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Entre Ríos - 10-12-2023 / 13:12
TUVIERON QUE PASAR MÁS DE 36 AÑOS

Nuevo gobierno: es la primera vez desde 1987 que ningún Urribarri ocupará un cargo público

Nuevo gobierno: es la primera vez desde 1987 que ningún Urribarri ocupará un cargo público
Tuvieron que pasar más de 36 años para que ningún integrante de la familia del exgobernador Sergio Urribarri ocupe cargo público en el Estado entrerriano o el nacional. El último se despidió ayer, Mauro Urribarri.
Tuvieron que pasar más de 36 años para que ningún integrante de la familia del exgobernador Sergio Urribarri ocupe cargo público en el Estado entrerriano o el nacional. El último se despidió ayer, Mauro Urribarri. El exministro de Gobierno entrerriano, Mauro Urribarri, fue designado por el gobierno nacional de Alberto Fernández, en abril de 2021, para integrar el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, organismo que financia obras en el país para fortalecer la generación de mano de obra.
 
No obstante, en más de dos años de funcionario nacional nadie se enteró qué hizo por Entre Ríos, porque nunca hubo acto oficial alguno donde mostrara algo importante de tal función. Pocos años antes, a partir de diciembre de 2015, el aún gobernador Gustavo Bordet lo nombró como ministro de Gobierno de su gabinete, como parte del acuerdo con el urribarrismo.
 
Mauro Urribarri renunció a dicho cargo en octubre de 2017, a escasos días de las elecciones legislativas, en que el Frente Justicialista Somos Entre Ríos perdió contra Cambiemos, que logró el 52,97 por ciento contra el 37,98 por ciento del oficialismo. El hijo del exmandatario estaba en foco por su floja gestión de gobierno y salpicado por irregularidades en el Senado entrerriano, que se profundizaron luego con el inicio de la denominada causa de los contratos truchos legislativos, donde se desviaron 53 millones de dólares de la Legislatura provincial.
 
En abril de 2022, su padre, Sergio Urribarri, fue renunciado por el propio presidente Fernández del cargo de embajador argentino en Israel, luego de una condena a 8 años de cárcel, por delitos de corrupción durante su último mandato de gobernador. Al poco tiempo, Urribarri consiguió su jubilación ordinaria, por lo cual es quien más dinero percibe en el organismo previsional: cerca de 4 millones de pesos mensuales. La ley le prohíbe cobrar jubilación y a la vez pensión como exmandatario.
 
Urribarri fue presidente comunal en General Campos entre 1987 y 1991 (aunque abandonó el cargo antes de finalizar su mandato) y luego asumió como diputado provincial en diciembre del '91, con la asunción de Mario Moine y ubicado en una banca por el exgobernador Jorge Busti. Urribarri repitió el cargo de diputado provincial del PJ Concordia en 1995-1999 (con Busti gobernador) y 1999-2003, en que gobernara Sergio Montiel.
 
Cuando Busti inició su tercer mandato, en 2003, Urribarri asumió como ministro de Gobierno y meses antes de finalizar, en 2007, se alejó del cargo para iniciar la campaña a la Gobernación. Fue reemplazado por Adán Bahl en el cargo de ministro. Urribarri asumió como gobernador en 2007 y fue reelecto en el cargo en el 2011. En el 2015, al iniciar Bordet su primer mandato, fue elegido diputado provincial y quedó como presidente de la Cámara Baja.
 
Con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia, Urribarri asumió -en enero de 2020- como embajador argentino en Israel y en Chipre y fue renunciado en abril de 2022, tras recibir una fuerte condena a prisión de parte de la justicia entrerriana. Uno de sus familiares directos, el cuestionado Juan Pablo Aguilera (hermano de su mujer Ana Lía Aguilera), sigue siendo secretario político del bloque de senadores provinciales del PJ, aunque no volvió a pisar el Senado entrerriano desde septiembre de 2018, en que tomó estado público la causa de los contratos truchos legislativos. Aguilera fue uno de los principales imputados en la causa.
 
Nunca nadie la recriminó nada a Aguilera. Ni los presidentes de bloque del oficialismo ni el vicegobernador Adán Bahl ni la vicegobernadora Laura Stratta. A lo sumo podían hacer mala cara cuando se enteraban de las eternas ausencias del cuñado del exgobernador Urribarri, pero no más que eso. Siempre fue mejor mirar para otro lado y dejar pasar la situación. En el medio, pasaron cinco años de sueldos millonarios sin haber pasado nunca por las oficinas del Senado. Aguilera tiene un sueldo mensual superior a los 2 millones de pesos.
 
El hijo mayor de Urribarri, Damián Urribarri, es empleado de planta de Diputados, pero siempre fue considerado un trabajador responsable y de asistencia diaria a su labor. Al parecer está adscripto en Concordia, donde vive hace un par de meses.
 
Por D. E.
 
Fuente: ANÁLISIS
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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