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Nacionales - 30-05-2023 / 10:05
DURÍSIMA CON EL CIERRE APRESURADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO

Cristina: La jueza y el fiscal no quieren saber quién está atrás del atentado, me quieren presa o muerta

Cristina: La jueza y el fiscal no quieren saber quién está atrás del atentado, me quieren presa o muerta
Cristina cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".
El dictamen del fiscal Carlos Rivolo sostuvo que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado" por alevosía y premeditación. Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de azúcar, fue considerado partícipe secundario. Según el fiscal, "actuaron por su cuenta" con al menos dos meses de planificación.
 
Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este lunes sobre la decisión del fiscal Rivolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y el pedido de la elevación a juicio oral, y lo consideró "un nuevo acto de consagración de la impunidad", por parte del Partido Judicial Macrista.
 
La vicepresidenta cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".
 
"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022" (el día en que intentaron matarla), expresó la vicepresidenta a través de una carta titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad". "Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", enfatizó.
 
De esta manera, la exmandataria rechazó y criticó la decisión del fiscal Carlos Rivolo, quien le solicitó este lunes a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Dejando afuera del cerco acusatorio a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a la alianza derechista Juntos por el Cambio, como la familia Caputo y Millman.
 
"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", sostuvo la vicepresidenta.
 
Respecto a los motivos que brindó el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que "omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".
 
"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos", enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas "no se investigan nunca más".
 
"Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", lanzó la vicepresidenta y denunció "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores", cruzando fuerte al poder judicial corrupto. ¿Qué puede esperarse de esta justicia totalmente controlada por el macrismo?
 
La Opinión Popular
 

 
LA FISCALÍA CLAUSURÓ LA INVESTIGACIÓN
 
Atentado a CFK: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo a juicio oral
 
Pese a los cuestionamientos y la oposición de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal de la investigación sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta dio por terminada la investigación e hizo el pedido formal para enviar a juicio oral a los tres detenidos.
 
En un dictamen de 197 páginas sostuvo que Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar (y falló) a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, quien estaba con él en el lugar, deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego". A Gabriel Carrizo, el jefe del los vendedores de copos de azúcar, lo considera un partícipe secundario.
 
Para el fiscal este grupo comenzó a planificar y diseñar el asesinato desde al menos dos meses antes y no necesitó una gran estructura ni demasiado dinero. Concluyó que actuaron por su cuenta ya que no hay pruebas de que haya existido alguna organización, partido político o personas que hayan "financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".
 
La vicepresidenta describió este paso en la causa como "un nuevo acto de consagración de la impunidad" y remarcó que el dictamen omite directamente referirse a líneas de investigación más allá de los tres detenidos como autores materiales. Al diputado del PRO Gerardo Milman, por ejemplo, se lo menciona al pasar en un listado de material y testimonios recolectados. Ahí, sin embargo, remarcó CFK, no está incluida la última declaración de su exsecretaria Ivana Bodhziewizcz, quien reveló que la llevaron a borrar el contenido de su celular, en plena investigación, a una oficina de Patricia Bullrich donde la esperaban Milman y un perito.
 
El texto de la vicepresidenta publicado en su cuenta de Twitter, advierte la coincidencia de que los celulares de varios testigos terminaron borrados y sobre la falta de referencia a borrado del celular de Sabag Montiel, que apareció reseteado de fábrica horas después del atentado, cuando se debía extraer su contenido, buena parte del cual se perdió.
 
En teoría, las pistas pendientes y pruebas solicitadas por la querella se seguirán investigando en forma separada. Pero el fiscal Carlos Rívolo ya tomo posición al decir que los detenidos eran unos violentos sueltos que, de todos modos, dedicaron un buen rato a la planificación del asesinato. CFK sostuvo que partir las "causas complejas" "en pedacitos" es una práctica "clara para buscar la impunidad".
 
 
"Como un caballo de Troya"
  
Este jueves se cumplirán nueve meses desde el intento de asesinato. El primer detenido, la misma noche del 1 de septiembre, fue Sabag Montiel, a quien lograron atrapar militantes que iban a dar respaldo a CFK en medio del juicio de Vialidad. Uliarte casi logra escaparse a pesar de que se supone que estaba siendo vigilada. Fue arrestada el 4 de septiembre arriba de un tren. Carrizo quedó preso diez días después.
 
Sabag Montiel, describe el dictamen, aprovechó el momento en que CFK saludaba a las personas que la rodeaban por la "confusión y desprolijidad que generaba la multitud", entre la que se mezcló hasta quedar bien cerca. La vicepresidenta estaba en una situación de indefensión, dice el fiscal.
 
La pistola calibre .32 marca Bersa, modelo Lusber 84 que llevó, estaba apta para disparar y cargada con cinco cartuchos. Sabag apretó el gatillo pero no había ninguna bala alojada en la recámara y el tiro falló. Rívolo puso en cuestión a la custodia: "El operativo de la custodia vicepresidencial, tal como fue llevado a cabo (...) , no logró disuadir, advertir ni evitar la actividad criminal desplegada por Sabag Montiel", señaló. Recordó que se la investiga en otra causa.
 
El arma estuvo en manos de Sabag Montiel desde el 20 de abril del año pasado. Tenía la numeración limada. Había sido de un conocido suyo que falleció. Del celular secuestrado se rescató una foto del arma con los proyectiles apoyada en el colchón donde dormía con Uliarte. También se hallaron fotos de ella con el arma. El fiscal dice que al menos desde el mes de julio ambos hablaban de matar a la vicepresidenta y que parte del plan era mezclarse entre los numerosos simpatizantes de CFK.
 
"Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya", decía Uliarte el 5 de julio. Agregaba: "Sé usar un fierro, no soy francotiradora pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco ser estratega"; "Y no necesariamente hace falta que me vean"; "No voy a ser boluda de automandarme al muere" "y no voy a ir sola".
 
También hablaba de su deseo de "reventar la Quinta de Olivos o la Casa Rosada con bombas molotov"; "A mí sí me re dan los ovarios para hacerlo"; "No necesito pagarlo, yo puedo serlo", decía. El 23 de agosto Brenda le decía a Carrizo: "Hace falta que alguien vaya con un fierro y le de un corchazo a Cristina". Para esa fecha ya eran masivas las movilizaciones de respaldo a CFK cerca de su casa. El mismo día Brenda y Sabag hablan de alquilar un departamento en el barrio con buena visión hacia la casa de CFK. Luego lo descartaron.
 
En el celular de otro de los "copitos" había mensajes muy explícitos de Sabag Montiel. El 30 de julio: "Tenía unas ganas de esperar que salga Cristina y meterle un corchazo". A mitad de agosto: "Yo quisiera conocer a Cristina hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo". El 28 de agosto contaba que había ido cerca de la casa a vender algodón de azúcar. "Voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo ahí si voy a salir en crónica en serio", había dicho el 23. Toda esa semana la zona de la casa de CFK estuvo llena de gente que le daba apoyo tras el alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio de Vialidad.
 
El 27 de agosto, recordó el fiscal, fue el primer intento frustrado de magnicidio. Hubo movilizaciones en Recoleta todo el día. La policía porteña reprimió. Al final del día Cristina habló desde un pequeño escenario improvisado a metros de su casa. Cerca de las 12 de la noche Sabag Montiel le escribió a Uliarte: "No, ya se me...metió adentro y el escenario, el anfiteatro, lo sacaron, y estuve....le toqué la espalda a Axel Kiciloff y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí, no traigas nada".
 
También le dijo que había una cámara de C5N y que quedaba poca gente. Rívolo deduce de la conversación que el arma la tenía Uliarte. Entre los dos razonaban cual era el mejor momento para disparar y Sabag se imaginaba posibles desenlaces. Esa misma noche Uliarte hablaba con su amiga Agustina Díaz (agendada como "Amor de mi Vida") y le decía: "Hoy me convierto San Martín"; "Mandé a matar a la vice Cristina"; "Mandé a un tipo para que la mate a Cristi". El fiscal pidió el sobreseimiento de Díaz.
 
Otros mensajes revelan que Sabag Montiel se asesoró para usar la Bersa, con un tal David A.J.Ricciardone. Le consultó cómo debía hacer "ráfaga de tiro de doble acción" para realizar "tiros repentinos sin cargar" con la pistola Bersa. "...a Cristina quiero matar...", dijo. El 28 de agosto buscó en Google "carta astral cristina kirchner" y al día siguiente "Carta Natal de Cristina Fernández de Kirchner, Gobierno de Cristina".
 
 
Carrizo
  
Para la fiscalía, Carrizo --el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, que su grupo de vendedores tenía a Sabag y Uliarte-- planificó lo que pretendía ser un asesinato y aportó un arma calibre 22. La noche del intento de homicidio, Carrizo envió varios mensajes.
 
A un amigo le dijo: "Recién intentamos matar a Cristina", "el arma es mía amigo". Algo similar le dijo a su hermanastra, Andrea Posadas, y se queja porque el atentado estaba planeado para una semana después. Además le dice que le parecía extraño que hubiera fallado porque su revólver andaba bien. Cuando se entera que la utilizada había sido una Bersa, le avisa a ella que el arma no era la suya. De todos modos insiste: "Estamos decididos a matar a la puta esa". Se jacta de que él va a "terminar el trabajo". Estos diálogos son de las horas posteriores al ataque.
 
 
Sin estructura ni financiamiento
  
El dictamen afirma que hasta este punto de la investigación no se pudo probar que hubiera existido "una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".
 
"De todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso. De igual manera, tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos y tampoco en sus movimientos financieros", escribió. No se encontró que hubieran recibido ninguna suma de dinero relevante antes del ataque y el dinero que manejaban se correspondía con sus "actividades informales".
 
No hay referencias en el dictamen a la importancia de la pérdida de información del celular de Sabag Montiel cuando fue enviado a peritar y apareció en un sobre abierto. El fiscal dice que el ataque no requirió demasiados recursos ni financiamiento. Se movían en transporte público, el arma no la habían comprando (por su tenencia también los acusan) y ni siquiera alquilaron el departamento.
 
Sobre el final hace una referencia a que las conversaciones halladas y las declaraciones contenían "expresiones de odio político" y "enfado y disconformidad con el actual Gobierno Nacional que parecen haber estimulado la ejecución de su plan criminal". La vicepresidenta cuestionó que nunca se haya unido esta investigación con la que se ocupa de la organización de ultra derecha Revolución Federal, que en la misma fecha agitaba el odio y cuyo líder, Jonathan Morel, describía la misma estrategia para matar a CFK que la que armaron Sabag y Uliarte. Brenda tenía contacto con ese grupo, igual que Milman, pero esto quedó en el aire.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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