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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-05-2023 / 11:05
ES UN RECURSO ESTRATÉGICO: PATRIA SÍ, COLONIA NO

Cipayaje PRO: Patricia Bullrich en contra de nacionalizar el litio en Argentina

Cipayaje PRO: Patricia Bullrich en contra de nacionalizar el litio en Argentina
Si bien existen distintas opiniones acerca de cuál es el mejor camino para explotar el denominado oro blanco, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por el PRO, se posiciona “en contra” de nacionalizarlo. La razón por la cual se manifiesta en contra se debe a que simplemente considera que ese no es el camino correcto. Tal vez pretenda que se apropien las empresas extranjeras que financian su campaña electoral. La del litio, es una de las tantas historias que el colonialismo aporta en pro de sus intereses, defendido por los cipayos autóctonos.
Los cuatro ejes sobre los que centró su reciente alocución la vicepresidenta Cristina Kirchner fueron una muy buena síntesis de los principales y graves problemas que afectan a la Argentina actualmente. Al exponer sobre la explotación de nuestros recursos naturales fue clara y explícita: seguir el camino de Bolivia y Chile, que han declarado al litio material estratégico, con la consecuente defensa y manejo de su explotación.
 
La síntesis fue elocuente: seamos como los países del sureste asiático y no como un nuevo Potosí, esto en una clara alusión a la ciudad boliviana donde por siglos se extrajo el mineral de plata y se la llevó allende los mares, sin dar progreso al pueblo que la extraía. Por cierto que ironizó agudamente en cuanto a quienes se escandalizan cuando se habla de declarar el litio como recurso estratégico. La respuesta de la multitud fue masiva: "Patria sí, colonia no".
 
El litio es el mineral del futuro. En un planeta saturado de monóxido de carbono y otros gases que están produciendo ya mismo un cambio climático de consecuencias impredecibles, negativas para la humanidad, los motores eléctricos son la gran esperanza de un mundo que, de uno u otro modo se mueve por el transporte. Los avances tecnológicos en lo relacionado con la aplicación del litio en el último lustro han sido impresionantes, y esto al margen de su múltiple utilización en otras producciones esenciales.
 
Esta parte de Sudamérica tiene la mayor reserva de litio en el mundo, concretamente los países nombrados, incluido el nuestro. ¿Por qué no aunar esfuerzos entonces para que a ese mineral se le dé valor agregado en los países donde se extrae en lugar de exportarlo, dejándolo en manos de las grandes corporaciones extranjeras, que desde hace tiempo están al acecho de su manejo? La vicepresidenta tuvo una elocuente síntesis: "No hagamos todo el auto eléctrico, pero al menos la batería o una parte de ella".
 
Si bien existen distintas opiniones acerca de cuál es el mejor camino para explotar el denominado oro blanco, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por el PRO, se posiciona "en contra" de nacionalizarlo. La razón por la cual se manifiesta en contra se debe a que simplemente considera que ese no es el camino correcto. Tal vez pretenda que se apropien las empresas extranjeras que financian su campaña electoral. La del litio, es una de las tantas historias que el colonialismo aporta en pro de sus intereses, defendido por los cipayos autóctonos.
 
No se necesita demasiada memoria para recordar que las expresiones sobre su aprovechamiento industrial dentro de los límites de la Nación fueron esparcidas sobre la opinión pública desde hace varios años, incluso en algunos casos con mención específica de las firmas encargadas de la trasformación y los aportantes de la tecnología necesaria, que se transferiría al país.
 
Sin embargo, disimulada, casi subrepticiamente, esa meta ha ido quedando postergada, diluyéndose para dar lugar a la exportación del producto en bruto. Basta mirar los diarios para corroborar que, con una u otra excusa, el litio ha comenzado a salir de la Argentina, en tanto que se modernizan los métodos de obtención "in situ".
 
Ahora bien: ¿Qué es lo que impide a los países del Cono Sur americano conformar una organización de países productores de litio, una OPPL, a imagen y semejanza de la de los que son ricos en petróleo?
 
La Opinión Popular
 

 
Patricia Bullrich "en contra" de nacionalizar litio en Argentina ¿Qué propone la precandidata?
 
Días atrás, referentes del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para nacionalizar el litio. Bullrich, que considera al mineral indispensable para combatir la pobreza, rechaza esta iniciativa. ¿Qué depara el futuro para el oro blanco?
 
En los últimos años, la demanda y el consumo del litio crecieron de manera notable debido al avance en la fabricación de vehículos eléctricos a nivel mundial y su consecuente necesidad de baterías.
 
Si bien existen distintas opiniones acerca de cuál es el mejor camino para explotar el denominado oro blanco, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por el PRO, se posiciona "en contra" de nacionalizarlo.
 
Cabe recordar que, días atrás, un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone transferir la propiedad, control y gestión de las reservas de litio y sus derivados al Estado.
 
La iniciativa, encabezada por Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa, declara "de interés público nacional la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos".
 
El proyecto fue apoyado por los diputados oficialistas Arricau Carolina Natalia, Caliva Verónica, Gollán Daniel, Martínez María Rosa, Moreau Leopoldo, Ormachea Claudia Beatriz, Osuna Blanca, Palazzo Sergio, Pereyra Julio y Souto Natalia.
 
No obstante, en las últimas horas se dio a conocer que miembros de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) rechazaron la iniciativa y reclamaron mejores condiciones para poder apuntalar los proyectos.
 
En cuanto a la postura de Bullrich, la razón por la cual se manifiesta en contra se debe a que simplemente considera que ese no es el camino correcto.
 
Por el contrario, lejos de restarle valor al mineral, la precandidata resalta la importancia de impulsar la cadena de valor del litio para eliminar la pobreza en el país.
 
El domingo 7 de mayo postea en Twitter un video junto al siguiente texto:
 
"Minería o Pobreza. La explotación de nuestros recursos mineros será una de las palancas del gran impulso productivo que necesitamos para salir del atraso y la pobreza".
 
"Tenemos un gran futuro en esa actividad, como lo pude ver en mi visita a Caleras San Juan, que produce mil toneladas por día de cal, un insumo fundamental en el proceso de obtención de oro, cobre y litio. Ese es el camino que nosotros elegimos".
 
Además, en el vídeo, un miembro de la empresa minera Caleras San Juan indica: "En esta planta producimos mil toneladas por día de cal, principalmente para procesos industriales. Vemos un norte muy fuerte en la electromovilidad que demandará litio y cobre. Esos minerales necesitan de la cal".
 
Incluso, a inicios del 2023, Bullrich publicó en Facebook que buscarán atraer inversiones para este mercado y no "desalentarlas como hace La Rioja".
 
"Argentina busca ser un actor clave en la electromovilidad, jugando en cadenas globales de valor con el abastecimiento de litio, insumo estrella en baterías", sostiene Bullrich.
 
Y agrega: "En diciembre La Rioja declara al litio como recurso estratégico, suspendiendo por 120 días los permisos para la exploración y concesiones relacionadas con este metal y sus derivados. Dicha promulgación desalienta las inversiones, el desarrollo regional y el aumento del aporte de divisas con las exportaciones".
 
 
Otras posturas sobre el litio
  
Patricia Bullrich no es la única precandidata que se muestra a favor del impulso de la cadena del litio.
 
Por el contrario, otros referentes hicieron mención al desarrollo del mineral y a la electromovilidad como Daniel Scioli, Eduardo "Wado" de Pedro, Gerardo Morales, Guillermo Moreno, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Grabois, María Eugenia Vidal y Sergio Massa.
 
Vale mencionar que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Mesa del Litio, es uno de los precandidatos a presidente que más manifiesta su intención de atraer inversiones para el oro blanco y la movilidad sostenible.
 
"El clúster que generará el desarrollo del litio y el cobre es tremendo. El objetivo es fabricar baterías en la provincia. Estimamos que el negocio de la electromovilidad en los próximos diez años sea del orden de los 35.000 millones de dólares", indicó Morales en su momento.
 
Por Javiera Altamirano
 
Fuente: portalmovilidad.com
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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