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Nacionales - 02-06-2023 / 12:06
EL MENSAJE MAFIOSO QUE ENVIÓ CON EL FALLO CONTRA SERGIO UÑAC SOLO FAVORECE AL MACRISMO

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo
Sin que la causa pasara por el máximo tribunal de San Juan, los jueces Carlos Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz resolvieron que el gobernador Uñac no puede presentarse para un tercer mandato. La sentencia confirma la decisión de la Corte Suprema de incidir en el proceso electoral, a favor de Juntos por el Cambio, y establece un criterio amplio para restringir las reelecciones, que amenaza con extenderse a otros casos, como el de Gildo Insfrán en Formosa.
Este jueves, la Corte Suprema resolvió la inhabilitación de Sergio Uñac como candidato a gobernador en las próximas elecciones de San Juan, señalando que la reelección en sucesivos mandatos implica "el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia". Los jueces supremos, que el pueblo no eligió y duran de por vida, ratifican así la decisión arbitraria que tomaron el 10 de marzo al suspender las elecciones provinciales en San Juan y también en Tucumán, a cinco días de su realización.
 
Al rechazar que Uñac pueda presentarse en elecciones como gobernador de San Juan, la Corte ratifica su decisión arbitraria de intervenir en las elecciones provinciales, en contra del federalismo, poniendo un límite a intentos reeleccionistas pero con una parcialidad política evidente a favor de Juntos por el Cambio, ya que no cuestiona de la misma manera aspectos antidemocráticos importantes de los gobiernos macristas como el de Jujuy. Con este fallo la Corte sienta un precedente que podría ser aplicado en otras provincias, como el caso de Gildo Insfrán en Formosa, o el de las reelecciones de intendentes bonaerenses.
 
La arbitrariedad y parcialidad política del accionar resulta evidente al ver que las fundamentaciones esgrimidas, en defensa de la Constitución Nacional, el "republicanismo" y la democracia solo funcionan para cuestionar los intentos reeleccionistas de algunos gobernadores, que por "casualidad" son todos peronistas. La votación fue conjunta de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, con la concurrencia de Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no votó ya que no había intervenido en las medidas cautelares previas. El máximo tribunal estableció además un criterio amplio en materia de prohibición de reelecciones.
 
El fallo establece que, aunque no hubiera una prohibición en la constitución provincial -que sí la hay en el caso de San Juan-, también está prohibida la reelección con base en la Constitución Nacional. De esta forma, abre la puerta a avanzar mucho más aún su injerencia en declarar la inconstitucionalidad de otras reelecciones indefinidas, que son admitidas en provincias como Formosa o en las intendencias por ser contrarias al artículo 5 de la Constitución Nacional.
 
La peligrosa puerta que se abre es lo suficientemente amplia como para dar un enorme paso en la autoadjudicación de la Corte en materias electorales, provinciales e incluso municipales. Una vez más, el Poder Judicial, cuestionado por corrupción, con cuatro jueces a la cabeza que la población no vota democráticamente, sueldos y condiciones de privilegios, no sólo opta por decidir sobre las condiciones en las que ejercen su voto en los casos impugnados, sino que habla de valores democráticos que no se aplican ellos mismos.
 
Si no caben dudas que la reelección indefinida es antidemocrática, ¿qué habría que decir entonces, de jueces que nunca fueron votados de forma directa y mantendrán su cargo toda la vida? La crisis política que atraviesa el país permite que el Poder Judicial se arrogue a sí mismo cada vez más facultades para arbitrar a favor de una variante derechista de gobierno, algo que ya ocurrió en países como Brasil. La debilidad del peronismo para enfrentarlo quedó demostrada al evitar cuestionar en las calles el avance de las posiciones más reaccionarias, que incluyen a grandes sectores del Poder Judicial.
 
La disputa entre el gobierno y el Poder Judicial unido a Juntos por el Cambio termina en la puja por mayores cuotas de poder, por tener jueces propios, gobernadores propios, pero lejísimos de buscar representar algún interés favorable a las grandes mayorías populares.
 
