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Nacionales - 02-06-2023 / 12:06
EL MENSAJE MAFIOSO QUE ENVIÓ CON EL FALLO CONTRA SERGIO UÑAC SOLO FAVORECE AL MACRISMO

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo
Sin que la causa pasara por el máximo tribunal de San Juan, los jueces Carlos Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz resolvieron que el gobernador Uñac no puede presentarse para un tercer mandato. La sentencia confirma la decisión de la Corte Suprema de incidir en el proceso electoral, a favor de Juntos por el Cambio, y establece un criterio amplio para restringir las reelecciones, que amenaza con extenderse a otros casos, como el de Gildo Insfrán en Formosa.
Este jueves, la Corte Suprema resolvió la inhabilitación de Sergio Uñac como candidato a gobernador en las próximas elecciones de San Juan, señalando que la reelección en sucesivos mandatos implica "el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia". Los jueces supremos, que el pueblo no eligió y duran de por vida, ratifican así la decisión arbitraria que tomaron el 10 de marzo al suspender las elecciones provinciales en San Juan y también en Tucumán, a cinco días de su realización.
 
Al rechazar que Uñac pueda presentarse en elecciones como gobernador de San Juan, la Corte ratifica su decisión arbitraria de intervenir en las elecciones provinciales, en contra del federalismo, poniendo un límite a intentos reeleccionistas pero con una parcialidad política evidente a favor de Juntos por el Cambio, ya que no cuestiona de la misma manera aspectos antidemocráticos importantes de los gobiernos macristas como el de Jujuy. Con este fallo la Corte sienta un precedente que podría ser aplicado en otras provincias, como el caso de Gildo Insfrán en Formosa, o el de las reelecciones de intendentes bonaerenses.
 
La arbitrariedad y parcialidad política del accionar resulta evidente al ver que las fundamentaciones esgrimidas, en defensa de la Constitución Nacional, el "republicanismo" y la democracia solo funcionan para cuestionar los intentos reeleccionistas de algunos gobernadores, que por "casualidad" son todos peronistas. La votación fue conjunta de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, con la concurrencia de Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no votó ya que no había intervenido en las medidas cautelares previas. El máximo tribunal estableció además un criterio amplio en materia de prohibición de reelecciones.
 
El fallo establece que, aunque no hubiera una prohibición en la constitución provincial -que sí la hay en el caso de San Juan-, también está prohibida la reelección con base en la Constitución Nacional. De esta forma, abre la puerta a avanzar mucho más aún su injerencia en declarar la inconstitucionalidad de otras reelecciones indefinidas, que son admitidas en provincias como Formosa o en las intendencias por ser contrarias al artículo 5 de la Constitución Nacional.
 
La peligrosa puerta que se abre es lo suficientemente amplia como para dar un enorme paso en la autoadjudicación de la Corte en materias electorales, provinciales e incluso municipales. Una vez más, el Poder Judicial, cuestionado por corrupción, con cuatro jueces a la cabeza que la población no vota democráticamente, sueldos y condiciones de privilegios, no sólo opta por decidir sobre las condiciones en las que ejercen su voto en los casos impugnados, sino que habla de valores democráticos que no se aplican ellos mismos.
 
Si no caben dudas que la reelección indefinida es antidemocrática, ¿qué habría que decir entonces, de jueces que nunca fueron votados de forma directa y mantendrán su cargo toda la vida? La crisis política que atraviesa el país permite que el Poder Judicial se arrogue a sí mismo cada vez más facultades para arbitrar a favor de una variante derechista de gobierno, algo que ya ocurrió en países como Brasil. La debilidad del peronismo para enfrentarlo quedó demostrada al evitar cuestionar en las calles el avance de las posiciones más reaccionarias, que incluyen a grandes sectores del Poder Judicial.
 
La disputa entre el gobierno y el Poder Judicial unido a Juntos por el Cambio termina en la puja por mayores cuotas de poder, por tener jueces propios, gobernadores propios, pero lejísimos de buscar representar algún interés favorable a las grandes mayorías populares.
 
