13:50 | Domingo 04 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 17-11-2023 / 08:11

ACUSACIONES DE UN “FRAUDE” ELECTORAL INEXISTENTE DE TRUMPISTAS Y BOLSONARISTAS CRIOLLOS PORQUE SIENTEN QUE ESTÁN PERDIENDO

Balotaje: mentiras, discursos de odio y denuncias falsas para instalar la sensación de fraude

Es tan obvio que hasta parece increíble que haya que explicarlo. Es tan de manual que sorprende que aún cause algún efecto. Rumbo al balotaje el grupo más fanático de seguidores de Javier “el Loco” Milei y de Mauricio “Titiritero” Macri está decidido, organizado y financiado para instalar la sensación de "fraude" en el balotaje para directamente romper la convivencia democrática. ¿Qué buscan?: fomentar protestas que puedan tornarse violentas. Para ello cuentan con una minoría intensa, pero ruidosa, agresiva y enardecida que dice creer en denuncias infundadas, porque no aceptarán perder.

Es tan obvio que hasta parece increíble que haya que explicarlo. Es tan de manual que sorprende que aún cause algún efecto. Rumbo al balotaje el grupo más fanático de seguidores de Javier "el Loco" Milei y de Mauricio "Titiritero" Macri está decidido, organizado y financiado para instalar la sensación de "fraude" en el balotaje para directamente romper la convivencia democrática. ¿Qué buscan?: si pierden, fomentar protestas que puedan tornarse violentas. Para ello cuentan con una minoría intensa, pero ruidosa, agresiva y enardecida que dice creer en denuncias infundadas, porque no aceptarán perder.

Entre los casos de la denuncia de Donald Trump y la toma del Capitolio, el enojo de Jair Bolsonaro, quien nunca felicitó ni reconoció el triunfo de su oponente Lula, y la toma violenta de Planalto en Brasilia y la operación de que comenzó en nuestro país, en redes y medios afines desde el viernes pasado y las 100 personas que se movilizaron ridículamente a la Casa Rosada, son metodologías calcadas, orquestadas y financiadas por estructuras internacionales, dirigidas a desacreditar el proceso democrático. La más grave fue en Bolivia, en 2019, donde las denuncias de "fraude" terminaron en un golpe de Estado contra Evo Morales.

No es casual que las mentiras y las denuncias sin fundamento sean utilizadas siempre por movimientos de extrema derecha, cuyo núcleo central discursivo es el odio, la violencia y la utilización de trolls, ya sean automatizados o con personas reales detrás de una pantalla. La denuncia de los libertarios contra la Gendarmería, las boletas que se niegan a entregar a la Justicia Electoral y la visita de todo el arco de ultraderecha americana y europea, el domingo 19 de la elección, es parte del movimiento orquestado.

Ahora bien, en los comicios se necesitan al menos 350 boletas por mesa, pero La Libertad Avanza entregó menos de 100 con el objetivo de instalar el escenario propicio para desconocer un resultado adverso el domingo. También acusaron a la Gendarmería de haber modificado actas en las generales, pero no aportaron una sola prueba. Karina Milei y Santiago Viola, sus apoderados, fueron citados ante la fiscalía electoral. Y la jueza federal con competencia electoral, María Servini, reiteró que La Libertad Avanza no cumplió con la entrega de papeletas estipulada, en medio de las denuncias de "fraude". Lapidaria, responsabilizó a Milei por un eventual faltante de boletas. El cuento del "fraude" de los libertarios tiene patas cortas.

El "fraude" electoral que denuncian es una mentira más de la derecha, que se repite como si fuera cierta, en fuerte e intensa campaña en las redes y algunos medios, incluso con periodistas "ensobrados" de la derecha que no temen quedar en ridículo como ignorantes absolutos. Por eso, la Cámara Electoral tuvo que salir a difundir un comunicado en el marco de los 40 años de Democracia para desmentir las supuestas denuncias. Luego, en declaraciones periodísticas, agregaron que apenas llegan a un par de decenas los cuestionamientos formales y menores sobre las más de 104 mil mesas de votación, donde el control lo han ejercicio más de 350 mil fiscales.

Mientras Milei, que no puede o no quiere confirmar si está a favor o en contra de la democracia, ni si hay un acuerdo o no con Macri y Patricia Bullrich bajando varias de sus banderas amarillas de campaña, su candidata a vice presidenta, Victoria Villaroel no descansa en seguir fomentando la grieta anti democrática y reivindicando a los dictadores militares genocidas. Para muestra basta un botón y la periodista Luciana Bertoia recordaba la participación de la candidata a vice presidenta de la nación en la reunión de ultraderecha internacional llamada Cumbre de la Iberosfera en Madrid, hace un año atrás. Ganar o pudrirla, esa es su consigna. La violencia como método frente a la derrota, en dos pasos: la denuncia de "fraude" como excusa y la revuelta golpista como modus operandi.

La Opinión Popular

LAS OPERACIONES DE JAVIER MILEI CONTRA EL SISTEMA ELECTORAL

Por qué el cuento del "fraude" de los libertarios tiene patas cortas

Por Irina Hauser

La eventual falta de boletas de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje del domingo será exclusiva responsabilidad de esa fuerza política. Así lo advirtieron tanto la Junta Electoral porteña como la de la provincia de Buenos Aires en resoluciones que emitieron a raíz de que la cantidad entregada por el partido de Javier Milei es insuficiente para cubrir todas las mesas.

Se necesitan 350 boletas por mesa y LLA entregó de 100 para abajo de manera deliberada para alimentar el fantasma del fraude. El argumento es que se las rompen o pierden, algo que no fue denunciado en la primera vuelta. Dicen que sus fiscales harán la reposición.

Como parte de la misma estrategia, el miércoles habían hecho una presentación insólita que acusaba a la Gendarmería de haber cambiado las actas contenidas en las urnas en las elecciones generales para beneficiar a Sergio Massa.

El fiscal electoral Ramiro González citó para este viernes a la mañana a los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, para que entreguen las pruebas de lo que dicen. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández anunció que los denunciará.

Después de un almuerzo con empresarios, el ministro de Economía y candidato Sergio Massa cuestionó las maniobras de LLA para sembrar sospechas de irregularidades. "Tengo enorme confianza y respeto por el trabajo que cada juez electoral y la Cámara Nacional Electoral hacen desde hace muchos años en la Argentina", dijo.

Trazó una comparación con "las ideas de Trump y Bolsonaro de construir mensajes para no aceptar resultados", que --dijo-- "son muy malas". Pidió "inaugurar una etapa nueva y que esa etapa requiere de respeto, diálogo y bajar la violencia". La diputada Graciela Camaño, madrina política histórica del candidato presidencial, sostuvo: "Están creando un clima que tiene que ver con que se ven derrotados".

"Tirar noticias de fraude y decir las barbaridades que dice es porque advierte que pierde, para escandalizar el proceso electoral", agregó. El secretario de la Cámara Electoral, Sebastián Schimmel, ya explicó en varios medios que el sistema es seguro y la posibilidad de fraude es nula.


Las boletas

La primera en advertir a LLA que había entregado pocas boletas fue, la semana pasada, la jueza electoral María Servini. Le dio un plazo de 24 horas para aportar más pero nada cambió. El sábado cerca de la medianoche, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires emitió una resolución con el mismo señalamiento.

En ambos casos se había sugerido la entrega de un fajo de hasta 350 boletas por cada mesa, más fajos "de contingencia". No es una cantidad obligatoria, pero es la estimada para evitar problemas. "Una entrega tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de la Libertad Avanza, no se adecúa a las previsiones estimadas por este tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial", sostuvo la junta de la provincia.

Los apoderados de LLA alegaron que no enviarían más, que habían "decidido aportar una cantidad de boletas para cubrir el inicio de los comicios" y que sus fiscales (que no se sabe si serán suficientes) se encargarán de la reposición donde sea necesario. Invocaron supuestos casos de "rotura y sustracción" de boletas tanto en las PASO como en las elecciones generales, a pesar de que esto no fue denunciado judicialmente.

Eso, dicen, es lo que quieren evitar. Se comprometieron a presentar para "las secciones faltantes", pero la Junta en su nueva resolución les dijo que siguen siendo "insuficientes" y que en los preparativos tuvieron que restar fajos a ciertos municipios y de las bolsas de contingencia.

