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Nacionales - 07-01-2024 / 10:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Asalto anti democrático al Congreso: Milei avanza con la presión en contra del calendario

Asalto anti democrático al Congreso: Milei avanza con la presión en contra del calendario
El desencanto con los resultados que ha tenido la democracia en los últimos años ha llevado a la Casa Rosada a una persona incapaz de decir, adelante de una cámara, que cree en el sistema democrático. Si él también resulta un fiasco, es difícil saber a dónde nos llevará la próxima sorpresa.
Cobra preocupante actualidad una definición que hizo Javier Milei cuando todavía era candidato. Fue en diálogo con la periodista Luciana Geuna, por TN el 13 de agosto de 2021:
 
- ¿Usted cree en la democracia?
- Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores.
- Puede tener errores pero ¿usted cree en el sistema democrático?
- Te hago al revés la pregunta: ¿conocés el Teorema de imposibilidad de Arrow?
- Yo le hago la pregunta de nuevo porque la que pregunta acá soy yo: ¿usted cree en el sistema democrático?
- ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta?
- No, lo que le pregunto es importante. Ahora me cuenta el Teorema de imposibilidad de Arrow, no lo conozco. Pero lo que le digo es que es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es si cree o no en el sistema democrático. Es fácil la pregunta: ¿cree o no cree?
- Pero, digamos, si vos conocieras el Teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas consideraciones.
 
Fue prácticamente la única promesa de campaña que cumplió el presidente. Por ahora no va a destruir el Banco Central, que, por el contrario, imprime y presta al Tesoro a un ritmo más alto que durante el gobierno de Alberto Fernández. En cambio, decidió empezar por el Congreso, al que somete a un persistente esfuerzo de asedio y demolición desde el primer día de su mandato.
 
Ya nadie puede pensar que es casual. Milei proyecta una forma de ejercicio del poder que no cabe en el molde de las normas constitucionales, republicanas ni democráticas. Y en ese afán dispuso un ataque sin cuartel al Poder Legislativo.
 
Su primer discurso le hizo de espaldas, desconociendo la representación popular vertida en los legisladores a través de un voto tan válido como el que lo arrojó en la Casa Rosada. Una advertencia no debidamente notada.
 
La modificación de más de trescientas normas por decreto, avanzando sobre facultades legislativas de una forma que no tiene antecedentes en democracia, fue el primer paso de un plan más amplio y ambicioso, donde el Poder Legislativo no tendrá un rol protagónico. Quedó claro con el proyecto de ley ómnibus que le atribuye la suma del poder público por todo el mandato, dejando para el Congreso un rol meramente ornamental.
 
Este jueves, en la cámara de Diputados el presidente dio un paso más. Consiguió una mayoría junto a un sector numeroso de la oposición que le permitió decidir en qué comisiones se tratará la mega ley. A pesar del aparente desorden, no se dejó nada librado al azar. El megaproyecto se discutirá solamente en cuatro comisiones, con autoridades afines.
 
Eso significa que el permiso para el ingreso de tropas extranjeras no será evaluado por la comisión de Defensa, ni la eliminación de la movilidad jubilatoria por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, ni el homeschooling pasará por la de Educación, por ejemplo. Ya nadie dice express.
 

 
Pero al mismo tiempo se encargó de poner al frente de dos comisiones de alta visibilidad a dos notorios agentes provocadores: el apologista del gatillo fácil José Luis Espert, cuyo mérito más notorio fue amenazar de muerte a otros diputados, y el inexplicable Fernando Iglesias, del que no se conoce mérito en absoluto.
 
No son elecciones compatibles con la estrategia de un gobierno en minoría que debe reunir consenso para aprobar leyes que, según dicen, resultan urgentes y necesarias para evitar que el país sufra un cataclismo de proporciones bíblicas. Pareciera, más bien, que el efecto deseado es convertir al Congreso en un circo escandaloso.
 
