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Entre Ríos - 10-12-2023 / 13:12
TUVIERON QUE PASAR MÁS DE 36 AÑOS

Nuevo gobierno: es la primera vez desde 1987 que ningún Urribarri ocupará un cargo público

Nuevo gobierno: es la primera vez desde 1987 que ningún Urribarri ocupará un cargo público
Tuvieron que pasar más de 36 años para que ningún integrante de la familia del exgobernador Sergio Urribarri ocupe cargo público en el Estado entrerriano o el nacional. El último se despidió ayer, Mauro Urribarri.
Tuvieron que pasar más de 36 años para que ningún integrante de la familia del exgobernador Sergio Urribarri ocupe cargo público en el Estado entrerriano o el nacional. El último se despidió ayer, Mauro Urribarri. El exministro de Gobierno entrerriano, Mauro Urribarri, fue designado por el gobierno nacional de Alberto Fernández, en abril de 2021, para integrar el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, organismo que financia obras en el país para fortalecer la generación de mano de obra.
 
No obstante, en más de dos años de funcionario nacional nadie se enteró qué hizo por Entre Ríos, porque nunca hubo acto oficial alguno donde mostrara algo importante de tal función. Pocos años antes, a partir de diciembre de 2015, el aún gobernador Gustavo Bordet lo nombró como ministro de Gobierno de su gabinete, como parte del acuerdo con el urribarrismo.
 
Mauro Urribarri renunció a dicho cargo en octubre de 2017, a escasos días de las elecciones legislativas, en que el Frente Justicialista Somos Entre Ríos perdió contra Cambiemos, que logró el 52,97 por ciento contra el 37,98 por ciento del oficialismo. El hijo del exmandatario estaba en foco por su floja gestión de gobierno y salpicado por irregularidades en el Senado entrerriano, que se profundizaron luego con el inicio de la denominada causa de los contratos truchos legislativos, donde se desviaron 53 millones de dólares de la Legislatura provincial.
 
En abril de 2022, su padre, Sergio Urribarri, fue renunciado por el propio presidente Fernández del cargo de embajador argentino en Israel, luego de una condena a 8 años de cárcel, por delitos de corrupción durante su último mandato de gobernador. Al poco tiempo, Urribarri consiguió su jubilación ordinaria, por lo cual es quien más dinero percibe en el organismo previsional: cerca de 4 millones de pesos mensuales. La ley le prohíbe cobrar jubilación y a la vez pensión como exmandatario.
 
Urribarri fue presidente comunal en General Campos entre 1987 y 1991 (aunque abandonó el cargo antes de finalizar su mandato) y luego asumió como diputado provincial en diciembre del '91, con la asunción de Mario Moine y ubicado en una banca por el exgobernador Jorge Busti. Urribarri repitió el cargo de diputado provincial del PJ Concordia en 1995-1999 (con Busti gobernador) y 1999-2003, en que gobernara Sergio Montiel.
 
Cuando Busti inició su tercer mandato, en 2003, Urribarri asumió como ministro de Gobierno y meses antes de finalizar, en 2007, se alejó del cargo para iniciar la campaña a la Gobernación. Fue reemplazado por Adán Bahl en el cargo de ministro. Urribarri asumió como gobernador en 2007 y fue reelecto en el cargo en el 2011. En el 2015, al iniciar Bordet su primer mandato, fue elegido diputado provincial y quedó como presidente de la Cámara Baja.
 
Con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia, Urribarri asumió -en enero de 2020- como embajador argentino en Israel y en Chipre y fue renunciado en abril de 2022, tras recibir una fuerte condena a prisión de parte de la justicia entrerriana. Uno de sus familiares directos, el cuestionado Juan Pablo Aguilera (hermano de su mujer Ana Lía Aguilera), sigue siendo secretario político del bloque de senadores provinciales del PJ, aunque no volvió a pisar el Senado entrerriano desde septiembre de 2018, en que tomó estado público la causa de los contratos truchos legislativos. Aguilera fue uno de los principales imputados en la causa.
 
Nunca nadie la recriminó nada a Aguilera. Ni los presidentes de bloque del oficialismo ni el vicegobernador Adán Bahl ni la vicegobernadora Laura Stratta. A lo sumo podían hacer mala cara cuando se enteraban de las eternas ausencias del cuñado del exgobernador Urribarri, pero no más que eso. Siempre fue mejor mirar para otro lado y dejar pasar la situación. En el medio, pasaron cinco años de sueldos millonarios sin haber pasado nunca por las oficinas del Senado. Aguilera tiene un sueldo mensual superior a los 2 millones de pesos.
 
El hijo mayor de Urribarri, Damián Urribarri, es empleado de planta de Diputados, pero siempre fue considerado un trabajador responsable y de asistencia diaria a su labor. Al parecer está adscripto en Concordia, donde vive hace un par de meses.
 
Por D. E.
 
Fuente: ANÁLISIS
 

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La reforma en el sistema de desayunos y meriendas escolares impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio sumó un contundente rechazo desde la propia memoria institucional de la provincia. La exsenadora nacional y expresidenta del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, destrozó el nuevo esquema al tildarlo de «preocupante» y asegurar tajantemente que «no es una buena medida». Bar denunció que el gobierno pretende homogeneizar la alimentación de la infancia entrerriana imponiendo una dieta empobrecida y rígida a base de «galletitas y bizcochuelos», eliminando la diversidad de insumos frescos como frutas, yogures y dulces que requiere la salud en la etapa de crecimiento.
 
La exfuncionaria enfatizó que el Ejecutivo provincial utilizó fallas aisladas en un reducido grupo de escuelas como pretexto para imponer una sanción colectiva e inconsulta. Remarcó con dureza que «no por eso podemos tomar una medida tan general perjudicando no solo el tipo de alimentación que se otorgaba en las escuelas, sino también al comercio local», al tiempo que cuestionó la falta de sensibilidad oficial por haber avanzado a espaldas de la comunidad educativa y sin convocar ni consultar al Colegio de Nutricionistas.
 
Asimismo, la extitular del CGE alertó sobre el impacto socioeconómico que significa desmantelar el circuito de compras de cercanía que sostenía a pequeños almaceneros, verduleros y proveedores locales en cada pueblo. En un contexto atravesado por una severa crisis donde «la cantidad de negocios que se han cerrado es grande» en ciudades como Paraná o Victoria, privar al comercio de barrio del abastecimiento escolar representa una doble embestida del gobierno: la degradación del plato de comida de los estudiantes y la asfixia económica directa al tejido productivo provincial.
 

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