La Opinión Popular
                  07:05  |  Domingo 04 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 29-09-2023 / 10:09
SE APROBÓ CON 38 VOTOS AFIRMATIVOS Y 27 NEGATIVOS

Sergio Massa logró la sanción de la reforma de Ganancias que Mauricio Macri prometió y no cumplió

Sergio Massa logró la sanción de la reforma de Ganancias que Mauricio Macri prometió y no cumplió
El Gobierno rompió el bloqueo que había impuesto la oposición en el Congreso y, en tiempo record, logró que el Senado convirtiera en ley por clara mayoría, 38 votos a 27, la eliminación del impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores impulsada por Sergio Massa. Solo 80.000 gerentes y jubilados de privilegio pagarán ahora el “Impuesto a los Mayores Ingresos”.
Sergio Massa, el ministro y candidato a presidente de Unión por la Patria, consiguió un logro político con la rápida aprobación de la eliminación del impuesto a los trabajadores tuvo en el Congreso y hoy celebrará al encabezar un gran acto de la CGT, la CTA y los movimientos sociales al Congreso. Anticipan que será el acto más masivo de la campaña hasta ahora, la antesala al primer debate de Massa con los demás candidatos presidenciales.
 
"Ningún trabajador volverá a pagar Ganancias", celebró anoche Massa, en una sesión presidida por Cristina Kirchner, la aprobación de la eliminación del tributo para la llamada "cuarta categoría", por lo que ahora sólo lo seguirán pagando menos de cien mil personas entre ejecutivos de empresas, altos funcionarios y jubilados de privilegio.
 
La iniciativa le representó a Massa la recuperación de la iniciativa política luego de las PASO mientras que para la oposición de Juntos por el Cambio se transformó en un dolor de cabeza, dado que nunca se pudo acomodar en el nuevo escenario. El candidato encabezará esta tarde una gran movilización que la CGT, la CTA y los movimientos sociales organizaron como modo de festejo a la sanción, junto al reconocimiento a todas las demás medidas de recomposición de los ingresos tomadas en los últimos días para hacer frente al pico inflacionario.
 
"El salario no es ganancia", fue el eslogan que instaló el oficialismo a lo largo del rápido tratamiento que tuvo el proyecto en el Congreso, de apenas dos semanas. Todo un logro en un Congreso que desde hace tiempo se caracterizó por la falta de acuerdos. "Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo", ironizó la vicepresidenta al recibir a los senadores de la oposición que ingresaron al recinto luego de que el oficialismo consiguiera quórum con 38 legisladores. A los 31 de los bloques de Unión por la Patria se sumaron los cuatro peronistas disidentes y tres de fuerzas provinciales. Los mismos 38 que terminarían votando la iniciativa contra 27 de Juntos por el Cambio y la schiarettista Alejandra Vigo.
 
El argumento repetido por los representantes de la oposición fue que se trataba de una medida electoralista, inflacionaria y que desfinanciará a las provincias, dado que se trataba de un impuesto coparticipable. Otro de los argumentos fue que se trataba de una medida unilateral y que nadie los había consultado acerca de la conveniencia de aplicarla. Pero les resultó muy complicado convencer acerca de por qué algo que habían promovido una y otra vez -incluso fue una de las promesas incumplidas de la campaña de Mauricio Macri en 2015- ahora veían mal.
 
El jefe de la bancada del oficialismo, el formoseño José Mayans, se encargó de desbaratar los argumentos opositores. Por ejemplo, planteando que ellos se enojaban por no haber sido consultados antes del envío del proyecto cuando Mauricio Macri tomó una deuda sideral con el FMI por decreto, lo mismo que la que "Messi" (en referencia al ex ministro Luis "Toto" Caputo, bautizado "el messi de las finanzas" por el entonces jefe de gabinete Marcos Peña) tomó a 100 años. Y si hacían todo ese lío por un punto de coparticipación que se perderá sin Ganancias a los trabajadores, no quería pensar qué sucederá cuando Javier Milei la elimine de un plumazo como promete, algo que consideró inconstitucional.
 