La Opinión Popular
 

 
EL DEDO SUPREMO DEFINE CANDIDATOS Y APUNTA CONTRA LAS REELECCIONES
 
El mensaje que envió la Corte con el fallo contra Sergio Uñac
 
Por Irina Hauser
 
En un fallo sin sorpresas, pero a tono con la decisión de tallar en el proceso electoral actual, la Corte Suprema inhabilitó a Sergio Uñac a postularse para un tercer mandato como gobernador de San Juan. Los supremos -por mayoría- se arrogaron la competencia originaria sin que el caso hubiera pasado por el máximo tribunal provincial y concluyeron que una nueva candidatura de Uñac sería contraria a las bases de lo que ellos entienden por "republicanismo" que, dicen, implica evitar la perpetuación en el poder.
 
Esa concepción, como es evidente, no incluye a sus propios cargos vitalicios. Más allá de la interpretación de la Constitución provincial, la sentencia establece un criterio amplio para restringir las reelecciones que parece dejar la posibilidad latente, o el amague, de extenderse a otros casos planteados ante la propia Corte, como el de la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa.
 
La Corte dio el primer golpe fuerte cuando suspendió con solo seis días de anticipación las elecciones en San Juan y Tucumán al hacer lugar a medidas cautelares de la oposición y marcar el inicio de una ofensiva contra el peronismo. A nadie se le escapó, además, que fue en medio del juicio político a los jueces supremos.
 
Los fundamentos adelantaban el desenlace tras admitir la competencia, pese a que la Procuración General, con la firma de Laura Monti, decía que eran asuntos provinciales. Así comenzaron a llover presentaciones ante el máximo tribunal contra Insfrán, contra la reelección de intendentes bonaerenses y tal vez se venga algo más. Se saltean las instancias provinciales porque suponen que tendrán el cobijo de los cortesanos.
 
"Si ahora todo es competencia originaria, no tienen sentido el resto de los tribunales", se quejan algunos jueces. Como es conocido, en Tucumán el gobernador Juan Manzur se bajó de la candidatura a vicegobernador antes de que los cortesanos resolvieran la cuestión de fondo. Pero Uñac resistió y la Corte falló.
 
Ahora se viene la danza de nombres para la nueva fórmula sanjuanina, que fue variando en la semana. La última versión dice que Rubén Uñac, senador nacional y hermano del gobernador, sería su reemplazante en la boleta y quedaría como vice  Cristian Andino. No está claro aún. La votación se realizaría la primera quincena de julio.
 
 
Diferencias internas
  
El voto que encabeza la sentencia es de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y declara que "el señor Sergio Uñac se encuentra inhabilitado por el artículo 175 de la Constitución provincial para ser candidato a gobernador para el nuevo período que comienza el 10 de diciembre de 2023".
 
El dúo entiende que la norma provincial limita las reelecciones y que Uñac quería hacer trampa. Agrega que su postulación "se funda en una interpretación contraria al artículo 5° de la Constitución Nacional" ya que "lesiona 'la esencia del sistema representativo republicano' que las provincias están obligadas a cumplir".
 
El voto de Carlos Rosenkrantz va más lejos y apunta directamente a que las reelecciones deberían estar prohibidas porque, a su criterio, conllevan el riesgo de que el pueblo deje de estar debidamente representado y se dañe la democracia. Ricardo Lorenzetti no se pronunció, en teoría porque no intervino antes en la medida cautelar. La incógnita es qué hará en otras causas.
 
 
El caso
  
La candidatura de Uñac (Vamos San Juan), avalada por el Tribunal Electoral provincial, había sido impugnada por Sergio Guillermo Vallejos Mini, candidato a gobernador alineado con Javier Milei dentro de la coalición electoral Unidos por San Juan (Juntos por el Cambio y aliados).
 
El procurador interino Eduardo Casal dictaminó contra la nueva postulación y -aunque su opinión no es vinculante- sirvió de base para la Corte. El fallo supremo establece que de la Constitución Nacional surge una supuesta pauta republicana que limita las reelecciones aunque las constituciones locales no lo hagan en forma explícita. Visto de esa manera, el criterio podría proyectarse a otros casos de gobernadores e intendentes. El tribunal justifica su intromisión en la autonomía provincial diciendo que es "garante del orden institucional" y que eso implica "asegurar el sistema representativo y republicano".
 
La Constitución sanjuanina dice que "el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces". Uñac fue vicegobernador en el período 2011-2015, luego gobernador entre 2015 y 2019 y otra vez gobernador hasta este año. Tanto él como el tribunal electoral dicen que el límite de tres mandatos rige solo para el mismo cargo.
 
Pero según Rosatti y Maqueda, eso "significaría que Uñac podría desempeñarse como gobernador y vicegobernador de manera consecutiva e indefinida. Así, una persona podría ejercer el mismo cargo durante uno, dos o tres mandatos consecutivos e inmediatamente después desempeñar el otro cargo del binomio también por uno, dos, o tres mandatos consecutivos, repitiendo el ciclo de manera indefinida". Para ellos esto no está habilitado por la Constitución local y es antirepublicano.
 
 
El antecedente
  
Su voto señala similitudes con el fallo de 2019 donde inhabilitaron a Alberto Weretilneck para la reelección como gobernador de Río Negro. Incluso citan párrafos enteros de aquella sentencia como el que destacaba como "virtud republicana" la de "desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos".
 
"En efecto la vigencia del sistema republicano presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades", decían entonces y ahora. Otra frase que recuperan: "La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución".
 
En el caso de Río Negro no hubo medida cautelar sino directamente un fallo sobre el fondo con la firma de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz había votado en disidencia. Para hacer algo distinto con San Juan debía justificarse: al dictar la cautelar contra Uñac dijo que quien denunciaba a Weretilneck (el actual ministro de Justicia, Martín Soria) no había demostrado que se quisiera perpetuar en el poder y que la cuestión había sido resuelta por la Justicia local.
 
En el fallo de fondo contra Uñac, Rosenkrantz se despachó con un extenso voto. "No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano", sostuvo.
 
"La influencia -se explayó- en la composición del Poder Judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las 'condiciones generales de igualdad' en la competencia electoral".
 
 
Lecturas y críticas
  
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el voto de Rosatti y Maqueda "responde a una lógica federal diferente de la voluntad del constituyente provincial", mientras que Rosenkrantz "construye un federalismo sometido a la imposición de la interpretación judicial del principio republicano", lo que habilitaría a meterse con las constituciones provinciales.
 
El jurista, que se presentó en la Corte contra la reelección de intendentes bonaerenses, había advertido ante la suspensión de elecciones que la Corte estaba haciendo política. Otro especialista, Gustavo Arballo, señaló que el voto de Rosenkrantz parece dedicado a avalar las objeciones a las reelección indefinida en Formosa. En el papel de traductor del fallo, señaló que la Corte sostiene un concepto que no es nuevo: que la Constitución Nacional le da al máximo tribunal la "posición de garante" para "interpretar el derecho local".
 
En una columna publicada en este diario el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra decía que no le agradan las reelecciones porque autorizan "a los oficialismos a utilizar aparatos y no estarían todos, absolutamente todos los ciudadanos, en igualdad de oportunidades para participar". Pese a eso, aclaraba, "la reelección no es contraria a Derecho. Contrario a Derecho es no elegir". Si las constituciones locales no las prohíben expresamente, decía, las reelecciones deben ser admitidas porque "no avasallan terminantemente ni la representatividad ni el republicanismo" y, en todo caso, si se quiere establecer una prohibición general habría que hacer una reforma constitucional.
 
Ferreyra cuestionó el fallo contra Uñac: las reelecciones, dijo, "una vez consagradas en las constituciones, incluso las indefinidas, son una declaración de la ciudadanía de una provincia y solamente pueden ser cambiadas bajo la misma dirección suprema del pueblo". "Pareciera emerger una nueva doctrina judicial emanada de la mayoría de los jueces de la Corte, según la cual la pauta republicana debe desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos". Esto dice, "lesiona irreparablemente la soberanía del pueblo".
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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