07:18 | Domingo 06 de Julio de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 28-12-2023 / 11:12
¡EL CIPAYO SE CREE MONARCA ABSOLUTO Y QUIERE ENTREGAR LA PATRIA!
¡Se volvió completamente loco!: Milei quiere cerrar el Congreso y ceder YPF, los trenes, las centrales atómicas, Aysa, Arsat, Aerolíneas y el Banco Nación
La ley ómnibus del monarca Milei viene a consumar, junto al Caputazo y al Decretazo, la pinochetización de la economía y la sociedad argentina, algo que se propone hacer en democracia. ¿En democracia, se dijo? Sí, por el momento, ya que en el inicio, el Presidente le da al Congreso la facultad de suicidarse. Si, ajeno a los gestos amables de bancadas que se supone que son opositoras, ya amenazó con presionar a través de una consulta popular no vinculante en caso de que el Legislativo dé por tierra con su DNU, cabe preguntarse qué haría si ese poder rechazara este engendro imposible siquiera de considerar.
Los alcances de la Ley Ómnibus de Javier "el Loco" Milei, enviado al Congreso, incluyen la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión de la movilidad jubilatoria, el endurecimiento de las penas contra manifestantes y la permisividad para el "gatillo fácil", una transformación del sistema electoral, la flexibilización de las normas ambientales y una reforma de la educación, entre otras cosas. También prevé que se le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por al menos dos años para seguir ajustando. En el proyecto de ley ómnibus, Milei reclama poderes absolutos hasta el final de su mandato. Libertad para el saqueo, autoritarismo y desinterés por la democracia. El que vota esto, vota una dictadura.
Cada día que pasa deja más claro que locura, audacia y temeridad son la misma cosa para Milei. El proyecto de ley ómnibus que remitió es un mamotreto que en algunos tramos da risa, pero que de punta a punta mete miedo. El resumen del mismo es breve: el Presidente les reclama a los diputados y senadores poderes absolutos hasta el final de su mandato. Como un Julio César contemporáneo, Milei es el dictador de la antigua Roma. El Congreso, afuera.
El proyecto, humorísticamente llamado "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" -¡pobre Alberdi!-, se vincula con lo que se vio venir a miles de kilómetros cuando quien caminaba era el Milei candidato: su autoritarismo y su desinterés profundo por las normas de la democracia. El artículo 3º del proyecto de plenos poderes declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025".
A quienes lo redactaron, sencillamente no se les ocurrieron más esferas de actividad sobre las cuales el jefe de Estado podría legislar por decreto. Y como si eso fuera poco, "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional" hasta el final del actual gobierno. Pasando en limpio: Milei pretende que el Congreso le dé facultades extraordinarias hasta la mitad de su mandato, pero después de eso ni siquiera sería necesaria esa mímica institucional, ya que se las otorgaría él a sí mismo hasta su supuesta finalización.
Si el Caputazo metió miedo por el ajuste desmesurado e inequitativo que implica y el Decretazo supone un abuso inconstitucional y la instauración de un capitalismo a medida de los empresarios aportantes a la campaña libertaria, la Ley Ómnibus supera esos males. Eso es así porque, además de pedirle al Congreso facultades para hacer y deshacer sin que deba mediar en el futuro palabra alguna de los legisladores, de hecho comienza con la tarea en una multiplicidad de campos.
Declaración de amplia emergencia, cesión de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, privatización de las 41 empresas del Estado -YPF incluida-, renegociación o rescisión de contratos, blanqueo, moratoria impositiva, desregulaciones con nombre propio, suspensión de la movilidad jubilatoria y suba de los haberes por decreto y solo para quienes perciban los mínimos. Asimismo, eliminación de las PASO y mutación del sistema electoral de representación proporcional a uno por circunscripciones uninominales, cuyo dibujo fundacional podría prestarse a cualquier manipulación.
El corte de calles y rutas en ocasión de protestas sociales vería agravadas sus penas, convirtiéndolas en no excarcelables. No menor, estira hasta lo imposible el derecho de defensa, retira el derecho de litigar a deudos de personas muertas en hechos violentos y, en su artículo 344, sustituye el 34 del Código Penal, convirtiendo en inimputable a quien delinquiera "en virtud de obediencia debida". Una amnistía encubierta para condenados por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura.
Es seguro que los legisladores nacionales, defensores de la Argentina "republicana" repararán en el inconveniente que supone para tales aspiraciones el artículo 29 de la Constitución Nacional, so pena, en caso contrario, de ser calificados de "infames traidores a la patria".