Frente a este panorama, la Junta Electoral bonaerense --que integran los jueces Alejo Ramos Padilla, Roberto Lemos Arias y Sergio Torres-- sacó una nueva disposición y estableció un "Protocolo de acreditación y actuación de fiscales" donde señala:

* "En ningún caso y bajo ningún concepto, el desarrollo de la elección podrá interrumpirse por falta de boletas de alguna de las agrupaciones políticas, pues (...) es exclusiva facultad y responsabilidad legal de dichas agrupaciones su provisión y reposición".
* Advierte que el Código Electoral asegura que las agrupaciones designen fiscales para representarlas y para controlar el acto electoral, el conteo de votos y hacer reclamos. Pueden ser fiscales generales o de mesa quienes estén inscriptos en otros distritos.
* Los fiscales deben "proveer las boletas de su agrupación para el inicio y desarrollo del comicio en cada mesa, solicitar periódicamente a las autoridades de mesa la verificación de su existencia en el cuarto oscuro y reponerlas...". La Junta exhorta a LLA para que "extreme sus cuidados y el debido cumplimiento de la función de sus fiscales". Si no hay fiscales o no hay boletas, los delegados electorales recurren a la "bolsa de contingencia" y si tampoco hay más deben denunciarlo ante la Junta.
*Para que pueda funcionar ese esquema reclamaron que las agrupaciones presenten a sus "apoderados o referentes" antes del mediodía del viernes así como la ubicación de los locales partidarios donde tengan boletas. La lista de fiscales generales por sección y por escuela debe ser informada a más tardar 24 horas antes de la votación.
*Son válidas las boletas oficializadas de las elección general de octubre en este distrito.

La resolución de la Junta electoral porteña, integrada por Servini, Jorge Morán y Sebastián Picasso, alerta que la falta de boletas de LLA, pese al requerimiento que se le hizo, "no favorecerá al mejor desarrollo del comicio (...) solo se cubrirían las expectativas de 100 a 150 electores por mesa sobre un padrón de 350..." Agrega que aunque se prevé "un sistema de contingencia para el eventual faltante de boletas, esto no exime a la alianza de las responsabilidades establecidas en la normativa legal vigente de sus reposición y distribución ante el faltante..."

Le dio 24 horas más para que digan cómo van a proceder si eso su sucede y dejó claro que "la ausencia de boletas de esa alianza, en las distintas mesas electorales, será su exclusiva responsabilidad".

Gendarmería

En la increíble presentación que hicieron esta semana ante Servini los apoderados de LLA para hacer crecer la idea del fraude, acusaron a la Gendarmería de haber cambiado en las elecciones generales "el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa".

Es decir, sostienen que los gendarmes modificaron las actas o las sustituyeron, pero que no van a revelar quienes dieron la información porque prefieren anonimato. Afirmaban que esto habría ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, Chaco y Tucumán.

El fiscal con competencia electoral, Ramiro González, los citó para este viernes a la mañana para que aporten precisiones y documentación que respalde semejante afirmación realizada a cinco días del balotaje y sobre supuestos hechos de hace un mes. También les pidió a las juntas electorales de todo el país que le informen que denuncias recibieron en las elecciones generales y en las PASO.

"La Gendarmería no hace esa mugre ni juega con la democracia de los argentinos", replicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de quien dependen las fuerzas de seguridad, en una entrevista en C5N. Agregó que no va a permitir que "sigan avanzando con esa porquería y porque hay que contarle a la sociedad que no es verdad que suceden esas cosas, no solo con la Gendarmería sino con ninguna fuerza". ·

"Es imposible que suceda lo que plantea LLA", dijo después de explicar todo el procedimiento. "Nunca vi una cosa así", afirmó y sostuvo que el sistema electoral argentino "debe ser el más sanito a nivel mundial". Anunció que hará una denuncia penal contra los apoderados de partido de Milei.

En el mismo reclamo ante Servini, LLA decía que quería garantizar para sus fiscales el control del traslado de las urnas en todo su recorrido hasta la Junta Electoral y pedían la intervención de la "Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, fuerzas honorables que deben controlar a los jefes regionales".

Esto último pareció una provocación, viniendo de un partido político que hizo campaña reivindicando el régimen dictatorial y con una candidata a vicepresidenta que visita genocidas presos por delitos de lesa humanidad. No era necesaria esa mención ya que el Comando Electoral está integrado por todas las fuerzas armadas y de seguridad. En una pequeña resolución Servini les dijo que la custodia y seguimiento de urnas ya están permitidos en el Código Electoral, en el artículo 106, y que el comando Electoral está encabezado por el Ejército Argentino. De todos modos, dado el planteo de supuestas irregularidades lo notifica a ese Comando, a la Cámara Electoral y al fiscal.

El presidente de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, mandó una nota el Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto para pedirle que "se enfaticen las medidas relativas al efectivo control por parte de las alianzas contendientes, de las tareas de preparación del material electoral y de la seguridad del traslado del material y/o documentación..."

A la dirección de Servicios Electorales del Correo Oficial le requirió acentuar "las medidas dirigidas a lograr la trazabilidad de los elementos que hacen parte de la logística electoral y que permitan optimizar el control por parte de las alianzas contendientes".

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".