23:03 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 06-12-2023 / 09:12

EL LIBERTARIO ABRAZA SU SUERTE A LA CASTA DE FINANCISTAS ESPECULADORES DE CAPUTO

La Justicia macrista anula el procesamiento penal de Bausili el mismo día que Milei lo elige para el Banco Central

Un “favorcito” de Comodoro Py para el candidato de Milei a la presidencia del Banco Central. La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Santiago Bausili, justo cuando es el candidato de Toto Caputo para dirigir el Banco Central. Bausili está acusado de haber usado su cargo de secretario de Finanzas en el macrismo para darles negocios a los bancos en que había trabajado. Casualmente, está defendido por el hermano del futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Santiago Bausili, futuro presidente del Banco Central, involucrado en un multimillonario negociado en la Ciudad y socio de Luis "Toto" Caputo, futuro ministro de Economía, estaba procesado por haber favorecido a su ex empleador, el Deutsche Bank, pero este martes fue beneficiado por la Justicia macrista y quedó al borde del sobreseimiento. Ambos organizaron el fideicomiso para financiar el Paseo Gigena, una megaobra en el exestacionamiento del Hipódromo de Palermo, terreno público de la Ciudad.

Bausili será no solamente compañero de Caputo en la futura gestión de Javier "el Loco" Milei -presidente del Banco Central y ministro de Economía, respectivamente- sino que ambos ya fueron compañeros en la gestión de Mauricio Macri y, en el ámbito privado, son socios en una empresa protagonista de un negocio multimillonario con terrenos públicos de la Ciudad de Buenos Aires: el Paseo Gigena.

El nombre de Bausili, exsecretario de Finanzas de Cambiemos, volvió a cobrar protagonismo este martes, después de que la Cámara Federal de Apelaciones porteña lo favoreciera con una falta de mérito que lo dejó al borde del sobreseimiento. Estaba procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de su intervención en el "megacanje II", acusado de haber favorecido al banco Deutsche Bank, que era su empleador hasta que ingresó en la función pública.

Pero también es socio de Caputo en la consultora financiara Anker Latinoamérica, una de las seis empresas que intervienen en el Paseo Gigena. Anker fue fundada en 2020 por "Toto" Caputo, que además de futuro ministro de Economía ya fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Macri y primo de Nicolás "Nicky" Caputo, "amigo del alma" del expresidente y hombre cercano al jefe de Gobierno saliente, Horacio Rodríguez Larreta.

En 2020, el principal socio de Caputo fue su hermano Flavio, director de Caputo Hermanos, constructora y desarrolladora inmobiliaria. Actualmente, el principal socio de Toto Caputo en la consultora Anker es Bausili, su segundo en el ministerio durante el gobierno de Cambiemos y probable futuro presidente del BCRA. Ambos provienen de la banca internacional.

Desde que Milei --con el apoyo de Macri-- se impuso en el balotaje frente a Sergio Massa, los tribunales empezaron a dar señales de un reacomodamiento frente al nuevo bloque de poder --representado por la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y sectores de Juntos por el Cambio. Uno de los beneficiados fue el propio Milei: el juez Julián Ercolini --por pedido del fiscal Eduardo Taiano-- desestimó las denuncias que habían presentado por la corrida cambiaria.

En la última semana, la Sala II de la Cámara Federal porteña --con una composición distinta a la que examinó el caso Bausili-- resolvió reabrir una causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Casualmente, el juez Casanello la había sobreseído en el expediente conocido mediáticamente como "Ruta del Dinero K" después de que el fiscal Guillermo Marijuan dictaminara que, tras diez años de investigación, no había encontrado elementos que vincularan a CFK con el esquema de lavado de dinero por el cual fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El martes pasado, la Sala II de la Casación resolvió confirmar el sobreseimiento de Macri en la causa por el espionaje a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. La justicia favorece de manera escandalosa a los integrantes de la mafia macrista y al propio Jefe de la banda.

La Opinión Popular

SE TRATA DE SANTIAGO BAUSILI, SOCIO DE LUIS "TOTO" CAPUTO

Un favor de Comodoro Py para el candidato de Javier Milei a la presidencia del Banco Central

La Cámara Federal porteña, por mayoría, revocó un procesamiento que tenía por negociaciones incompatibles con la función pública de su paso por la gestión Cambiemos. El juez Sebastián Casanello lo había procesado por favorecer a su anterior empleador, el Deutsche Bank.

El nombre de Santiago Bausili suena fuerte para presidir el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hombre de confianza del futuro ministro de Economía de Javier Milei, Luis "Toto" Caputo, Bausili consiguió un espaldarazo de los tribunales de Comodoro Py antes de su posible retorno a la administración pública. La Cámara Federal porteña revocó este martes un procesamiento que tenía por negociaciones incompatibles con la función pública que le había quedado de su anterior paso por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.

