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Nacionales - 14-01-2024 / 07:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Hasta dónde puede avanzar Milei: acepta una ley ómnibus recortada como negocian sus funcionarios o mantiene su loco a todo o nada

Hasta dónde puede avanzar Milei: acepta una ley ómnibus recortada como negocian sus funcionarios o mantiene su loco a todo o nada
El escenario está abierto y hasta último momento el poroteo puede traer sorpresas en cualquier sentido, pero se perfila una aprobación parcial de la ley ómnibus. El oficialismo no consigue los votos necesarios para que el texto se apruebe a libro cerrado.
Las primeras jornadas en el tratamiento express de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados dan cuenta de un escenario en el que Javier "el Loco" Milei tendrá que tomar, pronto, una decisión que probablemente marque todo su Gobierno.
 
El peronismo encontró un fuerte límite a la hora de acumular para un rechazo pleno a la iniciativa y los socios incondicionales del presidente, por afuera de su escueta representación partidaria, son insuficientes para avanzar sin que queden por el camino partes sustanciales de la iniciativa.
 
En plenas vacaciones, y aunque la administración entrante dio de baja el canal de televisión que se encargaba de transmitir la actividad parlamentaria en la Cámara Baja, más de veinte mil personas se conectaron cada día al canal de Youtube que permite seguir cada detalle del plenario de comisiones abocado al estudio del proyecto.
 
La rareza quizás pueda adjudicarse a que el debate no se percibe como simplemente el trámite para la aprobación de una ley sino como el primer examen político del nuevo gobierno, en el que se juega buena parte de su futuro.
 
El escenario está abierto y hasta último momento el poroteo puede traer sorpresas en cualquier sentido, pero se perfila una aprobación parcial de la ley ómnibus. El oficialismo no consigue los votos necesarios para que el texto se apruebe a libro cerrado.
 
Algunos legisladores del espacio político antes conocido como Juntos por el Cambio se mueren de ganas de colaborar pero la aventura de Milei contiene pasajes imposibles de digerir para ellos o para sus sponsors, su electorado o sus agentes de prensa. Casi como si el presidente no quisiera juntar los votos.
 
Entre los capítulos que no pasan el filtro, de acuerdo a lo que se dijo y no se dijo esta semana en el plenario y en los pasillos del Congreso, aparecen elementos centrales de la estrategia económica, como la eliminación de la movilidad jubilatoria y la suba de retenciones, que forman parte del "plan motosierra" con el que el gobierno apunta a llegar rápidamente a un superávit primario de dos puntos del producto.
 
Por ahora, el Gobierno insiste con que esos puntos no son negociables, y continúa presionando a legisladores para juntar los votos necesarios.
 
También aparece una resistencia mayor que la esperada para la privatización de YPF, ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina y del Banco Nación, entre un puñado de las más de cuarenta empresas estatales que se propone pasar a liquidación; quedarán por el camino los pasajes referidos a biodiesel, pesca e hidrocarburos; sufrirá importantes recortes la reforma política; y se reducirá el alcance y la duración de las emergencias para que no signifiquen una delegación de facultades más amplia que la que se dio a otros presidentes.
 

 
Si se corrobora ese escenario, Milei deberá tomar una decisión en la que quedará definido el futuro de su mandato. Si acepta las modificaciones podrá anotarse una victoria política pero deberá recalcular su hoja de ruta fiscal para morigerar el ajuste o, en su defecto, como advirtió esta semana el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, tomar "medidas más duras".
 
La otra opción es insistir con un dictamen idéntico o muy similar al que envió en primer lugar el Poder Ejecutivo. Por ahora sus ministros negocian reformas, mientras él sobreactúa intransigencia.
 
En una entrevista pocos días antes de las PASO, había previsto este escenario con precisión asombrosa. "Nosotros vamos a presentar los proyectos. Puede ser que vengan rebotados. Entonces llamaremos a un referéndum, que son vinculantes (NdelA: No son). Suponete que nos va mal, ¿sabés qué? Voy a sobrerreaccionar el ajuste fiscal. Es decir, tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. Si yo después de esto tengo que pagar un montón de costos políticos, a punto tal de que implique que yo tenga que después retirarme, yo no tengo problema".
 
El politólogo y profesor en la Universidad Di Tella, Javier Zelaznik, publicó esta semana un artículo en el que explica muy claramente la disyuntiva que enfrenta Milei. Zelaznik distingue entre "los presidentes que intentaron llevar adelante sus agendas de gobierno mediante un uso intensivo de decretos, pero contando con un apoyo legislativo amplio (por parte de su propio partido o de una coalición de partidos)" y los "presidentes minoritarios" que "privilegiaron el uso de decretos como forma de decisión unilateral, eludiendo estrategias cooperativas".
 