La Opinión Popular
Cada día que pasa deja más claro que locura, audacia y temeridad son la misma cosa para Milei. El proyecto de ley ómnibus que remitió es un mamotreto que en algunos tramos da risa, pero que de punta a punta mete miedo. El resumen del mismo es breve: el Presidente les reclama a los diputados y senadores poderes absolutos hasta el final de su mandato. Como un Julio César contemporáneo, Milei es el dictador de la antigua Roma. El Congreso, afuera.
El proyecto, humorísticamente llamado "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" -¡pobre Alberdi!-, se vincula con lo que se vio venir a miles de kilómetros cuando quien caminaba era el Milei candidato: su autoritarismo y su desinterés profundo por las normas de la democracia. El artículo 3º del proyecto de plenos poderes declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025".
A quienes lo redactaron, sencillamente no se les ocurrieron más esferas de actividad sobre las cuales el jefe de Estado podría legislar por decreto. Y como si eso fuera poco, "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional" hasta el final del actual gobierno. Pasando en limpio: Milei pretende que el Congreso le dé facultades extraordinarias hasta la mitad de su mandato, pero después de eso ni siquiera sería necesaria esa mímica institucional, ya que se las otorgaría él a sí mismo hasta su supuesta finalización.
Si el Caputazo metió miedo por el ajuste desmesurado e inequitativo que implica y el Decretazo supone un abuso inconstitucional y la instauración de un capitalismo a medida de los empresarios aportantes a la campaña libertaria, la Ley Ómnibus supera esos males. Eso es así porque, además de pedirle al Congreso facultades para hacer y deshacer sin que deba mediar en el futuro palabra alguna de los legisladores, de hecho comienza con la tarea en una multiplicidad de campos.
Declaración de amplia emergencia, cesión de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, privatización de las 41 empresas del Estado -YPF incluida-, renegociación o rescisión de contratos, blanqueo, moratoria impositiva, desregulaciones con nombre propio, suspensión de la movilidad jubilatoria y suba de los haberes por decreto y solo para quienes perciban los mínimos. Asimismo, eliminación de las PASO y mutación del sistema electoral de representación proporcional a uno por circunscripciones uninominales, cuyo dibujo fundacional podría prestarse a cualquier manipulación.
El corte de calles y rutas en ocasión de protestas sociales vería agravadas sus penas, convirtiéndolas en no excarcelables. No menor, estira hasta lo imposible el derecho de defensa, retira el derecho de litigar a deudos de personas muertas en hechos violentos y, en su artículo 344, sustituye el 34 del Código Penal, convirtiendo en inimputable a quien delinquiera "en virtud de obediencia debida". Una amnistía encubierta para condenados por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura.
Es seguro que los legisladores nacionales, defensores de la Argentina "republicana" repararán en el inconveniente que supone para tales aspiraciones el artículo 29 de la Constitución Nacional, so pena, en caso contrario, de ser calificados de "infames traidores a la patria".
La Opinión Popular
LOS ALCANCES DEL MEGAPROYECTO DEL GOBIERNO PARA TRATAR EN SESIONES EXTRAORDINARIAS
Javier Milei y su ómnibus rumbo a la mercantilización del país
Las columnas de las centrales sindicales todavía estaban desconcentrando en la Plaza de Tribunales cuando Javier Milei envió al Congreso un megaproyecto que opacaría, en pocos minutos, el decretazo desregulador de la semana pasada. No quedó tema sin tocar ni prerrogativa sin apropiarse: privatizaciones de todas las empresas del Estado, endurecimiento de las penas para las manifestaciones, reemplazo del sistema de votación y de representación popular, flexibilización de normas ambientales, suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, reforma del sistema educativo.
El megaproyecto que se tratará en sesiones extraordinarias incluye 351 páginas y más de 664 artículos que buscan abarcar una transformación estructural de todos los temas que competen al Estado -penales, tributarios, económicos, educativos, sociales- en un solo texto a tratar durante el verano. Y no solo eso: encabeza la ley ómnibus de La Libertad Avanza una declaración de emergencia que pretende que le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por dos años. Una corona para Milei en nombre de la libertad de mercado.
"Les aviso que hay más", advirtió Milei hace una semana, horas después de haber presentado el DNU, y no mentía. Mientras todas las cámaras apuntaban a las calles del centro porteño, donde la CGT y otras organizaciones se habían movilizado en contra del decretazo, Guillermo Francos se trasladaba de Casa Rosada a la Cámara de Diputados para entregarle a Martín Menem un paquete de más de 300 hojas envuelto en un moño con la bandera argentina.
El título, pomposo, decía: "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Y Menem le prometió que lo llevaría al recinto "lo antes posible", a pesar de que, como la inmensa mayoría en LLA -excepto Federico Sturzenegger y unos pocos funcionarios-, era la primera vez que veía el texto. Adentro estaría, en un juego dudosamente legítimo de mamushkas, el mismo DNU.
Todo el poder a Milei
Ya en el primer capítulo, Milei anticipa que no busca ayuda del Congreso para gobernar. El proyecto declara la emergencia pública en materia "económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y define delegarle al Ejecutivo facultades legislativas para intervenir sobre cualquiera de aquellas áreas. Es decir le delega facultades extraordinarias por dos años, con la posibilidad de prorrogarlas dos años más.
"Milei es el jefe de Estado que quiere cerrar el Estado", ironizó un dirigente peronista mientras salía del despacho de la bancada de Unión por la Patria en el tercer piso de la Cámara de Diputados, donde se habían reunido legisladores y gobernadores (ver aparte). Había malestar y la delegación de facultades solo había servido para confirmar lo que sospechaban desde la presentación del DNU: Milei pretendía gobernar salteándose el Congreso o, mejor dicho, concentrando en sí las facultades del Poder Legislativo. Si bien es una prerrogativa del Ejecutivo inscripta en el artículo 76 de la Constitución -Alberto Fernández declaró la emergencia económica fiscal y sanitaria apenas asumió-, ningún legislador (peronista, PRO o radical) recordaba que otro presidente se hubiera arrogado este nivel de facultades.
La vocación de evitar lo máximo posible al Parlamento se percibió, luego, en varios artículos. La derogación de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda pública, sancionada para evitar que nuevamente un presidente pueda tomar 45 mil millones de dolares de deuda al FMI sin pasar antes por el Congreso, fue muestra de ello. De aprobarse esta ley, Milei podría endeudarse con organismos extranjeros sin pasar por el filtro de las dos cámaras.
El proyecto también prevé suspender la fórmula de movilidad jubilatoria por un tiempo indeterminado. Y propone, en cambio, que sea el propio Ejecutivo el que establezca "aumentos periódicos" cuando lo considere necesario. En la misma línea, transfiere al Tesoro Nacional el Fondo de Garantía y Sustentabilidad -creado luego de la estatización de las AFJP y que funciona como fondo contracíclico para sostener el pago de jubilaciones ante escenarios de crisis-.
Una de las sorpresas, por otro lado, fue la incorporación del mismo DNU en el texto de la ley: más de 300 derogaciones y modificaciones de leyes sintetizadas en un solo punto de los más de 600 artículos de la ley. En principio, el proyecto solo propone, en el artículo 654, ratificar el DNU 70/23, buscando de esta manera sortear el trabajo de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario. Los alcances -y su legalidad- serán discutidas en los próximos días pero, en principio, su inclusión habilitaría tratar el tema en sesiones extraordinarias (e, incluso, habilita el dictado de una medida cautelar, tal como precisa el constitucionalista Andrés Gil Domínguez).
Privatizaciones
Lo había deslizado Milei durante la campaña y, finalmente, lo confirmó. "Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas", explica el proyecto, abriendo la puerta así a disponer de la privatización de todas las sociedades y empresas del Estado con el objetivo de "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".
Son 41empresas "sujetas a privatización": Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam, YPF, entre otras.
Protestar no, disparar sí
El megaproyecto dedica particular atención a penalizar la protesta social y, en cambio, extiende la definición de "legítima defensa" para flexibilizar las consecuencias de la mano dura de las fuerzas de seguridad. En el artículo 396 modifica el Código Penal de manera tal que agrava las penas para las personas que se manifiesten en la calle e, incluso, a los que "dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación". Lo más polémico es que pasa a entender por "manifestación" a cualquier "congregación intencional y temporal de tres o más personas".
Por otro lado, habilita también a que no perciban ninguna pena quienes hubieran obrado "en cumplimiento de un deber", partiendo de la base de que "la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor" de la fuerza de seguridad, así como quien obrase en "virtud de obediencia debida".
Retenciones
La iniciativa pone un piso mínimo del 15 por ciento para todas las exportaciones. Las excepciones son las que se hicieron públicas en los últimos días por presión del sector agropecuario (que consiguió mantener en cero las retenciones a 18 economías regionales). Para el sector vitivinícola y subproductos del limón, y para el sector de hidrocarburos y minería, se mantienen congeladas en 8 y 4,5 por ciento, respectivamente.
