La Opinión Popular
                  04:45  |  Lunes 05 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 02-06-2023 / 12:06
EL MENSAJE MAFIOSO QUE ENVIÓ CON EL FALLO CONTRA SERGIO UÑAC SOLO FAVORECE AL MACRISMO

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo
Sin que la causa pasara por el máximo tribunal de San Juan, los jueces Carlos Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz resolvieron que el gobernador Uñac no puede presentarse para un tercer mandato. La sentencia confirma la decisión de la Corte Suprema de incidir en el proceso electoral, a favor de Juntos por el Cambio, y establece un criterio amplio para restringir las reelecciones, que amenaza con extenderse a otros casos, como el de Gildo Insfrán en Formosa.
Este jueves, la Corte Suprema resolvió la inhabilitación de Sergio Uñac como candidato a gobernador en las próximas elecciones de San Juan, señalando que la reelección en sucesivos mandatos implica "el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia". Los jueces supremos, que el pueblo no eligió y duran de por vida, ratifican así la decisión arbitraria que tomaron el 10 de marzo al suspender las elecciones provinciales en San Juan y también en Tucumán, a cinco días de su realización.
 
Al rechazar que Uñac pueda presentarse en elecciones como gobernador de San Juan, la Corte ratifica su decisión arbitraria de intervenir en las elecciones provinciales, en contra del federalismo, poniendo un límite a intentos reeleccionistas pero con una parcialidad política evidente a favor de Juntos por el Cambio, ya que no cuestiona de la misma manera aspectos antidemocráticos importantes de los gobiernos macristas como el de Jujuy. Con este fallo la Corte sienta un precedente que podría ser aplicado en otras provincias, como el caso de Gildo Insfrán en Formosa, o el de las reelecciones de intendentes bonaerenses.
 
La arbitrariedad y parcialidad política del accionar resulta evidente al ver que las fundamentaciones esgrimidas, en defensa de la Constitución Nacional, el "republicanismo" y la democracia solo funcionan para cuestionar los intentos reeleccionistas de algunos gobernadores, que por "casualidad" son todos peronistas. La votación fue conjunta de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, con la concurrencia de Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no votó ya que no había intervenido en las medidas cautelares previas. El máximo tribunal estableció además un criterio amplio en materia de prohibición de reelecciones.
 
El fallo establece que, aunque no hubiera una prohibición en la constitución provincial -que sí la hay en el caso de San Juan-, también está prohibida la reelección con base en la Constitución Nacional. De esta forma, abre la puerta a avanzar mucho más aún su injerencia en declarar la inconstitucionalidad de otras reelecciones indefinidas, que son admitidas en provincias como Formosa o en las intendencias por ser contrarias al artículo 5 de la Constitución Nacional.
 
La peligrosa puerta que se abre es lo suficientemente amplia como para dar un enorme paso en la autoadjudicación de la Corte en materias electorales, provinciales e incluso municipales. Una vez más, el Poder Judicial, cuestionado por corrupción, con cuatro jueces a la cabeza que la población no vota democráticamente, sueldos y condiciones de privilegios, no sólo opta por decidir sobre las condiciones en las que ejercen su voto en los casos impugnados, sino que habla de valores democráticos que no se aplican ellos mismos.
 
Si no caben dudas que la reelección indefinida es antidemocrática, ¿qué habría que decir entonces, de jueces que nunca fueron votados de forma directa y mantendrán su cargo toda la vida? La crisis política que atraviesa el país permite que el Poder Judicial se arrogue a sí mismo cada vez más facultades para arbitrar a favor de una variante derechista de gobierno, algo que ya ocurrió en países como Brasil. La debilidad del peronismo para enfrentarlo quedó demostrada al evitar cuestionar en las calles el avance de las posiciones más reaccionarias, que incluyen a grandes sectores del Poder Judicial.
 
La disputa entre el gobierno y el Poder Judicial unido a Juntos por el Cambio termina en la puja por mayores cuotas de poder, por tener jueces propios, gobernadores propios, pero lejísimos de buscar representar algún interés favorable a las grandes mayorías populares.
 
