23:23 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 30-05-2023 / 10:05

DURÍSIMA CON EL CIERRE APRESURADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO

Cristina: La jueza y el fiscal no quieren saber quién está atrás del atentado, me quieren presa o muerta

Cristina cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".

El dictamen del fiscal Carlos Rivolo sostuvo que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado" por alevosía y premeditación. Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de azúcar, fue considerado partícipe secundario. Según el fiscal, "actuaron por su cuenta" con al menos dos meses de planificación.

Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este lunes sobre la decisión del fiscal Rivolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y el pedido de la elevación a juicio oral, y lo consideró "un nuevo acto de consagración de la impunidad", por parte del Partido Judicial Macrista.

La vicepresidenta cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".

"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022" (el día en que intentaron matarla), expresó la vicepresidenta a través de una carta titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad". "Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", enfatizó.

De esta manera, la exmandataria rechazó y criticó la decisión del fiscal Carlos Rivolo, quien le solicitó este lunes a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Dejando afuera del cerco acusatorio a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a la alianza derechista Juntos por el Cambio, como la familia Caputo y Millman.

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", sostuvo la vicepresidenta.

Respecto a los motivos que brindó el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que "omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos", enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas "no se investigan nunca más".

"Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", lanzó la vicepresidenta y denunció "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores", cruzando fuerte al poder judicial corrupto. ¿Qué puede esperarse de esta justicia totalmente controlada por el macrismo?

La Opinión Popular

LA FISCALÍA CLAUSURÓ LA INVESTIGACIÓN

Atentado a CFK: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo a juicio oral

Pese a los cuestionamientos y la oposición de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal de la investigación sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta dio por terminada la investigación e hizo el pedido formal para enviar a juicio oral a los tres detenidos.

En un dictamen de 197 páginas sostuvo que Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar (y falló) a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, quien estaba con él en el lugar, deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego". A Gabriel Carrizo, el jefe del los vendedores de copos de azúcar, lo considera un partícipe secundario.

Para el fiscal este grupo comenzó a planificar y diseñar el asesinato desde al menos dos meses antes y no necesitó una gran estructura ni demasiado dinero. Concluyó que actuaron por su cuenta ya que no hay pruebas de que haya existido alguna organización, partido político o personas que hayan "financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

La vicepresidenta describió este paso en la causa como "un nuevo acto de consagración de la impunidad" y remarcó que el dictamen omite directamente referirse a líneas de investigación más allá de los tres detenidos como autores materiales. Al diputado del PRO Gerardo Milman, por ejemplo, se lo menciona al pasar en un listado de material y testimonios recolectados. Ahí, sin embargo, remarcó CFK, no está incluida la última declaración de su exsecretaria Ivana Bodhziewizcz, quien reveló que la llevaron a borrar el contenido de su celular, en plena investigación, a una oficina de Patricia Bullrich donde la esperaban Milman y un perito.

El texto de la vicepresidenta publicado en su cuenta de Twitter, advierte la coincidencia de que los celulares de varios testigos terminaron borrados y sobre la falta de referencia a borrado del celular de Sabag Montiel, que apareció reseteado de fábrica horas después del atentado, cuando se debía extraer su contenido, buena parte del cual se perdió.

En teoría, las pistas pendientes y pruebas solicitadas por la querella se seguirán investigando en forma separada. Pero el fiscal Carlos Rívolo ya tomo posición al decir que los detenidos eran unos violentos sueltos que, de todos modos, dedicaron un buen rato a la planificación del asesinato. CFK sostuvo que partir las "causas complejas" "en pedacitos" es una práctica "clara para buscar la impunidad".

"Como un caballo de Troya"

Este jueves se cumplirán nueve meses desde el intento de asesinato. El primer detenido, la misma noche del 1 de septiembre, fue Sabag Montiel, a quien lograron atrapar militantes que iban a dar respaldo a CFK en medio del juicio de Vialidad. Uliarte casi logra escaparse a pesar de que se supone que estaba siendo vigilada. Fue arrestada el 4 de septiembre arriba de un tren. Carrizo quedó preso diez días después.

Sabag Montiel, describe el dictamen, aprovechó el momento en que CFK saludaba a las personas que la rodeaban por la "confusión y desprolijidad que generaba la multitud", entre la que se mezcló hasta quedar bien cerca. La vicepresidenta estaba en una situación de indefensión, dice el fiscal.

La pistola calibre .32 marca Bersa, modelo Lusber 84 que llevó, estaba apta para disparar y cargada con cinco cartuchos. Sabag apretó el gatillo pero no había ninguna bala alojada en la recámara y el tiro falló. Rívolo puso en cuestión a la custodia: "El operativo de la custodia vicepresidencial, tal como fue llevado a cabo (...) , no logró disuadir, advertir ni evitar la actividad criminal desplegada por Sabag Montiel", señaló. Recordó que se la investiga en otra causa.

El arma estuvo en manos de Sabag Montiel desde el 20 de abril del año pasado. Tenía la numeración limada. Había sido de un conocido suyo que falleció. Del celular secuestrado se rescató una foto del arma con los proyectiles apoyada en el colchón donde dormía con Uliarte. También se hallaron fotos de ella con el arma. El fiscal dice que al menos desde el mes de julio ambos hablaban de matar a la vicepresidenta y que parte del plan era mezclarse entre los numerosos simpatizantes de CFK.

"Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya", decía Uliarte el 5 de julio. Agregaba: "Sé usar un fierro, no soy francotiradora pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco ser estratega"; "Y no necesariamente hace falta que me vean"; "No voy a ser boluda de automandarme al muere" "y no voy a ir sola".

También hablaba de su deseo de "reventar la Quinta de Olivos o la Casa Rosada con bombas molotov"; "A mí sí me re dan los ovarios para hacerlo"; "No necesito pagarlo, yo puedo serlo", decía. El 23 de agosto Brenda le decía a Carrizo: "Hace falta que alguien vaya con un fierro y le de un corchazo a Cristina". Para esa fecha ya eran masivas las movilizaciones de respaldo a CFK cerca de su casa. El mismo día Brenda y Sabag hablan de alquilar un departamento en el barrio con buena visión hacia la casa de CFK. Luego lo descartaron.

En el celular de otro de los "copitos" había mensajes muy explícitos de Sabag Montiel. El 30 de julio: "Tenía unas ganas de esperar que salga Cristina y meterle un corchazo". A mitad de agosto: "Yo quisiera conocer a Cristina hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo". El 28 de agosto contaba que había ido cerca de la casa a vender algodón de azúcar. "Voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo ahí si voy a salir en crónica en serio", había dicho el 23. Toda esa semana la zona de la casa de CFK estuvo llena de gente que le daba apoyo tras el alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio de Vialidad.

El 27 de agosto, recordó el fiscal, fue el primer intento frustrado de magnicidio. Hubo movilizaciones en Recoleta todo el día. La policía porteña reprimió. Al final del día Cristina habló desde un pequeño escenario improvisado a metros de su casa. Cerca de las 12 de la noche Sabag Montiel le escribió a Uliarte: "No, ya se me...metió adentro y el escenario, el anfiteatro, lo sacaron, y estuve....le toqué la espalda a Axel Kiciloff y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí, no traigas nada".

También le dijo que había una cámara de C5N y que quedaba poca gente. Rívolo deduce de la conversación que el arma la tenía Uliarte. Entre los dos razonaban cual era el mejor momento para disparar y Sabag se imaginaba posibles desenlaces. Esa misma noche Uliarte hablaba con su amiga Agustina Díaz (agendada como "Amor de mi Vida") y le decía: "Hoy me convierto San Martín"; "Mandé a matar a la vice Cristina"; "Mandé a un tipo para que la mate a Cristi". El fiscal pidió el sobreseimiento de Díaz.

Otros mensajes revelan que Sabag Montiel se asesoró para usar la Bersa, con un tal David A.J.Ricciardone. Le consultó cómo debía hacer "ráfaga de tiro de doble acción" para realizar "tiros repentinos sin cargar" con la pistola Bersa. "...a Cristina quiero matar...", dijo. El 28 de agosto buscó en Google "carta astral cristina kirchner" y al día siguiente "Carta Natal de Cristina Fernández de Kirchner, Gobierno de Cristina".

Carrizo

Para la fiscalía, Carrizo --el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, que su grupo de vendedores tenía a Sabag y Uliarte-- planificó lo que pretendía ser un asesinato y aportó un arma calibre 22. La noche del intento de homicidio, Carrizo envió varios mensajes.

A un amigo le dijo: "Recién intentamos matar a Cristina", "el arma es mía amigo". Algo similar le dijo a su hermanastra, Andrea Posadas, y se queja porque el atentado estaba planeado para una semana después. Además le dice que le parecía extraño que hubiera fallado porque su revólver andaba bien. Cuando se entera que la utilizada había sido una Bersa, le avisa a ella que el arma no era la suya. De todos modos insiste: "Estamos decididos a matar a la puta esa". Se jacta de que él va a "terminar el trabajo". Estos diálogos son de las horas posteriores al ataque.

Sin estructura ni financiamiento

El dictamen afirma que hasta este punto de la investigación no se pudo probar que hubiera existido "una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

"De todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso. De igual manera, tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos y tampoco en sus movimientos financieros", escribió. No se encontró que hubieran recibido ninguna suma de dinero relevante antes del ataque y el dinero que manejaban se correspondía con sus "actividades informales".

No hay referencias en el dictamen a la importancia de la pérdida de información del celular de Sabag Montiel cuando fue enviado a peritar y apareció en un sobre abierto. El fiscal dice que el ataque no requirió demasiados recursos ni financiamiento. Se movían en transporte público, el arma no la habían comprando (por su tenencia también los acusan) y ni siquiera alquilaron el departamento.

Sobre el final hace una referencia a que las conversaciones halladas y las declaraciones contenían "expresiones de odio político" y "enfado y disconformidad con el actual Gobierno Nacional que parecen haber estimulado la ejecución de su plan criminal". La vicepresidenta cuestionó que nunca se haya unido esta investigación con la que se ocupa de la organización de ultra derecha Revolución Federal, que en la misma fecha agitaba el odio y cuyo líder, Jonathan Morel, describía la misma estrategia para matar a CFK que la que armaron Sabag y Uliarte. Brenda tenía contacto con ese grupo, igual que Milman, pero esto quedó en el aire.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular