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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 10-12-2023 / 11:12
LA ERA MILEI: MOTOSIERRA SIN ANESTESIA

Comienza un nuevo ciclo neoliberal con la misma receta económica y con un ajuste apuntando a las clases populares

Comienza un nuevo ciclo neoliberal con la misma receta económica y con un ajuste apuntando a las clases populares
Luego de un caótico armado de gabinete y una desordenada transición, el libertario dará sus primeros pasos de gestión. Brindará el discurso inaugural ante sus partidarios y se espera que anticipe el rumbo del gobierno. El plan económico de Milei violenta la promesa electoral de ajustar a "la casta política" y reitera en cambio la aplicación del ajuste regresivo con el sueño húmedo del poder económico: reconfigurar el funcionamiento de la sociedad como si nada hubiera sucedido en Argentina y el mundo en los últimos cien años.
Javier Milei inicia este domingo el período de cuatro años como Presidente de la Nación inaugurando a la vez otra oscilación hacia uno de los extremos del péndulo argentino. En un lapso muy corto en términos históricos de 50 años, el permanente vaivén de la hegemonía política con su correspondiente régimen económico resulta muy desgastante para unos y otros. Los costos de esta indefinición y, por lo tanto, de la inestabilidad económica son muy elevados para definir un determinado sendero de desarrollo.
 
Ahora le toca el turno a una estrategia global de neoliberalismo con la particularidad de que se presenta con débil base política electoral, aunque con el respaldo primario de gran parte del poder económico y mediático. Con los lineamientos expuestos hasta el momento, el gobierno de Milei confirma otro cambio brusco de la política económica, alteración que ratifica una dinámica muy frecuente de la historia local.
 
A lo largo de las últimas décadas ha habido diferentes equipos económicos que se fueron sucediendo en el poder, y en esta ocasión se produce el desembarco de la casta de financistas con el antecedente reciente de haber sido protagonista del fracaso de la gestión Macri. El cambio que se avecina expresa la oscilación pendular entre dos corrientes enfrentadas del pensamiento económico, y también de la representación política.
 
"El péndulo argentino: ¿hasta cuándo?" Así tituló Marcelo Diamand el ensayo económico a fines de 1983 y la vigencia que tiene cada observación del texto es impactante, con una actualidad que pareciera que hubiera sido redactado hoy para comprender la presente situación económica y política.
 
En las primeras dos carillas dice lo siguiente:
 
* "Las últimas décadas en la Argentina se han caracterizado por cambios muy bruscos y muy frecuentes de la política económica que muestran una oscilación pendular entre dos corrientes antagónicas: la corriente expansionista o popular y la ortodoxia o el liberalismo económico".
 
* "La corriente popular refleja las aspiraciones de las grandes masas de la población. Sus ideas en materia económica reconocen la influencia del modelo keynesiano y del nacionalismo económico. Sus principales objetivos son la distribución progresiva del ingreso y el pleno empleo".
 
* "Se recurre al manejo de los grandes instrumentos -fundamentalmente del tipo de cambio y de las tarifas de los servicios públicos- en función del objetivo prioritario de evitar que aumente el costo de vida. El segundo objetivo se logra asegurando un alto nivel de demanda".
 
* "Las etapas expansionistas suelen comenzar con el aumento de los salarios reales, el crédito barato, el incremento de la actividad económica y una euforia en el sector industrial y comercial. Sin embargo, en la mayoría de las veces esta etapa no dura mucho".
 
* "El déficit fiscal crece, la balanza comercial se desequilibra, aparece el desborde sindical, surge el desabastecimiento y se acelera la inflación. El proceso culmina en el agotamiento de reservas en el Banco Central y en una crisis de balanza de pagos".
 
* "La expansión se detiene y sobreviene una situación económica caótica. A medida que pasa el tiempo aumenta la oposición de los estratos influyentes de la sociedad y, finalmente, sobreviene la caída del equipo económico del gobierno".
 

 
* "Aunque la corriente popular admite algunos errores y excesos, tiende a minimizar su importancia, y como justificación principal de su fracaso alega la insuficiencia del poder popular para manejar los resortes clave de la economía y la resistencia de poderosos grupos económicos".
 
* "La caída de la corriente popular provoca siempre un brusco vuelco hacia la ortodoxia económica basada en la teoría neoclásica de la economía".
 