La Opinión Popular
 

 
EL DEDO SUPREMO DEFINE CANDIDATOS Y APUNTA CONTRA LAS REELECCIONES
 
El mensaje que envió la Corte con el fallo contra Sergio Uñac
 
Por Irina Hauser
 
En un fallo sin sorpresas, pero a tono con la decisión de tallar en el proceso electoral actual, la Corte Suprema inhabilitó a Sergio Uñac a postularse para un tercer mandato como gobernador de San Juan. Los supremos -por mayoría- se arrogaron la competencia originaria sin que el caso hubiera pasado por el máximo tribunal provincial y concluyeron que una nueva candidatura de Uñac sería contraria a las bases de lo que ellos entienden por "republicanismo" que, dicen, implica evitar la perpetuación en el poder.
 
Esa concepción, como es evidente, no incluye a sus propios cargos vitalicios. Más allá de la interpretación de la Constitución provincial, la sentencia establece un criterio amplio para restringir las reelecciones que parece dejar la posibilidad latente, o el amague, de extenderse a otros casos planteados ante la propia Corte, como el de la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa.
 
La Corte dio el primer golpe fuerte cuando suspendió con solo seis días de anticipación las elecciones en San Juan y Tucumán al hacer lugar a medidas cautelares de la oposición y marcar el inicio de una ofensiva contra el peronismo. A nadie se le escapó, además, que fue en medio del juicio político a los jueces supremos.
 
Los fundamentos adelantaban el desenlace tras admitir la competencia, pese a que la Procuración General, con la firma de Laura Monti, decía que eran asuntos provinciales. Así comenzaron a llover presentaciones ante el máximo tribunal contra Insfrán, contra la reelección de intendentes bonaerenses y tal vez se venga algo más. Se saltean las instancias provinciales porque suponen que tendrán el cobijo de los cortesanos.
 
"Si ahora todo es competencia originaria, no tienen sentido el resto de los tribunales", se quejan algunos jueces. Como es conocido, en Tucumán el gobernador Juan Manzur se bajó de la candidatura a vicegobernador antes de que los cortesanos resolvieran la cuestión de fondo. Pero Uñac resistió y la Corte falló.
 
Ahora se viene la danza de nombres para la nueva fórmula sanjuanina, que fue variando en la semana. La última versión dice que Rubén Uñac, senador nacional y hermano del gobernador, sería su reemplazante en la boleta y quedaría como vice  Cristian Andino. No está claro aún. La votación se realizaría la primera quincena de julio.
 
 
Diferencias internas
  
El voto que encabeza la sentencia es de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y declara que "el señor Sergio Uñac se encuentra inhabilitado por el artículo 175 de la Constitución provincial para ser candidato a gobernador para el nuevo período que comienza el 10 de diciembre de 2023".
 
El dúo entiende que la norma provincial limita las reelecciones y que Uñac quería hacer trampa. Agrega que su postulación "se funda en una interpretación contraria al artículo 5° de la Constitución Nacional" ya que "lesiona 'la esencia del sistema representativo republicano' que las provincias están obligadas a cumplir".
 
El voto de Carlos Rosenkrantz va más lejos y apunta directamente a que las reelecciones deberían estar prohibidas porque, a su criterio, conllevan el riesgo de que el pueblo deje de estar debidamente representado y se dañe la democracia. Ricardo Lorenzetti no se pronunció, en teoría porque no intervino antes en la medida cautelar. La incógnita es qué hará en otras causas.
 
 
El caso
  
La candidatura de Uñac (Vamos San Juan), avalada por el Tribunal Electoral provincial, había sido impugnada por Sergio Guillermo Vallejos Mini, candidato a gobernador alineado con Javier Milei dentro de la coalición electoral Unidos por San Juan (Juntos por el Cambio y aliados).
 
El procurador interino Eduardo Casal dictaminó contra la nueva postulación y -aunque su opinión no es vinculante- sirvió de base para la Corte. El fallo supremo establece que de la Constitución Nacional surge una supuesta pauta republicana que limita las reelecciones aunque las constituciones locales no lo hagan en forma explícita. Visto de esa manera, el criterio podría proyectarse a otros casos de gobernadores e intendentes. El tribunal justifica su intromisión en la autonomía provincial diciendo que es "garante del orden institucional" y que eso implica "asegurar el sistema representativo y republicano".
 