Desde hace unas semanas, Massa puso como eje de su mensaje la recuperación de los ingresos de los trabajadores y jubilados, un objetivo que pudo acompañar con medidas. Es lo que buscará mostrar en el acto en Congreso y también trasladarlo al primer debate presidencial que se realizará el domingo en Santiago del Estero. Es el candidato más formado para la presidencia y eso quedará claro durante la discusión.
 
La Opinión Popular
 

 
Senado: La reforma del impuesto a las Ganancias ya es ley
 
Pasadas las 10 de la noche, los palcos de la Cámara alta del Congreso estallaron en aplausos y comenzaron a cantar la marcha peronista: el Senado había sancionado la eliminación de la cuarta categoría y se había asegurado, así, de que ningún trabajador volviese a pagar el impuesto a las Ganancias a partir de 2024. Con Cristina Fernández de Kirchner presidiendo la sesión, el Frente de Todos logró aprobar, con 38 votos a favor y 27 en contra, el proyecto enviado por Sergio Massa --ausente en la sesión-- que establece que solo pagarán el gravamen aquellos que cobren por encima de los 15 salarios mínimos.
 
A menos de un mes de las elecciones, el Senado le obsequió al ministro de Economía su bandera principal de cara al 22 de octubre: ser el candidato que convirtió en ley la premisa "el salario no es ganancia". "Sin dudas, mi presidencia estará marcada por la recuperación del salario y el ingreso", celebró el ministro candidato de Unión por la Patria en sus redes sociales.
 
La jornada había comenzado a las 14 sin grandes sobresaltos, tal como el oficialismo había anticipado. Con 38 senadores presentes, al Frente de Todos pudo dar inicio a la sesión y romper así con más de cinco meses de parálisis legislativa.
 
Resultado de las negociaciones que había encabezado el jefe de la bancada frentetodista, José Mayans, dieron quórum, además de les 31 senadores oficialistas, los cuatro peronistas díscolos de Unidad Federal --el jujeño Guillermo Snopek, el entrerriano Edgardo Kueider, la puntana Eugenia Catalfamo y el correntino Carlos "Camau" Espínola-- y los tres aliados habituales: el rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.
 
Apenas la pantalla del recinto mostró que el oficialismo había logrado llegar al quórum, les senadores de Juntos por el Cambio, que estaban esperando detrás de las cortinas, decidieron ingresar al recinto. "Qué tal, ¿cómo les va? Tanto tiempo", los recibió con ironía Cristina Fernández de Kirchner.
 
Solo dos eventos interrumpirían la tranquilidad y el buen humor oficialistas. Primero, cuando al comienzo de la sesión uno de los integrantes del Tercer Malón de la Paz --que vienen acampando afuera del Congreso hace semanas en contra de la reforma constitucional de Jujuy-- interrumpió a los gritos desde uno de los palcos.
 
El referente, sin embargo, fue rápidamente retirado por el personal de Seguridad. Más dolor de cabeza generó la aprobación del pliego de Ana María Figueroa, con negociaciones contrarreloj que terminaron en un empate que debió resolver la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala.
 
 
El salario no es ganancia: el debate
 
"Lo que se propone es no considerar ni al salario ni a las jubilaciones una ganancia, sino lo que son: una retribución al trabajo y, en caso el jubilaciones, un haber de retiro. Por eso se instituye que los salarios brutos superiores a 15 salarios mínimos mensuales no están sujeto al impuesto. Por el contrario, quienes perciban por encima de esta cifra, los denominados ingresos altos, si tributarán por la diferencia entre el mínimo no imponible y estarán sujetos a alícuotas que van del 27 al 35 por ciento", sintetizó el presidente de la comisión de Presupuesto, el riojano Ricardo Guerra, al momento de iniciar el debate.
 