Bausili es socio de Caputo en la consultora Anker. Antes de lanzar esta iniciativa conjunta, Bausili juntó experiencia trabajando para la banca privada. Se desempeñó nueve años en el Deutsche Bank (DB). Antes, había estado once años en JP Morgan.

Entre 2007 y 2013, estuvo en la oficina de Nueva York del DB. En 2013, se mudó a Buenos Aires para seguir trabajando para la misma entidad. Cuando Macri llegó al gobierno, llevó a "Toto" Caputo a la Secretaría de Finanzas porque consideraba que tenía un talento similar para ese campo como el que Lionel Messi demuestra en la cancha de fútbol. Caputo lo llevó consigo a Bausili. Su nombramiento se firmó el 26 de enero de 2016.

Desde ese día, Bausili empezó a acumular irregularidades. ¿Por qué? Porque, según los papeles, recién se desvinculó cinco días después del DB. Es decir que técnicamente trabajaba para el DB y para el Estado argentino. Una curiosidad es que, pese a que ya no reportaba en el DB, Bausili recibió "remuneraciones diferidas" entre 2016, 2017 y 2018. Además, tuvo acciones en el DB, por lo que tenía intereses en que al banco le fuera bien.

Como secretario de Finanzas, Bausili se involucró en los procedimientos para designar y pagar a los bancos que intervinieron en la colocación de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino. Uno de ellos fue el DB, su antiguo empleador con el que lo unían acciones y un plan de pago.

La ley de Ética Pública (25.188) establece que un funcionario está obligado a abstenerse de tomar intervención en trámites que involucren a personas y asuntos con los que tuvo algún tipo de vinculación en los tres años inmediatamente anteriores.

En 2016, el jurista Eduardo Barcesat presentó una denuncia por el pago a los holdouts. Entre los denunciados estaban desde Macri hasta Paul Singer, pasando por Caputo, Bausili, Mario Quintana y Alfonso Prat Gay. En 2018, el diputado Rodolfo Tailhade pidió que se investigara si Bausili no había recibido beneficios indebidos por parte del DB.

En abril de 2021, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó por negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, a los cuatro meses, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el fallo del magistrado. La mayoría del tribunal de Comodoro Py entendió entonces que Bausili había tenido participación, pero no incidencia en lo que pasó con el DB.

Casanello no dio por terminada la causa: pidió información a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La OA contestó que ya la gestión de Laura Alonso había detectado irregularidades en el vínculo de Bausili con su exempleador, lo que hablaba de un conflicto de intereses. Lo curioso es que la OA obvió, en ese momento, remitir su dictamen a los tribunales. La explicación fue que, por un error administrativo, no se había concretado lo resuelto.

La PIA, por su parte, hizo un dictamen minucioso que le permitió al juez explicar con detalle en qué habría consistido la maniobra en la que habría estado involucrado el economista. La PIA, entre otras cosas, detectó que Bausili mantuvo cinco encuentros con sus excompañeros de trabajo -que fueron desde visitas de cortesía hasta discusiones sobre la relación entre el DB y el Ministerio de Finanzas.

En septiembre pasado, Casanello insistió con el procesamiento de Bausili. De acuerdo con lo que reconstruyó el juzgado, el comportamiento de Bausili fue el siguiente:

·         Entre 2007 y 2016, fue ejecutivo del DB;
·         Fue nombrado por el gobierno de Macri antes de haberse desvinculado de la banca privada;
·         Durante la mayor parte de su gestión, fue beneficiario de un plan de pagos acordado anteriormente con el banco. De esta forma, percibió cuotas en calidad de remuneraciones diferidas y acciones:
·         Pese a ser un exempleado del DB, intervino en actos administrativos trascendentes;
·         En 2016, se excusó formalmente de intervenir en un expediente. Sin embargo, siguió gestionándolo;
·         Después dejó de excusarse.

La Cámara al rescate

Cuando su nombre se impone como candidato para presidir el BCRA, la Cámara Federal porteña volvió a fallar a favor de Bausili. Para los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, el juez Casanello no encontró nuevas pruebas que justifiquen el procesamiento. "Debe decirse que el cuadro probatorio no se ha visto modificado, manteniéndose el estado de incertidumbre que llevó, oportunamente, al dictado de un pronunciamiento expectante", escribieron.

El tercer integrante de la Sala II de la Cámara Federal porteña, Roberto Boico, se inclinó por confirmar el procesamiento de Bausili. Según afirmó el camarista, la información que aportó la PIA y que analizó Casanello, robusteció el cuadro probatorio y constató el desvío de la Administración Pública en favor del DB.

Una curiosidad es que a Bausili lo defiende Matías Cúneo Libarona, hermano de Mariano, anunciado por Milei como su ministro de Justicia. Cúneo Libarona -un penalista influyente en el fuero- dijo públicamente que el presidente electo le pidió que no consienta amiguismos con el Poder Judicial. En esa línea, Cúneo Libarona le dijo a Infobae que abandonaría su estudio jurídico y suspendería su matrícula como forma de mostrar su alejamiento de los tribunales.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.