En el primer grupo cita como ejemplos a los argentinos Carlos Menem y Néstor Kirchner, que contaban con mayorías propias, pero también a los brasileños Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y el primer mandato de Dilma Rousseff, "que ampliaron su base de apoyo en el Congreso mediante la construcción de coaliciones".
 
En el segundo, que decidió gobernar "exacerbando el conflicto político y la inestabilidad institucional", ubica las experiencias fallidas del brasileño Fernando Collor de Melo, el peruano Alberto Fujimori y la nicaragüense Violeta Chamorro.
 
Zelaznik observa que el inicio de la presidencia de Milei "ofrece un parecido" con estas últimas experiencias y deja un aviso: "La evidencia empírica, aunque escasa, sugiere que el gobierno por decreto por parte de presidentes minoritarios sólo es políticamente viable cuando su uso no suplanta, sino que complementa la búsqueda de acuerdos legislativos", advierte el politólogo, que sin embargo señala la oportunidad de que aparezcan "formas de cooperación que ensanchen la base de apoyo legislativo para la agenda presidencial".
 
No puede, sin embargo, soslayarse lo que el autor escribe en las últimas líneas de su artículo: "En un contexto como el actual, un gobierno viable no sólo requiere la colaboración entre diferentes actores políticos, sino también que la agenda libertaria impulsada por Milei logre resolver algunos de los problemas que asedian a la sociedad argentina".
 
Esa, como hemos advertido en otras ocasiones, es la carrera contra el tiempo que corre el flamante gobierno. Y si no logra dar señales, pronto, de que puede ganarla (no está pasando) cada vez le costará más conseguir apoyos.
 
La gran pregunta desde que Milei comenzó a delinear su ambicioso plan de desguace del Estado y la clase media es cuánto crédito social tendría esa empresa. Los cacerolazos, consistentes desde la primera semana, y la organización sindical contra el DNU y la ley ómnibus fueron las reacciones más urgentes.
 
Esta semana, por primera vez, el envión que arrastraba el presidente desde el 10 de diciembre empezó a dar señales de agotamiento, que se manifestaron en la marcha atrás obligada con la reducción de horas extras que se había anunciado días antes.
 
En este contexto, el peronismo no termina de definir una estrategia. Algunos dirigentes, tan disímiles como Juan Grabois y Pablo Moyano, reclaman más protagonismo de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, en vez de interpretar sus ausencias como una oportunidad.
 
Los tres principales responsables de la experiencia Frente de Todos ya deslindaron su responsabilidad de conducción; esperar que surjan nuevos liderazgos antes de que el espacio resuelva los problemas que lo trajeron hasta acá es voluntarista.
 
El debate parlamentario dejó en evidencia, además, de que al menos en estas condiciones, si existiera alguna posibilidad de que se conforme una mayoría para ponerle freno a las iniciativas del oficialismo, algo que todavía está por verse, esa mayoría no va a estar encabezada por el peronismo.
 
Es una lectura que comparten CFK, algunos gobernadores, los propios diputados y senadores de Unión por la Patria y sindicalistas con peso en la CGT, que aprovechan estas circunstancias para recuperar parte del crédito perdido durante los últimos cuatro años.
 
Si la manifestación del 24 de enero alcanza la magnitud que proyectan sus organizadores, con más un millón de personas frente al Congreso de la Nación, incluyendo a las tres centrales obreras, los movimientos sociales, partidos de izquierda, organizaciones políticas y la movilización de columnas desde varias localidades del Conurbano, será una señal de alerta notable.
 
Su potencia política, sin embargo, no estará definida por el número que se junte esa jornada en la calle sino por lo que pueda construir, a partir de allí, la dirigencia.
 
Resultará prioritario, en el contexto de una ofensiva inédita del Gobierno, saber distinguir cuáles son los puntos neurálgicos en los que concentrar los esfuerzos, conocer las líneas rojas. Cuáles son las acciones irreversibles, que pueden dejar cicatrices que duren décadas, o incluso más.
 
El DNU es la primera. Luego, asoman en el horizonte la enajenación de empresas estratégicas, el intento de borrar la distinción normativa entre los ámbitos de seguridad interior y defensa, la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad y la nunca desmentida dolarización.
 
Las noticias que llegan desde Ecuador nos recuerdan qué hay detrás de todas esas líneas rojas: el colapso del Estado y el reemplazo de una democracia fallida por el imperio de las corporaciones, legales (las grandes empresas que coparon este gobierno y dictan las leyes, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas) o ilegales (el narcotráfico, el crimen organizado).
 
Sin perjuicio de otras urgencias, la prioridad de cualquier político que conserve algo de estima por su vocación, en estas circunstancias, debería ser que el país, a como dé lugar, no siga ese derrotero.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

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