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Nacionales - 03-10-2023 / 09:10
“NO HUBO ERRORES, NO HUBO EXCESOS, SON TODOS ASESINOS LOS MILICOS DEL PROCESO”

Partidario de los milicos: Milei negó los 30.000 desaparecidos, defendió la dictadura y atacó los derechos humanos

Partidario de los milicos: Milei negó los 30.000 desaparecidos, defendió la dictadura y atacó los derechos humanos
El candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, comenzó su intervención victimizándose y "denunciando" que los libertarios fueron acusados de nazis. Sin embargo, su discurso pasó del negacionismo y de relativizar lo que ocurrió durante la última dictadura cívico-militar, a repetir casi de manera calcada los argumentos usados por dictadores como Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Ellos hablaron de "guerra" y de "excesos" para intentar justificar el criminal genocidio ocurrido tras el último golpe de Estado.
A tono con su candidata a vicepresidente, la vocera de la dictadura Victoria Villarruel, hija y sobrina de genocidas, el ultraderechista partidario de la casta militar Javier "el Loco" Milei, sobrador y descalificante, con sorna ante la exposición de sus rivales, negó abiertamente la dictadura haya desaparecido a 30.000 personas y habló de una "guerra" durante los años setenta.

El candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, comenzó su intervención victimizándose y "denunciando" que los libertarios fueron acusados de nazis. Sin embargo, su discurso pasó del negacionismo y de relativizar lo que ocurrió durante la última dictadura cívico-militar, a repetir casi de manera calcada los argumentos usados por dictadores como Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Ellos hablaron de "guerra" y de "excesos" para intentar justificar el criminal genocidio ocurrido tras el último golpe de Estado.

El liberfacho afirmó: "estamos hartos de una versión tuerta de la historia, en los 70´ hubo una guerra, el estado cometió excesos pero los terroristas cometieron también delitos de lesa humanidad". De esta manera habló de "excesos" para negar una política sistemática de la dictadura cívica-militar de eliminar físicamente a sus adversarios políticos, en la cual estuvieron implicados las grandes empresas, de las cuales Milei hoy defiende sus negocios.
 
Milei los siguió: "Durante los 70 hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos". Así definió los aberrantes crímenes de la dictadura en medio del debate presidencial. Como si fuera poco, el liberal fascista machacó con una idea que en otras ocasiones también pusieron sobre el tapete dirigentes de Juntos por el Cambio. Dijo que "no fueron 30 mil los desaparecidos" sino "8753", una vieja cifra de la Conadep, expresamente señalada como provisoria por sus integrantes, y que, además, fue superada hace años.
 
Desde el Gobierno y los organismos de derechos humanos salieron a repudiar las posturas que reivindican e intentan justificar el terrorismo de Estado. La Secretaría de Derechos Humanos encabezada por el nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti adelantó que en las próximas semanas publicará "un informe sobre el universo de las víctimas del terrorismo de Estado que contribuirá a desmontar estas posturas negacionistas". Las frases de Milei, subrayaron, "nos retrotraen a los discursos que la propia dictadura utilizó para justificar un genocidio y que luego emplearon los responsables de esos crímenes para buscar impunidad".
 
"En la Argentina no hubo una guerra ni hubo excesos. Hubo un Estado terrorista que planificó y ejecutó una matanza para imponer un modelo económico, eliminando a toda disidencia política", expresó la Secretaría en un comunicado. Sobre la duda que Milei quiere instalar en torno al número de desaparecidos, la Secretaría aclaró que "el número total de detenidos-desaparecidos y de víctimas del terrorismo de Estado no se conoce por el carácter ilegal y clandestino que tuvo el accionar del Estado. Por eso siempre será indeterminado, está en construcción y crece permanentemente".
 
Los dichos del libertario fueron comparados con los del dictador Emilio Massera, por ejemplo, durante el Juicio a las Juntas de 1985, es casi idéntico. Ambos hablan de "guerra", y de "excesos". También lo hizo el dictador Jorge Rafael Videla, el 9 de septiembre de 1977, como recordó la periodista Luciana Bertoia cuando se reunió con el presidente James Carter en los Estados Unidos y en un archivo desclasificado se puede leer que Videla hablaba de "excesos o abusos de poder". En esa tónica, amigable para los asesinos como Videla, Massera y Etchecolatz, cargó contra la lucha de los organismos de derechos humanos y afirmó: "estamos en contra del curro de los derechos humanos y los que hicieron negocios con eso", dijo el nefasto defensor del terrorismo de Estado.

La Opinión Popular



 
RECHAZO A MILEI Y A SU DEFENSA DE LA TEORÍA DE LOS EXCESOS DE VIDELA
 
"Ni guerra ni excesos, terrorismo de Estado"
 
Madres, Abuelas, activistas de derechos humanos y las primeras líneas del gobierno repudiaron la negación de los 30 mil del candidato de LLA y desenmascararon su reivindicación del genocidio.


Milei, lejos de arrepentirse de sus dichos, el lunes volvió a refrendarlos en declaraciones radiales en la que reforzó que "no se puede construir desde la mentira", y que referir una cifra diferente a la de 30.000 detenidos desaparecidos "no es negar sino buscar la verdad".

 
La referenta de los organismos de derechos humanos y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó que "el pueblo tiene que despertar", y que "aunque pensemos distinto en algunas cosas hay que preguntarse si todos queremos que este mentiroso, que mancha la historia de nuestro país, sea Presidente". "No puede ser", dijo. Además, expresó que Milei "ofende de una manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos, y a las abuelas que tenemos un doble dolor".


En diálogo con Página12Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, añadió: "Nada se puede esperar de este personaje que, no sólo es negacionista, sino que él y su compañera de fórmula reivindican e intentan justificar el genocidio". "Es un dúo espantoso y lamentable porque permanentemente están faltando el respeto a la memoria de nuestros hijos y sus 30 mil compañeros", reforzó. Para la Madre de Plaza de Mayo también fue muy doloroso que se cuestione la cifra: "Son 30 mil y cada día se presentan más casos que no estaban denunciados", afirmó. 

 
"Las Madres repudiamos totalmente que sigan estos individuos negando y reivindicando el genocidio que ocurrió en nuestro país y que quede muy en claro que no hubo excesos. Los militares del proceso son todos asesinos", dijo la luchadora de 93 años para luego comenzar con una dolorosa enumeración: "¿De qué excesos nos habla? Dios mío. ¿Tirar a las Madres, a las monjas francesas y vaya a saber cuántos más vivos al mar en los vuelos de la muerte consideran que fue una guerra? ¿Torturar embarazadas hasta que tuvieron a sus bebés para después robárselos y matarlas es una guerra? ¿Esos son los 'excesos' de los que hablan? A nuestros hijos los torturaron y murieron bajo los efectos de las cosas horribles que les hicieron y ahora tenemos que soportar estas cosas", remarcó con indignación.
 
Por último, recordó a los jóvenes asesinados durante la Noche de los Lápices, sólo por ser militantes, y a las víctimas de la masacre de San Patricio, en la que fueron asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos. "Hay tantos casos y ellos tienen el tupé de no reconocer que hubo un genocidio. Es lamentable", concluyó. 
 
El jefe de gabinete Agustín Rossi también habló sobre las declaraciones de Milei. Recordó que en el debate de vicepresidentes él había dicho que La Libertad Avanza "es un espacio político sin compromiso con la democracia", y que "ni Milei ni (Victoria) Villarruel usan la palabra 'dictadura', y prefieren denominarlo como 'gobierno militar'". 
  
Además, sobre la cifra, Rossi recordó que existe un documento desclasificado del Gobierno de Estados Unidos del año 1978 en el cual los militares argentinos reconocen que en dos años hicieron desaparecer a 22 mil argentinos. "Si en tres años hicieron desaparecer a 22.000, uno puede determinar ese número de 30.000. Pero utilizan esa discusión para descalificar la lucha de los organismos y porque buscan la reivindicación de los victimarios", puntualizó. 
 
El presidente Alberto Fernández, que vio el debate desde la Quinta de Olivos, también posteó en sus redes sociales una foto con la consigna "Nunca Más". "Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés, generó desapariciones y condenó al exilio a miles de argentinos", expresó. Desde el gobierno consideraron que en el tema de derechos humanos se volvió a ver "que Milei es el original y Bullrich la segunda marca o la copia", porque "los dos tienen un modelo que cierra con represión, solo que Milei habla como Videla y Bullrich lo disfraza diciendo que está a favor de los gendarmes en el caso de Santiago Maldonado".
 
También hubo repudios de organizaciones defensoras de derechos como Amnistía Internacional y el Cels. "No fueron 'excesos'. No fue 'una guerra'. Fue terrorismo de Estado. La cifra está abierta porque aún hay cuerpos que siguen desaparecidos y porque hay cosas que no sabemos", expresó Amnistía a través de la red X. El CELS indicó que Milei "usó los mismos términos con los que los militares intentaron justificar sus crímenes: 'guerra' y 'excesos'", y que con eso "busca enmascarar una verdad".
 
Charly Pisoni de H.I.J.O.S, añadió en diálogo con este diario que "no tenemos que naturalizar a quienes tienen discursos que banalizan o minimizan el genocidio, ni tampoco a los que hacen apología del delito como Milei y Villarruel". Además, expresó sobre el cuestionamiento de la cifra de desaparecidos que "no importa el número final. Lo que importa es que se cometieron delitos atroces y así lo ha reconocido el Estado en distintas sentencias judiciales". 
 
"No sabemos la cifra exacta justamente porque nunca nos han dicho la verdad sobre el destino ni qué hicieron con los cuerpos de los desaparecidos. Pero podemos aprovechar esta situación para que personas como Villarruel, que tuvo y tiene contacto fluido con los genocidas, indague sobre las cifras y nos digan dónde están los cuerpos", remarcó. Por último, Pisoni incitó a fiscales a que denuncien a los candidatos por apología del delito. "Lo que están haciendo no es solo negacionismo, sino apología del delito. Ya que hay tantos fiscales, alguno que escuchó el debate podría actuar de oficio y denunciarlos por eso", concluyó.
 
Por Melisa Molina
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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