* "Por estar identificada con lo 'serio' en la economía, la ortodoxia resulta afín al pensamiento de lo que puede considerarse como la 'opinión ilustrada' nacional e internacional, incluida la de las instituciones financieras internacionales y de los principales medios de difusión".
 
* "Es así que las políticas ortodoxas reflejan el pensar y el sentir del sector agropecuario, del financiero, del exportador tradicional y, algo paradójico, de gran parte del industrial".
 
* "El acento se ve puesto sobre el orden, la disciplina, la eficiencia, el equilibrio del presupuesto, el ahorro, la confianza y la atracción de los capitales del exterior y las virtudes del sacrificio popular".
 
* "En general, la respuesta de los ortodoxos frente al problema son paquetes de medidas que involucran una brusca devaluación, un aumento de los ingresos agropecuarios, una caída de salarios, restricción monetaria, recesión y un deliberado esfuerzo de atracción de capitales extranjeros".
 
* "De acuerdo a las afirmaciones de la ortodoxia, la recesión y la caída de los salarios reales no serían más que perjuicios momentáneos que corresponden a un período inevitable de sacrificio, necesario para ordenar y sanear la economía".
 
* "Gracias a tal sacrificio, se crearían las bases para el despegue y el crecimiento en beneficio del conjunto de la población".
 
* "Hasta ahora este despegue nunca se concretó. Puede haber ciertos éxitos al comienzo. La inflación, que siempre aumenta inicialmente a raíz de la devaluación, más adelante suele disminuir, los capitales financieros fluyen del exterior y los salarios reales en parte se recuperan".
 
* "Pero en algún momento del proceso sobreviene una crisis de confianza. El flujo de capitales se invierte. Los préstamos que habían ingresado comienzan a huir. Se produce una fuerte presión sobre las reservas de divisas, una crisis en el mercado cambiario y una brusca devaluación".
 
* "Caen los salarios reales, disminuye la demanda, la tasa de inflación otra vez aumenta vertiginosamente y se vuelve a caer en recesión, más profunda aún que la anterior".
 
* "La reacción de la ortodoxia frente a su falta de éxito ha sido siempre similar a la de la corriente popular. Aunque admite errores, atribuye siempre su fracaso a la insuficiencia del poder político para efectuar el saneamiento necesario en la administración pública para eliminar las empresas ineficientes y para mantener los salarios deprimidos por un tiempo suficiente como para que se genere un proceso autosostenido de crecimiento".
 
 
La insoportable levedad de una historia repetida
 
Esta última descripción de Diamand sirve para proyectar el saldo que arrojará el ciclo político que comienza este 10 de diciembre. El desenlace de este proceso no es una especulación política, un pronóstico económico del estilo de los consultores de la city o el deseo de "argentinos del mal", sino que resulta del aprendizaje de la historia y de las propias definiciones entregadas por el equipo económico que acompaña al Presidente que hoy lucirá la banda presidencial.
 
El plan de Milei violenta la promesa electoral de ajustar a "la casta política", para hacer recaer toda la carga del ajuste en los sectores populares, incluyendo a las clases medias. Aplicará el tradicional ajuste regresivo acompañado del sueño húmedo del poder económico: reconfigurar el funcionamiento de la sociedad como si nada hubiera sucedido en Argentina y el mundo en los últimos cien años.
 
Las elites hoy tienen como representante político a Milei y resisten el proceso de no retorno gatillado con la industrialización sustitutiva de importaciones y la consiguiente irrupción de una clase trabajadora con derechos laborales y económicos. La estructura productiva y social compleja que irrumpió en esa etapa histórica marca la excepcionalidad argentina respecto a otras experiencias latinoamericanas.
 
Esto es algo que no puede digerir cada uno de los principales miembros del poder económico, lo que los hace apostar una y otra vez a proyectos políticos conservadores que culminan en fracasos, aunque estos fiascos no los han afectado para nada en la expansión de sus respectivos negocios.
 
El gobierno de Milei viene con la misión de conseguir lo imposible con la promesa de que en esta oportunidad lo logrará, hasta que la decepción aparecerá en el estado de ánimo social para dar lugar a una nueva oscilación del péndulo hacia el extremo opuesto.
 
El costo de estos movimientos pendulares es inmenso en diferentes frentes, con la acentuación del deterioro del bienestar generando a la par de una mayor concentración del capital.
 
El desafío no menor es detener el péndulo en el medio y terminar con estos ciclos tan dañinos para el desarrollo del país.
 
 
La revancha clasista reload
 
El péndulo argentino está indefectiblemente acompañado en uno de sus extremos con el persistente espíritu de revancha clasista. En este ciclo político que comienza la chance de detener el péndulo se vuelve entonces una quimera.
 
Primero la dictadura militar, luego el menemismo, después el macrismo y el que se adelanta del gobierno de Milei son proyectos políticos que pretendieron y siguen pretendiendo modificar el régimen social de acumulación desarticulando la industrialización basada en la sustitución de importaciones.
 
La revancha clasista tiene el propósito de disciplinar a los sectores populares, estableciendo en cada una de las etapas en que se fue aplicando un nuevo techo, significativamente más reducido, en la participación de los trabajadores en el ingreso a través de una espectacular reducción del salario real, la desocupación y la restricción de las conquistas sociales obtenidas por las luchas populares a lo largo de décadas.
 
La revancha clasista tiene también la configuración de odio mediático y social, violencia política en los medios y en las redes sociales, la estigmatización de diferentes colectivos con la letra K y la obscena persecución judicial y mediática a Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo su escala máxima en el atentando a su vida.
 
Estos son los principales elementos que expresan esta etapa de revancha clasista, que tiene el mismo objetivo que las anteriores: disciplinar a los sectores populares.
 
El deseo manifiesto de las elites es borrar las expresiones del movimiento popular por lo que él representa en términos de ampliación de derechos sociales, laborales y económicos, como así también de la capacidad de los trabajadores de disputar cómo se reparte el ingreso.
 
 
¿Existe la posibilidad de un acuerdo político para frenar el péndulo?
  
Definir un pacto político básico sería la condición necesaria para avanzar en uno económico y social. Así lo hicieron en 1971, durante la dictadura del general Lanusse, Juan Domingo Perón, Ricardo Balbín, Oscar Alende y Horacio Sueldo. A esta altura no es la cuestión económica, sino que lo relevante es el pacto político y luego, sobre esas bases, avanzar en el acuerdo, la convergencia, la coincidencia, con los sectores socioeconómicos.
 
Desde la recuperación de la democracia, en 1983, la fuerza política triunfadora en la elección presidencial eludió el pacto social. Milei directamente no lo tiene incorporado en la concepción extrema acerca del funcionamiento de la economía real, y mucho menos con la gaseosa consigna de "la casta política".
 
El sendero elegido es consolidar una hegemonía sin la búsqueda de esa convergencia que permitiría ordenar el conflicto económico y social de corto plazo.
 
Conocido el resultado de estas experiencias políticas, en términos de estabilidad económica de largo plazo, queda en evidencia que ha sido poco efectiva la estrategia de no administrar los intereses corporativos junto a cada uno de los protagonistas de la puja distributiva.
 
 
La grieta y el empate hegemónico
  
No es tarea menor convivir con el péndulo político y económico. A lo que ya se presenta como una misión muy difícil, se le interpone un paso previo: neutralizar la grieta tóxica alimentada en estos últimos años.
 
La derecha y la ultraderecha y su red de medios la han promovido como categoría político-cultural. Se han dedicado a profundizarla con elevados niveles de agresión discursiva, represión social y persecución a políticos y medios de comunicación.
 
La revisión de la historia argentina permite saber que la grieta básica se encuentra en la disputa acerca de qué tipo de proyecto se impone. Uno pretende un país proveedor de materias primas, que implica una integración pasiva a la división internacional de trabajo y, por lo tanto, de sumisión a la potencia occidental dominante; antes fue el Reino Unido y ahora es Estados Unidos.
 
El otro aspira a un país industrial, integrado socialmente e independiente de las potencias para fortalecer el desarrollo nacional. Esta es la grieta básica que atraviesa la historia argentina. Como no ha tenido un cierre y no hay perspectivas de lograr una síntesis superadora, se mantiene el empate hegemónico, en definición del sociólogo Juan Carlos Portantiero.
 
Las tensiones seguirán entonces latentes provocando otras crisis y la reiteración hasta el hastío de movimientos pendulares en el manejo económico y en la representación política.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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