La Opinión Popular
 

 
EL DEDO SUPREMO DEFINE CANDIDATOS Y APUNTA CONTRA LAS REELECCIONES
 
El mensaje que envió la Corte con el fallo contra Sergio Uñac
 
Por Irina Hauser
 
En un fallo sin sorpresas, pero a tono con la decisión de tallar en el proceso electoral actual, la Corte Suprema inhabilitó a Sergio Uñac a postularse para un tercer mandato como gobernador de San Juan. Los supremos -por mayoría- se arrogaron la competencia originaria sin que el caso hubiera pasado por el máximo tribunal provincial y concluyeron que una nueva candidatura de Uñac sería contraria a las bases de lo que ellos entienden por "republicanismo" que, dicen, implica evitar la perpetuación en el poder.
 
Esa concepción, como es evidente, no incluye a sus propios cargos vitalicios. Más allá de la interpretación de la Constitución provincial, la sentencia establece un criterio amplio para restringir las reelecciones que parece dejar la posibilidad latente, o el amague, de extenderse a otros casos planteados ante la propia Corte, como el de la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa.
 
La Corte dio el primer golpe fuerte cuando suspendió con solo seis días de anticipación las elecciones en San Juan y Tucumán al hacer lugar a medidas cautelares de la oposición y marcar el inicio de una ofensiva contra el peronismo. A nadie se le escapó, además, que fue en medio del juicio político a los jueces supremos.
 
Los fundamentos adelantaban el desenlace tras admitir la competencia, pese a que la Procuración General, con la firma de Laura Monti, decía que eran asuntos provinciales. Así comenzaron a llover presentaciones ante el máximo tribunal contra Insfrán, contra la reelección de intendentes bonaerenses y tal vez se venga algo más. Se saltean las instancias provinciales porque suponen que tendrán el cobijo de los cortesanos.
 
"Si ahora todo es competencia originaria, no tienen sentido el resto de los tribunales", se quejan algunos jueces. Como es conocido, en Tucumán el gobernador Juan Manzur se bajó de la candidatura a vicegobernador antes de que los cortesanos resolvieran la cuestión de fondo. Pero Uñac resistió y la Corte falló.
 
Ahora se viene la danza de nombres para la nueva fórmula sanjuanina, que fue variando en la semana. La última versión dice que Rubén Uñac, senador nacional y hermano del gobernador, sería su reemplazante en la boleta y quedaría como vice  Cristian Andino. No está claro aún. La votación se realizaría la primera quincena de julio.
 
 
Diferencias internas
  
El voto que encabeza la sentencia es de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y declara que "el señor Sergio Uñac se encuentra inhabilitado por el artículo 175 de la Constitución provincial para ser candidato a gobernador para el nuevo período que comienza el 10 de diciembre de 2023".
 
El dúo entiende que la norma provincial limita las reelecciones y que Uñac quería hacer trampa. Agrega que su postulación "se funda en una interpretación contraria al artículo 5° de la Constitución Nacional" ya que "lesiona 'la esencia del sistema representativo republicano' que las provincias están obligadas a cumplir".
 
El voto de Carlos Rosenkrantz va más lejos y apunta directamente a que las reelecciones deberían estar prohibidas porque, a su criterio, conllevan el riesgo de que el pueblo deje de estar debidamente representado y se dañe la democracia. Ricardo Lorenzetti no se pronunció, en teoría porque no intervino antes en la medida cautelar. La incógnita es qué hará en otras causas.
 
 
El caso
  
La candidatura de Uñac (Vamos San Juan), avalada por el Tribunal Electoral provincial, había sido impugnada por Sergio Guillermo Vallejos Mini, candidato a gobernador alineado con Javier Milei dentro de la coalición electoral Unidos por San Juan (Juntos por el Cambio y aliados).
 
El procurador interino Eduardo Casal dictaminó contra la nueva postulación y -aunque su opinión no es vinculante- sirvió de base para la Corte. El fallo supremo establece que de la Constitución Nacional surge una supuesta pauta republicana que limita las reelecciones aunque las constituciones locales no lo hagan en forma explícita. Visto de esa manera, el criterio podría proyectarse a otros casos de gobernadores e intendentes. El tribunal justifica su intromisión en la autonomía provincial diciendo que es "garante del orden institucional" y que eso implica "asegurar el sistema representativo y republicano".
 