El capítulo judicial, por ahora, luce menos dócil para Milei. El procurador del Tesoro, el nazi Rodolfo Barra, que no formó parte de la redacción de los proyectos pero sí encabeza el equipo encargado de defenderlo en los Tribunales, le había prometido que lograría unificar todas las causas en un solo expediente en un juzgado amigo del fuero Contencioso Administrativo.
 
Ese plan voló por los aires a partir de la acción de la cámara laboral y de la decisión del juez contencioso Enrique Lavié Pico, que determinó que se deben habilitar múltiples reclamos individuales en distintos foros, de acuerdo a la materia legislada, que es amplia y diversa.
 
Todo concluirá en la Corte Suprema de Justicia, entre febrero y marzo. El máximo tribunal se toma su tiempo no para evaluar jurídicamente a la criatura del Dr. Sturzenegger sino para ver hacia qué lado sopla el viento.
 
Horacio Rosatti no llegó a la presidencia de la Corte Suprema por sus dotes legales sino por sus mañas políticas, desarrolladas a lo largo de varias décadas de militancia y gestión. No es novedoso el pasilleo en Tribunales sobre las ganas del magistrado de volver a saltar a la política, esta vez por la puerta grande, pero sí llamó la atención que haya tomado nuevos bríos, de forma virtual, chat a chat, justo durante feria.
 
Febrero o marzo es la marca en el calendario de los más poderosos, políticos, economistas y empresarios que coinciden en poco excepto la idea de que esa es la fecha del primer cimbronazo fuerte que deberá afrontar Milei, lo que alimenta especulaciones e internas y complica la ya de por sí difícil tarea de gobernar.
 
Sin mayores certezas sobre el destino del DNU y la ley ómnibus las proyecciones de déficit cero caen en el reino de la fantasía, no tienen más densidad que Peter Pan, los Ositos Cariñosos o Mafalda. El bolsillo de los argentinos, único ancla en el plan de estabilización de Toto Caputo, llegará a esa fecha sin resto para más sacrificios.
 
Todos los pronósticos ya acuerdan en que con este nivel de precios (y lo que se espera para los próximos cincuenta días) será necesario devaluar una vez más en vísperas de la cosecha gruesa. Eso volverá a recalentar la maquina inflacionaria, por más que los economistas que hasta hace un mes pronosticaban calamidades hoy hablen de llegar al segundo semestre con cifras mensuales de un solo dígito sin ponerse colorados.
 
Ya hay fila para ocupar ministerios que pueden quedar vacantes. Federico Sturzenegger no aceptó ningún cargo para poder irse de vacaciones y porque espera que Caputo salga eyectado antes de que termine el verano.
 
También está bajo la mira Diana Mondino, que sigue haciendo méritos para ser reemplazada por el siempre bien dispuesto Federico Pinedo, un nombre más del gusto de la casta diplomática.
 
De los propios pasillos del ministerio de Relaciones Exteriores se filtró un dato que termina de enterrar la relación del gobierno de Milei con China, el segundo socio comercial del país, y podría costarle el puesto a la canciller. El martes 26 de diciembre, Mondino recibió en su despacho a Florencia Miao-hung Hsie, virtual embajadora de Taiwan en la Argentina, desconociendo 52 años de relaciones bilaterales con Beijing.
 
Todo el vínculo entre los dos países está subordinado a la aceptación del principio de una sola China, una política a la que adhieren, entre otros, Estados Unidos y la Unión Europea, y que le cierra la puerta al vínculo con Taiwan.
 
En Sudamérica, el único Estado que mantiene un trato diplomático formal con Taipei es Paraguay. Nunca en la historia un canciller argentino había recibido a una representación taiwanesa. Cruzar esa línea es más grave que todos los insultos vertidos en campaña y que la salida precipitada del BRICS y deja como una anécdota desafortunada el episodio del legislador influencer con las cajas navideñas.
 
Desde Economía, al enterarse a través de los chinos, se pidió la cabeza de la canciller. En este punto, el destrato puede empezar a ser más costoso que lo que Caputo puede permitirse.
 
Una cosa es que se corten las inversiones en infraestructura crítica, que nunca fueron prioritarias para este gobierno; otra que se termine el SWAP de monedas, que puede ser reemplazado por otras fuentes de financiamiento.
 
El verdadero dolor de cabeza va a comenzar cuando Beijing implemente represalias comerciales. No hay compradores que puedan absorber la producción nacional si China recortar la compra de productos argentinos.
 
Un ejemplo reciente de las consecuencias que podría sufrir el país a partir de esta decisión es lo que sucedió cuando las relaciones entre China y Australia se congelaron a finales de la década pasada y comienzos de esta.
 
A partir de una serie de decisiones del gobierno australiano que se alineaban con las políticas agresivas de Estados Unidos en el Pacífico, Beijing impuso tasas elevadas a la importación de productos agrícolas (sobre todo vino, algodón, cebada y carne vacuna) e interrumpió la compra de madera y carbón de ese origen. La decisión le costó a la isla unos 25 mil millones de dólares por año, un 1,3 por ciento de su PBI.
 
Podría suceder, con o sin represalias Chinas, que el tamaño de la crisis sea tal que no alcance con hacer saltar el fusible de un ministro o medio gabinete para conjurarla.
 
Esa hipótesis causa poco entusiasmo en la oposición, donde aún nadie se siente preparado para asumir en caso de que el "todo o nada" que propone el gobierno termine resultando en nada.
 
Sí despierta interés en un sector del oficialismo, casualmente el que se encuentra en la línea de sucesión presidencial. Los encuentros entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el expresidente Mauricio Macri obsesionan a Milei, que desconfía de ellos desde el día uno.
 
La vice se cuida de salir en público a defender el DNU y la ley ómnibus porque no quiere quedar salpicada si llegara a haber un juicio político, pero ya hizo saber a los empresarios que mandaron a redactar esas normas, a través de sus amigos en común en los estudios jurídicos de la City, que si le tocara defender sus privilegios recientemente adquiridos, lo haría con prestancia.
 
Mientras, en las Fuerzas Armadas dejan trascender inquietudes por  la purga que ordenó el presidente, por la desregulación del Mar Argentino, por la venta de Fabricaciones Militares y por el futuro de la recomposición salarial iniciada durante el gobierno anterior.
 
Resulta pertinente preguntarse si los coletazos de la crisis no pueden también poner en riesgo la continuidad institucional. Ya sea con Milei en el poder, si tiene éxito su plan de adjudicarse la suma del poder público, o sin él; con Villarruel y el apoyo de las Fuerzas Armadas o sin ella; con Macri digitando desde las sombras o sin él.
 
El desencanto con los resultados que ha tenido la democracia en los últimos años ha llevado a la Casa Rosada a una persona incapaz de decir, adelante de una cámara, que cree en el sistema democrático. Si él también resulta un fiasco, es difícil saber a dónde nos llevará la próxima sorpresa.
 
Descender por el barranco del autoritarismo, la plutocracia y la violencia estatal no es un camino inexorable pero tampoco parece sencillo de evitar, especialmente si la política sigue sin articular una propuesta superadora.
 
El panorama en el Congreso, en ese sentido, es decorazonador. Ahora que vuelven a ponerse de moda Sturzenegger, Bullrich y el Megacanje, muchos recuerdan lo que sucedió en diciembre de 2021, cuando el desborde social, transversal en términos geográficos, políticos y económicos, le puso el freno a un gobierno convertido en meramente la cobertura de un inmenso saqueo organizado.
 
Menos se recuerda que de esa crisis salimos gracias a un acuerdo entre los dos dirigentes más importantes de la época, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, que dejaron de lado sus diferencias para priorizar el reencausamiento institucional de la política.
 
Así pasamos, en un año y medio, del "que se vayan todos" a "vengo a proponerles un sueño". Un final que, seguramente, ninguno de los dos esperaba, pero hicieron lo que había que hacer. ¿Dónde están, ahora, los líderes? ¿Quién está haciendo esa tarea? ¿Quién teje los nudos que van a evitar, cuando llegue el estallido, que se rompa todo más allá de nuestra capacidad de volver a repararlo?
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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