La primera etapa de la discusión se desarrollaría con tranquilidad: luego de más de cuatro horas que consumió la aprobación de los pliegos judiciales, la mayoría de les senadores se había retirado del recinto para comer o estirar las piernas. Los primeros discursos fueron, incluso, los más apacibles.
 
El encargado de defender el dictamen de rechazo de Juntos por el Cambio fue el radical víctor Zimmermann, quien optó por enfocarse en el costo fiscal que tendría que más de 800 mil trabajadores dejasen de pagar Ganancias. "La pérdida de recaudación que van a tener las provincias argentinas de aprobarse este proyecto, a partir 2024, va a ser de un 1,7 billones", denunció el chaqueño.
 
Les senadores cambiemitas --que fueron cuestionados sistemáticamente por el oficialismo por haber cambiado de opinión respecto a la eliminación de la cuarta categoría apenas Sergio Massa envió el proyecto al Congreso-- optaron por dos objeciones: el costo fiscal que tendría la medida, por un lado, y el carácter electoralista de la medida, por otro.
 
"El Presupuesto no contempla ni un rediseño tributario del impuesto a las Ganancias, no contempla la caída en la recaudación, no contempla el impacto en déficit, no contempla el impacto en la emisión, no contempla el impacto en la inflación", cuestionó Martín Lousteau (Evolución).
 
"Ustedes son una bolsa de gatos. Quiero que sepan que no van a terminar ni con el kirchnerismo ni con el peronismo. Y tampoco van a terminar con los trabajadores, porque esta es una justa reivindicación y se lo merecen", los chicaneó el chaqueño Antonio Rodas (FdT).
 
Una de las defensas más encendidas del proyecto provino, sin embargo, de Alberto Weretilneck. "Estamos viviendo un momento absolutamente histórico desde el punto de vista de derechos de los trabajadores al terminar con 87 años de un impuesto que gravó el salario de las mujeres y hombres", celebró el gobernador electo de Río Negro, quien optó finalizar el discurso felicitando a Sergio Massa: "Estoy absolutamente orgulloso que mi amigo el ministro haya tomado esta decisión".
 
"Nosotros sostenemos el principio de que sin justicia social no hay paz social. Sin paz social hay violencia social. Y trabajar por la justicia social es trabajar por la dignidad humana", arrancó, al momento del cierre, José Mayans. Para entonces CFK ya había regresado al recinto y los palcos se habían colmado de dirigentes sindicales. Estaban el triunviro de la CGT, Pablo Moyano, el diputado Sergio Palazzo (La Bancaria), Omar Plaini (Canillitas), el candidato a diputado nacional, Mario "Paco" Manrique (Smata), y Norberto Di Próspero (Legislativos).
 
Los cinco se habían reunido previamente con CFK en su despacho. Sergio Massa, mientras tanto, había pasado por el Senado por la tarde, pero no estuvo presente en el recinto. Este viernes hablará en el acto que la CGT realizará frente al Congreso.
 
Mayans despachó durante casi media hora contra Mauricio Macri, Javier Milei y JxC en general. "Acá han presentado proyectos y ahora no le gusta porque es del Ejecutivo. Gataflorismo puro. Estamos hablando de un proyecto que beneficia a casi 900 mil trabajadores", los chicaneó. CFK se reía. "Ya está, basta, terminá", le empezó a gritar, furioso, el radical Alfredo Cornejo. CFK intentó poner orden, pero el propio Mayans, risueño, decidió finalizar. Apenas unos minutos después, el recinto estalló en aplausos: con 38 votos a favor y 27 en contra, el Senado convirtió en ley la reforma de Ganancias. Todes les senadores que habían dado quórum acompañaron la incitativa, incluso Solari Quintana, que se había ausentado durante la votación del pliego de Figueroa.
 
Mientras la CGT compartía un documento celebrando la sanción, los sindicalistas en los palcos comenzaron a cantar la marcha peronista. Primero tímidos, y después con fuerza, le siguieron les senadores del FdT.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

Agreganos como amigo a Facebook
02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar