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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 30-09-2023 / 10:09
BRENDA ULIARTE APUNTÓ A LAS RELACIONES POLÍTICAS DEL GRUPO QUE INTENTÓ ASESINAR A LA VICEPRESIDENTA

La democracia interferida: Cristina Fernández Kirchner, la candidata que no fue

La democracia interferida: Cristina Fernández Kirchner, la candidata que no fue
Parece un reloj: la Cámara de Casación reabrió dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner que habían sido cerradas por la falta de pruebas. No dijo que había pruebas, sino que la falta de ellas tenía que demostrarse en audiencias abiertas. Por otro lado, la jueza María Eugenia Capuchetti se apresuró a mandar a juicio oral la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, dejando a medio camino la investigación del financiamiento y los posibles instigadores.
Parece un reloj: la Cámara de Casación reabrió dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner que habían sido cerradas por la falta de pruebas. No dijo que había pruebas, sino que la falta de ellas tenía que demostrarse en audiencias abiertas. Por otro lado, la jueza María Eugenia Capuchetti se apresuró a mandar a juicio oral la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, dejando a medio camino la investigación del financiamiento y los posibles instigadores.
 
En el primer caso, el interés principal es el escarnio público amplificado por los medios hegemónicos, como sucedió en la causa de Obras Públicas. En el segundo caso, se evitó poner en evidencia la relación de altos empresarios y dirigentes macristas con el grupo de marginales que intervino en el atentado.
 
La exhortación del tribunal oral a la jueza por la investigación que dejó incompleta y la declaración escrita de Brenda Uliarte, una de las detenidas, más la entrega, por parte del diputado Gerardo Milman, -después de meses de resistirse- de un celular que compró después del atentado, constituyen evidencia, por lo menos de ineptitud de la jueza o de su apuro para evitar esa vía de investigación.
 
La actividad de los acusados en las redes y sus cuentas fueron clausuradas por las empresas tras el atentado. La jueza pidió a las centrales de Nueva York el contenido de esas comunicaciones, pero no esperó la respuesta. El tribunal oral le preguntó ahora si le sigue interesando. Está demostrado que eran comunes en ese activismo las menciones al asesinato de Cristina Kirchner, a veces en broma, a veces como fantasía o como lo que deberían hacer.
 
En su declaración escrita Uliarte confesó que el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, le había dicho que hablaba siempre con "Carolina, la secretaria de un amigo". Carolina Gómez Mónaco es la secretaria de Milman, quien, según Uliarte, financiaba a grupos para que fueran a provocar frente al domicilio de Cristina Kirchner.
 
Y su conversación con Milman dos días antes del atentado, que fue escuchada en forma accidental por otro parroquiano del bar donde se encontraban, fue la que relacionó a Milman con el hecho criminal. A un comentario de su secretaria, el diputado respondió sonriente que "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa".
 
Todos los celulares de esa causa tuvieron problemas. El de Sabag Montiel fue manipulado y, sospechosamente, su contenido se borró por impericia de los que lo abrieron. Los celulares de las secretarias de Milman fueron borrados en una oficina de Patricia Bullrich antes de entregarlos. Milman se negó a entregar el suyo. Y ahora, tras meses de negarse, entregó un aparato cuyo modelo se empezó a vender después de la fecha del atentado.
 
Ivana Bohdziewicz, la otra secretaria de Milman denunció que fue intimidada cuando decidió declarar ante la Justicia y describió cómo habían borrado sus celulares en una oficina de Patricia Bullrich.
 
Tantas anomalías para impedir la investigación de las comunicaciones despiertan muchas sospechas y dejan algunas conjeturas. La primera es que si tanto importó destruir, ocultar o cambiar los celulares, es porque podían revelar contactos, todos relacionados con activistas, dirigentes y empresarios macristas.
 

 
Brenda Uliarte afirmó que Sabag Montiel era incapaz de planear el atentado por sí mismo, que por su personalidad, necesitaba un encuadramiento, un soporte. Al mismo tiempo las maniobras del entorno de Milman y del mismo diputado han sido tan elementales, como entregar un celular que compró después del atentado, que resultó evidente que confiaban en complicidades dentro del Poder Judicial.
 
La declaración de Uliarte dejó en claro que participaban en reuniones de Revolución Federal, que había una relación entre los dos grupos, lo que tampoco se investigó aunque se demostró que Revolución Federal recibía cifras millonarias de una empresa de la familia Caputo, muy ligados a Mauricio Macri. 
 
La Cámara Federal rechazó la unificación de las causas y los de esta banda extremista fueron acusados sólo de "amenazas". Una cosa es financiar a un grupo de provocadores y otra muy diferente si los juzgaran como banda de criminales. La intención de mantener separadas las causas es evidente.
 
Roto el vínculo económico, este grupo de choque que operaba con el macrismo se enroló ahora en las filas de Javier Milei y sus dirigentes más conocidos participan en los actos de los falsos libertarios.
 
La atención puesta en el proceso electoral y la abundancia de información que produce manda a un segundo plano los hechos de persecución judicial contra Cristina Kirchner. Pero, de alguna manera, tanto la elección presidencial del 2015, cuando ganó Mauricio Macri, uno de los principales contratistas del Estado, como el actual proceso electoral, han sido el producto de esa persecución.
 
El respaldo que han tenido candidaturas como las de Macri en su momento o ahora la de Javier Milei constituyen un síntoma de algo que no funciona en el sistema. Hay una interferencia en los sentidos que la sociedad utiliza para decidir.
 
De esa forma, lo que está interferido es el funcionamiento de la democracia. Todo el mundo tiene derecho a ser candidato pero hay razones elementales que ponen algunos límites, como el de no cometer suicidio.
 
Que uno de los principales contratistas del Estado haya presidido el Estado con el cual hace negocios millonarios constituye una metáfora más clara que la famosa del zorro que cuida el gallinero. Desde el punto de vista de una ética republicana es la peor figura que se pueda encontrar en la historia de este país.
 
Seguramente habrán confluido muchas causas para que se produjera este fenómeno donde eran tan evidentes y previsibles las consecuencias funestas para el Estado, para el país y sus habitantes.
 
Pero uno de esos factores era convencer que el único interés de sus adversarios, no de él, era hacer negocios. Tenía que poner el foco en otro lugar, hacer creer que los chorros eran los otros. La complicidad de los medios hegemónicos, el espionaje y la manipulación de funcionarios judiciales fueron los insumos de este formidable dispositivo de enmascaramiento. Y la persecución judicial o lawfare a sus adversarios fue la herramienta principal.
 
Encima, este gobierno, que sufrió los efectos arrasadores de la pandemia, la guerra y la sequía, no supo resolver la situación que dejó Macri con el país endeudado hasta las cejas y como rehén del Fondo Monetario Internacional.
 
El malhumor por la inflación y situación económica en general, sumado a esa fenomenal máquina de enmascaramiento, que no se desmontó, produjo ahora otro candidato al que otra vez le oculta el cartel que lleva en la frente que dice: "desastre seguro".
 
P/D Escribí esta columna con la sensación de que quedará incompleta. Faltará la columna de mañana de Mario Wainfeld, un querido compañero y amigo. Tuve la suerte de compartir con él esta hermosa aventura que es el periodismo.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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