Educación, salud y ambiente
El megaproyecto tiene pretensiones de legislar sobre todos los aspectos de la vida de las personas. No son solo reformas electorales o tributarias, sino también educativas: autoriza, por ejemplo, a las universidades a arancelar la educación "de extranjeros no residentes". Incluye, a su vez, reformas insólitas, como la directiva de que los jueces deberán "vestir toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones" o la habilitación de la reventa de entradas.
No dejó tema sin tocar, ni siquiera los culturales. El proyecta deroga el Fondo Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y reemplaza el mecanismo de asignación de fondos de las Bibliotecas Populares.
También afecta varias reivindicaciones en materia de género, por ejemplo la que refiere a la ley de cupo femenino, que no se aplicaría de acuerdo al sistema de circunscripciones uninominales. También modifica la ley de los Mil Días, que había sido sancionada en paralelo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas gestantes durante el embarazo y hasta los 3 años de vida del niño o niña. El artículo 504, sin embargo, reemplaza "personas gestantes" por "madres" y considera que el acompañamiento de los niños es "desde la concepción", chocando así con lo que dice la ley IVE.
Como si fuera poco, deroga, a su vez, la existencia del INADI en el artículo 348.
Incluye, por último, varias regresiones en materia ambiental. Modifica la Ley de Bosques, habilitando el desmonte en zonas antes prohibidas y le quita el financiamiento proveniente de las retenciones. Modifica, a su vez, la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambientes periglaciares.
Por María Cafferata
Fuente: Página 12
Javier Milei y su ómnibus rumbo a la mercantilización del país
Las columnas de las centrales sindicales todavía estaban desconcentrando en la Plaza de Tribunales cuando Javier Milei envió al Congreso un megaproyecto que opacaría, en pocos minutos, el decretazo desregulador de la semana pasada. No quedó tema sin tocar ni prerrogativa sin apropiarse: privatizaciones de todas las empresas del Estado, endurecimiento de las penas para las manifestaciones, reemplazo del sistema de votación y de representación popular, flexibilización de normas ambientales, suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, reforma del sistema educativo.
El megaproyecto que se tratará en sesiones extraordinarias incluye 351 páginas y más de 664 artículos que buscan abarcar una transformación estructural de todos los temas que competen al Estado -penales, tributarios, económicos, educativos, sociales- en un solo texto a tratar durante el verano. Y no solo eso: encabeza la ley ómnibus de La Libertad Avanza una declaración de emergencia que pretende que le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por dos años. Una corona para Milei en nombre de la libertad de mercado.
"Les aviso que hay más", advirtió Milei hace una semana, horas después de haber presentado el DNU, y no mentía. Mientras todas las cámaras apuntaban a las calles del centro porteño, donde la CGT y otras organizaciones se habían movilizado en contra del decretazo, Guillermo Francos se trasladaba de Casa Rosada a la Cámara de Diputados para entregarle a Martín Menem un paquete de más de 300 hojas envuelto en un moño con la bandera argentina.
El título, pomposo, decía: "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Y Menem le prometió que lo llevaría al recinto "lo antes posible", a pesar de que, como la inmensa mayoría en LLA -excepto Federico Sturzenegger y unos pocos funcionarios-, era la primera vez que veía el texto. Adentro estaría, en un juego dudosamente legítimo de mamushkas, el mismo DNU.
Todo el poder a Milei
Ya en el primer capítulo, Milei anticipa que no busca ayuda del Congreso para gobernar. El proyecto declara la emergencia pública en materia "económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y define delegarle al Ejecutivo facultades legislativas para intervenir sobre cualquiera de aquellas áreas. Es decir le delega facultades extraordinarias por dos años, con la posibilidad de prorrogarlas dos años más.
"Milei es el jefe de Estado que quiere cerrar el Estado", ironizó un dirigente peronista mientras salía del despacho de la bancada de Unión por la Patria en el tercer piso de la Cámara de Diputados, donde se habían reunido legisladores y gobernadores (ver aparte). Había malestar y la delegación de facultades solo había servido para confirmar lo que sospechaban desde la presentación del DNU: Milei pretendía gobernar salteándose el Congreso o, mejor dicho, concentrando en sí las facultades del Poder Legislativo. Si bien es una prerrogativa del Ejecutivo inscripta en el artículo 76 de la Constitución -Alberto Fernández declaró la emergencia económica fiscal y sanitaria apenas asumió-, ningún legislador (peronista, PRO o radical) recordaba que otro presidente se hubiera arrogado este nivel de facultades.
La vocación de evitar lo máximo posible al Parlamento se percibió, luego, en varios artículos. La derogación de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda pública, sancionada para evitar que nuevamente un presidente pueda tomar 45 mil millones de dolares de deuda al FMI sin pasar antes por el Congreso, fue muestra de ello. De aprobarse esta ley, Milei podría endeudarse con organismos extranjeros sin pasar por el filtro de las dos cámaras.
El proyecto también prevé suspender la fórmula de movilidad jubilatoria por un tiempo indeterminado. Y propone, en cambio, que sea el propio Ejecutivo el que establezca "aumentos periódicos" cuando lo considere necesario. En la misma línea, transfiere al Tesoro Nacional el Fondo de Garantía y Sustentabilidad -creado luego de la estatización de las AFJP y que funciona como fondo contracíclico para sostener el pago de jubilaciones ante escenarios de crisis-.
Una de las sorpresas, por otro lado, fue la incorporación del mismo DNU en el texto de la ley: más de 300 derogaciones y modificaciones de leyes sintetizadas en un solo punto de los más de 600 artículos de la ley. En principio, el proyecto solo propone, en el artículo 654, ratificar el DNU 70/23, buscando de esta manera sortear el trabajo de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario. Los alcances -y su legalidad- serán discutidas en los próximos días pero, en principio, su inclusión habilitaría tratar el tema en sesiones extraordinarias (e, incluso, habilita el dictado de una medida cautelar, tal como precisa el constitucionalista Andrés Gil Domínguez).
Privatizaciones
Lo había deslizado Milei durante la campaña y, finalmente, lo confirmó. "Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas", explica el proyecto, abriendo la puerta así a disponer de la privatización de todas las sociedades y empresas del Estado con el objetivo de "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".
Son 41empresas "sujetas a privatización": Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam, YPF, entre otras.
Protestar no, disparar sí
El megaproyecto dedica particular atención a penalizar la protesta social y, en cambio, extiende la definición de "legítima defensa" para flexibilizar las consecuencias de la mano dura de las fuerzas de seguridad. En el artículo 396 modifica el Código Penal de manera tal que agrava las penas para las personas que se manifiesten en la calle e, incluso, a los que "dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación". Lo más polémico es que pasa a entender por "manifestación" a cualquier "congregación intencional y temporal de tres o más personas".
Por otro lado, habilita también a que no perciban ninguna pena quienes hubieran obrado "en cumplimiento de un deber", partiendo de la base de que "la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor" de la fuerza de seguridad, así como quien obrase en "virtud de obediencia debida".
Retenciones
La iniciativa pone un piso mínimo del 15 por ciento para todas las exportaciones. Las excepciones son las que se hicieron públicas en los últimos días por presión del sector agropecuario (que consiguió mantener en cero las retenciones a 18 economías regionales). Para el sector vitivinícola y subproductos del limón, y para el sector de hidrocarburos y minería, se mantienen congeladas en 8 y 4,5 por ciento, respectivamente.
Educación, salud y ambiente
El megaproyecto tiene pretensiones de legislar sobre todos los aspectos de la vida de las personas. No son solo reformas electorales o tributarias, sino también educativas: autoriza, por ejemplo, a las universidades a arancelar la educación "de extranjeros no residentes". Incluye, a su vez, reformas insólitas, como la directiva de que los jueces deberán "vestir toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones" o la habilitación de la reventa de entradas.
No dejó tema sin tocar, ni siquiera los culturales. El proyecta deroga el Fondo Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y reemplaza el mecanismo de asignación de fondos de las Bibliotecas Populares.
También afecta varias reivindicaciones en materia de género, por ejemplo la que refiere a la ley de cupo femenino, que no se aplicaría de acuerdo al sistema de circunscripciones uninominales. También modifica la ley de los Mil Días, que había sido sancionada en paralelo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas gestantes durante el embarazo y hasta los 3 años de vida del niño o niña. El artículo 504, sin embargo, reemplaza "personas gestantes" por "madres" y considera que el acompañamiento de los niños es "desde la concepción", chocando así con lo que dice la ley IVE.
Como si fuera poco, deroga, a su vez, la existencia del INADI en el artículo 348.
Incluye, por último, varias regresiones en materia ambiental. Modifica la Ley de Bosques, habilitando el desmonte en zonas antes prohibidas y le quita el financiamiento proveniente de las retenciones. Modifica, a su vez, la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambientes periglaciares.
Por María Cafferata
Fuente: Página 12
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