta fiscal para morigerar el ajuste o, en su defecto, como advirtió esta semana el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, tomar "medidas más duras".
 
La otra opción es insistir con un dictamen idéntico o muy similar al que envió en primer lugar el Poder Ejecutivo. Por ahora sus ministros negocian reformas, mientras él sobreactúa intransigencia.
 
En una entrevista pocos días antes de las PASO, había previsto este escenario con precisión asombrosa. "Nosotros vamos a presentar los proyectos. Puede ser que vengan rebotados. Entonces llamaremos a un referéndum, que son vinculantes (NdelA: No son). Suponete que nos va mal, ¿sabés qué? Voy a sobrerreaccionar el ajuste fiscal. Es decir, tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. Si yo después de esto tengo que pagar un montón de costos políticos, a punto tal de que implique que yo tenga que después retirarme, yo no tengo problema".
 
El politólogo y profesor en la Universidad Di Tella, Javier Zelaznik, publicó esta semana un artículo en el que explica muy claramente la disyuntiva que enfrenta Milei. Zelaznik distingue entre "los presidentes que intentaron llevar adelante sus agendas de gobierno mediante un uso intensivo de decretos, pero contando con un apoyo legislativo amplio (por parte de su propio partido o de una coalición de partidos)" y los "presidentes minoritarios" que "privilegiaron el uso de decretos como forma de decisión unilateral, eludiendo estrategias cooperativas".
 
En el primer grupo cita como ejemplos a los argentinos Carlos Menem y Néstor Kirchner, que contaban con mayorías propias, pero también a los brasileños Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y el primer mandato de Dilma Rousseff, "que ampliaron su base de apoyo en el Congreso mediante la construcción de coaliciones".
 
En el segundo, que decidió gobernar "exacerbando el conflicto político y la inestabilidad institucional", ubica las experiencias fallidas del brasileño Fernando Collor de Melo, el peruano Alberto Fujimori y la nicaragüense Violeta Chamorro.
 
Zelaznik observa que el inicio de la presidencia de Milei "ofrece un parecido" con estas últimas experiencias y deja un aviso: "La evidencia empírica, aunque escasa, sugiere que el gobierno por decreto por parte de presidentes minoritarios sólo es políticamente viable cuando su uso no suplanta, sino que complementa la búsqueda de acuerdos legislativos", advierte el politólogo, que sin embargo señala la oportunidad de que aparezcan "formas de cooperación que ensanchen la base de apoyo legislativo para la agenda presidencial".
 
No puede, sin embargo, soslayarse lo que el autor escribe en las últimas líneas de su artículo: "En un contexto como el actual, un gobierno viable no sólo requiere la colaboración entre diferentes actores políticos, sino también que la agenda libertaria impulsada por Milei logre resolver algunos de los problemas que asedian a la sociedad argentina".
 
Esa, como hemos advertido en otras ocasiones, es la carrera contra el tiempo que corre el flamante gobierno. Y si no logra dar señales, pronto, de que puede ganarla (no está pasando) cada vez le costará más conseguir apoyos.
 
La gran pregunta desde que Milei comenzó a delinear su ambicioso plan de desguace del Estado y la clase media es cuánto crédito social tendría esa empresa. Los cacerolazos, consistentes desde la primera semana, y la organización sindical contra el DNU y la ley ómnibus fueron las reacciones más urgentes.
 
Esta semana, por primera vez, el envión que arrastraba el presidente desde el 10 de diciembre empezó a dar señales de agotamiento, que se manifestaron en la marcha atrás obligada con la reducción de horas extras que se había anunciado días antes.
 
En este contexto, el peronismo no termina de definir una estrategia. Algunos dirigentes, tan disímiles como Juan Grabois y Pablo Moyano, reclaman más protagonismo de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, en vez de interpretar sus ausencias como una oportunidad.
 
Los tres principales responsables de la experiencia Frente de Todos ya deslindaron su responsabilidad de conducción; esperar que surjan nuevos liderazgos antes de que el espacio resuelva los problemas que lo trajeron hasta acá es voluntarista.
 
El debate parlamentario dejó en evidencia, además, de que al menos en estas condiciones, si existiera alguna posibilidad de que se conforme una mayoría para ponerle freno a las iniciativas del oficialismo, algo que todavía está por verse, esa mayoría no va a estar encabezada por el peronismo.
 
Es una lectura que comparten CFK, algunos gobernadores, los propios diputados y senadores de Unión por la Patria y sindicalistas con peso en la CGT, que aprovechan estas circunstancias para recuperar parte del crédito perdido durante los últimos cuatro años.
 
Si la manifestación del 24 de enero alcanza la magnitud que proyectan sus organizadores, con más un millón de personas frente al Congreso de la Nación, incluyendo a las tres centrales obreras, los movimientos sociales, partidos de izquierda, organizaciones políticas y la movilización de columnas desde varias localidades del Conurbano, será una señal de alerta notable.
 
Su potencia política, sin embargo, no estará definida por el número que se junte esa jornada en la calle sino por lo que pueda construir, a partir de allí, la dirigencia.
 
Resultará prioritario, en el contexto de una ofensiva inédita del Gobierno, saber distinguir cuáles son los puntos neurálgicos en los que concentrar los esfuerzos, conocer las líneas rojas. Cuáles son las acciones irreversibles, que pueden dejar cicatrices que duren décadas, o incluso más.
 
El DNU es la primera. Luego, asoman en el horizonte la enajenación de empresas estratégicas, el intento de borrar la distinción normativa entre los ámbitos de seguridad interior y defensa, la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad y la nunca desmentida dolarización.
 
Las noticias que llegan desde Ecuador nos recuerdan qué hay detrás de todas esas líneas rojas: el colapso del Estado y el reemplazo de una democracia fallida por el imperio de las corporaciones, legales (las grandes empresas que coparon este gobierno y dictan las leyes, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas) o ilegales (el narcotráfico, el crimen organizado).
 
Sin perjuicio de otras urgencias, la prioridad de cualquier político que conserve algo de estima por su vocación, en estas circunstancias, debería ser que el país, a como dé lugar, no siga ese derrotero.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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