La Constitución sanjuanina dice que "el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces". Uñac fue vicegobernador en el período 2011-2015, luego gobernador entre 2015 y 2019 y otra vez gobernador hasta este año. Tanto él como el tribunal electoral dicen que el límite de tres mandatos rige solo para el mismo cargo.
 
Pero según Rosatti y Maqueda, eso "significaría que Uñac podría desempeñarse como gobernador y vicegobernador de manera consecutiva e indefinida. Así, una persona podría ejercer el mismo cargo durante uno, dos o tres mandatos consecutivos e inmediatamente después desempeñar el otro cargo del binomio también por uno, dos, o tres mandatos consecutivos, repitiendo el ciclo de manera indefinida". Para ellos esto no está habilitado por la Constitución local y es antirepublicano.
 
 
El antecedente
  
Su voto señala similitudes con el fallo de 2019 donde inhabilitaron a Alberto Weretilneck para la reelección como gobernador de Río Negro. Incluso citan párrafos enteros de aquella sentencia como el que destacaba como "virtud republicana" la de "desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos".
 
"En efecto la vigencia del sistema republicano presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades", decían entonces y ahora. Otra frase que recuperan: "La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución".
 
En el caso de Río Negro no hubo medida cautelar sino directamente un fallo sobre el fondo con la firma de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz había votado en disidencia. Para hacer algo distinto con San Juan debía justificarse: al dictar la cautelar contra Uñac dijo que quien denunciaba a Weretilneck (el actual ministro de Justicia, Martín Soria) no había demostrado que se quisiera perpetuar en el poder y que la cuestión había sido resuelta por la Justicia local.
 
En el fallo de fondo contra Uñac, Rosenkrantz se despachó con un extenso voto. "No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano", sostuvo.
 
"La influencia -se explayó- en la composición del Poder Judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las 'condiciones generales de igualdad' en la competencia electoral".
 
 
Lecturas y críticas
  
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el voto de Rosatti y Maqueda "responde a una lógica federal diferente de la voluntad del constituyente provincial", mientras que Rosenkrantz "construye un federalismo sometido a la imposición de la interpretación judicial del principio republicano", lo que habilitaría a meterse con las constituciones provinciales.
 
El jurista, que se presentó en la Corte contra la reelección de intendentes bonaerenses, había advertido ante la suspensión de elecciones que la Corte estaba haciendo política. Otro especialista, Gustavo Arballo, señaló que el voto de Rosenkrantz parece dedicado a avalar las objeciones a las reelección indefinida en Formosa. En el papel de traductor del fallo, señaló que la Corte sostiene un concepto que no es nuevo: que la Constitución Nacional le da al máximo tribunal la "posición de garante" para "interpretar el derecho local".
 
En una columna publicada en este diario el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra decía que no le agradan las reelecciones porque autorizan "a los oficialismos a utilizar aparatos y no estarían todos, absolutamente todos los ciudadanos, en igualdad de oportunidades para participar". Pese a eso, aclaraba, "la reelección no es contraria a Derecho. Contrario a Derecho es no elegir". Si las constituciones locales no las prohíben expresamente, decía, las reelecciones deben ser admitidas porque "no avasallan terminantemente ni la representatividad ni el republicanismo" y, en todo caso, si se quiere establecer una prohibición general habría que hacer una reforma constitucional.
 
Ferreyra cuestionó el fallo contra Uñac: las reelecciones, dijo, "una vez consagradas en las constituciones, incluso las indefinidas, son una declaración de la ciudadanía de una provincia y solamente pueden ser cambiadas bajo la misma dirección suprema del pueblo". "Pareciera emerger una nueva doctrina judicial emanada de la mayoría de los jueces de la Corte, según la cual la pauta republicana debe desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos". Esto dice, "lesiona irreparablemente la soberanía del pueblo".
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

Agreganos como amigo a Facebook
04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar