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Nacionales - 30-09-2023 / 10:09
BRENDA ULIARTE APUNTÓ A LAS RELACIONES POLÍTICAS DEL GRUPO QUE INTENTÓ ASESINAR A LA VICEPRESIDENTA

La democracia interferida: Cristina Fernández Kirchner, la candidata que no fue

La democracia interferida: Cristina Fernández Kirchner, la candidata que no fue
Parece un reloj: la Cámara de Casación reabrió dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner que habían sido cerradas por la falta de pruebas. No dijo que había pruebas, sino que la falta de ellas tenía que demostrarse en audiencias abiertas. Por otro lado, la jueza María Eugenia Capuchetti se apresuró a mandar a juicio oral la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, dejando a medio camino la investigación del financiamiento y los posibles instigadores.
Parece un reloj: la Cámara de Casación reabrió dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner que habían sido cerradas por la falta de pruebas. No dijo que había pruebas, sino que la falta de ellas tenía que demostrarse en audiencias abiertas. Por otro lado, la jueza María Eugenia Capuchetti se apresuró a mandar a juicio oral la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, dejando a medio camino la investigación del financiamiento y los posibles instigadores.
 
En el primer caso, el interés principal es el escarnio público amplificado por los medios hegemónicos, como sucedió en la causa de Obras Públicas. En el segundo caso, se evitó poner en evidencia la relación de altos empresarios y dirigentes macristas con el grupo de marginales que intervino en el atentado.
 
La exhortación del tribunal oral a la jueza por la investigación que dejó incompleta y la declaración escrita de Brenda Uliarte, una de las detenidas, más la entrega, por parte del diputado Gerardo Milman, -después de meses de resistirse- de un celular que compró después del atentado, constituyen evidencia, por lo menos de ineptitud de la jueza o de su apuro para evitar esa vía de investigación.
 
La actividad de los acusados en las redes y sus cuentas fueron clausuradas por las empresas tras el atentado. La jueza pidió a las centrales de Nueva York el contenido de esas comunicaciones, pero no esperó la respuesta. El tribunal oral le preguntó ahora si le sigue interesando. Está demostrado que eran comunes en ese activismo las menciones al asesinato de Cristina Kirchner, a veces en broma, a veces como fantasía o como lo que deberían hacer.
 
En su declaración escrita Uliarte confesó que el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, le había dicho que hablaba siempre con "Carolina, la secretaria de un amigo". Carolina Gómez Mónaco es la secretaria de Milman, quien, según Uliarte, financiaba a grupos para que fueran a provocar frente al domicilio de Cristina Kirchner.
 
Y su conversación con Milman dos días antes del atentado, que fue escuchada en forma accidental por otro parroquiano del bar donde se encontraban, fue la que relacionó a Milman con el hecho criminal. A un comentario de su secretaria, el diputado respondió sonriente que "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa".
 
Todos los celulares de esa causa tuvieron problemas. El de Sabag Montiel fue manipulado y, sospechosamente, su contenido se borró por impericia de los que lo abrieron. Los celulares de las secretarias de Milman fueron borrados en una oficina de Patricia Bullrich antes de entregarlos. Milman se negó a entregar el suyo. Y ahora, tras meses de negarse, entregó un aparato cuyo modelo se empezó a vender después de la fecha del atentado.
 
Ivana Bohdziewicz, la otra secretaria de Milman denunció que fue intimidada cuando decidió declarar ante la Justicia y describió cómo habían borrado sus celulares en una oficina de Patricia Bullrich.
 
Tantas anomalías para impedir la investigación de las comunicaciones despiertan muchas sospechas y dejan algunas conjeturas. La primera es que si tanto importó destruir, ocultar o cambiar los celulares, es porque podían revelar contactos, todos relacionados con activistas, dirigentes y empresarios macristas.
 

 
Brenda Uliarte afirmó que Sabag Montiel era incapaz de planear el atentado por sí mismo, que por su personalidad, necesitaba un encuadramiento, un soporte. Al mismo tiempo las maniobras del entorno de Milman y del mismo diputado han sido tan elementales, como entregar un celular que compró después del atentado, que resultó evidente que confiaban en complicidades dentro del Poder Judicial.
 
La declaración de Uliarte dejó en claro que participaban en reuniones de Revolución Federal, que había una relación entre los dos grupos, lo que tampoco se investigó aunque se demostró que Revolución Federal recibía cifras millonarias de una empresa de la familia Caputo, muy ligados a Mauricio Macri. 
 
La Cámara Federal rechazó la unificación de las causas y los de esta banda extremista fueron acusados sólo de "amenazas". Una cosa es financiar a un grupo de provocadores y otra muy diferente si los juzgaran como banda de criminales. La intención de mantener separadas las causas es evidente.
 
Roto el vínculo económico, este grupo de choque que operaba con el macrismo se enroló ahora en las filas de Javier Milei y sus dirigentes más conocidos participan en los actos de los falsos libertarios.
 
La atención puesta en el proceso electoral y la abundancia de información que produce manda a un segundo plano los hechos de persecución judicial contra Cristina Kirchner. Pero, de alguna manera, tanto la elección presidencial del 2015, cuando ganó Mauricio Macri, uno de los principales contratistas del Estado, como el actual proceso electoral, han sido el producto de esa persecución.
 
El respaldo que han tenido candidaturas como las de Macri en su momento o ahora la de Javier Milei constituyen un síntoma de algo que no funciona en el sistema. Hay una interferencia en los sentidos que la sociedad utiliza para decidir.
 
De esa forma, lo que está interferido es el funcionamiento de la democracia. Todo el mundo tiene derecho a ser candidato pero hay razones elementales que ponen algunos límites, como el de no cometer suicidio.
 
Que uno de los principales contratistas del Estado haya presidido el Estado con el cual hace negocios millonarios constituye una metáfora más clara que la famosa del zorro que cuida el gallinero. Desde el punto de vista de una ética republicana es la peor figura que se pueda encontrar en la historia de este país.
 
Seguramente habrán confluido muchas causas para que se produjera este fenómeno donde eran tan evidentes y previsibles las consecuencias funestas para el Estado, para el país y sus habitantes.
 
Pero uno de esos factores era convencer que el único interés de sus adversarios, no de él, era hacer negocios. Tenía que poner el foco en otro lugar, hacer creer que los chorros eran los otros. La complicidad de los medios hegemónicos, el espionaje y la manipulación de funcionarios judiciales fueron los insumos de este formidable dispositivo de enmascaramiento. Y la persecución judicial o lawfare a sus adversarios fue la herramienta principal.
 
Encima, este gobierno, que sufrió los efectos arrasadores de la pandemia, la guerra y la sequía, no supo resolver la situación que dejó Macri con el país endeudado hasta las cejas y como rehén del Fondo Monetario Internacional.
 
El malhumor por la inflación y situación económica en general, sumado a esa fenomenal máquina de enmascaramiento, que no se desmontó, produjo ahora otro candidato al que otra vez le oculta el cartel que lleva en la frente que dice: "desastre seguro".
 
P/D Escribí esta columna con la sensación de que quedará incompleta. Faltará la columna de mañana de Mario Wainfeld, un querido compañero y amigo. Tuve la suerte de compartir con él esta hermosa aventura que es el periodismo.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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