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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 31-05-2023 / 15:05

EL GOBIERNO CONVOCÓ A ESTATALES A DISCUTIR SALARIOS

Oscar Muntes: Cualquier acuerdo al que se llegue tiene que tener incluida la inflación de mayo

La semana próxima se retomará la paritaria entre el gobierno y los sindicatos que representan a los empleados públicos. “Necesitamos sentarnos a discutir salarios, pero cualquier acuerdo al que se llegue tiene que ser conocida la inflación de mayo”, afirmó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes.

La semana próxima se retomará la paritaria entre el gobierno y los sindicatos que representan a los empleados públicos. "Necesitamos sentarnos a discutir salarios, pero cualquier acuerdo al que se llegue tiene que ser conocida la inflación de mayo", afirmó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes.

La reunión será el 8 de junio, a las 11, en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. La convocatoria la realizó el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Ángel Zacarías, "conforme al compromiso asumido en el último acuerdo paritario, para tratar materia salarial".

Al respecto, Muntes indicó que "es cierto que se recuperarán puntos cuando impacte el aumento del 13 por ciento, pero es a pérdida, por eso necesitamos sentarnos a discutir salarios pero cualquier acuerdo al que se llegue tiene que ser conocida la inflación de mayo".

"A esta altura estamos con un 32 por ciento de inflación, es decir, perdemos mucho respecto lo acordado", dijo el secretario general de ATE, quien aclaró que "si bien es cierto que en junio se revertirá (porque tenemos 13 puntos más), la verdad es que ya estamos muy por debajo de los porcentajes que acordamos".

Además, ante el difícil escenario económico generado por la devaluación y la inflación, desde ATE se pedirá al gobierno de Gustavo Bordet "una paritaria totalmente abierta, dinámica, que responda a contexto difícil que pasan los trabajadores".

Fuente: AIM

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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