La Constitución sanjuanina dice que "el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces". Uñac fue vicegobernador en el período 2011-2015, luego gobernador entre 2015 y 2019 y otra vez gobernador hasta este año. Tanto él como el tribunal electoral dicen que el límite de tres mandatos rige solo para el mismo cargo.
 
Pero según Rosatti y Maqueda, eso "significaría que Uñac podría desempeñarse como gobernador y vicegobernador de manera consecutiva e indefinida. Así, una persona podría ejercer el mismo cargo durante uno, dos o tres mandatos consecutivos e inmediatamente después desempeñar el otro cargo del binomio también por uno, dos, o tres mandatos consecutivos, repitiendo el ciclo de manera indefinida". Para ellos esto no está habilitado por la Constitución local y es antirepublicano.
 
 
El antecedente
  
Su voto señala similitudes con el fallo de 2019 donde inhabilitaron a Alberto Weretilneck para la reelección como gobernador de Río Negro. Incluso citan párrafos enteros de aquella sentencia como el que destacaba como "virtud republicana" la de "desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos".
 
"En efecto la vigencia del sistema republicano presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades", decían entonces y ahora. Otra frase que recuperan: "La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución".
 
En el caso de Río Negro no hubo medida cautelar sino directamente un fallo sobre el fondo con la firma de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz había votado en disidencia. Para hacer algo distinto con San Juan debía justificarse: al dictar la cautelar contra Uñac dijo que quien denunciaba a Weretilneck (el actual ministro de Justicia, Martín Soria) no había demostrado que se quisiera perpetuar en el poder y que la cuestión había sido resuelta por la Justicia local.
 
En el fallo de fondo contra Uñac, Rosenkrantz se despachó con un extenso voto. "No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano", sostuvo.
 
"La influencia -se explayó- en la composición del Poder Judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las 'condiciones generales de igualdad' en la competencia electoral".
 
 
Lecturas y críticas
  
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el voto de Rosatti y Maqueda "responde a una lógica federal diferente de la voluntad del constituyente provincial", mientras que Rosenkrantz "construye un federalismo sometido a la imposición de la interpretación judicial del principio republicano", lo que habilitaría a meterse con las constituciones provinciales.
 
El jurista, que se presentó en la Corte contra la reelección de intendentes bonaerenses, había advertido ante la suspensión de elecciones que la Corte estaba haciendo política. Otro especialista, Gustavo Arballo, señaló que el voto de Rosenkrantz parece dedicado a avalar las objeciones a las reelección indefinida en Formosa. En el papel de traductor del fallo, señaló que la Corte sostiene un concepto que no es nuevo: que la Constitución Nacional le da al máximo tribunal la "posición de garante" para "interpretar el derecho local".
 
En una columna publicada en este diario el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra decía que no le agradan las reelecciones porque autorizan "a los oficialismos a utilizar aparatos y no estarían todos, absolutamente todos los ciudadanos, en igualdad de oportunidades para participar". Pese a eso, aclaraba, "la reelección no es contraria a Derecho. Contrario a Derecho es no elegir". Si las constituciones locales no las prohíben expresamente, decía, las reelecciones deben ser admitidas porque "no avasallan terminantemente ni la representatividad ni el republicanismo" y, en todo caso, si se quiere establecer una prohibición general habría que hacer una reforma constitucional.
 
Ferreyra cuestionó el fallo contra Uñac: las reelecciones, dijo, "una vez consagradas en las constituciones, incluso las indefinidas, son una declaración de la ciudadanía de una provincia y solamente pueden ser cambiadas bajo la misma dirección suprema del pueblo". "Pareciera emerger una nueva doctrina judicial emanada de la mayoría de los jueces de la Corte, según la cual la pauta republicana debe desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos". Esto dice, "lesiona irreparablemente la soberanía del pueblo".
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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