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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Entre Ríos - 10-12-2023 / 13:12
TUVIERON QUE PASAR MÁS DE 36 AÑOS

Nuevo gobierno: es la primera vez desde 1987 que ningún Urribarri ocupará un cargo público

Nuevo gobierno: es la primera vez desde 1987 que ningún Urribarri ocupará un cargo público
Tuvieron que pasar más de 36 años para que ningún integrante de la familia del exgobernador Sergio Urribarri ocupe cargo público en el Estado entrerriano o el nacional. El último se despidió ayer, Mauro Urribarri.
Tuvieron que pasar más de 36 años para que ningún integrante de la familia del exgobernador Sergio Urribarri ocupe cargo público en el Estado entrerriano o el nacional. El último se despidió ayer, Mauro Urribarri. El exministro de Gobierno entrerriano, Mauro Urribarri, fue designado por el gobierno nacional de Alberto Fernández, en abril de 2021, para integrar el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, organismo que financia obras en el país para fortalecer la generación de mano de obra.
 
No obstante, en más de dos años de funcionario nacional nadie se enteró qué hizo por Entre Ríos, porque nunca hubo acto oficial alguno donde mostrara algo importante de tal función. Pocos años antes, a partir de diciembre de 2015, el aún gobernador Gustavo Bordet lo nombró como ministro de Gobierno de su gabinete, como parte del acuerdo con el urribarrismo.
 
Mauro Urribarri renunció a dicho cargo en octubre de 2017, a escasos días de las elecciones legislativas, en que el Frente Justicialista Somos Entre Ríos perdió contra Cambiemos, que logró el 52,97 por ciento contra el 37,98 por ciento del oficialismo. El hijo del exmandatario estaba en foco por su floja gestión de gobierno y salpicado por irregularidades en el Senado entrerriano, que se profundizaron luego con el inicio de la denominada causa de los contratos truchos legislativos, donde se desviaron 53 millones de dólares de la Legislatura provincial.
 
En abril de 2022, su padre, Sergio Urribarri, fue renunciado por el propio presidente Fernández del cargo de embajador argentino en Israel, luego de una condena a 8 años de cárcel, por delitos de corrupción durante su último mandato de gobernador. Al poco tiempo, Urribarri consiguió su jubilación ordinaria, por lo cual es quien más dinero percibe en el organismo previsional: cerca de 4 millones de pesos mensuales. La ley le prohíbe cobrar jubilación y a la vez pensión como exmandatario.
 
Urribarri fue presidente comunal en General Campos entre 1987 y 1991 (aunque abandonó el cargo antes de finalizar su mandato) y luego asumió como diputado provincial en diciembre del '91, con la asunción de Mario Moine y ubicado en una banca por el exgobernador Jorge Busti. Urribarri repitió el cargo de diputado provincial del PJ Concordia en 1995-1999 (con Busti gobernador) y 1999-2003, en que gobernara Sergio Montiel.
 
Cuando Busti inició su tercer mandato, en 2003, Urribarri asumió como ministro de Gobierno y meses antes de finalizar, en 2007, se alejó del cargo para iniciar la campaña a la Gobernación. Fue reemplazado por Adán Bahl en el cargo de ministro. Urribarri asumió como gobernador en 2007 y fue reelecto en el cargo en el 2011. En el 2015, al iniciar Bordet su primer mandato, fue elegido diputado provincial y quedó como presidente de la Cámara Baja.
 
Con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia, Urribarri asumió -en enero de 2020- como embajador argentino en Israel y en Chipre y fue renunciado en abril de 2022, tras recibir una fuerte condena a prisión de parte de la justicia entrerriana. Uno de sus familiares directos, el cuestionado Juan Pablo Aguilera (hermano de su mujer Ana Lía Aguilera), sigue siendo secretario político del bloque de senadores provinciales del PJ, aunque no volvió a pisar el Senado entrerriano desde septiembre de 2018, en que tomó estado público la causa de los contratos truchos legislativos. Aguilera fue uno de los principales imputados en la causa.
 
Nunca nadie la recriminó nada a Aguilera. Ni los presidentes de bloque del oficialismo ni el vicegobernador Adán Bahl ni la vicegobernadora Laura Stratta. A lo sumo podían hacer mala cara cuando se enteraban de las eternas ausencias del cuñado del exgobernador Urribarri, pero no más que eso. Siempre fue mejor mirar para otro lado y dejar pasar la situación. En el medio, pasaron cinco años de sueldos millonarios sin haber pasado nunca por las oficinas del Senado. Aguilera tiene un sueldo mensual superior a los 2 millones de pesos.
 
El hijo mayor de Urribarri, Damián Urribarri, es empleado de planta de Diputados, pero siempre fue considerado un trabajador responsable y de asistencia diaria a su labor. Al parecer está adscripto en Concordia, donde vive hace un par de meses.
 
Por D. E.
 
Fuente: ANÁLISIS
 

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09-12-2025 / 09:12
08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


08-12-2025 / 10:12
08-12-2025 / 09:12
07-12-2025 / 12:12
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